Iván Alejandro Alvarado Solano

Expediente 783/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
783/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
15/08/2023

Partes del expediente

  • Iván Alejandro Alvarado Solano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 20, fracción IV de esa normatividad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Vista la comparecencia del quejoso********************, en la que ratifica como suya la firma que calza el escrito registrado con el número 10806, por medio del cual desahoga la prevención formulada en auto de siete de julio del año en curso; por tanto, se procede a proveer lo conducente. Acto reclamado Del análisis integral de la demanda de amparo el quejoso señala como acto reclamado el siguiente: La sentencia interlocutoria dictada el treinta de mayo de dos mil veintitrés, por el Juez Tercero de lo Familiar en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en el juicio de Controversia Sobre el Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar (Guarda y Pensión Alimenticia), ********************, través de la cual se confirma la determinación de fecha quince de mayo del año en curso. Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/6, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. En el presente asunto el suscrito considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, concatenado con el diverso 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo -este último interpretado en sentido contrario-, por no ocasionarse un perjuicio de imposible reparación. El motivo de improcedencia analizado radica en que cuando a través del juicio de amparo indirecto se reclaman actos emitidos dentro de un procedimiento jurisdiccional, por regla general, el juicio de amparo resulta improcedente, por tratarse de actos procesales dictados en etapa de ejecución de sentencia. Sin embargo, el caso de excepción a la citada regla de improcedencia se presenta cuando se reclama un acto emitido cuyos efectos sean de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquéllos actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, tales como la propiedad, la libertad, la vida, entre otros. Actualmente, el Pleno de nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional interpretó lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", ya que determinó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas. El Alto Tribunal del país enfatizó que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo cual equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivos, ya que en éstos últimos, la afectación que pueden llegar a causar no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desglose del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Asimismo, debe indicarse que en términos del artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo el juicio constitucional se tramitará ante el Juez de Distrito cuando se impugnen actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, una vez que se ha dictado la sentencia definitiva que resuelva el asunto en lo principal. De manera que si el juicio de amparo indirecto procede en esas hipótesis, esta disposición debe estimarse que da pauta a la interpretación, de modo que aun tratándose de actos dictados en juicio concluido existe la posibilidad de impugnarlos por las partes cuando: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos, y b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a la cosa juzgada, es decir, los distintos que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma insoslayable. Ahora bien, de los antecedentes del acto reclamado que bajo protesta de decir verdad narra el quejoso en su demanda de amparo, se advierte que en fecha doce de junio de dos mil diecinueve, celebró un convenio con la señora ********************, en la que pactaron en las cláusulas SEXTA y SÉPTIMA, entre otras cosas que: "SEXTA. El señor********************, manifiesta que los alimentos los garantizará con tres meses, mediante billete de depósito que al efecto se exhiba en este juzgado. [...] ".Asimismo, por lo que respecta al juicio referido UP Supra, manifiesta el señor********************, que se obliga a entregar a la señora ********************, el 30 por ciento de la cantidad que reciba este, si se lleva a cabo un convenio antes del laudo, o el mismo porcentaje que corresponda a la cantidad total que refiera el laudo que se dicte en dicho juicio y sus incidentes correspondientes." El citado convenio se aprobó mediante proveído dictado el treinta de marzo de dos mil veintidós, por el Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, Mediante oficio 4185 de fecha veinte de septiembre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, se solicitó a la Junta número Dos de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, ordenara a quien correspondiera le hiciera entrega a la señora ********************, del 30% de la cantidad que reciba el deudor alimentista********************, si se lleva a cabo un convenio antes de que se dicte el laudo en el expediente número ******************** e incidentes, radicado en esa Junta, lo cual debería de informarle de diez días. Posteriormente, ********************, solicitó al juez responsable, se girara oficio recordatorio a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para que dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que fuera recibido, le informara, el cumplimiento dado al similar número 4185 de fecha veinte de septiembre de dos mil veintidós. En atención a esa solicitud, el Juez Tercero de lo Familiar en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en fecha quince de mayo de dos mil veintitrés, proveyó: ".Asimismo, como lo solicita, gírese oficio recordatorio a la JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, para que dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que sea recibido el oficio correspondiente, informe a este Juzgado el cumplimiento dado al oficio número 4185 de fecha 20 veinte de septiembre del año próximo pasado, asimismo, informe el estado en que se encuentra el expediente ********************, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo legal antes indicado, se le impondrá una medida de apremio consistente en 20 veinte veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a que se refieren los artículos segundo y quinto del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 veintisiete de enero de 2016 dos mil dieciséis, en términos de la fracción I del artículo 1.124 del ordenamiento legal en