Ivan Antonio Velazquez Rodriguez

Expediente 866/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
866/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
18/07/2023

Partes del expediente

  • Ivan Antonio Velazquez Rodriguez
  • Janet Luna Arana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos y al advertirse que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un acuerdo que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: II. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido;" Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Remisión de constancias. Remítanse al Juez Segundo de lo Familiar de Puebla, el legajo de prueba I, que remitió como complemento a su informe justificado; en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Devolución de documentos. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal referido, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que en el presente juicio de amparo, se advierten los siguientes datos: Quejoso: *** Tercera interesada: *** Autoridades responsables: Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. 2. Diligenciario Non adscrito al Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. Acto reclamado: La resolución del cuatro de abril de dos mil veintitrés, relativa al incidente de liquidación de pensión alimenticia provisional promovido en el juicio de paternidad 717/2021. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que dicen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento. ... Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Del segundo numeral transcrito se aprecia claramente que el plazo para la promoción de la demanda de amparo será de quince días, en el entendido que existen casos de excepción a esa regla general. Asimismo, la lectura de los preceptos legales trascritos revela la existencia de tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, excluyentes entres sí, a saber: A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite a la parte quejosa promoverlo desde el día hábil siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución, e incluso, en que se haya ostentado sabedor del mismo; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. ... Conviene precisar que aun cuando el criterio transcrito analizó el artículo 21 de la Ley de Amparo abrogada, resulta ilustrativo para establecer las hipótesis de procedencia del juicio constitucional tratándose de actos consentidos por no promoverse el juicio de amparo dentro del plazo de quince días previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente, dada la similitud en la redacción de ambos preceptos, tal como se pone de manifiesto en el cuadro comparativo siguiente: Artículo 21 de la Ley de Amparo abrogada. Artículos 17, párrafo primero, y 18 de la Ley de Amparo vigente. Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Por lo anterior, los criterios jurisprudenciales invocados continúan vigentes ya que no se contraponen con lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, tal como lo prevé su artículo Sexto transitorio, que establece: SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. Una vez establecidos los tres supuestos normativos previstos para el cómputo del plazo de quince días para promover el juicio de amparo, se colige que los actos reclamados en el presente juicio se ubican en la primer de las hipótesis, esto es, que el plazo se deberá computarse a partir del día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame. Bajo ese panorama se reitera que la justiciable reclama la resolución del cuatro de abril de dos mil veintitrés, relativa al incidente de liquidación de pensión alimenticia provisional promovido en el juicio de paternidad 717/2021. Asimismo, respecto al conocimiento de dicho acto se advierte que en la demanda de amparo, la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que el acuerdo reclamado le fue notificado el trece de abril de dos mil veintitrés. No obstante, de las constancias que al efecto allegó la autoridad responsable como complemento a su informe con justificación, a las que se concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que la resolución reclamada por la parte quejosa, le fue notificada el once de abril de dos mil veintitrés, tal como se acredita con la imagen que al efecto se inserta. En tal razón, en términos de lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, el plazo para la interposición de la demanda empezó a correr a partir del día hábil siguiente al en que haya surtido efectos su notificación, es decir, el doce de abril siguiente y culminó el tres de mayo del presente año, previo descuento de los días inhábiles previstos en el artículo 19 de la Ley de Amparo, tal como se pone de manifiesto con el siguiente calendario: ... Consecuentemente, si el plazo para la interposición de la demanda de amparo transcurrió del doce de abril siguiente y culminó el tres de mayo del presente año, y ésta se presentó en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla hasta el ocho de mayo del presente año, es evidente que su presentación resulta extemporánea. Lo anterior, sin que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas; porque como ya se mencionó, el análisis emprendido por este órgano de control constitucional se realizó a fin de determinar la procedencia del juicio de amparo. ... No pasa desapercibido, el hecho de que la parte quejosa en su demanda de amparo y, durante la tramitación del presente asunto, no se inconformó en contra de la notificación de once de abril de dos mil veintitrés, por la que se le hizo de su conocimiento la resolución impugnada. No obstante, aunque así hubiese acontecido, estuvo en aptitud de interponer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 74 de Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, por lo que cuando se omita hacer una notificación o se haga una en contravención a lo señalado en la ley adjetiva civil podrá impugnarse mediante el incidente sobre declaración de nulidad de todo lo actuado, a partir de la notificación impugnada, el cual se tramitará conforme a las reglas generales para los incidentes. En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contemplada en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con relación a los diversos 17 y 18 y, por ende, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. ... En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada. Finalmente, dese de alta el presente sobreseimiento en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y vía electrónica a la parte tercera interesada.