Ivan Alejandro Robles Villacaña

Expediente 225/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
225/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
18/07/2022

Partes del expediente

  • Ivan Alejandro Robles Villacaña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de julio de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se tiene por recibido el escrito signado por ********************, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual hace diversas manifestaciones; al respecto, visto su contenido, se tienen por hechas las mismas así como la comunicación aludida, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a siete de julio de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio enviados por el Titular de la Unidad de Enlace Jurídico de la Secretaría de Salud de Morelos, mediante el cual informa la imposibilidad material y jurídica que tiene para dar cumplimiento a la resolución dictada en autos, en virtud de que la dirección del programa de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en el estado de Morelos quedó a cargo del Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social en esta entidad federativa, en su calidad de Coordinador Estatal de Brigadas en el Estado. Téngase por hecha la comunicación anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio enviado por el Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Morelos; mediante el cual informa las gestiones que realiza para dar cumplimiento a la suspensión de plano concedida en autos y, señala como fecha para la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19 al menor quejoso las nueve horas con treinta minutos del cinco de julio de dos mil veintidós en la célula de vacunación de la Unidad de Medicina Familiar número veinte, ubicada en Boulevard Juárez número 18, colonia Centro de Cuernavaca, Morelos. Asimismo, refiere que para llevar a cabo la vacunación del menor, los padres o tutores de esta deberán firmar en consentimiento informado; asimismo, deberán presentar los diversos requisitos que refiere en el oficio de cuenta. Téngase por hecha la comunicación anterior para los efectos legales procedentes y en atención a su contenido, instrúyase al personal de la actuaría de este Juzgado de Distrito para que, de manera inmediata, con copia del oficio de cuenta, notifiquen el contenido de este auto personalmente a la parte quejosa. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con tres minutos del veintisiete de junio de dos mil veintidós, día y hora señalados para que tenga lugar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 225/2022, Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que da fe, declaró abierta la audiencia. Sin asistencia de las partes, la Secretaria da cuenta con la demanda de amparo promovida por la parte quejosa; con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; así como con las demás constancias que obran en autos. ABIERTO EL PERIODO PROBATORIO el juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las pruebas documentales ofrecidas por las partes, procediendo a cerrar dicho periodo. ABIERTO EL PERIODO DE ALEGATOS Se tiene que la parte quejosa formuló alegatos, los cuales podrán ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno, atento a lo anterior el juez declara visto el expediente para dictar la siguiente resolución. Doy fe. VISTO, para resolver el juicio de amparo 225/2022, promovido por Lizete Villicaña Calderón en representación de su menor hijo de iniciales I.A.R.V contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Lizete Villicaña Calderón en representación de su menor hijo de iniciales I.A.R.V solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: Autoridad responsable: ? GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MORELOS. ? SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS. ? DELEGADO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL EN EL ESTADO DE MORELOS. ? COORDINADOR DE LAS BRIGADAS ESPECIALES DEL ESTADO DE MORELOS. Acto reclamado: ".La omisión de las autoridades responsables de aplicar a mi menor hijo la vacuna Pfizer contra el Covid-19." SEGUNDO. El veintiocho de febrero de dos mil veintidós, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 225/2022, requirió a las responsables sus informes justificados, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y,C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables la omisión de incorporar al menor quejoso al plan nacional de vacunación y proporcionar la vacuna contra el virus SARSCoV2. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos que se le atribuyen. No obstante dicha negativa se encuentra desvirtuada en atención a que, en términos de lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral segundo, constituye un hecho notorio para este juzgador que el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se establecen brigadas especiales, como una acción extraordinaria en materia de salubridad general, para llevar a cabo la vacunación como medida para la mitigación y control de la enfermedad COVID-19 , en todo el territorio nacional." Atento a lo cual, resulta evidente que las autoridades señaladas como responsables son a quien les corresponde implementar la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, de ahí que se tengan por ciertos los actos que se les atribuyen. CUARTO. Causas de improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que no se advierte se surtan los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61, de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de ese mismo ordenamiento. