Ivan Barrera Dominguez

Expediente 1405/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1405/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
17/12/2019

Partes del expediente

  • Ivan Barrera Dominguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1405/2019-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Por último, toda vez que la AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA FISCALÍA DE DELITOS PATRIMONIALES, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/7543/2019 de doce de diciembre de dos mil diecinueve, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1405/2019-V, promovido por IVÁN BARRERA DOMÍNGUEZ, por propio derecho y; RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el quince de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos; y remitido a este juzgado de Distrito el mismo día, IVÁN BARRERA DOMÍNGUEZ, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de las autoridades 1) COORDINADOR DE LA FISCALÍA DE DELITOS PATRIMONIALES Y TENENCIA DE LA TIERRA, 2) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA FISCALÍA DE DELITOS PATRIMONIALES; y 3) COMANDANTE DE LA POLICIA DE INVESTIGACIONES CRIMINALES DE LA ZONA METROPOLITANA ADSCRITO AL MINISTERIO PÚBLICO DE DELITOS PATRIMONIALES. SEGUNDO. Por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil diecinueve, luego de subsanarse la prevención formulada, se admitió la demanda de amparo, registrándose con el número de expediente 1405/2019-V; por lo que se requirió a la autoridad responsable su respectivo informe; se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación; se emplazó a la parte tercero interesada y, finalmente, se señaló día y hora para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia constitucional, que inició al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en vigor a partir del veintiséis de junio del año en curso, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo el lugar donde tuvo ejecución el acto reclamado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda debe decirse que los actos que se reclaman en esta instancia constitucional a las autoridades 1) COORDINADOR DE LA FISCALÍA DE DELITOS PATRIMONIALES Y TENENCIA DE LA TIERRA, 2) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA FISCALÍA DE DELITOS PATRIMONIALES; y 3) COMANDANTE DE LA POLICIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL ADSCRITO A LA FISCALÍA DE DELITOS PATROMINIALES, se traducen en lo siguiente: La desposesión y puesta a disposición del vehículo marca Dodge charger SXT, Modelo 2006, color plata, serie 3B3LA43G56H210397, PYH2157, dentro de la carpeta de investigación SC01/8704/2019, a virtud de la denuncia interpuesta por el representante de la persona moral tercero interesada, INVERANPO, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable COORDINADOR DE LA FISCALÍA DE DELITOS PATRIMONIALES Y TENENCIA DE LA TIERRA, porque en tales términos lo expresó al rendir su informe justificado (foja 27), sin que la parte quejosa aportara prueba alguna en aras de desvirtuar tal negativa. En las condiciones apuntadas, lo procedente es que se sobresea en el juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados las autoridades, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA FISCALÍA DE DELITOS PATRIMONIALES y COMANDANTE DE LA POLICIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL ADSCRITO A LA FISCALÍA DE DELITOS PATROMINIALES. Se corrobora a través de las constancias certificadas de la carpeta de investigación SC01/8704/2019, a las que se otorga pleno valor probatorio pleno en virtud de tratarse de un documento público al haber sido expedida por autoridad en ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del artículo 2 de ésta. QUINTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de estudio oficioso. Así, el suscrito juzgador advierte la actualización de la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5o, párrafo primero, del ordenamiento legal invocado en líneas precedentes, conforme a la cual el juicio de garantías es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de dicha Ley: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.". De las normas anteriores se advierte que el juicio de amparo debe ser instado por quien aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en la jurisprudencia de la Novena Época; 1a. Sala; Semanario Judicial y su Gaceta; XXVII, Enero de 2008; Pág. 225, registro: 170 500, al interpretar el artículo 4o de la Ley de Amparo abrogada, que para la procedencia del juicio de garantías el acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. La jurisprudencia de mérito es del texto y rubro siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.". Atento a lo anterior, se estima que dicha interpretación es acorde al contenido del artículo 5, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en la medida que este dispone que debe ser promovido el juicio por quien acredite "ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico"; de ahí que se estime que tal interpretación del artículo 4 de la abrogada ley, no se contrapone con el texto del numeral citado en primer término; de ahí que se estime vigente el criterio jurisprudencial. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que para determinar la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, la parte quejosa debe acreditar el interés jurídico o legítimo, que le asiste cuando promueve la acción, de la siguiente manera: a) Tratándose del interés jurídico: es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. b) Por lo que respecta al interés legítimo: se debe acreditar la presencia de una norma que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; la afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y, la pertenencia de la parte quejosa a dicha colectividad. La interpretación en comento, se encuentra contenida en la tesis 2a. LXXX/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1854, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 3, Décima Época, Materia Común, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Por tanto, se reitera, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que el quejoso acredite contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. En el entendido que atento a lo dispuesto en el artículo 107 fracción I párrafo segundo de la Carta Magna, en el caso se requiere acreditar el interés jurídico ya que se combate un acto que integra el procedimiento penal en su fase de investigación. Para explicar la actualización de la invocada causal de improcedencia, debe decirse que dentro de la carpeta de investigación SC01/8704/2019, se advierte que la autoridad AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA FISCALÍA DE DELITOS PATRIMONIALES, el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve ordenó la detención y puesta a disposición del vehículo marca Dodge charger SXT, Modelo 2006, color plata, serie 3B3LA43G56H210397, PYH2157, con motivo de la querella presentada por el representante de la persona moral tercero interesada, INVERANPO, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, por el delito de abuso de confianza cometido por MIGUEL ÁNGEL TERÁN BAZ. Dicha orden se ejecutó por la responsable COMANDANTE DE LA POLICIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL ADSCRITO A LA FISCALÍA DE DELITOS PATROMINIALES el dos de octubre de dos mil diecinueve, quienes localizaron el vehículo en la calle Río Tepozteco, Colonia reforma, Cuernavaca, Morelos y en la misma fecha, la AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA FISCALÍA DE DELITOS PATRIMONIALES decretó el formal aseguramiento del vehículo. Ahora bien, la parte quejosa combate únicamente la desposesión y puesta a disposición del vehículo marca Dodge charger SXT, Modelo 2006, color plata, serie 3B3LA43G56H210397, PYH2157, dentro de la carpeta de investigación SC01/8704/2019, indicando que tal vehículo es de su propiedad y respecto afirma que tenía la posesión real y material; sin embargo, para efectos del presente juicio de amparo no acreditó