Iván Arturo Linares Cárdenas
Expediente 628/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 628/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Iván Arturo Linares Cárdenas
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de once de noviembre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, en cumplimiento al artículo 21 inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ************, por su propio derecho, contra actos de la Dirección General de Tránsito y Policía Vial del Municipio de Celaya, Guanajuato; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 628/2020-I. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, en la especie el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia..." Como se puede ver, el texto del artículo transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un juicio, recurso o medio ordinario de defensa mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos en la ley de la materia para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Es importante precisar que el texto del numeral destacado, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos que los que prevé la ley de amparo para el otorgamiento de la suspensión definitiva ni plazo mayor que el que se establece para conceder la suspensión provisional; en consecuencia, si la ley rectora del recurso exige iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, y no establece que se autorice en un plazo mayor que el previsto para proveer sobre la suspensión provisional, entonces el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto, es decir, previamente a promover el juicio de amparo, el afectado deberá agotar los medios ordinarios de impugnación. Ello, porque el referido principio de definitividad encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el afectado debe previamente a su promoción, acudir a la instancia ordinaria que pueda producir la modificación, revocación o nulificación del acto de autoridad que le produce afectación. Cabe destacar que dicho principio admite supuestos de excepción, relacionados con el examen de constitucionalidad de leyes y con violaciones directas a la Constitución Federal. En efecto, cuando se trata de violaciones directas a la Constitución Federal, el gobernado no se encuentra obligado a agotar el referido principio de definitividad, es decir, no tiene el deber de agotar los medios ordinarios de defensa que prevé la ley secundaria, toda vez que lo contrario significaría anteponer una ley común a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este punto, es menester precisar que lo anterior, no significa que en todos los casos en que se alegue violación a los derechos previstos en la Constitución, sea procedente el juicio de amparo, sino que será necesario atender a cada caso en concreto a efecto de examinar el planteamiento que se haga valer por parte del gobernado, pues de otra manera, quedaría a su elección determinar la procedencia del juicio de amparo con sólo invocar violaciones directas a la Carta Magna. Las excepciones a la regla general, tratándose de violaciones directas a la Constitución Federal, se actualiza cuando el acto reclamado carece de absoluta fundamentación y motivación, lo que encuentra su justificación porque esas carencias impedirían al particular hacer valer el medio de defensa idóneo para controvertir el acto reclamado, precisamente por desconocer los motivos y fundamentos del acto de autoridad. Otra excepción opera cuando únicamente se alega violación directa a la Constitución, como sucede por ejemplo cuando se atribuye infracción al derecho de audiencia. Fuera de las dos hipótesis destacadas, el particular se encuentra obligado a agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, es decir, debe atender primeramente el medio ordinario de defensa previsto por la ley secundaria, por lo que de no ser así, dicho juicio será improcedente. En otra perspectiva, si dentro de las violaciones alegadas se involucran aspectos de legalidad, necesariamente el gobernado deberá agotar el recurso ordinario, en primer lugar, porque no se trata de absoluta falta de fundamentación y motivación o derecho de audiencia, como tampoco exclusivamente de una violación directa a la Constitución, sino que el afectado discute la actuación de la autoridad haciendo valer la vulneración a su derecho de legalidad pues la enmienda a dicha prerrogativa puede ser subsanada, en primera fase, ante la autoridad ordinaria, en donde el interesado debe expresar sus defensas y aportar las pruebas que legalmente procedan para nulificar el acto de autoridad. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, primeramente conviene establecer que del análisis integral de la demanda y de las constancias que adjuntó a la misma, se desprende que el quejoso reclama en esta instancia constitucional: La emisión de la boleta de infracción número de folio 132499E, derivado de un dispositivo de control de velocidad, así como el aseguramiento y retención de licencia de conducir expedida a nombre del aquí quejoso, registrada bajo folio IR2608935675. Precisado lo anterior, conviene establecer que los artículos 1, fracciones I y II, 251, 255, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277 y 278, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, los numerales 2 y 3, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, así como el imperativo 91 de Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, estatuyen: Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato "Artículo 1. Las disposiciones de este Código son de orden público e interés general y tienen por objeto regular: I. Los actos y procedimientos administrativos de