Iván Arturo Deniz García y Otros.
Expediente 170/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 170/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Iván Arturo Deniz García y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de diez días previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio ha causado estado. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario el tomo de constancias formado con motivo de las copias certificadas que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, devuélvanse dichas constancias para los efectos legales conducentes, solicitando el acuse de recibo correspondiente. No es óbice a lo anterior el hecho de que no obre el acuse de recibo del oficio 7497/2019, con el que le fue notificada la sentencia dictada en el presente juicio al Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, (en su carácter de tercero interesado) pues la parte a quien le podría afectar la sentencia sería al quejoso, quien no interpuso recurso de revisión en su contra. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en la fracción II, punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al tratarse de un expediente en el que se sobreseyó el juicio, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto.
- Principal
Del estado de autos se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa se hizo consistir en la omisión por parte de la autoridad responsable, en dictar la resolución interlocutoria relativa al incidente de liquidación, en el expediente 137/2013. Ahora bien, se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a las constancias remitidas por la autoridad responsable mediante documento registrado con el número de control 3851 -que obran por separado en cuaderno de pruebas-, de las que se advierte que, el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, el Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, resolvió el incidente de liquidación, dentro del juicio laboral 137/2013; determinación que se notificó a los quejosos -por conducto de su apoderado ****- el doce de marzo de dos mil diecinueve. Ahora bien, si la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la omisión de resolver el incidente de liquidación respectivo en el juicio laboral de mérito, es evidente que el acto reclamado se destruyó en forma total e incondicional sin que al efecto hubiese dejado huella en la esfera jurídica de la parte quejosa y las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, esto, como si se hubiera otorgado el amparo, lo que actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Es decir, la autoridad responsable antes referida, atendiendo al artículo 8° y 17 constitucionales, se pronunció respecto al escrito de cumplimiento de prevención y ampliación de demanda interpuesto por la parte actora -quejosa-, de la manera siguiente: a) Se pronunció respecto del incidente de liquidación en el expediente 137/2013, mediante interlocutoria de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. b) Hizo del conocimiento a la parte quejosa de la referida resolución, por conducto de su apoderado, el doce de marzo de dos mil diecinueve. De esta manera, debido que al haber dictado la interlocutoria que resolvió el incidente de liquidación, y haberse hecho de su conocimiento dicha determinación, cesaron sus efectos; por lo que tal circunstancia conlleva a la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no deja huella alguna en la esfera jurídica de la inconforme que amerite ser borrada por la notificación del acto reclamado; de donde se sigue que, sobreviene la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, en virtud de que conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la ley de la materia, el efecto y finalidad del juicio de amparo, es conseguir la restitución en el goce del derecho violado a favor de la parte quejosa, volviendo las cosas al estado que guardan antes de la violación constitucional, por lo que si en la especie, la materia sobre la cual recayó el acto reclamado dejó de surtir efectos, es indudable que no podrá restituirse al gobernado en el goce de la garantía conculcada, al haber dejado de producir consecuencias legales, por lo que el amparo es improcedente, actualizándose de esta manera la hipótesis normativa prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior de ningún modo priva de defensa a la parte quejosa, porque está permitido el sobreseimiento del juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, según se obtiene de la simple lectura de la fracción V del artículo 63, en relación con el inciso d) de la fracción I, del artículo 81, ambos de la Ley de Amparo, este último que establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los autos de sobreseimiento; puesto que en el caso la causa de improcedencia de referencia es manifiesta e indudable por la cesación de efectos del acto reclamado, y, por ello, ni en la audiencia constitucional ni al dictarse la sentencia correspondiente se puede formar una convicción diversa, con independencia de los elementos de prueba que se pudiera allegar. Consecuentemente, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Dado lo expuesto en párrafos precedentes, se deja sin efecto la fecha señalada para las nueve horas con dos minutos del quince de abril de dos mil diecinueve. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y comuníquese la circunstancia anterior a las autoridades señaladas como responsable para su conocimiento y efectos legales consiguientes.
