Iván Andrés Aldama Bejarano
Expediente 160/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua. 26 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 160/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 28/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Iván Andrés Aldama Bejarano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Se tiene que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la resolución en la que se dilucidó en torno al cumplimiento del fallo protector, por lo cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado firme para todos los efectos legales. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno relativo y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido.
- Principal
Estado de autos. Visto el estado de los autos, se observa que por oficios 806/2022 y 3133/2022, la Secretaria de Hacienda en representación del Recaudador de Rentas y la Tesorera Municipal de Juárez aseveraron haber cumplido con la ejecutoria de amparo y, para ello, exhibieron copia certificada de los cheques expedidos a favor de la parte quejosa por la cantidad que ampara el pago efectuado por concepto del derecho de inscripción registral por traslación de dominio de un inmueble para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. Mediante autos de diecinueve y veintidós de agosto del presente año, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días acudiera a las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal en esta ciudad, recogiera los cheques, y los hiciera efectivos, sin que a la fecha, lo haya hecho del conocimiento a este juzgado. Por consiguiente, el suscrito procede a resolver de oficio si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: En ejecutoria recaída en el juicio que nos ocupa, se otorgó a la parte quejosa la protección constitucional respecto de la normatividad del ejercicio fiscal dos mil veintidós. En particular, el amparo se dio en los términos siguientes: ".para el efecto de que no se le apliquen las normas jurídicas que prevén y regulan la tasa o cuota del derecho de inscripción registral por traslación de dominio de un inmueble e impuesto universitario para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, lo que tiene consecuencias jurídicas con respecto de los actos de aplicación futuros, lo cual significa que las disposiciones correspondientes no podrán válidamente ser aplicadas a la parte inconforme hasta en tanto se hallen vigentes, ya que su aplicación implicaría violación al fallo concesorio en torno a la parte impetrante.. Con esto se advierte que para cumplir con el fallo protector de que se trata, las responsables están constreñidas a realizar el acto que sigue: Devuelvan a su favor, los pagos realizados en cumplimiento de las normas declaradas inconstitucionales en este juicio, con la actualización respectiva, lo cual abarcará, no solamente el primer acto de aplicación de la disposición legal, sino también los que hayan tenido lugar hasta antes de que cause ejecutoria este fallo, respecto de todo bien. Esto sucedió en el caso que nos ocupa. Cierto. Basta imponerse de las constancias remitidas por las responsables en este caso concreto, para advertir que se cumplió con el fallo protector en el juicio, en razón de que las autoridades responsables acreditaron haber efectuado la expedición de los cheques 1151815 y 13803, por las cantidades de quince mil pesos M.N. 00/100 ($15,000.00) y treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos M.N. 00/100 ($37,440.00), a favor de la parte impetrante, por concepto del derecho de inscripción registral por traslación de dominio de un bien inmueble para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, debidamente actualizadas. Así pues, del examen de las constancias remitidas por las autoridades responsables, a las que por tener la calidad de documento público, se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que se cumplieron con los lineamientos establecidos en el fallo protector, a final de cuentas porque se expidieron los cheques por las cantidades de que se trata, aún ante la contumacia del interesado de no recogerlos y hacerlos efectivos. Inconformidad frente al acato del fallo. No hay. No es obstáculo a tal conclusión, la circunstancia de que la protección constitucional se concedió respecto de los actos legislativos de que se trata, pues no debe perderse de vista que no pueden quedar insubsistentes, precisamente, porque involucran disposiciones de orden público, sin duda, de carácter general e impersonal, de ahí que, es la autoridad aplicadora de la ley quien debe asumir el núcleo de la obligación exigida por virtud del fallo protector, tal como sucedió en el caso. Al efecto, cabe citar las tesis de jurisprudencia sustentadas por el Pleno y la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los que siguen: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN. La decisión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley que se tome en una sentencia de amparo que ha causado ejecutoria, constituye