Ivan Alejandro Escalona Castañeda

Expediente 239/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
239/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
16/04/2019

Partes del expediente

  • Ivan Alejandro Escalona Castañeda

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio III-1599/2019, proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en San Andrés Cholula, Puebla, a través del cual acusa recibo del diverso 69 de este índice y anexos, e informa que ese órgano es el competente para conocer del conflicto competencial suscitado entre este Juzgado Federal y el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de abril de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio 14438/2019, signado por el actuario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango, con residencia en la ciudad del mismo nombre, por medio del cual, devuelve los autos originales del juicio de amparo 239/2019, un tomo de pruebas y la copia certificada del cuaderno incidental, de este índice; y transcribe la determinación de dos de abril de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 399/2019-III-1 de su estadística, en la que determinó no aceptar la competencia planteada por este Juzgado y expuso los motivos de su determinación. En consecuencia, acúsese el recibo correspondiente. Y, en cuanto a sus consideraciones, se comunica respetuosamente al órgano jurisdiccional oficiante que este juzgador no las comparte al margen de que se estima que en el particular no se actualizan las mismas circunstancias que se analizaron en los precedentes que refiere, y se reitera la postura en el sentido de que es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, el juzgado en donde reside la autoridad ordenadora 1. Juez Décimo Quinto de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito del Poder Judicial del Estado de Durango, con residencia en la ciudad de Durango, que emitió la orden de aprehensión contra el quejoso Iván Alejandro Escalona Castañeda dentro de la causa penal 2570/2018 (carpeta de investigación 3JL3C/2017), por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude genérico. Órgano de control constitucional en donde residen también las autoridades que se tuvieron como ejecutoras en este juicio de amparo. Ello es así, porque tal y como se aprecia del contenido de la resolución de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de amparo 239/2018-C de este índice, ninguna autoridad con residencia en el Estado de Puebla fue tenida como responsable (ni como ordenadora ni como ejecutora). De tal suerte que se estima que sería insostenible legalmente avocarse al estudio del asunto no sólo porque -como ya se dijo- no hay una autoridad que otorgue competencia a este tribunal para entrar al análisis del acto reclamado, sino porque el sentido del fallo resultante no podría ser otro, esto es, necesariamente habría de declarase la incompetencia legal de este Juzgado federal, ante las circunstancias apuntadas. Al respecto, debe señalarse que este Juzgador no desconoce el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 52/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. Sin embargo, en el caso particular no es dable prevenir al quejoso para que en este juicio 239/2019-C, señale autoridades responsables ejecutoras en el Estado de Puebla, cuenta habida que ya lo hizo en la demanda de amparo que dio origen al diverso controvertido 1014/2018-VI-12, del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, quien continúa conociendo de los actos a ellas reclamados y, de requerir al quejoso para los efectos apuntados se contravendría la certeza jurídica que deberá tener la sentencia que, en su caso, resuelva sobre los actos reclamados a las autoridades ejecutoras en comento. Tal como se advierte de su determinación de catorce de marzo de dos mil diecinueve, en la que en lo que al caso interesa dice: ".En el entendido, que en este juicio de amparo 101412018-VI-2, versará respecto de la orden de aprehensión dictada dentro de la causa penal 704/2018 del índice del Juez Décimo Quinto de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial en el estado de Durango, por el delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los articulas 210 y 212, fracción IV, del Código Penal para el estado de Durango, cometido en agravio de Jesús Rodríguez Pasillas; lo anterior, en atención al conocimiento previo de este Juzgado Federal de la citada causa penal en el diverso juicio de amparo 68912018-1-1; así como de los actos reclamados a las autoridades responsables que negaron la existencia del mismo." (foja 2 bis vuelta) Lo resaltado es propio. En ese tenor, de la revisión minuciosa de las constancias enviadas por el homólogo en cita, se aprecia que las autoridades responsables ejecutoras con residencia en el Estado de Puebla, señaladas en el supracitado juicio de amparo rindieron sus informes de la siguiente manera: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe Fojas 1. Fiscal General del Estado de Puebla, por su representación. Niega 29 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Niega 32 3. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación, con sede en San Andrés Cholula, Puebla. Niega 30 4. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación, con sede en San Pedro Cholula, Puebla. Niega 42 5. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación, con sede en Atlixco, Puebla. Niega 38 De ahí que, se itera, es el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Puebla quien conoce de los actos reclamados a las citadas autoridades ejecutoras con sede en la mencionada entidad federativa, lo que motivó que al radicar este juicio de amparo 239/2018-C, se asentara: "..Ahora bien, conviene precisar que en razón de lo ordenado mediante resolución de fecha catorce de marzo de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo 1014/2018-VI-12 de la estadística del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, respecto de la separación de juicios que dio origen al presente expediente, el sumario constitucional en que se actúa únicamente versará respecto de los actos reclamados por Iván Alejandro Escalona Castañeda, a las autoridades responsables 1. Juez Décimo Quinto de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial en el Estado de Durango, 2. Fiscal General del Estado de Durango y 3. Director de la Policía Investigadora de Delitos de la Fiscalía General del Estado de Durango, derivados de la causa penal 2570/2018 (carpeta de investigación 3JL3C/2017), en específico, la orden de aprehensión de fecha catorce de noviembre de dos mil dieciocho y su ejecución." Lo resaltado es propio. Circunstancias por las que respetuosamente se insiste en que este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, carece de competencia legal para seguir conociendo de dicho juicio de garantías, en razón de territorio, porque la misma corresponde a un Juez de Distrito en el Estado de Durango, con residencia en Durango. Sin que sobre decir que de una consulta al Sistema integral de Seguimiento de expedientes aparece que mediante resolución de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo del Estado de Puebla declinó la competencia para conocer del juicio de amparo 1014/2018-VI-12, a favor del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Durango. Lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En apoyo a lo expresado se cita la jurisprudencia ./J. 16/2018 (10a.), del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." En tal virtud, al existir diferencia entre ambos criterios, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento lo anterior al juzgado oficiante y remítanse los autos originales del presente juicio al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno, a fin de que resuelva el conflicto competencial suscitado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y solicítese respetuosamente al Tribunal Colegiado el acuse de recibo respectivo. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan.

