Itzen Gabriela Pérez Valencia y Otros.

Expediente 2584/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2584/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
20/02/2023

Partes del expediente

  • Itzen Gabriela Pérez Valencia y Otros.
  • Itzen Gabriela Pérez Valencia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    De la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación contra el acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia el asunto que nos ocupa, dictado en nueve de enero de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido. Destino expediente principal. Con fundamento en el inciso b del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Se dice lo anterior con motivo de que se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, dando por terminado el juicio anticipadamente; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído es susceptible de destrucción. Destino cuadernos incidentales. En cuanto al original del incidente de suspensión es depurable una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído, dado que encuadra en el supuesto del arábigo 18, fracción I, inciso a, del Acuerdo General citado en párrafos previos, toda vez la suspensión definitiva se concedió a la parte quejosa; y, el duplicado es destruible una vez que transcurran seis meses de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a, del precitado acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  2. Incidental

    Notifíquese personalmente. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE TRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS, Se notifica por medio de lista de acuerdo que se publica en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación, y se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, a la tercero interesada Carla Susana Rodríguez López, la presente resolución de NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES, por la cual se acordó lo siguiente PRIMERO. Competencia Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 60, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado; debido a que se reclama un acto emitido dentro de un procedimiento del orden civil, el cual tiene ejecución dentro del ámbito territorial en el cual este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que lo es: * La determinación de treinta de marzo de dos mil veintiuno, emitida en el juicio civil ********************, del índice del juzgado responsable, que confirma el auto de quince de febrero de dicha anualidad, en donde negó las convivencias entre el quejoso y su hijo menor de edad, con motivo de las condiciones de salud en que se encontraba el país con motivo del virus SARS-CoV2 (COVID-19). TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez Segundo de lo Civil del Trigésimo Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco; al rendir su informe justificado, aceptó el acto que se le reclama; de ahí, que constituye una confesión, de acuerdo con lo señalado en el precepto 200 del Código Civil Federal, aplicado supletoriamente de la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2o. Ello, se corrobora con la copia certificada del expediente de origen, al que se otorga el carácter de documento público de conformidad con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, entendiéndose por éstos, aquéllos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a funcionarios investidos de fe pública, expedidos en el ejercicio de sus funciones. La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular en los documentos por los sellos, firmas y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes; en esa virtud, se les confiere eficacia demostrativa plena en atención a lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del citado código. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio. Previo al examen de los conceptos de violación, en estricto acatamiento a lo ordenado por el artículo 62 de la Ley de Amparo, deben analizarse las causales de improcedencia vertidas por las partes o que ésta autoridad advierta de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso, no se advierte la causal de improcedencia alguna que hayan hecho valer las partes o que el suscrito advierta de oficio. No obstante lo anterior, conviene precisar que de las constancias que integran el juicio de origen, se advierte que el treinta de abril de dos mil veintiuno, el juzgado responsable dio vista a la parte demandada, aquí quejosa, con el recurso de apelación que presentara el abogado patrono de la parte actora, aquí tercera interesada en contra del auto de treinta de marzo de dicha anualidad. Sin embargo, debe de indicarse que el auto recurrido, aquí reclamado, es un auto complejo en el que establecieron diversos temas como; la fecha para llevar a cabo la audiencia conciliatoria, la admisión del incidente de rendición de cuentas y la resolución del recurso de revocación interpuesto en contra del auto de quince de febrero de dos mil veintiuno; en ese sentido, del análisis del recurso de apelación realizado, se advierte que únicamente se inconformó por lo que respecta al incidente de rendición de cuentas y no así en lo atinente al recurso de revocación aquí reclamado. Máxime que dicha determinación se torna definitiva, con fundamento en el párrafo segundo, del artículo 428 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco; toda vez esta fue emitida a fin de resolver el recurso de revocación promovido en contra de la diversa de quince de febrero de dos mil veintiuno. En ese sentido, precisado lo anterior, no se advierte la aparición de alguna causa de improcedencia que pueda estudiarse de oficio, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo; de ahí, que no se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción V del artículo 63 del ordenamiento legal en cita; en consecuencia, existe la posibilidad para analizar la inconstitucionalidad planteada por la parte quejosa en su demanda de amparo. QUINTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. I. Fijación de la litis. La litis en el presente juicio de amparo se centra, en determinar si fue correcta o no la determinación de treinta de marzo de dos mil veintiuno, emitida en el juicio civil ********************, del índice del juzgado responsable; que confirma el auto de quince de febrero de dicha anualidad, en donde negó las convivencias entre el quejoso y su menor hijo, con motivo de las condiciones de salud en que se encontraba el país con motivo del virus SARS-CoV2 (COVID-19). II. Conceptos de violación. La parte quejosa alude que se violaron en su perjuicio sus derechos humanos consagrados en los preceptos 1o, 4o, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta innecesario realizar la transcripción de los conceptos de violación, pues el artículo 74 de la Ley de Amparo, no prevé que ello sea un requisito para resolver el asunto, máxime que la demanda de amparo y las constancias certificadas relativas al juicio de origen, forman parte integrante del presente expediente; por lo que su reproducción e inserción resulta una duplicidad de las actuaciones y con ello no se violan los principios de exhaustividad y congruencia que deben acatarse en el dictado de las sentencias. III. Suplencia a favor del menor quejoso. El estudio del presente caso se realizará atendiendo al interés superior de la menor identificada con las iniciales ********************, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que están en controversia o el carácter de quien promueve el juicio de amparo, atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección de su interés superior. Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, emitida por la Primera Sala, de rubro y contenido siguiente: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." IV. Antecedentes de los actos reclamados. Para mejor comprensión del asunto, es menester realizar una breve relación de algunos antecedentes de los actos reclamados, los cuales se desprenden de las copias certificadas del juicio de origen, allegadas por el juzgado responsable en apoyo a su informe de ley, en los siguientes términos: 1. ********************, mediante escrito, presentó ante la oficialía de parte del juzgado responsable, escrito de demanda, en la que solicitó la disolución del vínculo matrimonial que la une con el demandado, aquí quejoso, ********************; el otorgamiento de una pensión alimenticia provisional y definitiva, para ella y el menor de edad quejoso; la guarda y custodia provisional y definitiva del menor; y, el pago de gastos y costas generados. 2. El veinte de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda en la vía civil ordinaria, por lo cual se ordenó emplazar a la parte demandada, aquí quejosa; se decretaron los alimentos provisionales solicitados, así como la guarda y custodia del menor de edad afecto a favor de la parte actora; y se previno a la parte promovente respecto de la medida de cese de cohabitación solicitada. 3. El quince de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo al demandado, dando contestación a la demanda; asimismo respecto de las convivencias provisionales con su hijo menor de edad solicitadas, no se acordaron favorablemente. 4. El treinta de marzo de dos mil veintiuno, se resolvió el recurso de revocación que interpusiera el demandado, en contra del precitado auto de quince de febrero, determinación en la que se confirmó el auto recurrido, entre otras determinaciones adoptadas. Determinación que constituye el acto que en esta vía se reclama. V. Decisión sobre la litis constitucional respecto de la resolución interlocutoria reclamada. Suplida en su deficiencia de los conceptos de violación conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 79 de la Ley de Amparo, en virtud de que se atenderá al interés superior de la menor identificada con las iniciales ******************** Ahora bien, el interés superior del menor, contemplado primordialmente en el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, es un principio y criterio rector tanto para la creación de normas como para su aplicación, a fin de garantizar y proteger el desarrollo de los niños y niñas y el ejercicio pleno de sus derechos, siendo la cúspide de todo el sistema de protección de menores. De ahí que dicho principio ha de guiar cualquier decisión que se tome relacionada con los menores de edad, erigiéndose como un instrumento orientador que implica llevar a cabo una interpretación sistemática que tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos, previstos en la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes de protección de la niñez, a fin de resolver lo conducente en toda controversia que trascienda, directa o indirectamente, la esfera de derechos del infante, buscando siempre una solución estable, justa y equitativa para éste, ante la frecuente concurrencia de varios intereses que, derivado de las circunstancias de cada caso en particular, entran en conflicto. En tal sentido, el interés superior del menor constituye el punto de referencia para emprender el estudio del acto reclamado, como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 1a./J. 25/2012 (9a.), de rubro y texto siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: 'la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño." Bajo ese esquema, el estudio relativo al acto reclamado parte de los motivos de disenso formulados por la quejosa, sin perjuicio de conjugar su análisis bajo la óptica del interés superior del menor, a fin de determinar lo relativo a su constitucionalidad o no. En el caso, en esta instancia constitucional se reclama la determinación de treinta de marzo de dos mil veintiuno, emitida en el juicio civil ********************, del índice del juzgado responsable, que confirma el auto de quince de febrero de dicha anualidad; determinación en la que en síntesis indicó que: Resulta infundado el recurso de revocación al ser insuficientes los argumentos realizados tendientes a demostrar su ilegalidad, toda vez que subsisten las condiciones de salubridad en que se encontraba el país con motivo del virus SARS-CoV2 (COVID-19); lo que impide la adopción de un régimen de convivencias que no ponga en riesgo la vida e integridad de su menor hijo; ya que el solo hecho de sustraerlo de su domicilio, trasladarlo e incorporarlo a uno nuevo, lo hace más propenso a contraer el virus, lo que conlleva a poner en riesgo su salud. El derecho a la protección a la salud y a la vida, así como el derecho a la convivencias con el padre no custodio que tienen el menor, resultan fundamentales para su bienestar, los cuales deben de ser protegidos y garantizados; sin embargo, ante un contexto excepción con motivo de la pandemia resulta de mayor importancia los dos primeros, frente al segundo -convivencias presenciales-; esto a fin de protegerlo y evitar ponerlo en riesgo de contraer el virus, dado que cuenta con un año y siete meses de edad. Es un hecho notorio que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró a la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) como una emergencia de salud pública de interés internacional, emitiendo una serie de recomendaciones para su control, entre las que prevaleció el resguardo domiciliario. Sustentando su determinación en la tesis XVII.1o.C.T.36 C (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, de rubro: "RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS DEL MENOR CON UNO DE SUS PROGENITORES, FRENTE A LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19). ATENTO AL INTERÉS SUPERIOR DEL INFANTE, CORRESPONDE PRIVILEGIAR SU DERECHO A LA VIDA Y A LA SALUD, SOBRE EL DERECHO A LA CONVIVENCIA CON AQUÉLLOS, POR ENDE, EL JUEZ DEBE PROVEER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE ESTA ÚLTIMA SE EFECTÚE A DISTANCIA." Por lo que el agravio realizado no le depara agravio alguno, ya que resulta insuficiente dado que omitió realizar razonamiento