Itzheny Moreno Galicia

Expediente 1504/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1504/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
13/01/2017

Partes del expediente

  • Itzheny Moreno Galicia
  • Tribunal Estatal De Conciliación Y Arbitraje Del Estado De México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    IV. Toluca, Estado de México; trece de enero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. Ahora, en consideración a que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió la sentencia dictada el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, por la que se negó el amparo y protección de la justicia de la unión a la quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado; en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones respectivas. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1. Este expediente es susceptible de depuración, pues en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa (punto vigésimo primero, inciso IV). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado; por tanto, se deberá conservar la resolución relativa a su otorgamiento (punto vigésimo primero, inciso III). 4. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III). 5. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya García, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    IV. Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 1504/2016-IV; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado el día hábil siguiente a este órgano jurisdiccional, Itzheny Moreno Galicia, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y los actos que enseguida se precisan: Autoridades responsables: (1) El H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México (Sede Toluca). (2) H. Quinta Sala Regional del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, con residencia en el Municipio de Nezahualcóyotl." Actos reclamados: 1 Se le reclama al H Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México (Sede Toluca) El acuerdo de seis de septiembre de 2016, tomado en el expediente laboral 1173/2016, donde la parte actora lo es la suscrita quejosa ITZHENY MORENO GALICIA y la parte demandada lo es la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente, DEL CUAL CAREZCO DE COPIA, pero esencialmente refiere que ese tribunal es competente para conocer del asunto planteado y que se concede el plazo de tres días para subsanar irregularidades en la demanda y desde luego ajustarla a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios (Estado de México). 2 A la H Quinta Sala Regional del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México con Residencia en el Municipio de Nezahualcóyotl, y aclaro solo como dato de antecedente que no es útil para efectos del amparo, pero que se involucra esa autoridad para efectos de competencia y por eso es necesario señalarla como autoridad responsable al haber emitido el acuerdo de fecha dos de mayo de 2016, dentro de los autos del expediente 301/2016, donde se establece que desecha la demanda y que ordena en el punto tres de su acuerdo remitir las constancias al TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MÉXICO." SEGUNDO. Preceptos constitucionales violados. La impetrante señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en el artículo 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Radicación y admisión de demanda. Mediante auto de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, previo desahogo al requerimiento formulado a la parte quejosa el seis de los referidos mes y año, se desechó parcialmente la demanda intentada respecto del acto atribuido a la Quinta Sala Regional del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, consistente en el acuerdo de dos de mayo de dos mil dieciséis emitido en el expediente 301/2016, y se admitió a trámite sólo por lo que respecta al acto atribuido al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, relativo al proveído de seis de septiembre de dos mil dieciséis dictado en el expediente laboral 1173/2016, donde determinó que es competente para conocer del asunto planteado y concedió el plazo de tres días para subsanar las irregularidades en la demanda; se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitó el informe justificado de la autoridad responsable y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 37, 107 de la Ley de Amparo; 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así como en el Acuerdo General 12/2016 que reforma y adiciona el diverso 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito; toda vez que el acto reclamado se atribuye a una autoridad residente en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que el acto reclamado en esta instancia lo constituye el proveído de seis de septiembre de dos mil dieciséis dictado por el Tribual Estatal e Conciliación y Arbitraje del Estado de México en el expediente laboral 1173/2016, donde determinó aceptar la competencia declinada por la Quinta Sala Regional del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México respecto del juicio administrativo 301/2016 promovido por Itzheny Moreno Galicia, y requirió