Iván Armando Galán Cisneros
Expediente 699/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 62 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 699/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 62
- Última actuación
- 16/10/2023
Partes del expediente
- Iván Armando Galán Cisneros
- Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 62.
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Del estado de autos y de la certificación de cuenta, se advierte que únicamente la parte quejosa expuso manifestaciones relativas a la manera en que la autoridad responsable expresó haber dado cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo, por lo que, se procede a calificar el mismo. CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Por sentencia de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito otorgó el amparo para el efecto de que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México (fojas 611 a 631 del presente juicio): "a) Deje sin efectos la resolución de veintisiete de marzo de dos mil veintidós, emitida en el recurso de revisión de actos de la Presidenta en el juicio laboral J.4/619/2018, de su índice. b) Con plena libertad de jurisdicción, dicte una nueva determinación en la que, siguiendo los lineamientos expuestos en el presente fallo, se pronuncie respecto de la totalidad de las cuestiones que fueron sometidas a su consideración en el recurso de revisión. En el entendido de que una vez que dicte la resolución respectiva y lo informe a este juzgado remitiendo las constancias que lo acredite, se tendrá por cumplida la sentencia, sin que sea materia de la concesión las determinaciones que con motivo del mismo le sigan." Este fallo amparador se basó sustancialmente en las consideraciones siguientes: "(.) De donde se desprende que la totalidad de los argumentos expuestos por la parte quejosa en el recurso de revisión de acto de la presidenta de la Junta no fueron atendidos por la autoridad responsable, de manera exhaustiva, ya que no se pronunció en relación a: Que existen violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14 cuarto párrafo, 16, primer párrafo y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante la aplicación del criterio de rubro "PENA CONVENCIONAL. EN CONVENIOS ELEVADOS A CATEGORÍA DE LAUDO". Que la aplicación del citado criterio contraviene disposiciones de orden público, ya que sólo el Congreso de la Unión tiene la facultad de expedir la leyes del trabajo, por lo que en ninguna parte de la Ley Reglamentaria se establece que en los convenios realizados en los expedientes laborales radicados ante las Juntas Especiales o convenios sin juicio, cuando estos se eleven a la categoría de laudo, la pena convencional se sujetara a lo establecido en el segundo y tercer párrafo del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo; y que si bien por disposición expresa se faculta al Pleno de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje para establecer criterios no deben ser contrarios a la misma Carta Magna, ni deben ir más allá de lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Que la responsable funda y motiva el acuerdo de fecha cuatro de agosto de dos mil veintiuno, en un acuerdo ilegal, aun a pesar que debió arreglarse únicamente a lo dispuesto textualmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo. Que se viola la garantía de competencia constitucional, ya que si una autoridad estatal excede de sus facultades en la realización de ciertos actos, concomitantemente excederá su órbita de competencia y con ello se crea una molestia en los diversos bienes que protege el artículo 16 Constitucional. Que no se desvirtuó la manifestación en el sentido de que el Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca es incompetente para legislar en materia de trabajo, por lo que el auto impugnado no se encuentra debidamente fundado y motivado, por lo que se debía declarar procedente la revisión y en consecuencia modificar el acto que la origino, actualizando el crédito laboral con la pena convencional fijada, hasta que se cubra la suerte principal adeudada. Que no se provee sobre el segundo de los agravios, en el que el recurrente se inconforma con el requerimiento de tres días para ejecutar el convenio elevado a laudo, en el sentido de en dicho plazo sacar cita anta la autoridad para llevar a cabo el requerimiento de pago y embargo, bajo apercibimiento que de no hacerlo se archivaría el expediente al no existir interés de impulsar el procedimiento. Que inadvierte, en tal sentido las manifestaciones respecto de la aplicación de la disposición normativa del artículo 519, fracción III de la Ley Federal del Trabajo, al caso concretó, que prevé la prescripción de las acciones para solicitar la ejecución de los laudos. De ahí que, se evidencie la falta de exhaustividad en la resolución reclamada, ya que la responsable dejó de atender todos y cada uno de los argumentos expuestos por el ahora quejoso, con lo que se violentó en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en el artículo 17 Constitucional. Lo anterior, porque de la resolución reclamada únicamente se advierte que la responsable reitero que fundamento su actuar en los artículos 48, 876 y 978 de la Ley Federal del Trabajo e invoca los diversos ordinales 614 y 315 de la misma ley federal, que disponen las facultades y obligaciones del Pleno de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las normas que se deben atender