Iván Barrón Castillo

Expediente 824/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
824/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
31/10/2018

Partes del expediente

  • Iván Barrón Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III.SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado de autos, se advierte que el quejoso Iván Barrón Castillo, reclama en el presente juicio de amparo: LA OMISIÓN DE RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN REGISTRADO CON EL NÚMERO TOCA EJEC-T/20-2018. Atribuido a la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad. Establecido lo anterior, de las constancias que integran este sumario se desprende que el acto aquí reclamado ha cesado sus efectos, por lo que con fundamento en los artículos 63, fracción IV, y 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA del presente juicio constitucional. A efecto de corroborar el aserto que precede, cabe destacar lo siguiente: Al rendir informe justificado la Magistrada Presidenta por Ministerio de Ley, de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad, negó la existencia del acto reclamado bajo el argumento de que el tres de octubre del año en curso, se dictó resolución respecto del recurso de apelación interpuesto en el toca EJEC-T-20-2018. Lo que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin embargo, a la fecha de la presentación de la demanda que nos ocupa (veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho), aún no se había emitido tal determinación; por tanto, dicha negativa debe desvirtuarse y tenerse por cierto el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo expuesto, por identidad jurídica sustancial la tesis del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, impresa en la página 391, Tomo XIV, julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." En ese tenor, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del invocado artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." De la porción normativa antes reproducida, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, lo que implica la imposibilidad jurídica de analizar su constitucionalidad al no surtir efectos. Para que dicha causa de improcedencia se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, es necesario, que aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 2a./J. 59/99, aparece publicada en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En vinculación directa con lo anterior, es de suma importancia advertir que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación y; b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. La segunda hipótesis se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; por ejemplo, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado diversas tesis, entre las que destacan la emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Tomo XCIX, visible en la página 2443, de epígrafe y sinopsis siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De igual forma, la diversa sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Quinta Época, Tomo LXXXIX, visible en la página 731, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." De lo anterior, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, y da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando sin revocar o dejar insubsistente el acto, la autoridad sustituye la que dio motivo al amparo. Bajo esa óptica, es factible colegir que "cesación de efectos del acto reclamado" significa que la autoridad emisora deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica la desaparición total de los efectos del acto, por lo que es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. A fin de demostrar que en el presente caso, operó la causal de improcedencia antes referida, es menester precisar que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de resolver el recurso de apelación registrado con el número TOCA EJEC-T/20-2018, atribuido a la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad, cesó en sus efectos, al haberse dictado la resolución correspondiente el tres de octubre de dos mil dieciocho. Ahora bien, no obstante que la Sala responsable no remitió la notificación practicada al quejoso de dicha determinación, este órgano de control Constitucional, ordenó darle vista con ésta en auto de diez de octubre pasado. En esa tesitura, tomando en consideración que el acto en estudio consiste en la omisión de resolver el recurso de apelación registrado con el número TOCA EJEC-T/20-2018, es innegable que se actualiza la causa de improcedencia en comento, ya que de lo expuesto se aprecia de forma evidente que la autoridad responsable emitió la resolución respectiva con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, por lo que es correcto concluir que han cesado los efectos de dicho acto reclamado. En consecuencia, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por Iván Barrón Castillo. Cobra aplicación el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que con el número I.3o.C.92 K, aparece publicado en la página 1491, del Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 165870, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. Razón por la cual, continuar con el trámite del presente juicio biinstancial, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resulta ocioso y atentatorio del principio de prontitud y expeditez en la administración de justicia, acorde a los principios fundamentales establecidos en el artículo 17, Constitucional. Apoya lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XVII, marzo de 2003, foja 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.

  2. Principal

    MESA III. Vista la demanda de amparo promovida por ************, contra actos de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad, por violación a sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 18, 17 y 20, de la Constitución, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 824/2018-III-A. ADMISIÓN Con fundamento en los numerales 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112 y 115, de la Ley de Amparo, admítase la demanda de amparo respecto del acto reclamado consistente en: LA OMISIÓN DE RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN REGISTRADO CON EL NÚMERO TOCA EJECU-T-2018. Atribuido a la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad. Sin tramitar incidente de suspensión, por no haber sido solicitado por la parte quejosa. INFORME JUSTIFICADO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, solicítese informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días siguientes a su notificación, para lo cual tendrán que acompañar, en su caso, copia fotostática certificada legible, completa y en orden cronológico, de las constancias que sean necesarias para apoyarlo. Con el apercibimiento que de incumplir a lo anterior, con fundamento en los preceptos 237, fracción I, y 260, fracción II de la ley de la materia, así como el Decreto de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá multa de cien a mil días de Unidad de Medida y Actualización. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL De conformidad con el artículo 115, de la Ley de Amparo, se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO para el desahogo de la audiencia constitucional. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Con apoyo en lo estipulado en el normativo 64, de la ley invocada, se previene a la parte quejosa y a la autoridad responsable para que comuniquen cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de sobreseimiento e informen, si en relación al acto reclamado se ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así indiquen el número de expediente, el Juzgado de Distrito que le tocó conocer y, en su caso, remitan las constancias certificadas que lo acrediten. Apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá multa de treinta a trescientos días de Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 251, de la citada ley, así como el Decreto de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. NOTIFICACIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN En términos del numeral 5°, fracción IV, de la misma normatividad, se ordena notificar el presente proveído y correr traslado con copia autorizada del escrito de demanda, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional. TERCERO INTERESADO En términos del inciso e), de la citada porción normativa, se ordena notificar y correr traslado con copia simple de la demanda de amparo, al Agente del Ministerio Público adscrito a la Sala responsable, dado que le asiste tal carácter, lo que deberá realizarse mediante oficio que al efecto se envíe. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Toda vez que el impetrante señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el interior del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de esta Ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones de carácter personal en ese recinto carcelario. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días, para que las Actuarias de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los Secretarios, Oficiales administrativos y Actuarios Judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, en el inciso e) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como en los diversos artículos 5 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena a la Secretaria supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, se autoriza al Secretario a firmar los oficios de este juicio de amparo.

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