a la hoy quejosa por el plazo de tres días para subsanar las irregularidades en la demanda. En este sentido, con apoyo en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable la jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Tomo XI, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de literalidad siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable por las razones que la contienen, la tesis P. VI/2004, consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos epílogo y sinopsis son: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO Certeza o inexistencia de los actos reclamados. Previamente al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. A lo anterior, es aplicable la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son los siguientes: ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En ese orden, se precisa que es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo precisó la Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México (folio 57), circunstancia que se corrobora con las actuaciones que adjuntó como complemento de su informe justificado, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, porque se trata de actuaciones emitidas por funcionarios públicos en el ejercicio de su encargo. A lo expuesto resulta aplicable la jurisprudencia publicada en la página 231 del Tomo VI, materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, cuyo contenido es: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la jurisprudencia 226 publicada en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que establece: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para mejor conocimiento del asunto es preciso señalar los antecedentes de los actos reclamados que se advierten de las constancias que obran en autos, a saber: 1. Mediante escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil dieciséis, ante la Quinta Sala Regional del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, Itzheny Moreno Galicia, promovió juicio contencioso administrativo en contra de la resolución emitida el once de abril del año en curso en el procedimiento de terminación de nombramiento 13/2016, por la Coordinación Estatal del Servicio profesional Docente, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Educación, dónde se determinó separarla definitivamente de su encargo como maestra adscrita al Sistema Educativo en la Subdirección Regional de Educación en Texcoco, Estado de México. 2. Por auto de dos de mayo de la presente anualidad, la autoridad referida radicó el juicio bajo el número de expediente 301/2016, desechó la demanda intentada por estimar carecer de competencia para conocer de ella y remitió los autos al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, a quien estimó competente para su conocimiento. 3. El seis de septiembre posterior, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, tuvo por recibidos los autos del juicio contencioso administrativo de origen, aceptó el conocimiento del asunto radicándolo bajo el número de expediente laboral 1173/2016, y requirió a la promovente para que dentro del plazo de tres días adecuara el escrito inicial de conformidad con los requisitos de procedencia estipulados para el procedimiento laboral. Tal determinación constituye el acto reclamado en esta vía. QUINTO. Causas de improcedencia. Para que el juzgador de amparo pueda resolver el fondo de la cuestión planteada por la parte quejosa, es necesario que la acción intentada sea procedente; es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causales de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución procesal en virtud de la cual, en un primer momento del juicio de amparo, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos procesales que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a proveer, y si no lo están, de una manera manifiesta y ostensible debe sobreseerse el juicio; esto es, abstenerse del conocimiento del asunto y limitarse a emitir una determinación en la cual se expresen los motivos por los cuales se estima que no se puede entrar al conocimiento del asunto, por faltar los presupuestos del conocimiento de mérito. En suma, la improcedencia del juicio constituye un obstáculo que impide resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado ante la falta de oportunidad, fundamento o derecho para acudir ante la potestad jurisdiccional. Lo que se traduce en un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o pertinencia de la acción intentada. Establecido lo anterior, se concluye que en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente; sin embargo, al no advertir alguna que en el caso cobre vigor, se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado ya precisado. Sobre el particular resulta aplicable la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, Segunda Parte, bajo el tenor siguiente: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Y la tesis publicada con la clave I.7o.P.11 K, en la página 1200 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2008, Tomo XXVIII, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESTUDIO POR EL JUZGADOR DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE LA MATERIA TIENE UN ORDEN PREFERENTE EN CASO DE CONCURRENCIA. Del artículo 74 de la Ley de Amparo se advierte la exigencia a los órganos jurisdiccionales de realizar el análisis de las causas de sobreseimiento previo a la sustanciación del juicio; sin embargo, éstas deben estudiarse en un orden preferente si fuesen concurrentes, en atención a la naturaleza de su fundamento, esto es, primero debe analizarse el supuesto previsto en la fracción II, relativo a la muerte del quejoso durante el juicio, si la garantía reclamada sólo afecta derechos estrictamente personales del agraviado, es decir, inseparables de su persona, como la libertad o la vida, pues sin duda la extinción del juicio de amparo se actualiza al quedar sin parte agraviada y sin garantía que tutelar y, por el contrario, no provocan el sobreseimiento en el juicio los actos que lesionan derechos o intereses jurídicos, generalmente de carácter patrimonial o económico, que no sean inseparables de la persona del agraviado. En segundo lugar debe verificarse la hipótesis prevista en la fracción IV que previene la inexistencia de los actos reclamados, ya que el amparo únicamente puede sustanciarse contra los existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. En tercer lugar resulta preferente el análisis de la fracción I, consistente en que el agraviado desista expresamente de la demanda, en atención al principio básico de que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y atender a su intención de no preservar su propósito de concluir el procedimiento de garantías, esto es, la facultad irrestricta que tiene el agraviado para desistir de su demanda de garantías armoniza perfectamente con el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada que rige el ejercicio de la acción de amparo. En cuarto lugar deben verificarse los supuestos previstos en la fracción V que regulan la caducidad de la instancia por inactividad procesal y, finalmente, atender a la fracción III, relativa a las causales de improcedencia previstas en el artículo 73 de la Ley de Amparo." Al respecto, debe decirse que después de haber revisado las constancias, este juzgador no advierte que se actualice causa de improcedencia o sobreseimiento alguna, en el presente juicio de amparo. SEXTO. Estudio de fondo del asunto. Al no existir causa de improcedencia advertida de oficio, ni alegada por las partes, se procede al estudio de fondo del asunto. Establecido lo anterior, tanto las consideraciones que sustentan el acto reclamado, como los argumentos vertidos a manera de conceptos de violación por la parte quejosa, se tienen por reproducidos en este apartado como si a la letra se insertaran, pues no existe precepto alguno en la Ley de Amparo que establezca la obligación de transcribirlos. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, publicada en la página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2010, Tomo XXXI, Materia Común, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que precisa: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Así como la diversa jurisprudencia 477 consultable en la página 414 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro y contenido siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." Y la tesis con el número de registro 219558, publicada en la página 406, del Semanario Judicial de la Federación, Abril de 1992, Tomo IX, Octava Época, que advierte: ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, sólo se infiere la exigencia relativa a que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tener o no por demostrada su existencia legal, pero no la tocante a transcribir su contenido traducido en los fundamentos y motivos que los sustentan, sin que exista precepto alguno en la legislación invocada, que obligue al juzgador federal a llevar a cabo tal trascripción, y además, tal omisión en nada agravia al quejoso, si en la sentencia se realizó un examen de los fundamentos y motivos que sustentan los actos reclamados a la luz de los preceptos legales y constitucionales aplicables, y a la de los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de garantías". No obstante lo anterior, en atención al principio de congruencia y exhaustividad que toda sentencia debe reunir, es pertinente señalar en síntesis los conceptos de violación. a) La determinación emitida por el tribunal responsable le causa perjuicio en razón de que su naturaleza es meramente administrativa, de conformidad con los artículos 80, 81 y 82 de la Ley del Servicio Profesional docente, al dar por terminados los efectos del nombramiento de un servidor público. b) La autoridad responsable infringió las formalidades esenciales del procedimiento, al haber practicado la notificación de la determinación reclamada por medio de boletín laboral y no de manera personal, pese a que la promovente señaló domicilio para tales efectos. Ahora, por cuestión de técnica, este juzgado procederá a analizar el motivo de disenso atinente a la competencia asumida por el tribunal responsable y sintetizado en el inciso a), mismo que en esencia se estima infundado por las consideraciones