Ivan Antonio Cano Rizo
Expediente 1157/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 24 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1157/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 05/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Viviana Espinoza López
- Claudia Ibeth Mendoza Serrano
- Ivan Antonio Cano Rizo y Otros.
- Ivan Antonio Cano Rizo
- Karina García Zumaya
- Claudia Janeth Rodríguez Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Incidental
Morelia, Michoacán, cinco de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio y anexos que remite el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 14/2022 del índice de este juzgado, por el que se le encomendó entregar diverso oficio con sus respectivos anexos a la autoridad responsable Secretaría de Salud Federal, con sede en la Ciudad de México, para que rindiera el informe de ley requerido, remitiendo a su vez el acuse de entrega respectivo. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y se ordena dar de baja el exhorto respectivo, sin que haya que hacer mayor pronunciamiento al respecto dado que mediante proveído de veinticinco de marzo del presente año, causó estado de proveído por el cual se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hago constar y certifico: Que concluyó el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de tres de junio del presente año dictado dentro del juicio de amparo 1157/2021, pues transcurrió del diez al veinticuatro de marzo del año en curso, tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes, de conformidad con los artículos 19 y 22 de la misma ley, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Morelia, Michoacán, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 1157/2021, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste. Morelia, Michoacán, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el proveído de uno de marzo de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de audiencia, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales JAVIER MORALES GUZMAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cb.1b 27/09/22 12:32:21 generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, que prevé el artículo 21 del aludido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio y dentro de los noventa días siguientes, depúrese el original del incidente y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del mismo Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. JAVIER MORALES GUZMAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cb.1b 27/09/22 12:32:21 ??????????????? Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe. EDG
- Principal
Morelia, Michoacán, primero de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el escrito signado por Iván Antonio Cano Rizo representante legal de la menor María Paula Cano Rojas, quien manifiesta que su hija sí recibió la tutela anticipada de la medida cautelar otorgada en el presente asunto, ya que se vacunó con las dosis a la menor, por lo que solicita que se le tenga desistiendo de la prosecución del amparo. Atento lo anterior, se advierte de autos que se reservó proveer sobre los escritos de desistimiento de los padres de los menores quejoso hasta en tanto el padre de la menor María Paula Cano Rojas, informara lo conducente a la vista dada en autos, lo cual en esta fecha aconteció. Ahora bien, se advierte que la parte quejosa reclama en esencia la omisión de las autoridades responsables en aplicarle la vacuna Pfizer/BioNTech, contra el virus del SARS-CoV2 (COVID-19). En mérito de lo anterior, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio. Constituye hecho notorio para este Juzgado de Distrito, que las autoridades responsables han implementado una política pública para que los menores sean vacunados. Dicha política pública se divide en dos apartados: Para menores que tengan cumplidos los quince años al quince de enero de dos mil veintidós; y, Para menores de doce a diecisiete años con alguna comorbilidad. El primer supuesto de la política pública, abarca a todos los menores que tengan, al quince de enero de dos mil veintidós, quince años o más; por su parte, el segundo supuesto, comprende a los jóvenes de doce a catorce años, once meses y treinta días, que los tengan cumplidos al quince de enero de dos mil veintidós, y tengan alguna comorbilidad, tal es el caso de enfermedades cardiacas, pulmonar crónica, afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo, enfermedad neurológica crónica, enfermedades endocrinológicas tales como diabetes y obesidad grave, inmunosupresión de moderada a grave como cáncer, trasplantes, VIH/SID, tuberculosis, asplenia o disfunción del bazo y enfermedades hematológicas, anomalías genéticas graves que afecten a varios sistemas. La anterior información, se obtiene del portal electrónico del Gobierno de México para registrarse para la vacunación, tal como se aprecia de las siguientes capturas de pantalla. Al respecto, se advierte que en este juicio se señaló como acto reclamado la omisión de aplicar la vacuna Pfizer contra el virus del SARS-CoV2 (COVID-19), a los menores quejosos, ya que la parte peticionaria de amparo considera que dicha omisión afecta el derecho de acceso a la salud de la menor. Ahora bien, la procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el Juez de Distrito aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, cabe destacar que el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, instituye que el juicio de amparo será improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Por tanto, resulta claro de los escrito presentados por los padres de los menores quejosos que éstos fueron vacunados con las dos dosis de la vacuna Pfizer contra el virus del SARS-CoV2 (COVID-19), de ahí que la omisión reclamada ha cesado en sus efectos de manera total e incondicionada en sus efectos y destruye la omisión que dio origen al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. En consecuencia, se ha dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos del acto reclamado han desaparecido totalmente, sin que hayan dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de especificar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, obligando a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija. Asimismo, es importante señalar que en proveído de seis de los corrientes se tuvo al apoderado jurídico de las responsables locales informando que se aplicaron las dos dosis de la vacuna a la menor quejosa. Sustenta lo anterior por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 6/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro: 2003285, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA COMO AUTOAPLICATIVA UNA LEY, ÉSTA ES REFORMADA O DEROGADA. Conforme al artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, resulta inconcuso que se actualiza dicha causa de improcedencia si en el juicio de amparo indirecto se reclama como autoaplicativa una ley o norma general prohibitiva, o la que establece una obligación, y durante la tramitación del juicio se reforma o deroga, eliminando la prohibición u obligación, destruyéndose así de manera total e incondicionada sus efectos, y no se demuestra que la que genera una obligación haya producido durante su vigencia alguna consecuencia material en perjuicio de la quejosa, derivada del incumplimiento de las obligaciones que estableció durante el periodo que estuvo vigente, pues una eventual concesión del amparo contra la ley carecería de efectos prácticos." Asimismo, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo. Robustece lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro , cuyo rubro y texto narran: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a su celebración acorde al principio de economía procesal bajo el cual se constituye el juicio de amparo, a efecto de tener procedimientos ágiles, que se desenvuelvan en el menor tiempo posible y con el menor empleo de recursos, en fiel seguimiento del derecho de pronta administración de justicia tutelado por el artículo 17 Constitucional. Sustenta lo anterior la jurisprudencia II.2o.P. J/23, con registro digital 173878, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto" En consecuencia, se deja sin efectos la fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.EDG
- Incidental
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados de éste órgano jurisdiccional, así como en el sistema SISE, el proveído y/o resolución de 01 de marzo de dos mil veintidos, de conformidad con el artículo 27 fracción I, inciso c), de la ley de amparo
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