cita, la cual será aplicada al Fondo Auxiliar para la Administración legal en cita, de conformidad con lo previsto en el inciso c) de la fracción I del artículo 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México." Inconforme con dicha determinación el aquí justiciable interpuso recurso de revocación, el cual se resolvió mediante resolución interlocutoria dictada el treinta de mayo de dos mil veintitrés, declarando inoperante el agravio expuesto por el quejoso********************, por las consideraciones vertidas en dicha resolución. Sin embargo, como se ha mencionado, el suscrito estima que el acto reclamado no es de imposible reparación, porque no afecta directamente algún derecho sustantivo del aquí justiciable. Lo anterior es así, debido a que, conforme a lo establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio constitucional indirecto procede contra actos de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado tutelados por la Constitución Federal, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Se afirma lo anterior, pues la resolución interlocutoria no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicha determinación en sí misma sólo implica la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos procesales. Esto es, el acto reclamado no genera afectación a derechos sustantivos de la quejosa ni tampoco es ajeno a la cosa juzgada, en virtud que no le restringe algún derecho sustantivo, sino únicamente de carácter adjetivo, atendiendo a que la sentencia interlocutoria de treinta de mayo de dos mil veintitrés, confirma el diverso acuerdo de quince de ese mismo mes y año, por el cual se giró oficio recordatorio a la Junta Especial número Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que recibiera el oficio correspondiente, le informara el cumplimiento dado al oficio número 4185 de fecha veinte de septiembre del año próximo pasado, así como el estado procesal del expediente ********************. En este contexto, debe indicarse que la resolución reclamada de treinta de mayo del año en curso, fue dictada en la etapa de ejecución del Convenio celebrado entre las partes en el juicio de origen con fecha doce de junio de dos mil diecinueve; a través de la cual se confirmó el diverso auto de quince de mayo de dos mil veintitrés, que ordenó girar el oficio recordatorio 4185 de fecha veinte de septiembre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a la Junta número Dos de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, para que ordenara a quien correspondiera le hiciera entrega a la señora ********************, del 30% de la cantidad que reciba el deudor alimentista********************, si se lleva a cabo un convenio antes de que se dicte el laudo, o cuando éste se pronuncie en el expediente número ******************** e incidentes, radicado en esa Junta, lo cual debería de informarle en el término de diez días. Sin embargo, la misma fue emitida en ejecución del Convenio celebrado el doce de junio de dos mil diecinueve, por lo que en principio no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del convenio y como el quejoso compareció al juicio natural y éste se encuentra en la etapa de ejecución, no se afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen. Pues en ese sentido, se trata de un acto inocuo para los intereses del quejoso, en tanto que su contenido no lesiona algún derecho ajeno a la cosa juzgada ni se ajusta a alguna de las hipótesis de procedencia reguladas en el artículo 107 citado; de ahí que el juicio de amparo sea improcedente. Lo anterior es así porque de acuerdo a los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narra el quejoso en su escrito de demanda de amparo, así como de las copias certificadas que adjuntó relativas a la Controversia Sobre el Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar (Guarda y Pensión Alimenticia) número ********************, no se advierte que esa orden ya se haya materializado en perjuicio del ahora quejoso ********************, pues en el acuerdo de quince de mayo del año en curso, el cual se confirmó a través de la resolución interlocutoria de treinta de mayo de la presente anualidad, que constituye el acto reclamado, si bien se ordena llevar a cabo la retención del 30% de la cantidad que reciba el deudor alimentista********************, ello será siempre y cuando en el expediente número ******************** e incidentes, del índice de la Junta Especial número Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se celebre un convenio antes de que se dicte el laudo en el juicio laboral o se dicte el laudo, y no antes, pues así quedó establecido en la cláusula sexta del convenio celebrado el doce de junio de dos mil diecinueve, por el ahora justiciable y ********************. Pues la afectación a los derechos fundamentales del quejoso se materializarán en todo caso cuando se celebre un convenio en el juicio laboral ********************, antes de dictarse el laudo o cuando se pronuncie éste, aspectos que el quejoso no relata que hayan acontecido. Es aplicable la tesis I.12o.C.22 K (10a.), del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, página 2163, de la Décima Época, del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SI LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS AJENOS A LA COSA JUZGADA (ACTOS INOFENSIVOS) NI SE AJUSTA A NINGUNA HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AUNQUE SURJAN EN LA ETAPA DE JUICIO CONCLUIDO. En términos del artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo el juicio constitucional se tramitará ante el Juez de Distrito cuando se impugnen actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, lo cual significa que antes y después del dictado de la sentencia definitiva que resuelva el asunto en lo principal, las partes tienen a su alcance la posibilidad de impugnar cualquier acto que tenga esas características. De manera que si el juicio de amparo indirecto procede en esas hipótesis, esta disposición debe estimarse que da pauta a la interpretación, de modo que aun tratándose de actos dictados en juicio concluido existe la posibilidad de impugnarlos por las partes cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos, y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a la cosa juzgada, es decir, los distintos que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma insoslayable. En este contexto, si la resolución reclamada fue dictada en etapa de ejecución de sentencia, pues de los antecedentes se advierte que existe sentencia definitiva, la