siguientes. En ese sentido, a fin de precisar si la determinación atribuida al tribunal responsable es correcta, se estima necesario determinar si la competencia en el planteamiento de la litis constituye un acto meramente administrativo o de naturaleza laboral. Para ello, es dable señalar que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, fundó su determinación en lo establecido en el artículo 226 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México, precepto legal que literalmente dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 226. El procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de demanda ante la Oficialía de Partes del Tribunal o la Sala que lo turnará a la Sala oral correspondiente el mismo día antes de que concluyan las labores. A la demanda se acompañarán las pruebas de que disponga el actor y los documentos que acrediten la personalidad del representante, en caso de que aquel no pudiera concurrir personalmente." Asimismo, es dable traer a la luz el contenido de los preceptos legales invocados por la Quinta Sala Regional del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, para sustentar su determinación en la que remitió los autos del expediente 301/2016 con la finalidad de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, conociera del asunto por estimar que el mismo es de su competencia. En efecto, los artículos 1º y 202 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que establecen: Artículo 1. Las disposiciones de este Código son de orden público e interés general y tienen por objeto regular el acto y el procedimiento administrativo ante las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, los municipios y los organismos descentralizados de carácter estatal y municipal con funciones de autoridad, así como el proceso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. Salvo disposición expresa en contrario, el presente ordenamiento no es aplicable a los integrantes de la Legislatura del Estado de México, a la Universidad Autónoma del Estado de México, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de México, a los consejos tutelares de menores, a las materias laboral y electoral, ni a los conflictos suscitados entre los integrantes de los ayuntamientos, y por la elección de las autoridades auxiliares municipales. Para efectos de este Código, se entiende por: I. Acto administrativo, la declaración unilateral de voluntad, externa y de carácter individual, emanada de las autoridades de las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos descentralizados de carácter estatal y municipal, que tiene por objeto crear, transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica concreta; II. Procedimiento administrativo, la serie de trámites que realizan las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública estatal o municipal, con la finalidad de producir y, en su caso, ejecutar un acto administrativo." Artículo 202. El Tribunal tiene por objeto dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública del Estado, municipios y organismos auxiliares con funciones de autoridad y los particulares." El primer precepto evidencia que las disposiciones que emanen de dicha codificación, tienen por objeto regular el procedimiento administrativo ante las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, los municipios y los organismos descentralizados de carácter estatal y municipal con funciones de autoridad, así como el proceso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, y establece las excepciones en las que no serán aplicables, entre las que se ubica la materia laboral. El segundo de ellos, establece la facultad del Tribunal de lo Contencioso Administrativo conocer y resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal suscitados entre la Administración Pública del Estado, municipios y organismos auxiliares con funciones de autoridad y los particulares. De igual forma, los artículos 2, 74 y 83 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, prevén: Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto: I. Regular el Servicio Profesional Docente en la Educación Básica y Media Superior; II. Establecer los perfiles, parámetros e indicadores del Servicio Profesional Docente; III. Regular los derechos y obligaciones derivados del Servicio Profesional Docente, y IV. Asegurar la transparencia y rendición de cuentas en el Servicio Profesional Docente. (.)" Artículo 74. