Iván Arce Valenzuela

Expediente 491/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 11 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
491/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
07/12/2016

Partes del expediente

  • Iván Arce Valenzuela
  • Ayuntamiento de Tijuana, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, siete de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación de cuenta, que el quejoso ******************** no interpuso recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el ********************; en consecuencia, y con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria, dese aviso a las autoridades responsables, y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por lo tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, por virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, última parte, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del expediente. Ahora, en cumplimento al artículo vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal relativo a este juicio es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído, estableciéndose como fecha probable para tal efecto, el ******************** Del mismo modo, se precisa que el original del incidente de suspensión es destruible; lo anterior, al encuadrar la hipótesis de la fracción III, del punto vigésimo primero, del acuerdo en comento, al haberse negado la medida cautelar respecto de los actos reclamados; por lo que se señala como fecha probable para tal efecto, el ******************** Respecto al duplicado del incidente de suspensión, y en cumplimiento también del referido Acuerdo General, se establece que éste es susceptible de destrucción, de conformidad con lo dispuesto por el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo complementario citado en el párrafo que antecede; por lo tanto, tomando en consideración que al dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, transcurrieron los seis meses a que se refiere el Acuerdo General en cita, se establece que el expediente duplicado del cuaderno de suspensión ya es destruible. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente al Centro Archivístico de Toluca, en el Estado de México, el ******************** Por último, glósese copia del presente acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. Visto el escrito de cuenta firmado por la autorizada de la parte quejosa; y atento a su contenido, téngasele por hechas las manifestaciones a las que se contrae en el mismo en vía de alegatos, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. En otro tenor, hágase del conocimiento de las partes, que mediante oficio número SEADS/1021/2016, de veintinueve de junio de dos mil dieciséis, por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del uno de agosto del mismo año, se acordó la readscripción del licenciado Francisco Caballero Green, como titular de este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Ello, para que en su caso, de conformidad con el numeral 52 de la Ley de Amparo, puedan plantear como causa de recusación, cualquiera de los impedimentos señalados en el artículo 51 del referido ordenamiento legal. En apoyo a lo anterior, cobra aplicación la jurisprudencia número 2a./J. 104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 312, julio de 2010, tomo XXXII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." En consecuencia, y a fin de no dejar en estado de indefensión a las partes, resulta procedente diferir la audiencia constitucional fijada para el día de hoy y se señalan las diez horas con cuarenta minutos del veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, para su celebración. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto el estado de autos del que se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, porque la secretaria encargada del despacho por ministerio de Ley, sólo está facultada para practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por ello, es el caso diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha y hora para su celebración las doce horas con treinta minutos del dieciocho de julio de dos mil dieciséis.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio firmado por la autoridad responsable mediante el cual rinde informe justificado; en consecuencia, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. En relación con la prórroga que solicita, no es procedente acordar de conformidad, por virtud de que su concesión es potestativa y no obligatoria para el que suscribe, en términos de lo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo; además, al haberse reclamado la constitucionalidad del Reglamento de Transporte Público para el Municipio de Tijuana, Baja California, su existencia no se encuentra sujeta a prueba, al constituir un hecho notorio, por encontrase publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California; ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; sin embargo, queda expedito su derecho para de considerarlo conveniente, allegue al presente juicio de amparo las constancias a que se refiere en el oficio que se atiende. Encuentra sustento a la anterior consideración la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, cuyo rubro y texto rezan: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Por último, se le tiene designando como delegados a los profesionales que refieren en sus oficios, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo.

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