- Principal
Del estado de autos se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa se hizo consistir en la omisión por parte de la autoridad responsable, en dictar la resolución interlocutoria relativa al incidente de liquidación, en el expediente 137/2013. Ahora bien, se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a las constancias remitidas por la autoridad responsable mediante documento registrado con el número de control 3851 -que obran por separado en cuaderno de pruebas-, de las que se advierte que, el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, el Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, resolvió el incidente de liquidación, dentro del juicio laboral 137/2013; determinación que se notificó a los quejosos -por conducto de su apoderado ****- el doce de marzo de dos mil diecinueve. Ahora bien, si la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la omisión de resolver el incidente de liquidación respectivo en el juicio laboral de mérito, es evidente que el acto reclamado se destruyó en forma total e incondicional sin que al efecto hubiese dejado huella en la esfera jurídica de la parte quejosa y las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, esto, como si se hubiera otorgado el amparo, lo que actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Es decir, la autoridad responsable antes referida, atendiendo al artículo 8° y 17 constitucionales, se pronunció respecto al escrito de cumplimiento de prevención y ampliación de demanda interpuesto por la parte actora -quejosa-, de la manera siguiente: a) Se pronunció respecto del incidente de liquidación en el expediente 137/2013, mediante interlocutoria de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. b) Hizo del conocimiento a la parte quejosa de la referida resolución, por conducto de su apoderado, el doce de marzo de dos mil diecinueve. De esta manera, debido que al haber dictado la interlocutoria que resolvió el incidente de liquidación, y haberse hecho de su conocimiento dicha determinación, cesaron sus efectos; por lo que tal circunstancia conlleva a la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no deja huella alguna en la esfera jurídica de la inconforme que amerite ser borrada por la notificación del acto reclamado; de donde se sigue que, sobreviene la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, en virtud de que conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la ley de la materia, el efecto y finalidad del juicio de amparo, es conseguir la restitución en el goce del derecho violado a favor de la parte quejosa, volviendo las cosas al estado que guardan antes de la violación constitucional, por lo que si en la especie, la materia sobre la cual recayó el acto reclamado dejó de surtir efectos, es indudable que no podrá restituirse al gobernado en el goce de la garantía conculcada, al haber dejado de producir consecuencias legales, por lo que el amparo es improcedente, actualizándose de esta manera la hipótesis normativa prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior de ningún modo priva de defensa a la parte quejosa, porque está permitido el sobreseimiento del juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, según se obtiene de la simple lectura de la fracción V del artículo 63, en relación con el inciso d) de la fracción I, del artículo 81, ambos de la Ley de Amparo, este último que establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los autos de sobreseimiento; puesto que en el caso la causa de improcedencia de referencia es manifiesta e indudable por la cesación de efectos del acto reclamado, y, por ello, ni en la audiencia constitucional ni al dictarse la sentencia correspondiente se puede formar una convicción diversa, con independencia de los elementos de prueba que se pudiera allegar. Consecuentemente, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Dado lo expuesto en párrafos precedentes, se deja sin efecto la fecha señalada para las nueve horas con dos minutos del quince de abril de dos mil diecinueve. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y comuníquese la circunstancia anterior a las autoridades señaladas como responsable para su conocimiento y efectos legales consiguientes.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta[n] los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado[s] al artículo 3° de la Ley de Amparo, el [los] documento[s] de cuenta, a través del [los] cual[es] rinde[n] su[s] informe[s] justificado; hágase saber a las partes la circunstancia anterior, para que, de ser el caso, manifiesten lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con respecto a la[s] documental[es] ofrecida[s], se admite[n] y se tiene[n] por desahogada[s] en razón de su propia y especial naturaleza, la[s] cual[es] se considerará[n] al momento de emitir el fallo que conforme a derecho proceda, conforme a los arábigos 119 y 123 de la citada ley; sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional. Asimismo, con dicho anexo fórmese por cuerda separada el tomo I de constancias, para el mejor manejo del presente expediente.
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