lógico-jurídico tendiente a controvertir y/o superar los argumentos establecidos en el auto recurrido; máxime, que en ningún momento se demostró su ilegalidad, como es que sea contraria a la ley o a su interpretación, ya sea porque siendo aplicable alguna disposición se hizo, se dejó de hacer o no fue correctamente aplicable; o bien, no se apoyó en los principios generales del derecho cuando no hay ley. Expuesto lo anterior, el criterio en el que la responsable sustentó su determinación fue motivo de una denuncia de contradicción de tesis, registrada con el ordinal 267/2020, del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que determinó en lo que interesa lo siguiente: Cuando el acto reclamado consiste en una determinación judicial que fija provisionalmente un régimen de convivencias presencial y libre entre un menor de edad y el progenitor que no ejerce materialmente su guarda y custodia, el otorgamiento de la suspensión se debe asegurar con más intensidad la protección del derecho a la salud física y la vida de los menores de edad en el contexto de la pandemia, pero sin afectar o disminuir significativamente el ejercicio de su derecho de convivencia con la madre o el padre no custodio, sino favoreciéndolo en la mayor medida posible; por lo que la alternativa de convivencia por medios electrónicos, permitiría proteger ambos derechos, en forma precautoria, a fin de privilegiar que se puedan seguir las medidas de distanciamiento físico, resguardo domiciliario y de sana distancia recomendadas por la Secretaría de Salud. No obstante, dicha modalidad - uso de medios electrónicos- no puede erigirse como un criterio vinculante que indefectible y necesariamente deba ser aplicado en todos los casos, sin posibilidad de distinción y al margen de las circunstancias específicas que prevalezcan respecto del menor involucrado y su realidad familiar, cuando éstas se conozcan con suficiencia en el momento en que se provee, y evidencien que el interés superior del menor de que se trate, puede ser protegido de mejor manera en una forma diferente. Pero en el caso de contar con datos probatorios suficientes que permitan conocer con certeza la situación específica en que vive el menor y las condiciones fácticas en que se desarrollaría la convivencia, los jueces deben realizar libremente su labor jurisdiccional para hacer un examen individual respecto del interés superior del niño, empleando su discrecionalidad y prudente arbitrio, para establecer lo que mejor convenga al menor de edad en el caso concreto, es decir, pudiendo adoptar ya sea el criterio de otorgar la medida con la modulación de la convivencia presencial para que se realice a distancia por medios electrónicos, establecer cualquier otra forma de modalización, o inclusive negar, asegurándose en cualquier caso de fijar las condiciones que garanticen la protección de la salud física de la niña, niño o adolescente. Expuesto lo anterior, se estima que las medidas de protección por las que se negó ordenar un régimen provisional de convivencia, ya no se encuentran justificadas, dado que actualmente el país entero se encuentra en semáforo de riesgo epidémico "verde", el cual implica una movilidad sin restricciones; las operación de actividades económicas y sociales se llevarán a cabo de manera habitual; el modelo educativo funcionará bajo la nueva modalidad de acuerdo a lo establecido por la Secretaría de Educación Pública; y, el uso del cubrebocas es recomendado en espacios públicos cerrados y obligatorio en el transporte público. El semáforo epidémico es un monitorio diario de todas las variables y parámetros que permiten identificar la magnitud del riesgo y se comunicará semanalmente en la conferencia sobre COVID-19, de tal manera que las personas puedan identificar en qué nivel de riesgo epidemiológico se encuentran y se modifiquen las actividades que se puedan realizar. De ahí, que si conformidad con los artículos 573 y 574 del Código Civil del Estado de Jalisco, el régimen de visitas y convivencia constituye un derecho de las personas menores de edad que tiene por objeto regular y organizar el contacto, estancias y comunicaciones entre ellos y sus progenitores o adoptantes, familiares o parientes cuando los padres no convivan entre sí o cuando su convivencia haya cesado; y que este régimen solo puede restringirse o suspenderse cuando sea contrario al interés superior de la niñez. Pues no podemos perder de vista que, la convivencia de los menores de edad con sus padres, permite el sano desarrollo de aquéllos, pues conlleva al conocimiento y trato directo que tienen los infantes con sus ascendentes y demás parientes a fin de lograr su cabal integración al núcleo familiar y obtener identidad plena al grupo social al que pertenecen. Así, en aras de otorgar una protección integral en favor del menor de edad involucrado es que la autoridad responsable deba tomar en consideración su derecho a convivir y mantener relaciones personales y contacto directo con su padre de modo regular, con motivo de la solicitud de convivencias provisionales. Ello es así, si se toma en consideración que la convivencia de los menores de edad con sus padres, contenido en el artículo 4o constitucional, establece el derecho de niños y niñas a mantener relaciones personales y contacto directo con sus progenitores, aun en el caso de que éstos estén separados; a menos que se demuestre que ello constituya un riesgo para la salud e integridad del infante. En consecuencia, con fundamento en el artículo 73 de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y la protección de la justicia federal. SÉPTIMO. Efectos de la sentencia de amparo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a fijar los efectos de la concesión del amparo, para efectos de que el Juez Segundo de lo Civil del Trigésimo Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco: Deje insubsistente la determinación de treinta de marzo de dos mil veintiuno, emitida en el juicio civil ********************. De manera inmediata, emita una nueva determinación en la que con plenitud de jurisdicción, en la que tome en consideración lo aquí expuesto y provea sobre el régimen provisional de convivencias entre el demandado, aquí quejoso y su hijo menor de edad. En el entendido de que dicha autoridad responsable se encuentra en plenitud de jurisdicción de determinar lo que conforme a derecho corresponda, ya que esta resolución no tiene el alcance de obligar a pronunciarse en determinado sentido. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 74, 75, 76 y 77, de la Ley de Amparo, se resuelve: RESUELVE: U´NICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, por derecho propio y en representación de su menor hijo identificado con las iniciales ********************, respecto del acto sintetizado en el considerando segundo, por las determinaciones tomadas en el considerando sexto y para los efectos fijados en el considerando último de esta resolución Notifíquese personalmente