  3. Principal

    PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, declara que carece de competencia legal por razón de territorio, para resolver el juicio de amparo promovido por Iván Alejandro Escalona Castañeda, en contra del 1. Juez Décimo Quinto de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial en el Estado de Durango; 2. Fiscal General del Estado de Durango; y, 3. Director de la Policía Investigadora de Delitos de la Fiscalía General del Estado de Durango, consistentes en la orden de aprehensión de fecha catorce de noviembre de dos mil dieciocho, emitida contra Iván Alejandro Escalona Castañeda, en la causa penal 2570/2018 (carpeta de investigación JL3C/2017), del índice del juez responsable, por su probable participación en el hecho con apariencia del delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 210 y 212, fracción IV del Código Penal para el Estado de Durango, cometido en agravio de María Reyes Andrade Gutiérrez; y su ejecución; en los términos precisados en el considerando primero de esta resolución. SEGUNDO. Remítanse los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, con residencia en Durango; para que por su conducto, turne al Juzgado de Distrito en el Estado de Durango, con residencia en Durango, que corresponda, por razón de turno. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. CUESTIONES PRELIMINARES Y FORMACIÓN. Agréguese a los autos el oficio 8721/2019, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, al cual se adjuntan: a) Copias certificadas de diversas constancias que integran el juicio de amparo 1014/2018-VI-12, promovido por Iván Alejandro Escalona Castañeda, b) del incidente de suspensión derivado de dicho juicio de amparo, c) constancias deducidas de la causa penal 2570/2018 (carpeta de investigación 3JL3C/2017) y d) un disco versátil (DVD), con motivo de la separación de juicios ordenada el catorce de marzo de dos mil diecinueve, en el referido sumario constitucional. En tales condiciones, fórmese expediente y regístrese con el número 235/2019-C, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. Con la copia certificada del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1014/2018-VI-12, intégrese el cuaderno incidental correspondiente; y, con la copia certificada de la causa penal 2570/2018 (carpeta de investigación 3JL3C/2017) y disco versátil, con fundamento en lo que disponen los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, fórmese el anexo I respetando el folio original. Ahora bien, conviene precisar que en razón de lo ordenado mediante resolución de fecha catorce de marzo de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo 1014/2018-VI-12 de la estadística del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, respecto de la separación de juicios que dio origen al presente expediente, el sumario constitucional en que se actúa únicamente versará respecto de los actos reclamados por Iván Alejandro Escalona Castañeda, a las autoridades responsables 1. Juez Décimo Quinto de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial en el Estado de Durango, 2. Fiscal General del Estado de Durango y 3. Director de la Policía Investigadora de Delitos de la Fiscalía General del Estado de Durango, derivados de la causa penal 2570/2018 (carpeta de investigación 3JL3C/2017), en específico, la orden de aprehensión de fecha catorce de noviembre de dos mil dieciocho y su ejecución. ADMISIÓN. Visto el oficio de cuenta y la copia certificada de todo lo actuado en el juicio de amparo 1014/2018-VI-12, del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; con fundamento en los artículos 1° fracción I, 2, 3, 5, 6, 17, 18, 33 fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y 119 de la Ley de Amparo reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite la demanda de amparo promovida por Iván Alejandro Escalona Castañeda, por propio derecho, contra actos del 1. Juez Décimo Quinto de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial en el Estado de Durango, 2. Fiscal General del Estado de Durango y 3. Director de la Policía Investigadora de Delitos de la Fiscalía General del Estado de Durango, por estimarlos violatorios del artículo 16 constitucional. VISTA MINISTERIAL. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional a que alude el artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las diez horas con cuarenta minutos del veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. INFORME JUSTIFICADO. De autos se advierte que ya obran los informes justificados requeridos a las autoridades responsables 1. Juez Décimo Quinto de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial en el Estado de Durango, 2. Fiscal General del Estado de Durango y 3. Director de la Policía Investigadora de Delitos de la Fiscalía General del Estado de Durango (fojas 230, 216, 185 y 186), por lo que no ha lugar a solicitarlos; y de los cuales se dieron las respectivas vistas a las partes. Se apercibe a las autoridades mencionadas, que en el caso de que se nieguen a recibir notificación en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se les impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionadora; ello en términos de los numerales 245 , en relación con el 238 del citado ordenamiento legal. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. En términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que al tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que a la parte que tenga conocimiento y no la comunique, se le impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, tal y como lo señala el artículo 251 , en relación con el 238 de la citada ley. Sanciones que serán aplicadas en la resolución que se dicte en la audiencia constitucional. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. Se hace saber a las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se les ordenen realizar en este expediente, serán por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No ha lugar a ordenar la apertura de incidente de suspensión de los actos reclamados, toda vez que el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, se ordenó la apertura de dicha incidencia, la cual fue allegada en copia certificada por el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; por tanto, únicamente colóquese la carátula correspondiente a las copias certificadas que remitió el Juez de Distrito. PRUEBAS. Con fundamento en el precepto 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas el disco versátil digital y la copia certificada de la causa penal 2570/2018 (carpeta de investigación 3JL3C/2017); sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en el momento procesal oportuno. Respecto al disco versátil digital (DVD) citado, no ha lugar a señalar fecha para su reproducción, dada su naturaleza jurídica de pruebas documentales públicas. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones personales, el que señala en su escrito inicial de demanda. AUTORIZADOS. Ténganse por autorizados con las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a César Sánchez Icazbalceta, Tomás Miranda Maca, Cristian Herrera Marcial y Gehovana Josselinne Ramírez Noriega, quienes cuentan con cédulas profesionales de licenciados en Derecho, como se advierte de la certificación de cuenta. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley de Transparencia, sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Respecto a la petición de la parte quejosa de utilizar cámaras fotográficas y de video, así como escáner y cualquier otro medio electrónico para obtener imágenes y/o fotografías de las actuaciones y documentos que obren en el presente juicio y, tomando en consideración de que de las constancias derivadas de la causa penal 2570/2018 (carpeta de investigación 3JL3C/2017), se advierte la existencia de diversos coprocesados; por tanto, tales constancias no podrán ser grabadas o reproducidas por cualquier medio, únicamente se autoriza a las partes y a sus autorizados el acceso a dicha información en la mesa de trámite correspondiente, bajo la supervisión del Secretario encargado del presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo."

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