para uniformar los criterios de resolución de las Juntas Especiales. En ese sentido, se evidencia que la responsable expuso los fundamentos legales en los que basa la creación de criterios emitidos por el Pleno de las Juntas y se limitó a señalar que las pruebas ofrecidas por el recurrente no le favorecían, por lo que el acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, se encontraba fundado y motivado, por lo que declaró improcedente el incidente de actos de revisión interpuesto por la parte actora en el principal, al no haber acreditado sus manifestaciones con las probanzas ofrecidas de su parte. Por tanto, se advierte que no se emitió pronunciamiento en torno a la aplicación del criterio de rubro "PENA CONVENCIONAL. EN CONVENIOS ELEVADOS A CATEGORÍA DE LAUDO", pues se reitera la Junta responsable, únicamente se limitó a destacar que legalmente el Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje, tiene la facultad de emitir criterios, que sirven para unificar resoluciones de las Juntas Especiales, pero no expuso los motivos por los cuales dicho criterio era aplicable al caso concreto y en su caso, si con el mismo no se actualizan las violaciones que aduce el recurrente. Aunado a que se evidencia que no contesta ningún agravio de los formulados por el revisionista, pues aun cuando la responsable lo tuvo en consideración al fijar la Litis, en el considerando II; cierto es que en el estudio de fondo no se atendieron en ningún momento, pues se reitera, la responsable se limitó a establecer la forma en que se crea un criterio por el Pleno de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y concluyó en determinar fundado y motivado el acto impugnado, consecuentemente declaró infundado el incidente de actos en revisión, bajo el único argumento de que las pruebas ofrecidas por el recurrente no prueban sus manifestaciones de inconformidad, cuando únicamente se hace referencia a la instrumental de actuaciones." Por acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, se declaró que dicha sentencia había causado ejecutoria, por lo cual se requirió su cumplimiento (fojas 646 y 647). Mediante oficio 2061-019337 recibido el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 649 a 654), en la oficialía de partes de este Órgano Jurisdiccional, la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México informó la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, adjuntado copia certificada del proveído de veintiuno de septiembre del año en curso, mediante la cual dejó sin efectos la diversa resolución interlocutoria de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés; así como de la determinación de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, en lo que interesa, determinó: "Bajo tales consideraciones y con- el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria emitida en los autos del juicio de amparo indirecto 699/2022-IV-B, siguiendo os lineamientos expuestos respecto al primer punto en el sentido que "Existe violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14 cuarto párrafo, 16 primer párrafo y 133 Constitucionales ante la aplicación del criterio cuyo rubro es: PENA CONVENCIONAL EN CONVENIO ELEVADOS A LA CATEGORÍA DE LAUDOS., no ser viola en perjuicio de la revisionista los preceptos en cita, ya que la pena convencional es una estipulación accesoria que no se encuentra regulada de manera expresa en la Ley Federal del Trabajo, pero que debe incorporarse a fin de que sea cumplida la obligación principal, sin que exceda en su valor ni en su cuantía, por lo que al limitar el incremento de dicha pena convencional con el criterio aplicado no se vulneran los derechos del accionante; en relación al punto dos referente a que "la aplicación de dicho criterio contraviene disposiciones de orden público, ya que solo el Congreso de lo Unión tiene la facultad de expedir leyes del trabajo, por lo que en ninguna parte de la Ley Reglamentario se establece que en los convenios realizados en los expedientes laborales radicados ante las Juntas Especiales, o convenios sin juicio, cuando estos se eleven o la categoría de laudo, la pena convencional se sujetara a lo establecido en el segundo y tercer párrafo del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo; y que si bien por disposición expresa se faculto al pleno de los Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje para establecer criterios no deben ser contrarios o lo misma Carta Magno, ni debe ir más allá de lo establecido en la Ley Federal del Trabajo..." cabe resaltar que contrario a lo aseverado por la revisionista el criterio aplicado no contraviene disposiciones de orden público, ya que la propia Ley Federal del Trabajo en su artículo 615 la faculta para que emita sus criterios y establece que serán obligatorios para las Juntas Especiales, por consiguiente la aplicación del criterio obedece a la omisión de regular expresamente la pena convencional y ante tal circunstancia se emitió el criterio en controversia, lo que es acorde con lo que regula la Ley Federal del Trabajo; del tercer punto que asevera: que la responsable funda y motiva el acuerdo de fecha cuatro de agosto de dos mil veintiuno, en un acuerdo ilegal, aun a pesar que debió arreglarse únicamente a lo dispuesto textualmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo., es menester referir que el auto en controversia fue emitido en términos de ley y no viola el principio de Supremacía Constitucional, ya que