Iván Akatzin García Almanza
Expediente 520/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 520/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 29/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Iván Akatzin García Almanza
- María de Lourdes Gutiérrez Alvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación que antecede que el plazo previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, dictado en este juicio, le ha transcurrido a la parte quejosa, quien en su caso podría impugnarla, al ser contraria a sus intereses; con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al diverso numeral 2 de la ley de la materia, se declara que ha causado estado. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y envíese al archivo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina lo siguiente: 1. El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del artículo vigésimo primero, en razón de que el diez de mayo de dos mil diecisiete, se decretó el sobreseimiento. Se hace constar, que no obran documentos originales en el expediente principal; ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica. (VII)
- Principal
Visto el oficio que remite la autoridad responsable y los anexos que acompaña, agréguense a los autos para que obren como corresponda, y téngase a dicha autoridad ofreciendo diversas documentales, en términos de lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se aprecia que: a) El cuatro de abril del año en curso,....por conducto de su defensor, presentó demanda de amparo en contra la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el que reclamó la omisión dictar la resolución correspondiente en el toca penal ....de su índice. b) La demanda se registró en el libro de gobierno con el consecutivo 520/2017-VII, se admitió en auto de diez de abril del año en curso, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, solicitar el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. c) El nueve de mayo del año que transcurre se recibió en la Oficina de Correspondencia de este Juzgado el oficio de la autoridad responsable, en la que señaló que ya había dictado la resolución correspondiente en el toca penal ...., remitiendo al efecto copia certificada de la misma, de la que se advierte que la sentencia de segunda instancia en comento se dictó el cinco de mayo de dos mil diecisiete; documental a la que se concede valor probatorio pleno por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus facultades legales de conformidad con lo previsto en los artículos 79, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de la Ley de la Materia. Cobra vigencia la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que dice al rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Actuaciones, de las cuales se desprende que cesaron los efectos de la omisión reclamada, resultando procedente sobreseer el juicio fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Al efecto, procede citar la Contradicción de tesis número 26/200-PL, con registro número 2ª./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA." ....En efecto en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." En sustento de lo anterior, es pertinente citar que desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, que está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. ....En el asunto concreto la parte quejosa se duele substancialmente, de la omisión de la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de resolver el recurso de apelación en el toca penal ....Luego, del análisis de las constancias que la responsable remitió en apoyo a su informe justificado se obtiene que en toca penal ...el cinco de mayo de dos mil diecisiete, se dictó la sentencia correspondiente confirmando el auto apelado. Así, se colige que este sumario ya no tiene razón de ser, toda vez que en caso de concederse la protección constitucional, en términos del numeral 77 de la ley de la materia, sería para el efecto de que la responsable obrara justamente en la situación que prevalece en la actualidad. En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Tesis: 2a./J-10/2003, página 386, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.....Asimismo, apoya lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, tesis 2a./J. 9/98, página 210, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. ....En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no es menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las nueve horas con once minutos del once de mayo de dos mil diecisiete.(VII)
- Principal
Visto el oficio del Director Jurídico del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, téngasele cumpliendo con el requerimiento formulado mediante proveído de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, y agréguese a los autos para que obre como corresponda. -Se determina respecto a informes- Por otra parte, atendiendo al estado que guardan los autos, advirtiéndose que la tercera interesada María de Lourdes Gutiérrez Alvarez fue emplazada al presente juicio de amparo mediante lista de acuerdos de esta misma fecha; en consecuencia, ténganse por exhibidos sin mayor pronunciamiento los informes rendidos por las autoridades, conforme a lo ordenado en proveído de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, en virtud de que los mismos versan sobre el paradero de la tercera interesada en mención, misma que a la fecha, se encuentra debidamente emplazada en el presente juicio biinstancial.(VII)
- Principal
Visto el informe justificado rendido por la Magistrada Presidenta de la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; y déjese a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Conforme al artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas las documentales que acompaña la autoridad responsable a su informe de Ley, y únicamente escanéense las constancias que integran el acto reclamado, para que formen parte del expediente electrónico; las cuales serán tomadas en consideración al momento de llevar a cabo la audiencia constitucional.(VII)
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