las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal del Estado de Guanajuato y de sus municipios; y II. La justicia administrativa en el Estado de Guanajuato, la cual se impartirá a través del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de los Juzgados Administrativos Municipales." "Artículo 251. Sólo podrán intervenir en el proceso administrativo, las personas que tengan un interés jurídico que funde su pretensión: I. Tendrán el carácter de actor: a) Los particulares que sean afectados en sus derechos y bienes por un acto o resolución administrativa; y b) Las autoridades en aquellos casos en los que se pida la modificación o nulidad de un acto favorable a un particular que cause lesión al interés público; II. Tendrán el carácter de demandado: a) Las autoridades que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto o la resolución impugnada; y b) Los particulares a quienes favorezca el acto o la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa; y III. Tendrá el carácter de tercero, aquél que tenga un derecho incompatible con la pretensión del actor." "Artículo 255. El actor podrá solicitar: I. La nulidad del acto o resolución impugnado, cuando no haya sido emitido conforme a derecho; II. El reconocimiento de un derecho amparado en una norma jurídica; y III. La condena a la autoridad para el pleno restablecimiento del derecho violado, en los términos de la Ley respectiva." "Artículo 268. La suspensión del acto o resolución impugnado podrá solicitarla el actor en su demanda por escrito o en el juicio en línea, o en cualquier momento del proceso y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se pronuncia sentencia." "Cuando la suspensión se pida en la demanda, si procede, deberá concederse por el Tribunal o Juzgado en el acuerdo que la admita, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada, para su cumplimiento sin demora, pudiendo utilizarse para tal efecto el telegrama, telefax, medios electrónicos o cualquier otro proporcionado por la tecnología, siempre que pueda comprobarse fehacientemente su recepción." "Artículo 269. No se otorgará la suspensión si se causa perjuicio evidente al interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deje sin materia el proceso administrativo." "Artículo 270. En los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daños y perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el proceso administrativo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos no estimables en dinero, el juzgador que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía." "Artículo 271. El auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor, dentro de los cinco días siguientes, no otorga la garantía establecida." "Artículo 272. La suspensión otorgada conforme a los artículos anteriores, quedará sin efectos si el tercero da, a su vez, caución suficiente para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto la caución que ofrezca el tercero, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente los gastos legales que acredite el actor haber hecho para constituir la garantía. No se admitirá contragarantía cuando el levantamiento de la suspensión implique dejar sin materia el proceso administrativo." "Artículo 273. Para el cumplimiento de la suspensión, el Tribunal o Juzgado, podrán hacer uso de los medios de apremio mencionados en el artículo 27 de este Código, siendo aplicable además, en lo conducente, lo dispuesto por este Libro para el cumplimiento y ejecución de sentencias." "Artículo 274. Cuando se presuma la afectación al orden público o al interés social, el juzgador podrá solicitar a la autoridad emisora del acto o resolución impugnado un informe, y en tal caso, podrá conceder la suspensión provisional en tanto decide si se afecta el orden público o el interés social. El juzgador que haya concedido la suspensión provisional, podrá dejarla sin efectos, cuando se compruebe que con la misma se cause perjuicio al orden público o al interés social; así como en los casos de contragarantía otorgada por el tercero." "Artículo 275. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios únicamente cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle estos efectos, con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión a que se refiere este artículo procede de oficio y se concederá de plano." "Artículo 276. Tratándose de asuntos de carácter fiscal, se concederá la suspensión, si quien la solicita garantiza el interés fiscal dentro de los tres días siguientes contados a partir del día en que se solicitó la suspensión, ante las oficinas exactoras correspondientes, en cualquiera de las formas previstas por la legislación fiscal correspondiente. El juzgador podrá conceder la suspensión, sin necesidad de que se garantice el importe del crédito, cuando el asunto planteado no rebase la cantidad que resulte de multiplicar por ciento cincuenta la Unidad de Medida y Actualización diaria. El auto que dispense el otorgamiento de la garantía no será recurrible." "Artículo 277. Cuando los actos o resoluciones materia de impugnación hubieren sido ejecutados a particulares de escasos recursos económicos, impidiendo el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia, debiendo éstos acreditar tal circunstancia aportando medios de convicción, y entre tanto se pronuncia la resolución que corresponda, el juzgador podrá dictar las medidas que estime pertinentes para preservar el medio de subsistencia del actor. Dichas medidas podrán dictarse de plano." "Artículo 278. La suspensión podrá ser revocada por el juzgador en cualquier momento del proceso administrativo, si existe un cambio de la situación jurídica bajo la cual se otorgó, oyéndose previamente a los interesados de oficio o a petición de parte." Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado ARTÍCULO 2. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato es un órgano autónomo, de control de legalidad, dotado de plena jurisdicción e imperio para hacer cumplir sus resoluciones en todo el territorio estatal. Para los efectos de esta Ley se entenderá por Tribunal, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. ARTÍCULO 3. El Tribunal tiene a su cargo, dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública del Estado y los particulares, así como conocer de los actos y resoluciones administrativas dictadas por los Ayuntamientos. En segunda instancia, conocerá de las resoluciones que pongan fin al proceso administrativo municipal. Asimismo, de los acuerdos dictados por los Juzgados Administrativos Municipales, que concedan, nieguen o revoquen la suspensión del acto impugnado. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato Artículo 91. Para el trámite y resolución de los conflictos que se presenten entre el Estado y sus trabajadores, se contará con un Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los trabajadores al servicio del Estado y de los municipios; para las controversias entre patrones y trabajadores funcionarán las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje necesarias, y para la resolución de conflictos por actos administrativos de las autoridades estatales y municipales frente a los particulares, existirá un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los cuales tendrán plena autonomía e independencia del Poder Ejecutivo. Como puede observarse de los preceptos reproducidos, las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado son competentes para conocer, en primera instancia, de los procesos administrativos que se promuevan en contra de los actos y resoluciones jurídico administrativas que los entes de estado dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares, por lo que la sentencia que al efecto se emita podrá modificar o nulificar, total o parcialmente dicha resolución y por ende, la parte quejosa se encuentra obligada a agotar los medios de impugnación previstos en la legislación en comento, en observancia al principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Bajo ese contexto, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la indicada causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa debió impugnar la boleta de infracción reclamada a través del medio de defensa previsto por el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, aplicable al caso concreto, puesto que el acto que en esta vía reclama lo llevó a cabo una autoridad de la administración pública del estado, y en contra de sus determinaciones procede el juicio contencioso administrativo, el cual es regulado por la primera parte de la fracción II del numeral 1 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Además que el referido Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en sus artículos 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277 y 278, prevé la suspensión del acto reclamado sin exigir mayores requisitos de los establecidos en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión definitiva. En apoyo a lo anterior se invoca la jurisprudencia XVI.1o.A.T. J/18, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, localizable en la página 1107, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE GARANTÍAS, AL EXIGIR LA LEY DE AMPARO MAYORES REQUISITOS QUE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADO EN AQUÉL. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnado en el proceso administrativo, en comparación con los numerales de la Ley de Amparo que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que ésta exige mayores requisitos que aquél para otorgar dicha medida cautelar. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que existen coincidencias entre ambos, tales como que de conformidad con el artículo 268 del mencionado código, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del artículo 141 de la citada ley, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; que tanto la ley local (artículo 270) como la de amparo (artículo 125) exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen a tercero si no se obtiene sentencia favorable; que el ordenamiento estatal (artículo 271) precisa que el auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor no otorga la garantía dentro de los cinco días siguientes, cuya disposición es similar a la regla relativa de la Ley de Amparo (artículo 139) y que las dos normas (artículo 124 de la ley y 269 del código) impiden el señalado beneficio cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; también lo es que en asuntos de carácter fiscal, el aludido código (artículo 276) contempla que se concederá la suspensión si se garantiza el interés fiscal dentro de los tres días siguientes a partir del día en que se solicitó, ante las oficinas exactoras, en cualquiera de las formas previstas por la legislación correspondiente, mientras que, tratándose del cobro de contribuciones y aprovechamientos, la Ley de Amparo en su precepto 135 supedita la medida a que se deposite el total en efectivo de las cantidades correspondientes, lo que implica una carga mayor para el gobernado, pues en esta última hipótesis no se otorga un plazo para asegurar el interés fiscal ni se permite una forma distinta de garantía al depósito en efectivo. Por tanto, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, previo a promover el juicio de garantías, debe agotarse el proceso administrativo que regula el referido código, en atención al principio de