como se ha referido el criterio aplicado derivo de la omisión ante la Ley Federal del Trabajo de regular de manera expresa la pena convencional y en atención a que sus alcances y restricciones deben ir en concordancia con lo regulado en el derecho común pues la cláusula: penal no puede exceder ni en valor, ni en cuantía a la obligación principal resultando así concordante la aplicación del criterio jurídico al sujetar el pago de la pena convencional a lo establecido en el segundo y tercer párrafo del artículo 48 de la ley de la materia; en cuanto al cuarto punto referente a que se viola la garantía de competencia constitucional, ya que si una autoridad estatal excede de sus facultades en la realización de ciertos actos, concomitantemente excederá su órbita de competencia y con ello se crea una molestia en los diversos bienes que protege el artículo 16 Constitucional. esta autoridad no ha violado la garantía-de competencia constitucional, ni mucho menos crea molestia en bienes de la revisionista, atento a que el criterio en el cual se apoyó y fundamentó el auto de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, fue aprobado por el pleno de esta Junta con la potestad impuesta en el artículo 615 de la ley en mención, por lo que al resultar obligatorio para la Junta no se excede de las facultades ni de su órbita de competencia; en relación al quinto punto respecto a "que no se desvirtúo lo la manifestación en el sentido de que el pleno de lo Junta Local de Conciliación y Arbitraje di Valle de Toluca es incompetente para legislar en materia de trabajo, por lo que el auto impugnado no se encuentra debidamente fundado y motivador, por lo que se debla declarar procedente la revisión y en consecuencia modificar el acto que la origino, actualizando el crédito laboral con la pena convencional fijada hasta que se cubra la suerte principal adeudada", contrario a lo que argumenta la revisionista, el Pleno de esta Junta no Legisla en materia de trabajo, sino que únicamente emite criterios los cuales son obligatorios para las Juntas Especiales siempre apoyándolos con la facultad que le otorga el artículo 615 de la ley de la materia, y la aplicación del criterio con rubro "PENA CONVENCIONAL. EN CONVENIOS ELEVADOS A CATEGORÍA DE LAUDO.", obedece a que la legislación laboral no regula de manera expresa la pena convencional, por lo que ante dicha omisión fue emitido el criterio en controversia, lo que es acorde con lo que regula la Ley Federal del Trabajo, por ende tal imposición se encuentra fundada y motivada, y, consecuentemente no resulta acordar favorable la actualización del crédito laboral con la pena convencional ya que de modificar el auto de cuatro de agosto de dos mil veintiuno iría en contravención a lo estatuido en el ordinal 848 de la Ley de la materia en virtud de que de manera expresa dispone que las juntas que no pueden revocar sus resoluciones; por cuanto hace al sexto punto "que no se provee sobre el segundo de los agravios, en el que el recurrente se inconforma con el requerimiento de tres días para ejecutar el convenio elevado a laudo, en el sentido de en dicho plazo sacar cita anta la autoridad para llevar a cabo el requerimiento de pago y embargo, bajo apercibimiento que de no hacerlo se archivaría el expediente al no existir interés de impulsar el procedimiento." cierto es que por auto de cuatro de agosto de dos mil veintiuno se requirió a la actora para que diera impulso al procedimiento ya que de no hacerlo se archivaría el expediente al no existir interés de impulsar el procedimiento, sin embargo, ello no implica que se obstaculice el acceso a la justicia, en virtud de que la propia ley de la materia faculta a la Presidenta a efecto de que tome las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita, por lo que en ese sentido se emitió la determinación que la revisionista combate, la cual no viola en su perjuicio el derecho fundamental tutelado en el artículo 17 Constitucional, ya que con tal proveído se evita la incertidumbre y prolongación indefinida para exigir su cumplimiento con el fin de obtener una mayor condena y se tutela a la administración de justicia en los términos y plazos fijados por la ley, en su vertiente de que es obligación del accionante manifestar su voluntad de reclamar su derecho dentro de los plazo que la ley concede, consecuentemente no le depara perjuicio ya que de autos se evidencia que la parte que obtuvo continúa dando impulso al procedimiento de ejecución y por tanto no puede aplicársele el apercibimiento impuesto: tocante al séptimo punto "que inadvierte, en tal sentido las manifestaciones respecto de la aplicación de la disposición normativa del artículo 519, fracción III de la Ley Federal del Trabajo, al caso concretó, que prevé la prescripción de las acciones para solicitar la ejecución de los laudos", ante dicho argumento resulta incuestionable que el precepto en cita consagra que la acción para ejecutar el convenio prescribe en dos años, sin embargo se precisa que el requerimiento que se realizó al accionante obedeció a que el lapso transcurrido entre las dos últimas promociones en que solicito el impulso de la ejecución fue aproximadamente de once meses, lo que derivó a emitir la determinación en controversia, pues la Presidenta de esta Junta se encuentra obligada a tomar las medidas necesarias para que la ejecución del laudo sea de manera pronta y expedita, máxime que la parte que obtuvo tiene la obligación de manifestar