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que en el presente juicio de amparo, se advierten los siguientes datos: Quejoso: *** Tercera interesada: *** Autoridades responsables: Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. 2. Diligenciario Non adscrito al Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. Acto reclamado: La resolución del cuatro de abril de dos mil veintitrés, relativa al incidente de liquidación de pensión alimenticia provisional promovido en el juicio de paternidad 717/2021. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que dicen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento. ... Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Del segundo numeral transcrito se aprecia claramente que el plazo para la promoción de la demanda de amparo será de quince días, en el entendido que existen casos de excepción a esa regla general. Asimismo, la lectura de los preceptos legales trascritos revela la existencia de tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, excluyentes entres sí, a saber: A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite a la parte quejosa promoverlo desde el día hábil siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución, e incluso, en que se haya ostentado sabedor del mismo; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. ... Conviene precisar que aun cuando el criterio transcrito analizó el artículo 21 de la Ley de Amparo abrogada, resulta ilustrativo para establecer las hipótesis de procedencia del juicio constitucional tratándose de actos consentidos por no promoverse el juicio de amparo dentro del plazo de quince días previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente, dada la similitud en la redacción de ambos preceptos, tal como se pone de manifiesto en el cuadro comparativo siguiente: Artículo 21 de la Ley de Amparo abrogada. Artículos 17, párrafo primero, y 18 de la Ley de Amparo vigente. Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Por lo anterior, los criterios jurisprudenciales invocados continúan vigentes ya que no se contraponen con lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, tal como lo prevé su artículo Sexto transitorio, que establece: SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. Una vez establecidos los tres supuestos normativos previstos para el cómputo del plazo de quince días para promover el juicio de amparo, se colige que los actos reclamados en el presente juicio se ubican en la primer de las hipótesis, esto es, que el plazo se deberá computarse a partir del día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame. Bajo ese panorama se reitera que la justiciable reclama la resolución del cuatro de abril de dos mil veintitrés, relativa al incidente de liquidación de pensión alimenticia provisional promovido en el juicio de paternidad 717/2021. Asimismo, respecto al conocimiento de dicho acto se advierte que en la demanda de amparo, la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que el acuerdo reclamado le fue notificado el trece de abril de dos mil veintitrés. No obstante, de las constancias que al efecto allegó la autoridad responsable como complemento a su informe con justificación, a las que se concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que la resolución reclamada por la parte quejosa, le fue notificada el once de abril de dos mil veintitrés, tal como se acredita con la imagen que al efecto se inserta. En tal razón, en términos de lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, el plazo para la interposición de la demanda empezó a correr a partir del día hábil siguiente al en que haya surtido efectos su notificación, es decir, el doce de abril siguiente y culminó el tres de mayo del presente año, previo descuento de los días inhábiles previstos en el artículo 19 de la Ley de Amparo, tal como se pone de manifiesto con el siguiente calendario: ... Consecuentemente, si el plazo para la interposición de la demanda de amparo transcurrió del doce de abril siguiente y culminó el tres de mayo del presente año, y ésta se presentó en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla hasta el ocho de mayo del presente año, es evidente que su presentación resulta extemporánea. Lo anterior, sin que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas; porque como ya se mencionó, el análisis emprendido por este órgano de control constitucional se realizó a fin de determinar la procedencia del juicio de amparo. ... No pasa desapercibido, el hecho de que la parte quejosa en su demanda de amparo y, durante la tramitación del presente asunto, no se inconformó en contra de la notificación de once de abril de dos mil veintitrés, por la que se le hizo de su conocimiento la resolución impugnada. No obstante, aunque así hubiese acontecido, estuvo en aptitud de interponer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 74 de Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, por lo que cuando se omita hacer una notificación o se haga una en contravención a lo señalado en la ley adjetiva civil podrá impugnarse mediante el incidente sobre declaración de nulidad de todo lo actuado, a partir de la notificación impugnada, el cual se tramitará conforme a las reglas generales para los incidentes. En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contemplada en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con relación a los diversos 17 y 18 y, por ende, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. ... En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada. Finalmente, dese de alta el presente sobreseimiento en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y vía electrónica a la parte tercera interesada.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de junio de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, a la presente fecha aún se encuentra transcurriendo la vista de ocho días ordenada en auto de dos de junio del año en curso, con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, por lo que las partes aún no han tenido conocimiento de su contenido con la anticipación debida en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional y se fijan para su celebración las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. ... Notifíquese.

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