definitividad, pues a través de este medio de defensa puede obtenerse la insubsistencia de los actos reclamados." Sin que sea óbice a lo antes considerado, que el referido código no disponga expresamente un plazo para proveer sobre la admisión de la demanda en el proceso administrativo, pues de los preceptos 268 y 275 del citado ordenamiento local, se advierte la obligación del Juez de comunicar a la autoridad demandada sobre la suspensión del acto, exigencia de la que se entiende la obligación del juzgador de acordar lo antes posible respecto a la admisión o desechamiento de la demanda, a diferencia de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Amparo en vigor, que prevé que el Juez de Distrito o la autoridad que conozca del juicio constitucional deberá resolver si admite o desecha la demanda dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de que la demanda fue presentada, o en su caso turnada al órgano jurisdiccional del conocimiento. Lo anterior tiene sustento en la tesis XVI.1o.A.T.20 A (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, décima época, localizable en el libro XXII, julio de 2013, tomo 2, página 1525 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO AL AMPARO, AUN CUANDO EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO NO DISPONGA EXPRESAMENTE UN PLAZO PARA PROVEER SOBRE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA RELATIVA. Este órgano jurisdiccional, al emitir la jurisprudencia XVI.1o.A.T. J/18, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, septiembre de 2010, página 1107, de rubro: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE GARANTÍAS, AL EXIGIR LA LEY DE AMPARO MAYORES REQUISITOS QUE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN AQUÉL.", sustentó que del análisis de los artículos 268 a 278 del citado código, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el proceso administrativo, en comparación con los numerales de la abrogada Ley de Amparo que la prevén en el juicio constitucional, se observa que ésta exige mayores requisitos que aquél para otorgar la medida cautelar, pues tratándose del cobro de contribuciones y aprovechamientos, la supedita a que se deposite el total en efectivo de las cantidades correspondientes, para lo cual no se otorga un plazo ni se permite una forma distinta de garantía, por lo que, en atención al principio de definitividad, previo a promover el juicio de amparo, debe agotarse el proceso administrativo. Así, esta conclusión se actualiza también, aun cuando el referido código no disponga expresamente un plazo para proveer sobre la admisión de la demanda en el proceso administrativo, pues de los preceptos 268 y 275 del citado ordenamiento local, se advierte la obligación del Juez de comunicar a la autoridad demandada sobre la suspensión del acto, exigencia de la que se entiende la obligación del juzgador de acordar lo antes posible respecto a la admisión o desechamiento de la demanda, a diferencia del artículo 148 de la mencionada Ley de Amparo, el cual prevé que el Juez de Distrito o la autoridad judicial que conozca del juicio de garantías deberá resolver si admite o desecha la demanda dentro del término de veinticuatro horas, contadas desde aquella en que fue presentada." Cabe mencionar que los criterios trascritos fueron emitidos con base en el análisis de las disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; sin embargo, en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la ley de la materia, en vigor a partir del tres del citado mes y año, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará vigente en lo que no se oponga a la actual, por lo que al no contraponerse lo establecido en la jurisprudencia y en la tesis citadas a lo estatuido en la nueva Ley de Amparo, tienen aplicación en el presente asunto. Luego, si la parte quejosa pretende impugnar en la vía de amparo el acto de autoridad de que se habla, sin acudir previamente a aquel procedimiento mediante el cual se puede revocar, modificar o nulificar, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia en estudio, al quedar incumplido el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por lo que, el amparo que se insta resulta improcedente. Máxime que en el caso no se actualizan las excepciones al aludido principio de definitividad contenidas en el segundo párrafo de la fracción en estudio, que señala que no es obligatorio agotar los recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Ello, porque de la simple lectura de la boleta de infracción impugnada se advierte que se citan diversos preceptos como fundamentación del mismo, por lo que, no es aplicable la excepción de carencia de fundamentación. La parte quejosa no alegue violaciones directas a la Constitución, puesto del escrito de demanda se constata que combate la representación de quién entregó el escrito, previsto en el artículo 11 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Además que el medio de defensa que debe interponer el quejoso, como ya se vio, no se encuentra en un reglamento. Consecuentemente, al quedar plenamente demostradas las causales de improcedencia invocadas, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Con fundamento en los artículos 18 y 37 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se le autoriza el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio, para tal efecto se le tiene proporcionando el usuario IvanLC, dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; asimismo, se autoriza que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponda por vía electrónica en el usuario referido. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.
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