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Página 830 del Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 2010, Novena Época, materia común, con número de registro 164618, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Así como la jurisprudencia VI.2o.J/129, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 599 del Tomo VII, Abril de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, con número de registro 196477, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." No obstante lo anterior, del libelo constitucional se desprende que la parte quejosa aduce que se vulnera en su perjuicio los artículos 1° y 4°, puesto que, pese a que el gobierno de México ha autorizado el uso de la vacuna PfizerBioNTech en la política nacional de vacunación, no se incluye en la misma a los menores de entre once y cinco años, como es el caso del menor aquí quejoso de identidad reservada, I.A.R.V..A efecto de determinar si asiste o no razón a la parte quejosa, es preciso traer a cuenta las siguientes consideraciones: Ahora bien, la omisión de las autoridades responsables de incorporar a la quejosa al plan nacional de vacunación y proporcionar la vacuna contra el virus SARSCoV2, puede generar la probabilidad de que se le coloque en un estado de vulnerabilidad que implique su exposición para contagiarse del aludido virus, y con ello, con altas posibilidades de causar los efectos dañinos que provoca en la salud, cuya consumación haría imposible restituir al menor de edad quejoso en el goce del derecho que reclama, esto es, el derecho de preservar su salud. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 173/2008, del que derivó la tesis la. LXV/2008, consideró que el derecho a la salud debe entenderse como el disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de bienestar. Misma tesis que es consultable en la página 457, tomo XXVIII. Julio de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTICULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." Dentro de ese derecho se encuentra la vacunación, porque conforme a los artículos 24, fracción I, 27, fracciones II y III, 32, párrafo primero, 33 de la Ley General de Salud, dicho derecho tiene como finalidad el disfrute de servicios de salud, entendidos como las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de las personas, los cuales dentro de su clasificación contemplan a la atención médica, que comprende actividades: a) preventivas, que incluyen las de promoción general y las de protección específica, como la prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria; b) curativas; c) de rehabilitación, d) paliativas, que engloban el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas. De acuerdo con los numerales 134, fracciones II y XIV, de la legislación en consulta, las enfermedades transmisibles, respecto de las cuales la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control se encuentran la influenza epidémica, otras infecciones agudas del aparato respiratorio, infecciones meningocóccicas y enfermedades causadas por estreptococos, así como las demás que determinen el Consejo de Salubridad General y los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La vacunación en contra de alguna de esas enfermedades transmisibles, prevenibles por ese medio de inmunización, que estime necesaria la Secretaría de Salud, será obligatoria (arábigo 144 del ordenamiento citado). El derecho de recibir -de manera universal y gratuita en cualquiera de las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, del Sistema Nacional de Salud- las vacunas lo tiene toda persona residente en el territorio nacional, independientemente del régimen de seguridad social o protección social al que pertenezca (en términos del numeral 157 BIS 1 de la ley en mención). Conforme a los preceptos 157 Bis 3 y 157 Bis 10 de la legislación en cita, los establecimientos y el personal de salud de los sectores público, social y privado deberán registrar y notificar a la Secretaría de Salud la presencia de casos de enfermedades prevenibles por vacunación y eventos supuestamente atribuibles a dicha inmunización, así como informar sobre los beneficios de las vacunas y el riesgo que representa tanto para la persona, como para la comunidad la falta de inmunización oportuna. De acuerdo con los preceptos 157 Bis 12 y 157 Bis 13 de la Ley General de Salud, el Estado mexicano procurará el abasto y la distribución oportuna y gratuita, así como la disponibilidad de los insumos necesarios para las acciones de vacunación, para ello la Cámara de Diputados asignará en cada ejercicio fiscal, los recursos presupuestarios suficientes para ese fin. Entre las enfermedades transmisibles aludidas se encuentra la del Covid 19, ya que el diecinueve de marzo de dos mil veinte, el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, Covid19 en México como una enfermedad grave de atención prioritaria, según se aprecia en el "Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-00V2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de marzo posterior. Bajo ese contexto, conviene precisar que es obligación del Estado Mexicano salvaguardar el derecho a la salud, contenido en el numeral 4º constitucional, para lo cual deben emitirse las resoluciones necesarias para lograr este fin. Premisa aquella que debe interpretarse al tenor del bloque de constitucional, considerando la normativa nacional e internacional, así como sus criterios jurisprudenciales en materia de aquel derecho humano. El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, en lo que a aquí importa, establece: "Artículo 4°. ...Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social." De lo transcrito se colige que el derecho a la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, a través de la implementación de acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud del individuo y de la sociedad en general, lo que implica información, prevención, atención, control de enfermedades y otorgamiento de medicamentos y otros insumos esenciales requeridos para el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos, cuya existencia y disponibilidad debe estar garantizada. Así, el precepto constitucional en comento, reconoce el derecho fundamental del que gozan todos los gobernados a tener servicios de salud, los cuales deben ser proporcionados por el Estado a través de instituciones públicas que se establezcan para tal efecto. Al respecto, el Estado Mexicano ha suscrito convenios que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel de ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho. La realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Si bien para la justiciabilidad del derecho a la salud en el juicio de amparo, es menester constatar que se invoque la violación de un derecho fundamental que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas y que la invasión al derecho que se denuncia represente un tipo de vulneración remediable por dicha vía, ello no permite descartar que, en ciertas ocasiones, dar efectividad al amparo implique adoptar medidas que colateral y fácticamente tengan efectos para más personas que las que actuaron como partes en el caso, siempre y cuando tales efectos tengan una relación fáctica o funcional con los de las partes. Así, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dispone lo siguiente: "Artículo 12. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad." Igualmente, el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", establece: "Artículo 10. Derecho a la salud. 1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; d. La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables." Instrumentos internacionales, que al igual que nuestra Norma Suprema, reconocen el derecho que tiene toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, así como la obligación del Estado en establecer las medidas necesarias para lograrlo. Lo anterior, ha sido además recogido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis P. LXVIII/2009, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 6, y P. XVI/2011, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 29, que dice: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL" "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN" Expuestas las pautas que deben regir la garantía del derecho fundamental a la salud, en relación con el diverso a la seguridad jurídica, deben tenerse presentes los antecedentes más relevantes del caso, a saber: El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus que emergió recientemente (SARSCoV-2). La pandemia de COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el once de marzo de dos mil veinte, la primera pandemia no debida a influenza que afecta a más de doscientos países, y con más de sesenta millones de casos hasta diciembre de dos mil veinte. Debe considerarse a la vacuna contra esta enfermedad como una de las medidas más costo-efectivas para controlar la pandemia, y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad. Entre los principales desafíos que se anticipan para la vacunación contra la enfermedad COVID- 19, se encuentran el acceso oportuno, equitativo y suficiente a las vacunas; aspectos técnicos y logísticos, tales como el desarrollo de vacunas con nuevas tecnologías; la definición de grupos prioritarios para la vacunación; el número de dosis a administrar para lograr una protección adecuada, así como la seguridad y la efectividad de las vacunas. Adicionalmente, pueden presentarse retos programáticos relacionados con las necesidades de la cadena de frío; y la creación de la demanda para la vacunación entre otros. En ese sentido, el documento Rector de la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-Cov2, para la prevención de la Covid-19, en México", señala: "PRIORIZACIÓN DE POBLACIÓN A VACUNAR. Tomando en cuenta las recomendaciones del GTAV, otras recomendaciones internacionales, así como diversos criterios éticos y socioculturales, el Gobierno de México ha definido cuatro ejes de priorización para