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 69 de la presente Ley, dará lugar a la terminación de los efectos del Nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o para el Organismo Descentralizado, y sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas. Lo anterior, sin perjuicio del derecho del interesado de impugnar la resolución respectiva ante las instancias jurisdiccionales que correspondan." Artículo 83. Las relaciones de trabajo del personal a que se refiere esta Ley con las Autoridades Educativas y Organismos Descentralizados se regirán por la legislación laboral aplicable, salvo por lo dispuesto en esta Ley. El personal que sea separado de su encargo con motivo de la aplicación de esta Ley podrá impugnar la resolución respectiva ante los órganos jurisdiccionales competentes en materia laboral." Del primer precepto se desprenden los objetivos de esa legislación, los que, concretamente, buscan regular y administrar la impartición de la educación básica y media superior en el territorio nacional. El segundo artículo establece la terminación del nombramiento como consecuencia del incumplimiento de lo establecido por el artículo 69 de dicha legislación. Finalmente, en la tercera disposición se prevé que las relaciones de trabajo entre los organismos en materia educativa y el personal sujeto al ámbito de aplicación del ordenamiento, se regirán por la legislación laboral correspondiente, excepto en los casos previstos en la propia ley. Adicionalmente, establece que la separación del personal en los términos de esa ley podrá ser impugnada ante los órganos jurisdiccionales en materia laboral, aspecto que establece una base suficiente para concluir que el legislador fijó una regla general en cuanto a la competencia material de los tribunales encargados de conocer de tales controversias. De lo anterior se aprecia que el fin de la Ley General del Servicio Profesional Docente es reglamentar la educación básica y media superior que el Estado está obligado a impartir en su territorio y dado que, para el ejercicio de esa atribución, necesitará contratar los servicios de docentes encargados de cumplir ese propósito, la naturaleza de la relación que entre ellos se genere será materialmente laboral y regida por las normas de esa índole, salvo los casos que en esa legislación se prevén. Asimismo, se concluye que la materia regulada en ese ordenamiento únicamente consiste en la regulación y administración del servicio profesional docente, por lo que las sanciones que en ella se prevén corresponden a faltas en la prestación del servicio educativo, lo que no implica que sean constitutivas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, en tanto que los procedimientos de ese tipo encuentran su fundamento en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Establecido lo anterior, no asiste razón a la quejosa al sostener que la controversia suscitada respecto de la sanción impuesta por el Coordinador Estatal del Servicio Profesional Docente, y que tuvo por objeto separarla definitivamente de su cargo como maestra adscrita al Sistema Educativo en la Subdirección Regional de Educación Texcoco, Estado de México, es de carácter administrativo de conformidad con los artículos 80, 81 y 82 de la Ley del Servicio Profesional Docente, al dar por terminados los efectos del nombramiento de un servidor público, pues el hecho de que su estabilidad en el empleo esté regulada a partir de lo previsto en el artículo 3º constitucional, no significa una restricción a sus prerrogativas laborales ni que se haya convertido en sujeto de derecho administrativo, sólo se trata de una regulación que se diferencia de los demás por la función específica que desarrolla, como lo es la educación, respecto de la cual el Estado debe de garantizar su calidad e idoneidad con la pertinente evaluación de los docentes para lograr el fin de un mayor aprendizaje de los estudiantes; por ello el legislador los ubicó en lo perceptuado en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero en modo alguno puede considerarse de una naturaleza meramente administrativa. Sin que tampoco se pueda conceder que existe un régimen diferenciado a los trabajadores al servicio de la educación del resto del personal obrero, pues el ubicarlos en un apartado diverso al 123 Constitucional fue ante la necesidad de establecer un servicio profesional docente de calidad, en el cual, las posibilidades de ingreso, promoción y permanencia se sujetaran a diversas evaluaciones en los términos que señalaran las leyes reglamentarias; lo anterior, con el propósito de garantizar la idoneidad de los docentes en aras de lograr el máximo logro de aprendizaje de los educandos, en específico de los niños, cuyo interés superior se encuentra protegido conforme al artículo 4º, párrafo noveno, de la Constitución Federal; por ello encuentra justificación los mecanismos de evaluación que puede asegurarse la calidad en la preparación de los docentes. En ese entendido, debe tenerse presente que los derechos controvertidos en el juicio de amparo que nos ocupa son eminentemente laborales al derivar directamente de las disposiciones contenidas en el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo expuesto, en razón de que la Ley General del Servicio Profesional Docente, es reglamentaria del precepto constitucional referido, en tanto regula los requisitos para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia del trabajador docente en la función magisterial. Además, la citada ley contempla el mínimo vital que debe observarse como parte fundamental de la dignidad humana, pues socialmente, los trabajadores de la educación continúan rigiéndose por los derechos establecidos en el artículo 123, apartado B, Constitucional; empero, en atención a la función que desempeñan -docencia, supervisión o dirección-, esos derechos se complementan con el artículo 3º constitucional, que regula la obligación del Estado a garantizar una educación de calidad, en favor del bien superior del menor. