Ivan Agustin Lopez Nuñez

Expediente 86/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
86/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
08/03/2018

Partes del expediente

  • Ivan Agustin Lopez Nuñez
  • Juez de Primera Instancia de Control Y Enjuiciamiento Penal de la Region Norte, Ciudad

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por el actuario judicial del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en el cual informa que mediante proveído de cinco de marzo del año en curso, aceptó la competencia declinada por éste juzgado; con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en la fracción I, del ordinal Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que el Presidente del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, aceptó la competencia planteada por éste juzgado; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de un cuaderno de antecedentes con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente cuaderno de antecedentes, con apoyo en los dispositivos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    ES NOTIFICACIÓN PERSONAL

  3. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de quince de febrero de dos mil dieciocho, que a la letra dice: Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Iván Agustín López Núñez, contra actos del Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte, con domicilio en Ejido Goros II, Ahome, Sinaloa; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 86/2018-6. En principio, cabe puntualizar que la competencia es un presupuesto procesal cuyo estudio es de análisis preferente, por tratarse de una condición de validez en la sustanciación del juicio de amparo. Para ello, el Juez de Distrito debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo de manera integral, para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Sobre tal tópico, el artículo 34 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." Ahora, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 34, 47 y 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Iván Agustín López Nuñez, contra actos del Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte, con domicilio en Ejido Goros II, Ahome, Sinaloa; y, estima debe remitirse al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa. Lo anterior, tomando en consideración que los actos que se reclaman consisten en: "IV. ACTOS RECLAMADOS. De la C. Jueza de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte, le reclamo LA RESOLUCIÓN emitida el día 23 veintitrés de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, dentro de la Causa Penal 182/2017, en la cual INJUSTAMENTE me condena a 9 nueve años de prisión y 360 días de multa, lo cual equivale a pagar la cantidad de $28,814.40 (veintiocho mil ochocientos catorce pesos 40/100 m.n.), emitida a petición de la también Autoridad Responsable Ordenadora Agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrita a la Unidad de lo Penal Especializada en Robo de Vehículo de la Región Norte. Sentencia que además de ser excesiva, descansa en un Auto de Vinculación a Proceso, dictado el pasado 20 de abril del año 2017, por la misma Jueza de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte, tras la celebración de la Audiencia Inicial, en la cual se me formuló imputación atendiendo a los datos de prueba que se allegaron a la Carpeta de Investigación número AHOME/UERV/1008/2017/CI, que inició la Autoridad Responsable Ordenadora, señalada en segundo término; carpeta en la cual se violaron todos los principios que rigen el Nuevo Sistema de Justicia Penal, pero sobre todo, del derecho humano a la adecuada defensa, y del derecho de presunción de inocencia, por las razones que habré (sic) de exponer en el capítulo correspondiente. A la autoridad señalada como ejecutora, de igual forma les reclamo el cumplimiento que ha venido dando a la sentencia condenatoria, atendiendo al fallo sancionador de la autoridad señalada como Responsable Ordenadora.". Ahora bien, el artículo 47 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.)". De igual modo, el artículo 170 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito.". Así, es claro que los preceptos legales transcritos en párrafos precedentes, contienen los requisitos de procedencia del juicio de garantías en la vía directa y la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de esos asuntos. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es pertinente precisar que por esta vía se tilda de inconstitucional la resolución emitida el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 182/2017, a través de la cual, se le condenó al impetrante a la pena de prisión de nueve años y trescientos días de multa, equivalente a la suma de $28,814.40 (veintiocho mil ochocientos catorce pesos 40/100 m.n.). De lo antes expuesto, es claro que si el juicio se inicia para los efectos estrictamente del amparo, con la presentación de la demanda ante la potestad judicial y concluye con el dictado de la sentencia definitiva, el acto reclamado en esta vía constitucional, encuadra en la hipótesis prevista en el numeral 170 de la Ley de Amparo, porque se trata de una sentencia definitiva y, por tanto, corresponde el conocimiento del asunto a un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal y no a un juez de Distrito. Es aplicable, por identidad jurídica, la Tesis de la Décima Época, con registro 2015222, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 1987, Libro 46, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Septiembre de 2017, Materia(s): Común, Penal, Tesis: I.7o.P.87 P (10a.), que dice: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. EN ÉSTE, EL ANÁLISIS DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, DEBE EFECTUARSE A PARTIR DE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS A LA ETAPA DE JUICIO. Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 se reformaron, entre otros, los artículos 16 a 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se introdujo en el orden jurídico nacional el sistema procesal penal acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; dicho modelo de enjuiciamiento se basa en una metodología de audiencias, cuyos ejes rectores se establecen en el artículo 20 de la Constitución Federal y se caracteriza por la independencia de las etapas que lo integran, en las que un diverso juzgador las conduce y en cada una de ellas ya no puede considerarse lo desahogado en una previa. Por tanto, en dicho sistema el análisis del acto reclamado en el juicio de amparo directo, debe efectuarse a partir de las constancias relativas a la etapa de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento, pues lo actuado en las etapas de investigación e intermedia, ya no puede ser analizado con posterioridad a su cierre, precisamente por la independencia que rige el procedimiento, en términos del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales.". De igual manera, la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 83, del Tomo II, Segunda Parte-1, del Semanario Judicial de la Federación, Julio a diciembre 1988, Octava Época, con número de registro 229764, que establece: "AMPARO DIRECTO, PROCEDENCIA DEL. RESOLUCIONES DEFINITIVAS. ARTICULO 46 DE LA LEY DE AMPARO. Conforme con lo previsto por el artículo 46 de la Ley de Amparo, el amparo directo es procedente contra sentencias definitivas que decidan el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario; sentencias definitivas dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubiesen renunciado expresamente a la interposición del recurso, así como contra resoluciones que ponen fin al juicio o sea aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario; por ende, si el proveído reclamado es recurrible ante la autoridad responsable, no constituye una resolución que ponga fin al juicio y no es susceptible de reclamarse en amparo directo.". En esa tesitura, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Iván Agustín López Nuñez, contra actos del Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte, con domicilio en Ejido Goros II, Ahome, Sinaloa; consecuentemente debe remitirse al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa. Bajo esa línea de pensamiento, remítase el presente expediente así como las copias de la demanda de amparo, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa; de igual modo, solicítese de manera atenta y respetuosa, que de no existir inconveniente legal alguno, se sirva informar la determinación tomada respecto a la legal competencia planteada. Domicilio. En términos del artículo 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de su demanda; esto es, el ubicado en la Calle Durango, número 1979, Poniente, Colonia San Francisco, de esta ciudad. Autorizados. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tiene como autorizado a la persona citada en el escrito de demanda que se atiende para los efectos ahí precisados, siempre y cuando cuente con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de lo contrario se tendrá únicamente para oír y recibir notificaciones.

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