Ivan Barron Castillo
Expediente 280/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 280/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ivan Barron Castillo
Actuaciones
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado por ************** por medio del cual desahoga la prevención realizada mediante proveído de diez de marzo de dos mil veintitrés. Al respecto precisa que solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de la autoridad y por los actos reclamados que enseguida se precisan: Autoridad responsable Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México Juez de Control en Funciones de Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Actos reclamados Los proveídos de dieciocho y veintitrés de enero del año en curso, dictados por el juez de ejecución penal y el juez de control en funciones de juez de ejecución, respectivamente, en el que se le negó la obtención del beneficio preliberacional de libertad anticipada. Improcedencia de la Demanda No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Ahora bien, se estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. La fracción XIV del citado artículo 61 regula la improcedencia del juicio de amparo por consentimiento tácito que no es otra cosa que la promoción del juicio de amparo en forma extemporánea. En esas condiciones, el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece que el plazo para presentar la demanda de amparo por regla general es de quince días; salvo los siguientes casos de excepción. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por otra parte, el artículo 18 de la ley de la materia dispone que los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Ahora bien, de la lectura del escrito de aclaración de la demanda de amparo que dio origen al juicio en que se actúa, se advierte que la parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que le fueron notificados los proveídos de dieciocho y veintitrés de enero de dos mil veintitrés, dictados por las autoridades responsables, el veintisiete del mismo mes y año. Lo cual, se acredita con el dicho de la parte quejosa, ya que por el simple hecho de haberlo manifestado en su escrito aclaratorio, constituye una confesión expresa con valor pleno que causa certeza en virtud de la firma que lo calza. Lo anterior hace prueba plena en contra del solicitante de amparo, en términos de los artículos 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2 de este último ordenamiento. Al respecto, es aplicable, la jurisprudencia P./J.12/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, para computar el término de quince días que concede la Ley de Amparo para interponer la demanda correspondiente, debe acudirse a la ley que rige el acto reclamado, esto es, al Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 82, de aplicación supletoria a la Ley Nacional de Ejecución Penal de conformidad con su numeral 8, la cual señala: "Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; b) Por alguno de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su representante legal; c) En las instalaciones del Órgano jurisdiccional, o d) En el domicilio que éste establezca para tal efecto. Las realizadas en domicilio se harán de conformidad con las reglas siguientes: 1) El notificador deberá cerciorarse de que se trata del domicilio señalado. Acto seguido, se requerirá la presencia del interesado o su representante legal. Una vez que cualquiera de ellos se haya identificado, le entregará copia del auto o la resolución que deba notificarse y recabará su firma, asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. Asimismo, se deberán asentar en el acta de notificación, los datos de identificación del servidor público que la practique; 2) De no encontrarse el interesado o su representante legal en la primera notificación, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio, y 3) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique; II. Lista, Estrado o Boletín Judicial según corresponda, y III. Por edictos, cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, en cuyo caso se publicará por una sola ocasión en el medio de publicación oficial de la Federación o de las Entidades federativas y en un periódico de circulación nacional, los cuales deberán contener un resumen de la resolución que deba notificarse. Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación." En ese tenor, atendiendo a la normativa en comento, cabe decir que el quejoso manifestó que fue notificado personalmente de ambas resoluciones que por ésta vía combate, el veintisiete de enero de dos mil veintitrés; en consecuencia, atendiendo al precepto antes citado, el término con el que contaba el quejoso para interponer demanda de amparo se computa de la siguiente manera: El treinta de enero del año en curso, surtió efectos la notificación personal. Consecuentemente, el término para interponer la demanda de amparo inició el treinta y uno de enero, y feneció el veintidós de febrero, sin contar los días cuatro, cinco, seis, once, doce, dieciocho y diecinueve de febrero, todos del dos mil veintitrés, por haber sido inhábiles. Ahora bien, considerando los datos antes narrados y que el solicitante del amparo presentó su demanda por conducto del buzón judicial el seis de marzo de dos mil veintitrés, se concluye que la demanda de amparo es evidentemente extemporánea. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia, radica en la circunstancia de que el acto reclamado fue consentido tácitamente por el solicitante del amparo, al no haber sido impugnado por esta vía constitucional dentro del término legal de quince días. Es indudable si se toma en cuenta que ese hecho de ninguna manera podría ser desvirtuada con algún medio de prueba que eventualmente ofreciera la parte quejosa durante la sustanciación del juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia de mérito, que prevé el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo que establece el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la oficial judicial "A", para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese: personalmente al quejoso en el lugar en el que se encuentra recluido
- Principal
Naucalpan de Juárez, México, diez de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el apoderado legal del Ernesto Domínguez Sánchez, mediante el cual solicita se le expida copia certificada de diversas constancias que obran en el presente sumario. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su artículo 2º, una vez que las labores del juzgado lo permitan, expídanse a su costa las copias que solicita, previa toma de razón que por su recibo se deje asentada en autos para su debida constancia legal; en la inteligencia que, si dicha constancia no obra en original, no será posible expedir copia certificada de dicho documento. Notifíquese: por lista a las partes.
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