Iván Alendro Escalona Castañeda
Expediente 446/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 446/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Iván Alendro Escalona Castañeda
- Juez del Sistema Penal Acusatorio Y Oralidad del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, Con Sede En León, Guanajuato
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DETERMINACIÓN EN QUE SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 98 LEY AMPARO EN RELACIÓN CON EL 356, FRACCIÓN II CÓDIGO FEDERAL PROCEDIMIENTOS CIVILES. SE DETERMINA NO OBRAN DOCUMENTOS ORIGINALES. SE DETERMINA DESTRUIR PIEZA ACTUACIONES. ARCHÍVESE Y REMÍTASE AL LUGAR DE SU GUARDA.
- Principal
León, Guanajuato, veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Parte quejosa. Arael Méndez Crisanto, en representación de Iván Alendro Escalona Castañeda y/o Iván Alejandro Escalona Castañeda. Autoridades responsables. Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oralidad con sede en esta ciudad y otras autoridades. Registro en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese la demanda con el número 446/2018-I. Fijación de la litis constitucional. 1) La orden de búsqueda, localización y aprehensión; 2) La emisión de citatorio, orden de comparecencia o aprehensión; 3) Cualquier acto emitido en su contra con fundamento en los artículos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 4) El inicio de algún procedimiento en su contra que implique que esté sujeto a investigación o a un proceso en materia penal. Se desecha demanda de amparo. Atento al contenido del escrito de cuenta, se provee: El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que "el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano...". En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la constitución federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese contexto, se estima que con relación al escrito de cuenta, se surte de modo manifiesto la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los diversos numerales 5°, fracción I, 6° y 15 del mismo cuerpo normativo, así como 107, fracción I de la Constitución Federal, pues los actos combatidos no generan en la esfera de derechos del aquí promovente agravio personal y directo, aunado a que el promovente del amparo carece de legitimación procesal activa para promover la presente instancia constitucional en favor de la persona que señala. En efecto, los dispositivos de mérito estatuyen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de Amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" "6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. (.)" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" En el caso, procede desechar de plano la demanda de referencia puesto que se estima que el promovente del amparo carece de legitimación procesal activa para promover la presente instancia constitucional en favor de la persona que señala. Lo anterior se considera así, pues el espíritu que se establece en los artículos 107, fracción I, constitucional y 6º de la Ley de Amparo y que constituye uno de los principios básicos del juicio constitucional, es que este siempre se siga a instancia de parte agraviada, mismo que tiene tres hipótesis de excepción, a saber: a) por medio de representante, acreditando debida y legalmente su personalidad -artículos 10 y 11 de la Ley de Amparo-; b) por conducto de defensor, en materia penal -artículo 14 de la Ley de Amparo-; y, c) por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; siempre y cuando el agraviado se encuentre imposibilitado para promoverlo -artículo 15 de la Ley de Amparo-. En la inteligencia, de que las anteriores hipótesis únicamente son para promover el juicio de amparo, pues este únicamente puede seguirse por el propio agraviado, por su representante legal o por su defensor. Por lo anterior, es incuestionable que la demanda de amparo promovida por Arael Méndez Crisanto a favor de Iván Alendro Escalona Castañeda y/o Iván Alejandro Escalona Castañeda, es notoriamente improcedente, pues del ocurso de demanda no se advierte dato alguno del cual pueda válidamente inferirse que el directo quejoso se encuentre imposibilitado para promover el juicio de amparo, que el promovente tenga reconocido el carácter de defensor en autos de la causa penal de origen, ni que sea mandatario del directo quejoso. En consecuencia, en atención a los actos que se reclaman, es indudable que el promovente Arael Méndez Crisanto, carece de legitimación procesal activa para hacerlo y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5°, fracción l, 6° y 15, todos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene aplicación a las anteriores consideraciones, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, Enero de 1991, página 272, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN MATERIA PENAL POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLO. Uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 4o. de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama, sin que pueda hacerlo persona distinta a él; sin embargo, en materia penal existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover ese juicio, a nombre del quejoso: a) cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia; b) por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 16 de la Ley de Amparo), y c) por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos, por el artículo 22 constitucional, siempre y cuando "el agraviado se encuentre imposibilitado para" promoverlo según el artículo 17 de la ley reglamentaria. En estas condiciones, si en el caso concreto, el promovente hizo valer el juicio constitucional en favor de un hermano, sin que se encuentre en alguno de los supuestos referidos, puesto que reclama la orden de aprehensión emitida por autoridad