Ivan Alejandro Escalona Castañeda

Expediente 323/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 32 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
323/2019
Año
2019
Actuaciones
32
Última actuación
04/02/2021

Partes del expediente

  • Ivan Alejandro Escalona Castañeda
  • Beatriz Moreno Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado al fallo protector; por tanto, resulta procedente que este órgano jurisdiccional se pronuncie en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, conviene precisar que mediante sentencia dictada el treinta de abril de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión. Bajo los lineamientos vertidos en la presente resolución, con fundamento en el artículo 77, fracción I, y párrafo tercero de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión a ..., son para que el Juez del Sistema Penal y Acusatorio y Oral en funciones del Juez de Control de la Unidad II, del Distrito Judicial de Querétaro, realice lo siguiente: Dejar sin efecto la orden de aprehensión de fecha siete de febrero de dos mil dieciocho, dictada dentro de la causa judicial ..., en relación con la carpeta de investigación ..., única y exclusivamente en lo que se refiere al quejoso .... En su lugar, conforme a los lineamientos trazados en la presente ejecutoria, deberá emitir nueva resolución en la que al pronunciarse sobre la solicitud de orden de aprehensión formulada por la fiscalía, deberá: Establecer si conforme al relato del representante social en el caso concreto se actualiza o no algún concurso de delitos, en términos del artículo 24 del Código Penal para el Estado de Querétaro; Deberá explicar las razones por las que resulte procedente tener en cuenta el monto total de lo defraudado a efecto de encuadrar la conducta delictuosa como si se tratara de una sola conducta con un solo resultado en la fracción III del artículo 193 del Código Penal para el estado de Querétaro, cuando conforme al relato inicial de la representación se trata de cinco hechos desvinculados entre sí. Analizar cuáles fueron las circunstancias específicas en que se haya fraguado el engaño del que cada uno de los pasivos se dijo objeto, y explicar a qué corresponden los lapsos destacados por la fiscalía, es decir: si las fechas indicadas como de la disposición patrimonial por parte de los ofendidos, corresponden al lapso en que estuvo vigente su inversión; si dichas fechas corresponden por ejemplo a las datas tanto de la primera como de la última transferencia, depósito o alguna otra actividad realizada por en ese lapso de tiempo por los involucrados. Una vez que la responsable determine si entre las conductas materia del pedimento de orden de aprehensión existe o no concurso ideal o real de delitos; deberá señalar cuáles son las causas especiales y razones particulares por las que la conducta delictuosa deba encuadrarse en forma global para efectos de punición, necesariamente en la fracción III del artículo 193 del Código Penal para el Estado de Querétaro -como lo pretende la fiscalía-, o bien, determine si contrario a lo pretendido por la representación social, se trata de un extremo que deba ser analizado en lo individual para cada una de las cinco distintas conductas atribuidas al imputado, ubicando cada una de dichas conductas para efectos de punición en esa o en alguna otra de las fracciones previstas por el propio numeral en comento, debiendo justificar en cuanto al fondo -además- cuál es la legislación penal aplicable al caso concreto, atendiendo a la fecha que señale como de consumación del delito. Asimismo, al analizar el primer elemento de la descripción legal, consistente en la acción de engañar a las víctimas del delito, la autoridad responsable deberá establecer si en el caso concreto los sujetos pasivos recibieron o no la utilidad respectiva -a razón de qué porcentaje mensual-, durante los primeros meses posteriores a la contratación aún correspondientes al año dos mil quince y dos mil dieciséis -según sea el caso-, y si la posterior falta de entrega de las utilidades correspondientes a la anualidad dos mil diecisiete, corresponde solo a los primeros meses o a la totalidad de las doce mensualidades correspondientes; en la inteligencia que en caso de que inicialmente los ofendidos hayan recibido las utilidades pactadas conforme a los contratos que en lo individual hayan signado, corresponderá a la responsable justificar cómo es que en el caso concreto nos encontramos en presencia de un hecho previsto en la ley como delito, y no ante el incumplimiento de un contrato de carácter civil, mercantil, financiero de otra índole, sin perder de vista que para ser considerada dicha conducta como penalmente sancionable, es menester que se demuestre que el sujeto activo, desde el momento mismo de la oferta y contratación obraron con dolo penal, precisamente mediante la acreditación al menos indiciaria en el sentido de que desde el inicio, el sujeto activo jamás tuvo la convicción de cumplir con lo pactado, de forma que efectivamente -y solo entonces-, la divulgación publicitaria, la suscripción de contratos, la expedición de pólizas, garantías o certificados, la operación de oficinas o centros de negocios, la contratación de personal o cualquier otro acto material podría traducirse en un mero artificio o maquinación. En la inteligencia que, de otro modo, sin la demostración de que ello fue así, la conducta enunciada solo podrá ser considerada objeto de las acciones civiles o administrativos que correspondan, empero, fuera de la vía penal. Aunado a lo anterior, deberá destacar cuál es la disposición o precepto legal que obliga a los imputados a inscribir o solicitar la expedición de alguna licencia de uso ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; y finalmente, deberá destacar y ponderar cuáles fueron los actos de investigación que se hayan realizado para establecer que la empresa fundada por los imputados no se encuentra inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en alguna otra Entidad Federativa, así como para corroborar la información relativa a la empresa contenida en las documentales exhibidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Hecho lo anterior, deberá proveer sobre la solicitud de orden de aprehensión formulada por la fiscalía, con libertad de jurisdicción y conforme a derecho proceda." Resolución que fue confirmada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en autos. Por acuerdo de quince de enero de dos mil veintiuno, se agregó a los presentes autos el oficio mediante el cual la