la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en nuestro país: 1. Edad de las personas; 2. Comorbilidades; 3. Grupos de atención prioritaria, y; 4. Comportamiento de la epidemia. Como lo recomienda el GTAV, la edad es el primer eje de priorización, ya que la edad es el principal factor de riesgo para hospitalización y muerte en nuestro país. Posteriormente se considera la presencia de comorbilidades, incluyendo enfermedades cardiometabólicas, inmunológicas e infecciones crónicas, entre otras, que han demostrado incrementar el riesgo de hospitalización y muerte ante la infección por COVID-19. Sin embargo, dado que la presencia de las comorbilidades antes mencionadas se asocia fuertemente a la edad, el GTAV ha recomendado vacunar a las personas por grupo de edad de 50 años y más, independientemente las comorbilidades. De acuerdo con las estimaciones del GTAV, un primer objetivo de la Estrategia de Vacunación debe ser proteger a las personas más susceptibles; vacunando al 20% más susceptible se puede lograr una reducción de aproximadamente 80% en la mortalidad y una disminución muy considerable de las hospitalizaciones, lo que permitiría la reapertura de las actividades socioeconómicas con un menor riesgo para las personas. Los grupos de atención prioritaria como niñas, niños y adolescentes, personas de 60 años o más, mujeres, personas con discapacidad, víctimas, personas jóvenes, personas de la comunidad LGBTTTI, personas migrantes y sujetas de protección internacional, personas en situación de calle, personas privadas de la libertad, personas que residen en instituciones de asistencia social, personas afrodescendientes y las de identidad indígena son contemplados como el tercer eje de priorización de la vacunación. Esto significa que, como eje de priorización, se cuidará de manera especial que su acceso esté garantizado en el momento en que, por edad, condición de vida o comorbilidad deban vacunarse." De lo anterior, se conoce que la estrategia establecida por el Gobierno Federal, para combatir el virus SARS-Cov2, tiene por objeto vacunar a la población mediante reglas de priorización. Además, como hecho notorio, según la información obtenida de la página electrónica https://www.gob.mx/salud/prensa/287-ninas-y-ninos-de-5-a-11-anosrecibiran-vacuna-contra-covid-19-informa-secretaria-de-salud, se advierte que ya se autorizó el inicio de registro para la vacuna Pfizer, Inc./BioNTech para el grupo etario de 5 a 11 años, en una composición diferente al biológico aprobado para mayores de 12 años. En consecuencia, si de la página electrónica en cita se advierte que el Gobierno Federal, ya autorizó la vacuna Pfizer, Inc./BioNTech para el grupo etario de 5 a 11 años, en consecuencia, es claro que le asiste la razón a la parte quejosa en que se deben ministrar las dosis de la vacuna ante solicitada. Sin que obste que en el Plan Nacional de Vacunación vigente apenas se inició el registro de los menores comprendidos dentro del grupo etario de 5 a 11 años, habida cuenta de que el motivo principal que impedía su inclusión en dicho plan y se ordenara su vacunación era porque la autoridad sanitaria del país no la había autorizado y por tanto se podía poner en juego la salud de dichos menores. Sobre todo que al ya existir autorización de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, ya no se considera como una variación estructural en la política pública del Estado, o una modificación sustancial del esquema de vacunación programado, porque se encuentra dentro del mismo parámetro en el que lo están las personas de dieciocho a treinta y nueve años, clasificados por los estudios médicos internacionales como nacionales como los menos vulnerables, que es el último reducto de vacunación que queda pendiente de cubrir. En ese tenor, si ya se autorizó por parte de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, la vacuna Pfizer, Inc./BioNTech para el grupo etario de 5 a 11 años, implica, por tanto, ya no existe el motivo legal que impida su inclusión en el citado plan de vacunación. Lo cual, incluso, es acorde a interés superior del niño, principio de rango constitucional previsto en el artículo 4º de la Carta Magna, que consiste en que, en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, entre los cuales se encuentra el derecho a la salud. Acorde con dicho principio, los Gobiernos Federal y Estatales, están obligados a proteger y salvaguardar, primordialmente, los derechos de salud de los menores, más, en un estado de emergencia sanitaria, como el que se presenta en la actualidad con el virus SARSCoV2 (COVID19), y aún más en esta quinta ola de contagio COVID, pues las variantes "Delta" y "Ómicron" la falta de vacunación son dos factores de riesgo que exponen a la población infantil y juvenil del país, lo cual debe ser una prioridad en los planes de política pública contenidos en cualquier ordenamiento legal. Sustentan las consideraciones que anteceden las Jurisprudencias P./J. 7/2016 (10a.) y 2a./J. 113/2019 (10a.), del Pleno y de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, página 10, y Libro 69, Agosto de 2019, Tomo III, página 2328, que respectivamente dicen: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos - todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento." "DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas - en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate." En esa tesitura, se colige que en toda actuación concerniente a niñas, niños y adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, como toda autoridad, deben tomar en cuenta como consideración primordial el interés superior del menor de edad y la prioridad que demandan sus derechos y necesidades más básicas, lo que obliga a realizar las interpretaciones y modulaciones en favor de su bienestar pleno, incluso a tomar medidas "reforzadas" o "agravadas", que hagan efectivo ese interés superior. En conclusión, si la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios ya autorizó la vacunación a los menores comprendidos dentro del grupo etario de cinco a once años de edad, aunado a que los efectos del virus no han cesado, pues sigue siendo un agente de infección en la niñez y adolescencia, y existen tanto estudios científicos avalados por especialistas en la materia sanitaria, como la aprobación para uso de emergencia en países como Estados Unidos de América del Norte, de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 de "PfizerBioNTech", que coinciden en que es segura para los niños de cinco a once años, incluso, recomiendan su aplicación porque los beneficios de la vacuna superan sus riesgos, no existe razón jurídica para excluir de ese beneficio a los menores quejosos. Por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 4° constitucional y bajo "el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos", y tomando en consideración, que al menor de edad de identidad reservada I.A.R.V., quien se encuentra dentro del grupo de menores de once a cinco años de edad, no le han sido ministradas las dos dosis de la vacuna PfizerBioNTech; en consecuencia, lo procedente es otorgarle el amparo y protección federal solicitado, para los efectos siguientes. SEXTO. Efectos de la concesión. El amparo se concede para el efecto de que las autoridades responsables: a) Lleven a cabo las acciones necesarias para que se incluya al menor quejoso, dentro de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2, para la prevención de la enfermedad COVID-19 en México, y de ser factible y aptas, atendiendo a su edad, estado de salud e historial clínico, se le aplique la vacuna "Pfizer/BioNTech", en seguimiento a los protocolos de salud aplicables y necesarios para el caso; quedando vinculadas a esta concesión de amparo aquellas autoridades que en virtud de sus funciones puedan materializar los efectos y consecuencias del acto reclamado. b) En la inteligencia de que queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades lo concerniente a inocular a dicha menor en las dosis y composición adecuadas a su edad, así como en la periodicidad autorizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Lo anterior implica que dichas autoridades, antes de aplicar la vacuna, deberán entregar los formularios de contraindicaciones para que el menor, por conducto de su representante legal, manifieste si se ubica en alguno de los supuestos en los que no es recomendable la aplicación de la vacuna "Pfizer/BioNTech" contra el virus SARS-CoV2, siguiendo los protocolos de salud aplicables y necesarios para el caso. En el entendido de que queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, recabar los formularios a fin de cerciorarse de que el menor quejoso no se encuentra en algún supuesto en el que esté contraindicada la aplicación de la vacuna "Pfizer/BioNTech" contra la enfermedad COVID-19. c) De no ser idóneo que el menor quejoso sea vacunada, por correr algún riesgo irreparable o mortal, deberán manifestarlo así ante el Juzgado de Distrito, acreditando su dicho con las constancias correspondientes. d) Además, considerando que el juicio de amparo indirecto se promovió a favor de un menor de edad, por parte de su progenitora, lo que, per se, implicaría que se encuentra de acuerdo con lo solicitado, no obstante, habrá de manifestar expresamente y, por escrito, su voluntad y correlativa responsabilidad en que el menor sea vacunado, una vez corroborada la idoneidad para que reciba el biológico que corresponda, lo que deberá ser precedido de una explicación fehaciente y comprensible a los progenitores y a la menor, de las posibles complicaciones o efectos secundarios o adversos que de ello pudiera derivar, así como los cuidados previos y posteriores para el bienestar del peticionario del amparo. Finalmente, las autoridades responsables, por sí o por conducto de las autoridades a las que les competa en razón de sus funciones (vinculación de autoridades), deberán llevar a cabo las acciones necesarias para que se dé cumplimiento a lo antes precisado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Lizete Villicaña Calderón en representación de su menor hijo de iniciales I.A.R.V., contra los actos que reclama a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando QUINTO y para los efectos precisados en el considerando SEXTO de esta resolución. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Karina Vanessa Corona Alday. Doy fe.

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