esos derechos y por ende, el interés jurídico para obtener la protección constitucional que pretende, puesto que le asiste la carga procesal de demostrar que cuenta con título que le otorgue el carácter de propietario y/o poseedor legítimo. Ello, debido a que la afectación a los derechos del gobernado debe probarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones, y para que se satisfaga el principio de instancia de parte, la quejosa no sólo debe acreditar que tiene interés jurídico, sino que, además, debe probar que resiente un agravio directo y concreto. En ese sentido, la parte quejosa afirma ser titular del referido bien mueble, sin sustentarlo a través de los medios probatorios respectivos; de ahí que para efectos del presente juicio de amparo no demuestra con pruebas suficientes el carácter de propietario o poseedor legítimo, más allá de la simple tenencia material. Cabe señalar que la posesión protegida por el artículo 14 de la Carta Magna, no es otra que la definida por el derecho común y aun cuando se puede nombrar poseedor de una cosa al que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; de ahí que para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, es necesario que demuestre que lo hace al amparo de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate. Por lo tanto, si no se exhibieron en el presente juicio pruebas suficientes para acreditar que el acto reclamado afectan los intereses jurídicos de la parte quejosa, al no demostrarse para efectos del presente juicio de amparo, la titularidad de la propiedad o posesión del vehículo descrito ello pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia expresada, prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que no se demostró fehacientemente la afectación al interés jurídico. Es aplicable en este punto, la jurisprudencia Registro No. 206338, Localización: Octava Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 82, Octubre de 1994 Página: 17, Tesis: 2a./J. 16/94, Jurisprudencia, Materia(s): Común, "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones.". No puede soslayarse que la carga de acreditar tal afectación, corresponde precisamente a la parte quejosa. Al respecto es aplicable la jurisprudencia Registro 187777, Localización: Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, Febrero de 2002, Página: 15, Tesis: 1a./J. 1/2002, Jurisprudencia, Materia(s): Común, con el rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto.". Esto es así, porque IVÁN BARRERA DOMÍNGUEZ exhibió fotocopias simples de los siguientes documentos: Factura 06924 expedida a favor de Angélica Carmona Pérez; respecto del vehículo marca Dodge Charger SXT, Modelo 2006, color plata, vestidura gris obscuro motor hecho en U.S.A. con número de serie 2B3LA43G56H210397; Factura 0790 expedida a favor de Miguel Ángel Teran Baz; respecto del vehículo marca Dodge Charger SXT, Modelo 2006, color plata, vestidura gris obscuro motor hecho en U.S.A. con número de serie 2B3LA43G56H210397; Comprobante de pago. Recibo de pago de tenencia. Pasaporte a nombre de Miguel Ángel Teran Baz. Convenio de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, por el que MIGUEL ANGEL TERÁN BAZ otorga en garantía a favor de IVÁN BARRERA DOMÍNGUEZ el vehículo marca Dodge, tipo Charger, Modelo 2006, color gris oscuro serie 2B3LA43G56H210397. Credencial para votar a nombre de Jonathan Cristopher Terrazas Cruz. Comprobante de pago con número de folio 1674144. Comprobante de pago con número de folio 2219857. Comprobante de pago con número de folio 2224227. No obstante, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2o de la Ley de Amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio judicial, por lo que en uso de dicha facultad se determina que las copias fotostáticas sin certificación (simples) exhibidas por el peticionario de amparo, en virtud de tratarse de reproducciones de documentos que pueden alterarse o modificarse en el proceso de reproducción, de modo que no correspondan al documento que supuestamente reproducen, es que carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y, por ende, son insuficientes para demostrar que le asiste el derecho para combatir los reclamados. Sirve de apoyo a la anterior consideración por identidad de razón jurídica la jurisprudencia 1a./J. 71/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003, Materia Común, página: 33 del rubro "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN, POR SÍ SOLAS, DE VALOR PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CONSISTENTES EN EL ACTO DE PRIVACIÓN O DE MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE TIENE EN POSESIÓN." Máxime que de las constancias de la indagatoria referida se aprecia que los documentos descritos en párrafos que anteceden, también fueron exhibidos ahí por el quejoso, quien compareció ante la responsable el dos de octubre del año en curso (fojas 36 y 37 del anexo I); sin embargo, a pesar de que mencionó que se trataba de documentos originales, lo cierto es que no fue así, como se acredita con la resolución de veintidós de octubre del año en curso donde la responsable hace pronunciamiento expresamente que tales documentales que había exhibido IVÁN BARRERA DOMÍNGUEZ eran fotocopias simples. Por lo que dicha circunstancia crea convicción de que en realidad tampoco consta la documentación original en la carpeta de investigación SC01/8704/2019, puesto que el quejoso tampoco afirmó en la demanda que las hubiera exhibido documentación original ante dicha responsable. Como resultado de lo anterior, ni las fotocopias simples exhibidas por el quejoso en el presente juicio, como tampoco las fotocopias certificadas de la indagatoria de mérito, resultan aptas para acreditar la titularidad de la propiedad o posesión del vehículo descrito en favor del peticionario del amparo; en la medida que implicaría reconocer un derecho a la luz de la actuación de una autoridad que no es materia del juicio de amparo, variando la litis constitucional planteada. Tampoco pasa inadvertido que la autoridad policíaca hiciera constar que el aquí quejoso se presentó en el momento en que se ejecutó la detención del vehículo asegurando ser el poseedor y propietario del mismo, pues ello es insuficiente para considerar que ejercía actos de posesión susceptible de ser tutelados en el presente juicio, puesto que IVÁN BARRERA DOMÍNGUEZ no conducía en ese momento dicho vehículo por lo que no hay certeza plena de que lo detentaba en esos instantes; pero incluso en ese supuesto al no ofertar documentación idónea que justifique la posesión sobre dicho vehículo bajo cualquier título permitido por la ley, en todo caso se consideraría una posesión simple. Además, si bien se apersonó a la indagatoria por comparecencia de dos de octubre del año en curso, ello tampoco le confiere interés jurídico en el presente juicio, porque no tiene el carácter de querellante directo ni indiciado; sino que se presentó a pretender justificar la titularidad de la posesión del citado automotor, mas los documentos que exhibió, como ya se dijo, resultan ser fotocopias simples, por lo que las fotocopias certificadas de dicha investigación, tampoco son idóneas para logra acreditar los extremos pretendidos por el oferente y, consecuentemente, su interés jurídico para promover el juicio de garantías contra los actos de autoridad atentatorios de la pretendida propiedad o posesión. A más que tampoco se combate la determinación que al respecto emitió la fiscalía responsable sino sólo la desposesión. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, esta última a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, decretándose, por ende, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo promovido por IVÁN BARRERA DOMÍNGUEZ, respecto del acto reclamado, con fundamento en el ordinal 63, fracción V. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO, promovido por IVÁN BARRERA DOMÍNGUEZ, respecto de los actos y por las autoridades identificadas en el considerando segundo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.