autoridad responsable, remitió las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Documentales, que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, por su artículo 2º, en virtud de que se tratan de documentos expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Encuentra aplicación la tesis de jurisprudencia1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Tomo 1, agosto de 2013, página 703, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Expuesto lo anterior, es pertinente precisar que de las documentales allegadas por la autoridad responsable se advierte lo siguiente: Que mediante audiencia de treinta de octubre de dos mil diecinueve, dejó sin efecto la orden de aprehensión de fecha siete de febrero de dos mil dieciocho, dictada dentro de la causa judicial ..., en relación con la carpeta de investigación ..., única y exclusivamente en lo que se refiere al quejoso.... En su lugar, emitió una nueva en la que, de conformidad con la fracción II del artículo 25 del Código Penal del Estado de Querétaro, determinó la inexistencia del delito de fraude previsto en el artículo 193 del citado ordenamiento, toda vez que, al analizar la solicitud de aprehensión por parte de la fiscalía, no encontró elementos suficientes para establecer el elemento típico del engaño como elemento principal que prevé dicha norma. Por tal motivo, no estuvo en condiciones de analizar los diversos puntos establecidos en la sentencia de amparo; y, por ende, negó la orden de aprehensión solicitada en contra ..., por su probable comisión en los hechos que propuso la fiscalía como delito de fraude, previsto y sancionado en el artículo 193, fracción III, en relación con el diverso 195 del Código Penal del Estado de Querétaro, en agravio de los aquí terceros interesados. De tal modo que, confrontando los efectos de la concesión del amparo con las acciones realizadas en cuanto al cumplimiento, se arriba a la conclusión de que la ejecutoria que nos ocupa se encuentra cumplida, por las consideraciones antes descritas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.2/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 431, Tomo XXVII, Enero de 2008 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común de rubro y texto siguiente: "SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia." De igual manera, sirve de sustento a lo anterior, la tesis 2a/J.60/2014 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 741 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, 6 de Mayo de 2014, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE ASEGURARSE QUE SE MATERIALICEN LOS DEBERES IMPUESTOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA SENTENCIA PROTECTORA." También, es de invocarse la tesis 1a./J.75/2014 (10ª.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 627 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, 12 de noviembre de 2014, cuyo rubro dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD, PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SOLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACONTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCION DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES" ARCHIVO DEFINITIVO. En consecuencia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; en el entendido de que de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de depuración, la cual ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, no se considera de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos que se señalan en el artículo 15 del mencionado Acuerdo. OTRAS CONSIDERACIONES. Se hace la aclaración que las partes no allegaron documentos que por sus características ameriten ser devueltos. DEVOLUCIÓN DE DISCOS DE AUDIO Y VIDEO (DVD). Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable correspondiente los discos de audio y video que remitió durante la tramitación del presente juicio, sin que sea necesario solicitarle el acuse de recibo correspondiente, ya que la constancia de notificación hace las veces del mismo. Notifíquese; y personalmente a las partes.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veinte de enero de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral, en funciones de Juez de Control de la Unidad Uno del Distrito Judicial de Querétaro, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en autos, remite un disco versátil digital; sin embargo, agréguese únicamente para que obre como constancia, en virtud de que mediante proveído inmediato anterior, se acordó lo conducente. Notifíquese.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, quince de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral, en funciones de Juez de Control de la Unidad Uno del Distrito Judicial de Querétaro, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en autos, remite un disco versátil digital, el cual contiene la audiencia que da cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio de cuenta y anexo, para que, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho plazo, este Juzgado efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base a los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Cabe indicar que en lo que respecta al disco compacto que anexa, éste queda a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado. Finalmente, a fin de preservar el contenido del anotado dispositivo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, obténgase copia digital del archivo correspondiente, y resguárdese en el equipo de cómputo de la Secretaría de este Juzgado, y una vez que el presente expediente se remita al archivo definitivo, sin mayor proveído aquél deberá ser eliminado. Notifíquese; y personalmente a las partes.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, trece de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término concedido a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al último requerimiento formulado en autos, sin que hubiese hecho lo propio; en esa virtud, requiérase nuevamente al Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial de Querétaro, para que dentro del término improrrogable de tres días hábiles, remita nuevamente copia certificada del disco compacto que dice contener la audiencia mediante la cual pretende dar cumplimiento a la sentencia pronunciada en autos, del que se desprenda su óptima reproducción. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así en el término indicado, se harán efectivos los apercibimientos decretados en autos. Notifíquese.

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