decisión de rechazar un recurso no puede estudiarse aisladamente al acto pretendidamente recurrido, es decir, la resolución que declara infundado el incidente de nulidad de actuaciones que el quejoso inició para impugnar la notificación que se realizó en cuanto a la devolución al archivo judicial del expediente natural y como consecuencia la resolución que niega la admisión del recurso correspondiente no satisface los requisitos para la procedencia del amparo indirecto, pues no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución y como el quejoso compareció al juicio natural y éste se encuentra en la etapa de ejecución, no se afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen. Consecuentemente, aun cuando surjan actos en la etapa de juicio concluido, muchos de ellos son inocuos (inofensivos) para los intereses del quejoso, como sucede en el caso, en tanto que su contenido no lesiona algún derecho ajeno a la cosa juzgada ni se ajusta a alguna de las hipótesis de procedencia reguladas en el artículo 107 citado; de ahí que el juicio de amparo sea improcedente". De modo que continuar con la tramitación de este juicio de amparo en nada abonaría a la pretensión de la promovente, porque se llegaría a la misma conclusión a la que ahora se arriba y tampoco podrían concretarse los efectos que demanda, sin obviar que se retardaría la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que impera en el artículo 17 Constitucional. En mérito de lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, lo procedente es desechar de plano la demanda, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Agréguese la promoción presumiblemente firmada por Iván Alejandro Alvarado Solano; y, advirtiendo la falta de identidad entre las firmas que aparecen en dicho escrito y las plasmadas en la demanda de amparo y diverso escrito aclaratorio, se requiere al ocursante para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído comparezca ante este juzgado de Distrito con identificación oficial a ratificar tanto la firma, como el contenido del ocurso de cuenta; apercibido, que en caso de no hacerlo, se tendrá por no presentado. Lo anterior, sin perjuicio que, si al ratificar la firma del escrito de mérito, se advierta una diferencia notoria entre ésta y las anteriormente plasmadas (demanda y escrito aclaratorio), este órgano podrá ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar su autenticidad y con ello, la procedencia del juicio de amparo. Determinación que guarda sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/2017 (10a.), de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal en el país, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 09 de junio de 2017 10:15 h, de rubro siguiente: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTE." En la inteligencia que el horario de atención al público en este juzgado es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de julio de dos mil veintitrés. DESAHOGO Visto el escrito del quejoso******************** por propio derecho, mediante el cual pretende desahogar la prevención formulada en acuerdo de veintidós de junio del año en curso; sin embargo, se considera que del análisis de la misma se suscitaron nuevos puntos a considerar. Por tanto, lo conducente es prevenir a la parte quejosa, a fin de que en términos del artículo 108, fracciones IV y V, en relación con el numeral 114, fracciones I y IV, ambos de la Ley de Amparo, dentro del término de cinco días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, y debido a los antecedentes del acto reclamado que resultan novedosos, desahogue el siguiente requerimiento: 1. Exhiba o transcriba el contenido íntegro de la sentencia del recurso de revocación de treinta de mayo del año en curso, que resolvió el Juzgado Tercero de lo Familiar en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. 2. De igual manera, bajo protesta de decir verdad, manifieste cuándo le fue notificado o se hizo sabedor del auto en el que la autoridad responsable giró el oficio ******************** de veinte de septiembre de dos mil veintidós, emitido para el efecto de retener como garantía alimentaria el treinta por ciento de la cantidad a que se obligó en el juicio natural; consecuentemente, exhiba copia o transcripción del acuerdo del que derivó la expedición del referido oficio ********************. 3. Finalmente, si contra el auto en el que se giró el oficio ******************** aludido con anterioridad, interpuso algún recurso o medio de defensa y; de ser positivo, indique la autoridad que conoció del mismo y el estado procesal que guarda en la actualidad. 4. Con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, se le hace saber a la parte quejosa que del escrito en que dé cumplimiento a la presente determinación deberá exhibir sendos juegos de copias del mismo para cada una de las partes; lo que no será necesario si el escrito aclaratorio se remite vía electrónica. Al caso se cita la jurisprudencia número 21, publicada en la página 30, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-200, Actualización 2001, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." APERCIBIMIENTO Apercibida que de no cumplir en sus términos las prevenciones formuladas, de conformidad con lo establecido en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la demanda de amparo pueda mandarse aclarar una sola vez; sin embargo, tomando en consideración la incorporación de antecedentes novedosos en el escrito aclaratorio, aún es necesaria establecer esta segunda prevención. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis con registro 216701, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Abril de 1993, materia Común, visible en la página 290, que establece: "PREVENCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBEN REALIZARSE EN UN SOLO ACUERDO, SALVO CASOS DE EXCEPCION. Una adecuada interpretación del artículo 146 de la Ley de Amparo, permite concluir que la facultad otorgada al juez de Distrito para prevenir al quejoso la satisfacción de alguna irregularidad, omisión o requisito del escrito de demanda, deberá agotarse en un solo auto y no paulatinamente en diversos proveídos, pues esta última hipótesis sólo se actualiza, cuando aparecen nuevos requisitos a satisfacer, con motivo de la aclaración o constancias exhibidas en el escrito mediante el cual se cumplió la primera prevención, mismos que no pudieron tenerse presentes en dicha ocasión." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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