su voluntad de reclamar su derecho para evitar incertidumbre y prolongación indefinida para el cumplimiento de la condena, por lo que la determinación de 04 de agosto de 2021 fue emitida en términos de ley, consecuentemente las probanzas ofrecidas por la revisionista no le reportan beneficio y por el contrario a la demandada en la revisión y en el incidente WALDOS DÓLAR MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., las pruebas que -ofrece consistentes en la instrumental pública de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humano le reportan beneficio al haberse emitido el auto de cuatro de agosto de dos mil veintiuno en términos de ley y por tanto no puede revocarse. Ante las circunstancias antes descritas se declara improcedente la revisión de actos de ejecución de la C. Presidenta respecto del auto de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, lo anterior en términos de lo dispuesto por los artículos 17 Constitucional, 18, 48, 785, 848 y 140 de la Ley Federal del Trabajo..". En ese contexto, de las constancias exhibidas por la responsable, las que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la parte quejosa fue restituida en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, pues se cumplieron los efectos de la sentencia de amparo en sus términos, sin excesos ni defectos, al pronunciarse de manera fundada y motivada en torno a la totalidad de lo manifestado por el aquí peticionario de amparo, específicamente, en lo concerniente a la aplicación del criterio del Pleno de las Juntas Especiales y la ejecución del laudo. Por tanto, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia sin exceso ni defectos. Sin realizar pronunciamiento respecto a las manifestaciones de la parte quejosa en el sentido de que la autoridad responsable había acatado la ejecutoria de amparo, ya que es obligación de esta Juzgadora vigilar el estricto cumplimiento al fallo protector y en su caso realizar el análisis correspondiente para valorar su cumplimiento. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el expediente como concluido. En ese orden, en acatamiento al artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; este expediente es conservable y una vez transcurridos tres años a partir de este acuerdo, transfiérase a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, pues se trata de un expediente en el cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. RELEVANCIA DOCUMENTAL De conformidad con el artículo 15, del Acuerdo General referido, el presente asunto carece de relevancia documental. ARCHIVO FÍSICO Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Por otra parte, devuélvase a la autoridad responsable las constancias que remitió con su informe justificado; sin que en el caso sea necesario solicitar el acuse de recibo respectivo, dado que se trata de copias certificadas. Notifíquese como legalmente corresponda.
- Principal
Toluca, Estado de México; tres de octubre de dos mil veintitrés. ESCRITO Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, intégrese el escrito signado por el apoderado de la quejosa, por medio del cual realiza diversas manifestaciones respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente asunto, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal correspondiente. Notifíquese como legalmente corresponda.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. OFICIO Visto lo de cuenta, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, intégrese el oficio suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del valle de Toluca, Estado de México, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto; por lo cual, remite copia certificada del diversas constancias. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que dentro del término de tres días computados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, en su oportunidad, de oficio se determinará si la ejecutoria quedó o no cumplida. Notifíquese como legalmente corresponda.
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del valle de Toluca, Estado de México, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que cuente con la presente determinación, acate en sus términos la ejecutoria de amparo, es decir, realice lo siguiente: "a) Deje sin efectos la resolución de veintisiete de marzo de dos mil veintidós, emitida en el recurso de revisión de actos de la Presidenta en el juicio laboral ********************, de su índice. b) Con plena libertad de jurisdicción, dicte una nueva determinación en la que, siguiendo los lineamientos expuestos en el presente fallo, se pronuncie respecto de la totalidad de las cuestiones que fueron sometidas a su consideración en el recurso de revisión. En el entendido de que una vez que dicte la resolución respectiva y lo informe a este juzgado remitiendo las constancias que lo acredite, se tendrá por cumplida la sentencia, sin que sea materia de la concesión las determinaciones que con motivo del mismo le sigan." APERCIBIMIENTO Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se impondrá a la persona física que ostente dicho cargo una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, además, una vez agotado el procedimiento respectivo, de ser omisa se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir con el trámite de inejecución, el cual podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese como legalmente corresponda.
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