Ivan Alberto Ceballos Gonzalez
Expediente 1230/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1230/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 11/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Ivan Alberto Ceballos Gonzalez
- María Fernanda Ceballos González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de noviembre de dos mil diecinueve. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia firmada el veintidós de octubre del año en curso, en la que en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, aun cuando en estos autos se sobreseyó en el presente juicio de amparo, toda vez que por acuerdo de seis de septiembre de dos mil diecinueve, por lo que respecta a los actos que consistieron en la privación de la libertad (detención), incomunicación, torturas, golpes, malos tratos, palos y azotes, que se adujo sufría el aquí directo quejoso, se concedió de oficio la suspensión de plano, para que cesaran de inmediato dichos actos, en consecuencia, este asunto encuadra en lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero, fracción III del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, por lo que de acuerdo a las instrucciones de las nuevas disposiciones relacionadas con la destrucción, depuración y transferencia de expedientes, aplicables a partir del martes veintinueve de enero de dos mil trece, en relación al punto número uno, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que el presente expediente es susceptible de depuración, pero debiendo conservarse únicamente el acuerdo relativo al otorgamiento de la suspensión de plano; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo, debiendo conservarse únicamente el acuerdo relativo a su otorgamiento y que carece de relevancia documental. Finalmente, agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por licencia del titular, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, once de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con la fracción III del artículo Vigésimo, y la fracción III, del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que por acuerdo de seis de septiembre del año en curso, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, por lo que deberá conservarse únicamente el acuerdo relativo al otorgamiento, así como que el duplicado del mismo deberá ser destruido una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de que fue dictada la determinación que resolvió la suspensión provisional antes citada. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por licencia del titular, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos, para resolver el juicio de amparo 1230/2019-IV, promovido por María Fernanda Ceballos González, a favor de Iván Alberto Ceballos González, contra actos del Fiscal General del Estado y otras autoridades, por violación al artículo 22 Constitucional; y Resultando: Primero. Presentación de la demanda. El seis de septiembre de dos mil diecinueve, María Fernanda Ceballos González, solicitó el amparo a favor de Iván Alberto Ceballos González, respecto de los actos que reclamó del Fiscal General del Estado y otras autoridades. Segundo. Otorgamiento de suspensión de plano. Mediante acuerdo de seis de septiembre del año en curso, se concedió al directo quejoso la suspensión de oficio y de plano por lo que refiere a los actos reclamados a las autoridades responsables, consistentes en la incomunicación, torturas, golpes, malos tratos, palos y azotes. Tercero. Admisión de la demanda. Por auto de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo, se solicitó su correspondiente informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, porque el acto reclamado tuvo ejecución dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio de amparo. Del análisis integral de la demanda de amparo, se puede advertir que la parte quejosa lo que reclama es la incomunicación, torturas, golpes, malos tratos, palos, azotes, la privación de la libertad (detención) y retención de vehículo. Tercero. Sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. Al rendir su informe justificado todas las autoridades responsables negaron los actos reclamados respecto de la incomunicación, torturas, golpes, malos tratos, palos y azotes. Por su parte, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en representación del Secretario y Subsecretario de dicha corporación, manifestó como cierto únicamente el acto reclamado en la detención del directo quejoso, por lo que no se tiene por cierto el acto reclamado que se hace consistir en la retención de vehículo. Por tanto, al no haber sido desvirtuada dicha negativa por la parte quejosa respecto de los mencionados actos reclamados lo que procede es sobreseer en el juicio, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo aplicable. Tiene aplicación al caso por similitud de razón, la Tesis Jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación y rubro: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado el Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos por sí y en suplencia del Fiscal General del Estado y Vicefiscal de Prevención del Delito de Justicia Restaurativa y Atención a Víctimas y Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, manifestaron que son ciertos los actos reclamados consistentes en la privación de la libertad (detención) del directo quejoso y la retención de vehículo, por lo que se tienen por ciertos dichos actos. Asimismo, el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado por sí y en representación del Subsecretario de dicha corporación, autoridades señaladas como responsables en este asunto, en sus informes justificados manifestaron que es cierto el acto reclamado consistente en la privación de la libertad (detención) del directo quejoso, por lo que se tiene por existente. Siendo omiso en manifestar si es cierto o no el acto reclamado consistente en la retención del vehículo, por lo que se presume de cierto dicho acto reclamado a la autoridad mencionada. Por su parte, el encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación, manifestó que no es cierto el acto reclamado consistente en la retención del vehículo y privación de la libertad (detención) del directo quejoso, sin embargo, de las manifestaciones que se vierten en el mismo se advierte su existencia, por lo que se tienen como ciertos dichos actos. Quinto. Estudio de las causales de improcedencia. Por ser de orden público debe estudiarse si en el presente asunto se actualiza alguna causa de improcedencia, tal y como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. I. Por lo que hace al acto reclamado consistente en la detención del vehículo, en el presente caso se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". Ahora bien, a fin de explicar la actualización de la causal de improcedencia del juicio de amparo, es preciso mencionar que el impetrante alega que fue detenido y le fue retenido el vehículo BMW tipo X4 modelo dos mil dieciocho, color negro con placas de circulación DJL 1559; por lo que se estima necesario verificar si se encuentra demostrada la propiedad por parte del quejoso (interés jurídico), a efecto de establecer si el acto que