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 30/2015 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Libro 22, Tomo I, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Materia Laboral, Septiembre de 2015, Décima Época, con número de registro 2009987, que establece: PERSONAL DOCENTE AL SERVICIO DEL ESTADO. SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN TANTO POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU LEY REGLAMENTARIA, COMO POR EL DIVERSO 3o., FRACCIONES II Y III, CONSTITUCIONAL. Previo a la reforma al artículo 3o., fracciones II y III, de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, las relaciones laborales del personal docente al servicio del Estado se regulaban por el apartado B del artículo 123 constitucional. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de dicha reforma, se introdujeron algunas modalidades relacionadas con el trabajo que prestan los docentes; por tanto, si la reforma incorporó cambios al texto constitucional en materia de relaciones laborales del aludido personal, se concluye que, a partir de su entrada en vigor, esas relaciones también se rigen por el artículo 3o. reformado". Así como el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2210, del Libro 22, Tomo III, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Materia Administrativa y Laboral, Septiembre de 2015, Décima Época, con número de registro 2009907, que establece: SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LA SEPARACIÓN DEL PERSONAL QUE INCURRA EN LA CONDUCTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY GENERAL RESPECTIVA, ES UN ACTO DE ÍNDOLE LABORAL Y, POR CONSIGUIENTE, EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA CARECE DE COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS JUICIOS PROMOVIDOS EN SU CONTRA. La Ley General del Servicio Profesional Docente, conforme a su artículo 1, primer párrafo, es reglamentaria del diverso 3o., fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se trata de una legislación relativa a la educación que el Estado está obligado a impartir y, en concreto, determina los lineamientos de la regulación del servicio profesional docente. En ese sentido, si bien se trata de una norma de naturaleza administrativa, en tanto que versa sobre las funciones que corresponde ejecutar a la administración pública federal y, además, le es aplicable supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ello no determina la vía para la impugnación de la resolución de separación de un empleado por no asistir a sus labores por más de tres fechas en un periodo de treinta días naturales, en términos del artículo 76 citado, ya que ese ordenamiento procesal sólo complementa las reglas procedimentales de la primera, mientras que para definir la sustancia de la decisión es necesario atender al artículo 83 de la ley general mencionada, el cual indica que, salvo casos de excepción previstos en ella, las relaciones de trabajo entre los organismos en materia educativa y el personal sujeto al ámbito de aplicación del ordenamiento se regirán por la legislación laboral; asimismo, establece que la separación del personal en los términos de esa ley podrá ser impugnada ante los órganos jurisdiccionales en materia de trabajo; base suficiente para estimar que el legislador fijó una regla general en cuanto a la competencia material de los tribunales encargados de conocer de tales controversias. En consecuencia, dado que la impartición de la educación pública requiere la contratación de personas encargadas de esa función, lo que produce relaciones de índole laboral, y se regularon sanciones cuya imposición no encuentra sustento en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, queda de manifiesto que, tratándose de actos como el descrito, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa carece de competencia para conocer de su impugnación." Y por razón de contendido, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página, 3572 del Libro 24, Tomo IV, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Materia Constitucional, Noviembre de 2015, Décima Época, con número de registro 2010571, de rubro y texto siguientes: PERSONAL CON FUNCIÓN DOCENTE, DE DIRECCIÓN O DE SUPERVISIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO DE VERACRUZ. EL HECHO DE QUE EL ORIGEN DE SU RELACIÓN LABORAL CON EL ESTADO NO DERIVE DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO DEBE ENTENDERSE COMO UNA RESTRICCIÓN A SUS DERECHOS LABORALES, NI TAMPOCO QUE LOS CONVIERTA EN SUJETOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 295/2014, al examinar la constitucionalidad de las disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente, estableció que a partir de la reforma al artículo 3o., fracciones II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, se introdujeron algunas modalidades relacionadas con el trabajo que prestan los docentes al servicio del Estado, como la obligación de someterse a evaluaciones para determinar su