cosa juzgada. Consecuentemente, si se concedió el amparo, el efecto inmediato será nulificar la validez jurídica de la ley reclamada en relación con el quejoso y si el juicio se promovió con motivo del primer acto de aplicación, éste también será contrario al orden constitucional; dentro del mismo supuesto de concesión del amparo, ninguna autoridad puede volverle a aplicar válidamente la norma jurídica que ya se juzgó, dado que la situación jurídica del quejoso se rige por la sentencia protectora. En cambio, cuando el fallo es desfavorable respecto de la ley, las autoridades pueden aplicársela válidamente; por ello, una vez que el juicio de garantías se ha promovido contra la ley y se obtiene pronunciamiento de fondo, sea que se conceda o se niegue la protección solicitada en sentencia ejecutoria, la decisión sobre su congruencia o incongruencia con el orden constitucional se ha convertido en cosa juzgada." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Sexta Sección. Tesis: 347. Página: 4032.) "LEYES, AMPARO CONTRA LA EXPEDICIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS. La expedición, promulgación y publicación de una ley no puede quedar insubsistente como consecuencia de una ejecutoria de amparo, que debe limitarse a amparar y proteger a los particulares en el caso especial sobre el que verse la queja; pero como dichos actos se traducen en la vigencia de la ley, y ésta a su vez, en su aplicación a casos concretos, tales efectos son imputables no sólo a las autoridades que intervienen en la aplicación misma, sino también a aquéllas de quienes emana la ley o que han participado en los actos necesarios para su vigencia; y son susceptibles de reparación, en cada caso concreto. Por tanto, los vicios de inconstitucionalidad de la ley son reclamables no sólo contra el Poder Legislativo que la expidió, sino también contra el Ejecutivo que la promulgó y mandó publicar y contra la Secretaría de Estado que refrendó el acuerdo promulgatorio y realizó la publicación. En estos casos no tiene aplicación la causa de improcedencia establecida por el artículo 73, fracción IX, de la Ley de Amparo." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Segunda Sección. Tesis: 129. Página: 3729.) En tal virtud, se obtiene que se concretaron los efectos del fallo constitucional en este juicio, porque se acataron los lineamientos ahí fijados, colmándose así el derecho por cuya vulneración se concedió el amparo, sin excesos ni defectos sobre el particular, precisamente, porque se realizó la actuación que constituye el deber de hacer exigido por virtud del fallo protector. Por lo anterior, se advierte que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho violado con los actos en el juicio, en los términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual dese vista a las partes por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con el diverso 214 de la ley de la materia. Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, que dice así: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno relativo. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Escrito. Agréguese a los autos el escrito de cuenta para que obre como legalmente corresponda. Manifestaciones. Visto su contenido, dígase a la parte quejosa que se encuentra a su disposición, en la caja general de la Tesorería Municipal de la localidad, el cheque 0013756, expedido por la institución bancaria Citibanamex, de martes a viernes en un horario de las ocho a doce horas con treinta minutos del día. Sin que haya lugar acordar su diversa solicitud relativa al requerimiento a la autoridad responsable, hasta en tanto transcurra el plazo otorgado mediante proveído de veintidós de agosto del año en curso. Autorizados. De acuerdo con los artículos 12 y 24 de la Ley de Amparo, se tiene a los licenciados Christopher Nassri Ortiz y Olivia Aguirre Bonilla como autorizados para intervenir en este juicio, en los términos expresamente especificados por la parte quejosa, en cuya hipótesis ante la falta de cédula profesional o de su registro jurisdiccional, la autorización únicamente tiene efectos limitados y no amplios, inclusive a pesar de la designación sobre el particular. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Oficio y anexo. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta para que obren como legalmente corresponda. Hacienda exhibe cheque. Se reciben el oficio y anexo de la Tesorera Municipal de Juárez, por el cual informa en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y remite copia del cheque 13803, expedido por la institución bancaria Citibanamex a nombre de la parte quejosa, del cual se advierte que dicho título-valor fue entregado a la parte quejosa. Prevención. Con fundamento en el artículo 196, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con la manifestación respectiva o sin ella, este juzgado Federal dictará resolución con las constancias que obren en autos. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
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