reclama le puede ocasionar un perjuicio en sus derechos sustantivos. En ese contexto, para la defensa de la propiedad de dicho vehículo, es necesario precisar, en primer término, qué debe entenderse por interés jurídico; de esta manera, por tal ha de tenerse el derecho derivado de alguna disposición legal y que se pueda exigir de la autoridad determinada conducta al sentirse afectado por los actos de esa autoridad, ello de conformidad con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala, aplicada por analogía, visible en la página 173, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 205-216, tercera parte, Séptima época, cuyo rubro y texto establecen: "INTERESES JURÍDICOS, CUANDO SE AFECTAN LOS. Como el derecho sólo tutela bienes jurídicos reales u objetivos, procede aceptar que, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir en sus bienes jurídicos no afectan real y objetivamente a éstos, entonces no puede decirse que exista un agravio en términos jurídicos. Luego, si las afectaciones que constituyen un perjuicio deben ser reales, es obvio que para que puedan ser estimadas en el amparo, es indispensable que sean susceptibles de apreciarse objetivamente. De no ser así, sería difícil que se surtiera, en la práctica, la causa de improcedencia prevista por la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues bastaría la mera afirmación del promovente del juicio de garantías, no corroborada por prueba alguna, de que la autoridad le irroga molestias en sus derechos, y ciertamente no es eso lo que tutela la fracción V del artículo 73 citado. El numeral 5º, fracción I, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Del dispositivo legal antes transcrito, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional, es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos y obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Este criterio lo ha sustentado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Novena Época, que se encuentra visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, materia común, página 225, del rubro y contenido siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Atento a lo anterior, resulta claro que el interés jurídico de quien promueve la acción constitucional, sólo se puede actualizar en la medida que demuestre que el acto de autoridad reclamado le ha causado molestias relacionadas a su esfera jurídica, entendiéndose por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden. Ahora bien, respecto a la condición de la parte quejosa con relación al vehículo materia de la litis, para determinar si el acto que reclama le puede ocasionar un perjuicio en sus derechos sustantivos, debe decirse que aun y cuando el quejoso reclama la retención del vehículo BMW tipo X4 modelo dos mil dieciocho, color negro con placas de circulación DJL 1559, se debe acreditar ser propietario, o posesionario de manera legal, lo cual debe ser probado de manera plena dentro de la presente instancia constitucional, por recaer en la parte quejosa la carga de la prueba. Lo anterior encuentra sustento por analogía en la Jurisprudencia 1/2002, que sustenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, tomo XV, febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto.". Ahora, en el presente caso la parte quejosa no ofreció ninguna probanza idónea y eficaz para acreditar que es propietaria o poseedora jurídica del vehículo retenido, por tanto, se considera que no tiene ningún interés jurídico para reclamar la devolución del citado vehículo. De ahí que, si en el presente caso se tiene que el solicitante del amparo vienen a quejarse de la retención del vehículo afecto al presente juicio de amparo, lo necesario es que acredite el interés jurídico o titularidad del derecho de propiedad que dice tener en torno al bien mueble ya descrito. Sin embargo, la parte quejosa fue omisa en presentar documento alguno que acredite la titularidad del bien que defiende en esta juicio; por tanto, no acredita ser el propietario del citado bien, lo que trae como consecuencia que no tenga ninguna afectación jurídica, y por tanto, su falta de interés jurídico para promover el presente juicio de amparo. II. Por otra parte, respecto al acto reclamado consistente en la privación de la libertad (detención) del quejoso se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en virtud de haber ocurrido un cambio de situación jurídica. El invocado numeral en lo conducente dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ".XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. .Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente.". Lo anterior es así, en virtud que de las constancias remitidas por el Fiscal General del Estado, las cuales tienen pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que si bien es cierto el directo quejoso se encontraba detenido a disposición de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Hechos de Tránsito del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, por hechos posiblemente delictuosos contenidos en la carpeta de investigación T1/1340/2019, también es cierto que el seis de septiembre de dos mil diecinueve se ordenó su inmediata libertad, determinación que le fue notificada al directo quejoso en esa propia fecha (fojas 76 a 78); en consecuencia, es incuestionable que la autoridad responsable ha dejado de intervenir en la detención que se le imputa desde el momento en que el directo quejoso fue puesto en libertad, por lo que no existe materia sobre la que pueda versar este juicio. En tal virtud, es evidente que no puede hacerse pronunciamiento alguno respecto del citado acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, por lo que en este asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo. En ese sentido, al actualizarse la causal de improcedencia de mérito lo que procede es sobreseer en el presente asunto, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, del ordenamiento legal de mérito. Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo. Se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por María Fernanda Ceballos González, a favor de Iván Alberto Ceballos González, en contra de los actos que reclama de las autoridades señaladas como responsables por los motivos expuestos en el cuerpo de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el alegato ministerial número 638/2019 signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, mediante el cual realiza los alegatos correspondientes y solicita se le expida copia certificada de la sentencia que se dicte en el presente expediente. En atención a su contenido, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo aplicable, se tienen por formulados los alegatos vertidos en el pedimento de mérito, para ser tomados en cuenta en la audiencia constitucional respectiva. Como lo solicita el representante social de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, una vez que se dicte la sentencia en este juicio, expídasele copia certificada de la misma. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Marco Polo Robles Santoyo, que autoriza y da fe.
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