ingreso, promoción y reconocimiento, modificando su regulación tradicional contenida en el apartado B del artículo 123 constitucional; situación que deriva de la función específica que desarrollan, como lo es la educación, respecto de la cual el Estado debe garantizar su calidad e idoneidad con la pertinente evaluación de los docentes para lograr el fin de un mayor aprendizaje de los estudiantes. Estas razones son aplicables en el estudio de la regularidad constitucional de la Ley Número 247 de Educación del Estado de Veracruz, vigente a partir del 12 de marzo de 2014; por tanto, el hecho de que la regulación de las relaciones laborales del personal con función docente, de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior de dicha entidad federativa, no tenga su origen en el referido artículo 123 no debe entenderse como una restricción de los derechos laborales de los docentes, ni tampoco que ello los convierta en sujetos de derecho administrativo, atento a que su estabilidad en el empleo ahora deriva del citado artículo 3o., dada la diferencia de la función pública que desempeñan. Luego, al quedar evidenciado que la Ley General del Servicio Profesional Docente, constituye la ley reglamentaria del artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, situación que deriva de la función específica que desarrollan los docentes, como lo es la educación, respecto de la cual el Estado debe garantizar su calidad e idoneidad con la pertinente evaluación de los docentes para lograr el fin de un mayor aprendizaje de los estudiantes, se concluye que la facultad para dirimir los procedimientos derivados de la aplicación de dicha legislación, compete a los tribunales en materia laboral, de ahí lo infundado del concepto de violación en estudio; por tanto, se estima correcto el actuar del tribunal responsable al avocarse al conocimiento del asunto. Sin que pase inadvertido para este juzgado el criterio jurisprudencial que cita la parte quejosa, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO DE AUDIENCIA. Los artículos citados, al establecer los supuestos de cesación o readscripción de los docentes que hayan obtenido por tercera vez un resultado desfavorable en la evaluación, no vulneran su derecho de audiencia, toda vez que de la lectura integral de la Ley General del Servicio Profesional Docente se advierte que si algún docente estima que no se le aplicó correctamente el proceso de evaluación tiene a su alcance el recurso de revisión previsto en los artículos 80, 81 y 82 de la propia ley, o bien, el juicio en sede contenciosa administrativa, en el entendido de que si lo que impugna es la separación del servicio, ésta sólo será reclamable a través del juicio ante las autoridades jurisdiccionales en materia laboral. Criterio que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, resulta de carácter obligatorio para este órgano jurisdiccional, mismo que a juicio de la parte quejosa es aplicable al presente asunto; sin embargo, si bien de su contenido se aprecia que si algún docente estima que no se le aplicó correctamente el proceso de evaluación tiene a su alcance el recurso de revisión previsto en los artículos 80, 81 y 82 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, o bien el juicio en sede contenciosa administrativa; lo cierto es que tal supuesto prevé una excepción al precisar que si lo que se impugna es la separación del servicio, circunstancia que constituye el motivo que originó la litis planteada en este asunto, ésta sólo será reclamable a través del juicio ante las autoridades jurisdiccionales en materia laboral; por tanto, este juzgado sostiene el sentido adoptado en el presente fallo. Por otro lado, en relación con el diverso concepto de violación sintetizado en el inciso b), en el cual la parte quejosa aduce que la autoridad responsable infringió las formalidades esenciales del procedimiento, al haber practicado la notificación de la determinación reclamada por medio de boletín laboral y no de manera personal, pese a que la promovente señaló domicilio para tales efectos. Tal motivo de disenso deviene inoperante, en razón de que éste ataca consideraciones ajenas a la litis constitucional, pues el acto reclamado en el presente asunto se concreta a la determinación de seis de septiembre de dos mil dieciséis, emitida en el expediente laboral 1173/2016 del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en la cual se avocó al conocimiento del asunto remitido por la Quinta Sala Regional del Tribunal de los Contencioso Administrativo del Estado de México, por estimar carecer de competencia para conocer del mismo, planteamiento totalmente diverso al que la parte quejosa pretende combatir en el concepto de violación en estudio. Al respecto, resulta aplicable el criterio jurisprudencial sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 655 del Tomo XXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Junio de 2005, Novena Época, con número de registro 178228, que establece: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SON AQUELLOS QUE ATACAN CONSIDERACIONES AJENAS A LA LITIS CONSTITUCIONAL. De la correcta interpretación sistemática de los