Iván Alejandro Ramírez Sotelo

Expediente 2020/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2020/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
26/11/2021

Partes del expediente

  • Iván Alejandro Ramírez Sotelo

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual, la autoridad acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Por este medio se notifica a la parte tercero interesada el auto de veintiocho de octubre en curso, que dice: Visto el escrito de cuenta, signado por ************, autorizado en amplios términos de la parte tercera interesada, por medio del cual ofrece diversas pruebas como documentales de informes; al respecto, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes y al respecto se provee: Ahora bien, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado por las razones siguientes: En principio, cabe destacar que si bien la parte tercera interesada, aduce que ofrece pruebas documentales de informes, lo cierto es que, parte de una premisa errónea, dado no solicita se informe sobre hechos que la autoridad conozca o haya conocido por virtud de sus funciones, esto es, algún suceso o circunstancia en razón de su competencia legal, pues únicamente solicita se remitan pruebas documentales por parte de diversas instituciones registrales del país, en las cuales se adviertan las propiedades del quejoso. Es ilustrativa, por analogía, la jurisprudencia 798 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, que establece: "PRUEBAS EN EL AMPARO. EL INFORME SOLICITADO A UN FUNCIONARIO O AUTORIDAD QUE NO ES PARTE EN EL JUICIO, SOBRE ALGUNA CIRCUNSTANCIA DESCONOCIDA PARA LAS PARTES, ES EQUIPARABLE A UNA TESTIMONIAL. De acuerdo con el artículo 150 de la Ley de Amparo, en el juicio de garantías es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o el derecho. En esos términos, será admisible como prueba el informe solicitado a cualquier funcionario o autoridad, aun cuando sea distinta de la responsable, respecto de los hechos que conozca o haya conocido por virtud de sus funciones. Ahora bien, para determinar las condiciones en que éste debe presentarse ante el Juez de Distrito, cabe señalar que gramatical y etimológicamente el informe puede definirse como el medio por el cual se transmite una comunicación antes desconocida. De esa manera, si lo pretendido es aportar alguna copia o documento en poder de aquéllos y de cuya existencia el oferente tenía un conocimiento previo, aun cuando éste solicite que se remita "vía informe", ese medio de convicción tendrá la naturaleza de una prueba documental, sujeta a las reglas que para tal efecto establece el artículo 152 de la Ley de Amparo. En cambio, cuando se pretenda que dicho funcionario o autoridad haga del conocimiento del Juez de Distrito algún suceso o 1 publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común, página 884. circunstancia, hasta ese momento desconocido por las partes, pero del que puede dar noticia por ser una cuestión relativa a su competencia legal, conforme a los artículos 127, 169, 171 y 174 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados en lo conducente de manera supletoria, ese informe, rendido por oficio, puede equipararse a una prueba testimonial y, por tanto, su anuncio debe llenar requisitos de tiempo y forma que es necesario observar para los efectos de su admisión y preparación, conforme al párrafo segundo del artículo 151 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que, en caso de considerar el Juez de Distrito que dicho informe no satisface el requisito de idoneidad para demostrar los hechos que se pretenden, está facultado para desecharlo desde su anuncio y no esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional". En consecuencia, la prueba en comento debe regirse por lo establecido en el numeral 121 de la Ley de Amparo2. Establecido lo anterior, no ha lugar a requerir a las autoridades las documentales que peticiona, toda vez que no demostró haberlas solicitado ante las autoridades que precisa. Asimismo, cabe destacar que inclusive, el ofrecimiento de dicho medio de prueba es extemporáneo. En efecto, su ofrecimiento debe ajustarse al plazo previsto en el artículo 119, tercer párrafo de la Ley Reglamentaria, el cual, ha sido interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 219/2017, de la cual derivó la jurisprudencia con registro digital 2017572, que dice: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. A LA SOLICITUD DE COPIAS O DOCUMENTOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE AMPARO, LE SON APLICABLES LAS REGLAS DEL DIVERSO 119, TERCER Y CUARTO PÁRRAFOS, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, PARA SU OFRECIMIENTO. De la interpretación de los artículos 119 y 121 de la Ley de Amparo, se advierten las reglas de los párrafos tercero y cuarto del numeral citado en primer término, que indican que las pruebas que ameritan un desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, y que este plazo no podrá 2 "Artículo 121. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que aquellos les hubieren solicitado. Si no lo hacen, la parte interesada una vez que acredite haber hecho la petición, solicitará al órgano jurisdiccional que requiera a los omisos y difiera la audiencia, lo que se acordará siempre que la solicitud se hubiere hecho cinco días hábiles antes del señalado para su celebración, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia. El órgano jurisdiccional hará el requerimiento de que se le envíen directamente los documentos o copias dentro de un plazo que no exceda de diez días Si a pesar del requerimiento no se le envían oportunamente los documentos o copias, el órgano jurisdiccional, a petición de parte, podrá diferir la audiencia hasta en tanto se envíen; hará uso de los medios de apremio y agotados éstos, si persiste el incumplimiento denunciará los hechos al Ministerio Público de la Federación. Si se trata de actuaciones concluidas, podrán pedirse originales a instancia de cualquiera de las partes." ampliarse con motivo de su diferimiento, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos novedosos; de ahí que, son aplicables a la petición formulada a la autoridad jurisdiccional de requerir la expedición de copias o documentos que obren en poder de un servidor público al que se hubieren solicitado previamente, contenida en el numeral 121 aludido, pues en este caso, el desahogo de la prueba documental requiere preparación, ya que el juzgador deberá emplear los medios que tenga a su alcance para que se exhiban tales probanzas y se incorporen materialmente al juicio de amparo. Ello, porque considerar que cuando la audiencia no tiene lugar en la fecha inicialmente