  3. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, siete de noviembre de dos mil diecinueve. Se tienen por recibidos los oficios provenientes del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, por los que en primer lugar, acusa recibo de las copias fotostáticas del presente al incidente de suspensión e informó que admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso Iván Barrera Domínguez, contra el auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, el cual quedó registrado con el número 327/2019; asimismo, remite el testimonio certificado de la resolución emitida en el referido recurso de queja, en cuyo único punto resolutivo determinó lo siguiente: ".ÚNICO. Se declara sin materia del presente recurso de queja interpuesto por Iván Barrera Domínguez, por propio derecho, contra el auto dictado el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 1405/2019 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos." Acúsese recibo correspondiente a la Superioridad. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Vista la notificación personal realizada por la Actuaria adscrita a este Juzgado, se advierte que INVERAMPO SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, persona moral tercero interesada en el presente juicio de amparo, se da por enterada de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, designa autorizados y señala domicilio para oír y recibir notificaciones, por conducto de su representante legal Israel Martínez Hernández, quien acreditó su personalidad con la escritura pública número cincuenta y tres mil novecientos treinta y uno, fedatada por el Notario Público Número Diez, de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos y manifestó ser INVERANPO SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, como denominación correcta de la señalada por el quejoso como "INVERAMPO SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE", lo que se asienta para los efectos legales a los que haya lugar; en atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le tiene por apersonado a la presente contienda constitucional y reconocida la personalidad de tercero interesado. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en privada Santa Ana Amanalco número 18, colonia Lomas de Ahuatlan, Cuernavaca, Morelos y, como autorizados para los mismos efectos a las personas propuestas. Por otra parte, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga; asimismo, se tienen por hechas las designaciones que refiere. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

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