artículos 76 bis, 77, 78, 158, 163 y 190 de la Ley de Amparo, en relación con el principio procesal de congruencia que debe observarse en toda resolución jurisdiccional, se advierte que la litis constitucional en el juicio de amparo directo se integra, por regla general, con la demanda de garantías y el informe justificado que rinda la autoridad responsable; por tanto, para que en la ejecutoria que emita el Tribunal Colegiado se observe tal principio, deberá acotar su decisión a lo que constituya la materia de la litis en el juicio uniinstancial, esto es, deberá existir identidad jurídica entre lo resuelto por el tribunal y lo que es materia de la controversia en el juicio de amparo, entendida ésta como las cuestiones de hecho y de derecho que se deben ponderar para decidir si el acto reclamado resulta o no violatorio de garantías constitucionales; en esa virtud, si el juicio de garantías se admite respecto de una sentencia definitiva pronunciada en segunda instancia y el quejoso en la demanda de amparo formula conceptos de violación dirigidos a combatir el fallo de primer grado, procede calificarlos de inoperantes por no cuestionar las consideraciones que invoque el tribunal ad quem para emitir aquélla, pues de no interpretarse así, se llegaría al absurdo de que el órgano jurisdiccional federal se pronunciara sobre cuestiones que no formen parte de la contienda constitucional, lo que indefectiblemente traería como consecuencia que se pronuncie una sentencia violatoria del citado principio". Así como el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, visible en la página 1062 del Tomo XXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Marzo de 2005, Novena Época, con número de registro 179133, que establece: AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE ATACAN CUESTIONES QUE NO FORMARON PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL. Son inoperantes los agravios expresados contra cualquier tema que se aleje de la litis constitucional planteada, no obstante que se enderecen contra algún pronunciamiento del Juez de amparo, que indebidamente haya emitido referente a un aspecto que no tenga relación directa con el acto reclamado y, por ende, con lo que constituye la materia de análisis constitucional; lo anterior es así, dado que no es jurídicamente posible abordar el estudio de aspectos que no tienen relación directa con el acto combatido, ya que sostener lo contrario, sería tanto como aceptar que a través del juicio de amparo es posible variar el actos reclamado, al introducir para su estudio el análisis de aspectos novedosos, respecto de los cuales no se ocupó la autoridad responsable al emitir el acto que se le reclama". Por tanto, al resultar por una parte infundado y por otra inoperante los conceptos de violación esgrimidos por la promovente de la instancia constitucional, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a Itzheny Moreno Galicia, respecto del acto que hace consistir en la determinación de seis de septiembre de dos mil dieciséis, emitida en el expediente laboral 1173/2016 del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en la cual se avocó al conocimiento del asunto remitido por la Quinta Sala Regional del Tribunal de los Contencioso Administrativo del Estado de México, por estimar carecer de competencia para conocer del mismo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Itzheny Moreno Galicia, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; hoy veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, fecha en que las labores del juzgado lo permitieron, ante el Secretario Marco Antonio Maya García, que da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    IV. Toluca, Estado de México; diez de noviembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles Federales, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, agréguese el oficio de cuenta, a través del cual la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en cumplimiento a la solicitado mediante interlocutoria de tres de noviembre del año en curso, emitida en la presente incidencia, remite copia certificada del acuerdo dictado por ese tribunal de ocho de los cursantes, correspondiente al juicio laboral 1173/2016, misma con lo que acredita su dicho; circunstancia de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria José Antonio Ruiz Rosales que autoriza, firma y da fe.

  4. Incidental

    Toluca, Estado de México; tres de noviembre de dos mil dieciséis.Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, agréguese el oficio de cuenta a través del cual la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, atendiendo el auto de veinticuatro de octubre pasado (foja 613), remite copia certificada de todo lo actuado en el expediente agrario 587/97 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve; por tanto, se toma conocimiento de su contenido, para los efectos legales conducentes.Para evitar el deterioro de las constancias enviadas, fórmese anexo por separado previa caratula de identificación. Notifíquese.Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

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