Iván Arturo Jiménez Meléndrez

Expediente 324/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
324/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
19/08/2021

Partes del expediente

  • Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar, Con Sede En Tepic, Nayarit
  • Iván Arturo Jiménez Meléndrez
  • Ana Daniela Valadez Sánchez
  • IVÁN ARTURO JIMÉNEZ MELÉNDREZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado de autos se advierte que la notificación de la sentencia de catorce de junio de la presente anualidad, fue practicada a la parte quejosa el veintitrés de junio del año en curso y a la tercera interesada el veintiocho de ese mismo mes y año, surtiendo sus efectos al siguiente día hábil, por lo que el término que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió en exceso como se aprecia de la certificación de cuenta; sin que hasta la fecha se haya interpuesto recurso alguno contra la referida determinación. En consecuencia, conforme lo dispuesto en los arábigos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, se declara que el mismo HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con fundamento en el dispositivo 214 de la ley en cita, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso a) del arábigo 21, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se sobreseyó, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión es destruible una vez que transcurran seis meses de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a, del acuerdo precitado; y el original es destruible una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído, dado que se encuadra en el supuesto del arábigo 21, inciso c, del mismo Acuerdo General, toda vez que la medida cautelar provisional y definitiva se negó a la parte quejosa. En otro orden de ideas, se tiene por recibido el libelo suscrito por la tercera interesada Ana Daniela Valdez Sánchez, a través del cual solicita cause ejecutoria la sentencia dictada y se comunique a las autoridades; consecuentemente, dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes. Asimismo, con sustento en el ordinal 27, fracción I de la legislación en cita, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte tercera interesada, el que indica en el ocurso. Por otra parte, se tiene como autorizados en términos amplios del numeral 12 de la citada ley a Manuel Saavedra Zúñiga, toda que sí cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Cornelio Ortiz López en virtud de que no tiene su cédula profesional registrada en dicho sistema. Por otro lado, en relación al correo electrónico saavedra_juridico@hotmail.com y número telefónico que proporciona, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se le tiene señalando su cuenta de correo electrónico y número telefónico proporcionados, únicamente con el propósito de entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, pues el objetivo de ello es, que el personal de actuaría de este Juzgado Federal establezca contacto con la propia parte quejosa para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicársele resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes, esto, hasta en tanto tramite u obtenga cualquiera de las firmas electrónicas, es decir, el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, las cuales le permitirán previa solicitud que dirija al juicio en que se actúa, consultar el expediente de manera electrónica y recibir notificaciones electrónicas. Finalmente, devuélvase al Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en esta ciudad y anexo que acompañó a su informe justificado. Solicítese el acuse de recibo corresondiente. Notifíquese.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, A CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. VISTOS los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo 324/2021, del índice de este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra la autoridad responsable y por el acto reclamado siguientes: "3. Autoridad responsable. Juez Cuarto de lo Familiar, con residencia en Tepic, Nayarit." "4. Actos que se reclaman. La omisión de proveer acerca de mi petición de fijar la convivencia paterno filial, como solicité mediante escrito del 04 de noviembre de 2020, pese a que no existe restricción legal alguna, inherente a mi persona, para el ejercicio pleno de ese derecho. Tal omisión consta en el contexto del expediente 474/2019 del índice del juzgado cuarto de lo familiar, con sede en Tepic, Nayarit." Actos que consideró violatorios de los derechos humanos previstos por los numerales 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda fue asignada a este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, donde se registró con el número 324/2021 y por auto de doce de marzo de dos mil veintiuno (fojas 7 a 11); se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada; se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme lo establecen los numerales 94, 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 54, fracción I y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atención a que se promueve en contra de un acto de un Órgano Jurisdiccional que tiene su sede en esta ciudad, dentro de la jurisdicción de este Órgano de Control Constitucional, en términos de los dispositivos y Acuerdo General de previa mención. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por razón de orden, en primer lugar debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento de los actos reclamados, en términos de la fracción I del ordinal 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de garantías, como lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis y jurisprudencia de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Acorde lo anterior, del análisis integral de la demanda de garantías, se observa que la parte quejosa reclama a la autoridad responsable: La omisión de acordar la promoción presentada el cuatro de noviembre de dos mil veinte dentro del juicio 474/2019. