IVAN BARRERA FERNANDEZ y Otros.

Expediente 1314/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1314/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
17/08/2015

Partes del expediente

  • IVAN BARRERA FERNANDEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE CUATRO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO Y, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS AL QUEJOSO IVÁN BARRERA FERNÁNDEZ, EL ACUERDO DICTADO EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 932/2015-I, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON SEDE EN COATZACOALCOS, QUE DICE: RECEPCION DEL OFICIO Con fundamento en el artículo 62, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del diverso 2°, agréguese el oficio que signa la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 1314/2015, promovido por Iván Barrera Fernández; ya que en proveído de diez de agosto del año en curso, dicho Juzgado se declaró legalmente incompetente para seguir conociendo de ese expediente, toda vez el acto reclamado que deriva del juicio ordinario civil 1566/2014/II, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, tendrá ejecución en esta ciudad. En vista de lo anterior, se acepta la competencia que se propone y se avoca al conocimiento del juicio de amparo; acúsese recibo; dese de alta en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes con el número 932/2015-I. ADMISION Con fundamento en los artículo 2, 37, 107, 108, 110, 112, 115, 116 y 117, de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo que promueve Iván Barrera Fernández, contra actos reclamados a las siguientes autoridades:  Juez Segundo de Primera Instancia  Actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia. Ciudad.  Director de Prevención y reinserción social. Xalapa, Veracruz. APERTURA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Con fundamento en el artículo 128, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, por duplicado y separado tramítese el incidente de suspensión. INTERVENCION DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se da la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En términos del número 115 de la Ley de Amparo , se solicita a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del término de quince días contado a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas del acto reclamado y sus antecedentes así como de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Apercíbase a las autoridades ejecutoras que en caso de omisión, se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en términos de los dispuesto en los numerales 238, 260, fracción II de la ley de la materia. COMUNICACIÓN DE CAUSA DE SOBRESEIMIENTO Asimismo, se hace del conocimiento a las partes que, en caso que tengas conocimiento de alguna causa notoria de sobreseimiento, deberán informarlo de inmediato; apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de treinta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos de lo dispuesto en los numerales 64, 238 y 251, en relación con los diversos 61, fracción XXI y 63 de la Ley de Amparo. EMPLAZAMIENTO DE LA TERCERA INTERESADA Resérvese de acordar lo relativo al emplazamiento de la tercera interesada, hasta en tanto se tenga la certeza del domicilio donde se pueda realizar al emplazamiento. PRUEBAS Se tiene como prueba de la parte quejosa las documentales que allegó en su escrito de demanda, en términos del artículo 119 de la ley en cita, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En otro aspecto, como lo solicita el quejoso de conformidad en los numerales 24, párrafo segundo, y 26, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 303, 306 y 308, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos en lo conducente y en forma supletoria a la ley de la materia, téngase como lugar para oír y recibir notificaciones, aún las de carácter personal, los estrados de este Tribunal y como autorizados en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala toda vez que no tienen registradas sus cédulas profesionales en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado, puedo realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto. Ahora, toda vez que la parte quejosa señaló los estrados del Juzgado Segundo de Distrito en el de Veracruz, con residencia en Xalapa; con fundamento en el artículo 27, fracción II, 116 segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al primer ordenamiento, gírese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con residencia en Xalapa, para que en auxilio de las labores de este Juzgado lleve a cabo la notificación del presente proveído a la parte quejosa Iván Barrera Fernández; además deberá requerirle para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación de este proveído, señale domicilio en esta ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las futuras, incluyendo las de carácter personal, se le harán por lista de acuerdos, tal y como lo previene el numeral 26 fracción III, de la ley de la materia. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con los diversos 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, por el cual se derogo en acuerdo 30/2003 del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que: 1. La sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, confirme al procedimiento de acceso a la información. 2. El derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales en la sentencia. 3. Manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o constancia a juicio, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en alguna ley expedida por el Congreso de la Unión o Legislaturas de los Estados. Lo que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes de que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente alguna solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas o constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8 del citado reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.

  2. Principal

    Con la demanda de amparo promovida por Iván Barrera Fernández, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese con el número 1314/2015 en el libro de gobierno respectivo. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la demanda, se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia, por razón de territorio, para conocer del asunto, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA En primer término, cabe destacar que, de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia. Al respecto, se toma en cuenta que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El artículo citado establece las reglas competenciales, por razón de territorio, para el conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se surten en función de la naturaleza del acto reclamado, sea que tenga ejecución material o efecto meramente declarativo, las cuales consisten en lo siguiente: Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y continúe en otro, será competente cualquiera de los jueces de las jurisdicciones de que se trate, a prevención; Si el acto controvertido carece de ejecución, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que lo hubiese dictado. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, los Jueces de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, ejercen jurisdicción en aquella ciudad. HECHOS En el caso, el acto reclamado por el promovente consiste en la violación al procedimiento en los autos del juicio ordinario civil 1566/2014/II, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz; así como las consecuencias que deriven del mismo. Por otra parte, cabe destacar que el promovente en el capítulo de antecedentes de su demanda, bajo protesta de decir verdad manifestó que tiene más de dos años de radicar en la ciudad de Tuxpan, Veracruz, ya que trabaja en el Centro de Readaptación Social de aquella ciudad. CONCLUSIÓN Por lo tanto, se concluye respetuosamente que este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para conocer y resolver este asunto, debido a que la ejecución del acto reclamado tendrá lugar donde no tiene jurisdicción territorial este Juzgado de Distrito, es decir, en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, debido a que ahí se lleva el trámite del juicio ordinario civil 1566/2014/II, del índice del Juzgado responsable. No es óbice a lo anterior, el hecho de que el promovente haya señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, pues lo que determina la competencia de un Juzgado de Distrito para conocer de un juicio de amparo no es el domicilio de la parte quejosa sino el lugar en donde se acredite que tendrá ejecución, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Por lo que la regla competencial aplicable en el caso es la prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que dispone que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; por lo que este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para conocer y resolver este asunto por razón de territorio; en consecuencia, remítasele al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, en turno, quien ejerce jurisdicción en el lugar donde tendrá ejecución el acto reclamado, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: Registro No. 162635 Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXIII, Marzo de 2011 Página: 2288 Tesis: I.15o.A.41 K Tesis Aislada Materia(s): Común "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." Con copia de la demanda y de este acuerdo, fórmese cuaderno de antecedentes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, efectúensele las notificaciones por lista de acuerdos, puesto que la forma de notificar por estrados. Por otra parte, se tienen como autorizados de la parte quejosa en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, por no tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro único de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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