fijada, las partes cuentan con una nueva oportunidad para ofrecer documentales que no tienen a su disposición, contravendría los principios de economía procesal, concentración y expeditez del procedimiento, que delinean el carácter sumario del juicio de amparo indirecto. Por tanto, la solicitud de las partes al Juez de Distrito en términos del artículo 121 mencionado, para que requiera a algún servidor público una prueba documental que, pese a haberla solicitado no han obtenido, debe realizarse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional primigenia, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia.". Por tanto, la petición formulada a la autoridad jurisdiccional de requerir la expedición de copias o documentos que obren en poder de un servidor público al que se hubieren solicitado previamente, contenida en el numeral 121 aludido, debe aplicarse el plazo de cinco días, previsto en el citado numeral 119, tercer párrafo. El artículo 119, tercer párrafo y 121, ambos de la ley de Amparo, establecen en su orden que la prueba testimonial, entre otras, debe ser ofrecida cuando menos cinco días hábiles antes de la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia. El segundo, que es obligación de los servidores públicos el expedir con toda oportunidad las copias o documentos que las partes en el juicio de amparo les hubieren solicitado. Por lo que las partes, deben requerir a las autoridades cinco días hábiles antes del señalado para su celebración, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia. En el caso, se emplazó a la parte tercero interesada el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno; asimismo, la fecha para la cual se difirió la audiencia constitucional posterior a su emplazamiento, lo fue para el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. De ahí que, el parámetro para el ofrecimiento de la prueba de marras lo constituyó dicha data; por tanto, si su escrito lo presentó hasta el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, es evidente que su ofrecimiento es extemporáneo. Sin que en el caso se surta la excepción prevista en el párrafo cuarto del numeral 119 de la ley de la materia, que establece que se podrá ampliar el plazo correspondiente si se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Esto es así, pues la parte quejosa, en esencia reclama, el auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio civil sumario 719/2020, a través del cual se fijó como pago de pensión alimenticia la cantidad de $95,268.00 (noventa y cinco mil doscientos sesenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), y se ordenó una medida precautoria de aseguramiento en las cuentas bancarias y vehículos, así como su ejecución. Lo cual ya era conocido por la parte quejosa al momento de su emplazamiento, al ser parte actora en el juicio de origen. Así lo definió el Pleno del Tribunal Constitucional, al resolver la contradicción de tesis 25/93, de la que resultó la jurisprudencia con registro digital 200200, que dice: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCION JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUES DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA. Este Pleno modifica la jurisprudencia que en la compilación de 1988, Segunda Parte, página 2435, aparece con el número 1533 y que establece "PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO, CUANDO SE DIFIERE LA AUDIENCIA.- Es procedente admitir las pruebas testimonial y pericial para la audiencia en el amparo, cuando la inicialmente señalada ha sido diferida de oficio por el Juez de Distrito, y no a petición de las partes"; y, asimismo, se aparta del criterio contenido en la última tesis relacionada con dicha jurisprudencia, que establece, esencialmente, que es inexacto que cuando la audiencia se difiere de oficio, se puedan ofrecer dichas pruebas para la audiencia diferida, agregando que cuando no se anuncian oportunamente para la primera audiencia, no pueden ofrecerse para la segunda, porque ya se perdió el derecho. Partiendo de la hipótesis de que las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial no fueron ofrecidas antes de la audiencia inicial, que ésta se difirió y que en el nuevo periodo sí se ofrecieron con la anticipación requerida por el artículo 151 de la Ley de Amparo, en relación con la fecha de la segunda audiencia, el nuevo criterio sostenido por este Pleno se apoya en dos principios básicos: En primer lugar, el de la expeditez del procedimiento de amparo que deriva de su naturaleza sumaria, de acuerdo con el cual, si las mencionadas pruebas no se ofrecen con la anticipación exigida por el citado precepto, ya no pueden ofrecerse con posterioridad por haber precluido ese derecho procesal; y en segundo, el cimentado en el respeto a la garantía de defensa de la parte oferente, lo que significa que ésta, para gozar de la oportunidad de ofrecer las pruebas aludidas, no sólo debe contar con el plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el señalado para la celebración de la audiencia, sino además, que tal plazo se dé a partir de la fecha en que tenga conocimiento del hecho que trate de probar o desvirtuar con dichas probanzas, conocimiento que puede inferirse de los datos y elementos objetivos de los autos. Así, por ejemplo, cuando la parte oferente ya tenga conocimiento del hecho o situación cuya certeza trata de probar o desvirtuar con tiempo anterior al término señalado en el citado artículo 151, tomando como referencia la audiencia inicial, ya no podrá válidamente ofrecerlas en el período posterior, porque ha precluido su derecho por su abandono; en cambio, si el oferente no conocía el hecho con la oportunidad legal suficiente, como cuando el quejoso se entera de él con motivo del informe justificado rendido poco antes de la audiencia, o como cuando el tercero perjudicado es llamado a juicio sin tiempo suficiente para ofrecer esos elementos probatorios, entonces sí pueden proponerse legalmente con posterioridad a la primera fecha de la audiencia, respetando siempre los términos del artículo 151, sólo que tomando como indicador la segunda fecha, ejemplos que pueden multiplicarse teniendo en común, todos ellos, que desde el punto de vista jurídico el oferente no debe quedar indefenso en la materia probatoria examinada, por causas ajenas a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Conforme a este criterio, por tanto, carece de importancia el hecho de que la audiencia se haya diferido de oficio o a petición de parte, debiendo atenderse a los principios expuestos, cuya aplicación permite dar a cada parte el trato que amerita su propia situación procesal."

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