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo señaló al rendir su informe justificado, en donde refirió que dentro del juicio de origen no existía promoción de fecha cuatro de noviembre de dos mil veinte (foja 30), sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Sin que sea óbice a lo anterior, que en la especie, el acto reclamado consista en una omisión de la autoridad, pues a pesar de que es cierto que en tratándose de actos de carácter de negativo, como regla general la carga de la prueba no corresponde a quien funda en él su derecho, sino a su contendiente, empero, también certero lo es que esta regla no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de las autoridades responsables requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud de la parte quejosa, para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable. En efecto, sobre el particular debe decirse que si bien al impetrante de garantías no le corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó la solicitud o promoción para exigir la actuación de dicha autoridad, hipótesis que se acredita en el presente asunto, ya que la parte quejosa no ofreció prueba alguna tendente a demostrar que la petición de referencia la hubiere formulado a la autoridad responsable referida en el presente considerando, para que surgiera la obligación de aquélla de informarle por escrito lo que conforme a derecho procediera. Acude en apoyo a lo antes considerado la tesis 17, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trece, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, que bajo el siguiente rubro y texto establece: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última.". Dicha circunstancia se corrobora con las copias certificadas que remitió el Juez familiar responsable relativas al juicio 474/2019, de cuyas actuaciones no se aprecia que efectivamente se haya presentado una promoción el cuatro de noviembre de dos mil veinte. Sin que pase inadvertido el argumento de la parte quejosa en el sentido de que el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Partido Judicial de Tepic, Nayarit, ha omitido fijar la convivencia paterno filial dentro del juicio de controversias del orden familiar 474/2019; sin embargo de las constancias certificadas de referencia se aprecia que dicha convivencia sí se encuentra determinada, específicamente en la audiencia de seis de noviembre de dos mil diecinueve (visible a fojas 162 a 164 del legajo de pruebas), en donde las partes contendientes dentro del juicio de origen, ante la presencia judicial, establecieron la forma en que se llevaría a cabo dicha convivencia paterno filial. Las anteriores constancias poseen valor probatorio pleno dado su carácter de públicos al haber sido certificados por autoridad en ejercicio de su función pública, de conformidad con los arábigos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al presente juicio, por disposición expresa del ordinal 2 de la Ley de Amparo. Al efecto, la fracción IV del arábigo 63 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" De lo reproducido se infiere, que tanto la negativa del acto reclamado o cuando no se demuestra su existencia genera como consecuencia el sobreseimiento en el juicio de amparo, con la salvedad de que es hasta la audiencia constitucional, en que la parte quejosa tiene la oportunidad de acreditar la existencia del acto reclamado, desvirtuar las aseveraciones efectuadas por las autoridades responsables y, en su caso, demostrar los asertos que haya hecho valer en sus conceptos de violación. También se destaca que el artículo 1, fracción I, de la legislación de amparo dispone que el juicio tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la carta magna, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, se refiere a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al indicar que en las sentencias que se dicten en los juicios constitucionales el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. En ese sentido, del análisis del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en armonía con los ordinales citados se concluye que los actos reclamados deben de existir al momento de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, ya que por el contrario el juicio de amparo no tiene razón de ser, por lo que tendría que sobreseerse. De lo anterior se concluye, que el acto reclamado a la autoridad responsable es inexistente, debido que no se demostró que se le haya formulado la promoción de cuya falta de respuesta se duele la parte quejosa; por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio. Lo que no produce agravio o perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, en virtud de que el problema de la existencia de los actos reclamados es prioritario y de oficio por ser de orden público el estudio de las causas de improcedencia y las de sobreseimiento en el juicio de amparo, de modo que si la existencia de los actos reclamados debe apreciarse por regla general con la fecha en que se presentó la demanda, y si en el caso concreto se advirtió que los actos reclamados no existen cuando se controvirtió su constitucionalidad a través del escrito inicial, es obvio que no procede su análisis en cuanto al fondo del asunto, pues de lo contrario la sentencia que se dictara se ocuparía de actos inexistentes y distintos a los que dieron origen a la demanda. Fortalece esta decisión, la jurisprudencia VI. 1o. J/23, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página doscientos cincuenta y dos, tomo 22-24, octubre-diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 226555, que estipula: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y con apoyo en los preceptos 73, 74, 75, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por ********************respecto de los actos atribuidos al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Partido Judicial de Tepic, Nayarit, que fue precisado en el considerando segundo por los motivos y el fundamento legal precisados en el último considerando de la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, A CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. VISTOS los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo 324/2021, del índice de este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra la autoridad responsable y por el acto reclamado siguientes: "3. Autoridad responsable. Juez Cuarto de lo Familiar, con residencia en Tepic, Nayarit." "4. Actos que se reclaman. La omisión de proveer acerca de mi petición de fijar la convivencia paterno filial, como solicité mediante escrito del 04 de noviembre de 2020, pese a que no existe restricción legal alguna, inherente a mi persona, para el ejercicio pleno de ese derecho. Tal omisión consta en el contexto del expediente 474/2019 del índice del juzgado cuarto de lo familiar, con sede en Tepic, Nayarit." Actos que consideró violatorios de los derechos humanos previstos por los numerales 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda fue asignada a este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, donde se registró con el número 324/2021 y por auto de doce de marzo de dos mil veintiuno (fojas 7 a 11); se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada; se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme lo establecen los numerales 94, 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 54, fracción I y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atención a que se promueve en contra de un acto de un Órgano Jurisdiccional que tiene su sede en esta ciudad, dentro de la jurisdicción de este Órgano de Control Constitucional, en términos de los dispositivos y Acuerdo General de previa mención. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por razón de orden, en primer lugar debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento de los actos reclamados, en términos de la fracción I del ordinal 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de garantías, como lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis y jurisprudencia de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Acorde lo anterior, del análisis integral de la demanda de garantías, se observa que la parte quejosa reclama a la autoridad responsable: La omisión de acordar la promoción presentada el cuatro de noviembre de dos mil veinte dentro del juicio 474/2019. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo señaló al rendir su informe justificado, en donde refirió que dentro del juicio de origen no existía promoción de fecha cuatro de noviembre de dos mil veinte (foja 30), sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Sin que sea óbice a lo anterior, que en la especie, el acto reclamado consista en una omisión de la autoridad, pues a pesar de que es cierto que en tratándose de actos de carácter de negativo, como regla general la carga de la prueba no corresponde a quien funda en él su derecho, sino a su contendiente, empero, también certero lo es que esta regla no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de las autoridades responsables requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud de la parte quejosa, para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable. En efecto, sobre el particular debe decirse que si bien al impetrante de garantías no le corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó la solicitud o promoción para exigir la actuación de dicha autoridad, hipótesis que se acredita en el presente asunto, ya que la parte quejosa no ofreció prueba alguna tendente a demostrar que la petición de referencia la hubiere formulado a la autoridad responsable referida en el presente considerando, para que surgiera la obligación de aquélla de informarle por escrito lo que conforme a derecho procediera. Acude en apoyo a lo antes considerado la tesis 17, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trece, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, que bajo el siguiente rubro y texto establece: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última.". Dicha circunstancia se corrobora con las copias certificadas que remitió el Juez familiar responsable relativas al juicio 474/2019, de cuyas actuaciones no se aprecia que efectivamente se haya presentado una promoción el cuatro de noviembre de dos mil veinte. Sin que pase inadvertido el argumento de la parte quejosa en el sentido de que el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Partido Judicial de Tepic, Nayarit, ha omitido fijar la convivencia paterno filial dentro del juicio de controversias del orden familiar 474/2019; sin embargo de las constancias certificadas de referencia se aprecia que dicha convivencia sí se encuentra determinada, específicamente en la audiencia de seis de noviembre de dos mil diecinueve (visible a fojas 162 a 164 del legajo de pruebas), en donde las partes contendientes dentro del juicio de origen, ante la presencia judicial, establecieron la forma en que se llevaría a cabo dicha convivencia paterno filial. Las anteriores constancias poseen valor probatorio pleno dado su carácter de públicos al haber sido certificados por autoridad en ejercicio de su función pública, de conformidad con los arábigos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al presente juicio, por disposición expresa del ordinal 2 de la Ley de Amparo. Al efecto, la fracción IV del arábigo 63 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" De lo reproducido se infiere, que tanto la negativa del acto reclamado o cuando no se demuestra su existencia genera como consecuencia el sobreseimiento en el juicio de amparo, con la salvedad de que es hasta la audiencia constitucional, en que la parte quejosa tiene la oportunidad de acreditar la existencia del acto reclamado, desvirtuar las aseveraciones efectuadas por las autoridades responsables y, en su caso, demostrar los asertos que haya hecho valer en sus conceptos de violación. También se destaca que el artículo 1, fracción I, de la legislación de amparo dispone que el juicio tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la carta magna, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, se refiere a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al indicar que en las sentencias que se dicten en los juicios constitucionales el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. En ese sentido, del análisis del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en armonía con los ordinales citados se concluye que los actos reclamados deben de existir al momento de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, ya que por el contrario el juicio de amparo no tiene razón de ser, por lo que tendría que sobreseerse. De lo anterior se concluye, que el acto reclamado a la autoridad responsable es inexistente, debido que no se demostró que se le haya formulado la promoción de cuya falta de respuesta se duele la parte quejosa; por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio. Lo que no produce agravio o perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, en virtud de que el problema de la existencia de los actos reclamados es prioritario y de oficio por ser de orden público el estudio de las causas de improcedencia y las de sobreseimiento en el juicio de amparo, de modo que si la existencia de los actos reclamados debe apreciarse por regla general con la fecha en que se presentó la demanda, y si en el caso concreto se advirtió que los actos reclamados no existen cuando se controvirtió su constitucionalidad a través del escrito inicial, es obvio que no procede su análisis en cuanto al fondo del asunto, pues de lo contrario la sentencia que se dictara se ocuparía de actos inexistentes y distintos a los que dieron origen a la demanda. Fortalece esta decisión, la jurisprudencia VI. 1o. J/23, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página doscientos cincuenta y dos, tomo 22-24, octubre-diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 226555, que estipula: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y con apoyo en los preceptos 73, 74, 75, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por ********************respecto de los actos atribuidos al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Partido Judicial de Tepic, Nayarit, que fue precisado en el considerando segundo por los motivos y el fundamento legal precisados en el último considerando de la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a través del cual formula alegato ministerial; en consecuencia, agréguese sin mayor proveído en virtud de que la audiencia constitucional se celebró a las nueve horas con veinticuatro minutos del diecisiete del mes y año en curso; por ende, fórmese cuadernillo con la presente promoción y tan pronto se dicte la sentencia respectiva, agréguese a sus autos. Notifíquese.

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