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, a nueve de enero de dos mil veintitrés. Autoridad informa en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Téngase por recibido el comunicado que signa el Jefe de Asuntos Internos de la Comisión Municipal de Honor y Justicia de Seguridad Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada del acuerdo de cuatro de enero de dos mil veintitrés, en que dejó insubsistente el acuerdo con el que se inició el procedimiento especial de separación ********************, toda vez que no se acreditó la notificación del quejoso a su reevaluación, y por ende quedan sin efectos todos los actos subsecuentes como lo son la notificación y emplazamiento en el citado procedimiento. Dese vista y córrase traslado. En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, debiendo correr traslado con el comunicado y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido de que con manifestación o sin ella se proveerá lo conducente. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  4. Incidental

    Zapopan, Jalisco, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en quince de diciembre de dos mil veintidós, se concedió la medida cautelar solicitada por la parte quejosa y se solicitó al Juez Décimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco que rindiera el informe previo; no obstante, en veintidós de noviembre de dos mil veintidós, el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, informo el periodo vacacional que disfrutaran los servidores públicos adscritos a dicha dependencia, mismo que comprenderá del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, lo cual se atendió en el cuaderno de varios 2/2022, lo cual, se tiene como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados en supletoriedad a la Ley de Amparo. En tales condiciones, dado que la autoridad responsable se encuentra adscrita a la citada dependienta, y atendiendo a la fecha en las que solicitó el informe previo, se advierte que la autoridad no está en aptitud de rendir el informe previo contemplado en el artículo 138, fracción III; por tanto, no se está en aptitud de celebrar la audiencia incidental prevista en la fracción II, del citado artículo de la Ley de la materia. Se difiere audiencia incidental. Por tanto, a fin de dar oportunidad a que transcurra el periodo vacacional de la autoridad responsable, se difiere la celebración de la audiencia incidental señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y UN MINUITOS DEL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese.

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