judicial y no demostró ser el mandatario exhibiendo el documento respectivo, ni tampoco defensor del indicado, ni se está en los supuestos del artículo 17 del ordenamiento invocado, debe considerarse que el solicitante carece de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia que prevé la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o., de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales." Es importante resaltar que no existe dato alguno de que el quejoso esté incomunicado, por el contrario del libelo de amparo se evidencia que el impetrante ha sido buscado en su domicilio e incluso se dio a la tarea de investigar ante autoridades del Estado de Puebla respecto a la existencia de alguna carpeta de investigación o causa penal en su contra. Por tal razón, se estima el quejoso está en aptitud de promover el juicio de amparo por propio derecho. De ahí que, si en el caso, el directo agraviado por el acto reclamado no se encuentra imposibilitado para promover por sí mismo la demanda de amparo y no lo hizo, es patente que no se cumple con el principio de acción de parte agraviada que rige el juicio de amparo. Tampoco pasa inadvertido que el firmante de la demanda no exhibe documento alguno que refiera es apoderado o representante legal del supuesto quejoso, o bien, defensor del mismo en algún procedimiento penal. De este modo, la acción que intenta el firmante es por cuenta propia y no del señalado como quejoso. Por tanto, dado que al promovente no le afectan los actos reclamados en términos del artículo 5° de la Ley de Amparo, en tanto que no es sujeto de los actos reclamados que tilda de inconstitucionales, es dable concluir que no tiene legitimidad para incoar la protección constitucional que nos ocupa. Abona a lo anterior, el hecho de que en el presente caso no se configura ninguno de los supuestos que señalan los artículos 6° y 15 de la Ley de Amparo, ya que de la lectura integral al escrito de demanda se obtiene que los actos reclamados por el promovente del amparo no encuadran en ninguno de los supuestos prohibidos por el artículo 22 constitucional, consistentes en pena de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes o penas inusitadas y trascendentales, ni tampoco, se advierte imposibilidad de que el directo agraviado suscriba por sí mismo la demanda de amparo. Sin que en el caso sea necesario requerir a Iván Alendro Escalona Castañeda y/o Iván Alejandro Escalona Castañeda para efecto de que manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida en su favor, puesto que ello únicamente se ordena en caso de duda, esto es, a fin de saber si efectivamente fue voluntad del peticionario del amparo que una interpósita persona presentara demanda de amparo en su nombre y representación, lo que no se actualiza en el presente asunto, o cuando se está en el supuesto de incomunicación o desaparición forzada o cualquiera de los actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Federal, lo que tampoco acontece en la especie. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, en relación con sus diversos numerales 61, fracción XXIII, 5°, fracción l, 6° y 15, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por improcedente la demanda de amparo de que se trata. A lo que se suma que de la certificación de cuenta, se advierte que la demanda de amparo carece de firma electrónica del promovente Arael Méndez Crisanto, toda vez que no cuenta con la evidencia criptográfica que ponga de manifiesto que signó electrónicamente el libelo constitucional, aunado a que el mismo tampoco cuenta con las características que acrediten la existencia de su firma electrónica; en tal virtud, toda vez que el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de la parte agraviada, como lo dispone la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y dado que en la especie no obra la firma electrónica de quien al parecer insta la demanda, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercitado, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, indefectiblemente debe desecharse de plano la presente demanda de amparo, habida cuenta que tal circunstancia entraña falta de voluntad para promover el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 181-186, quinta parte, Séptima Época, página 71, cuyo rubro establece: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO." Sin que haya lugar a requerir al promovente del amparo para subsanar tal omisión, ya que el artículo 114 de la ley de la materia, solo faculta a este tribunal federal, a prevenir al promovente para que llene algún requisito formal, haga las aclaraciones que correspondan o exhiba las copias necesarias para correr traslado a las partes, más no para tal omisión. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis aislada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, Enero de 1991, Octava Época, página 213, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA DEL PROMOVENTE. LA FALTA DE REQUERIMIENTO DEL JUZGADOR PARA SUBSANAR TAL OMISION, NO CONTRAVIENE DISPOSICION LEGAL." La tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 115-120, sexta parte, Séptima Época, página 72, cuyo rubro dice: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO SIN. ES CORRECTO SU DESECHAMIENTO." Así como la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 175-180, sexta parte, Séptima Época, página 96, de rubro: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA." Atento a lo anterior, debe decirse que la demanda de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Domicilio. Como la parte promovente solicita expresamente que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las resoluciones que se dicten en el presente juicio. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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