Itzel Yoselyn Hernandez Vera (Representante)

Expediente 54/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
54/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
23/02/2018

Partes del expediente

  • Itzel Yoselyn Hernandez Vera (Representante)

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por medio del cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el conflicto competencial número 2/2018 suscitado entre el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla y esta autoridad. Acúsese de recibo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. Ahora bien, del testimonio remitido por la autoridad oficiante se advierte que se declaró competente para conocer del presente asunto al Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, hágase saber a las partes que en su oportunidad SE PROCEDERÁ A LA DESTRUCCIÓN del expediente en que se actúa, en términos de lo dispuesto en los puntos vigésimo y vigésimo primero del citado acuerdo. De igual forma, en mérito a lo ordenado en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo invocado se ordena realizar la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente. Así mismo, debe decirse que el presente asunto CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, en términos de lo dispuesto por el primer y tercer párrafo del invocado punto décimo primero del acuerdo en comento, por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha deberá transferirse al centro de documentación y análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito; visto su contenido, téngasele informando que remitió los autos del juicio de amparo 1591/2017 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para que lo remita al tribunal competente a fin de que éste dirima el conflicto competencial suscitado entre el oficiante y esta autoridad; de lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Visto el oficio enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, el cual fue recibido de forma electrónica en el Módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la correspondiente firma electrónica; por ende, el mismo tiene valor probatorio en términos de los artículos 3 y 5 del Acuerdo General1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada por el Poder Judicial Federal y al expediente electrónico, así como lo contemplado en el considerando en el considerando séptimo y dispositivo 1, 2, 3, 7, 58 y 107 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de do mil catorce. En tales condiciones, agréguese a los autos el oficio del Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla; visto su contenido, téngasele en primer término acusando recibo del juicio de amparo 1591/2017 del índice de dicho juzgado, el cual se envió al no haber aceptado este juzgado la competencia declinada por la autoridad oficiante; y en segundo término, informa que remitió los citados autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en turno para que éste dirima el conflicto competencial suscitado entre el oficiante y esta autoridad; de lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Agréguese el oficio 2042/2018 de la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, por el cual remite el juicio de amparo principal 1591/2017 del índice de dicho juzgado, promovido por ****, así como los cuadernos incidentales derivados del citado juicio y un sobre amarillo que contiene copia certificada del Acuerdo 62/2017; fórmese el amparo correspondiente, regístrese bajo el número de amparo 54/2018. Ahora bien, del análisis integral de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, entre ellas, la resolución de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, se advierte que la Juez consideró carecer de competencia por razón de la materia para conocer y resolver el citado juicio de amparo indirecto de conformidad al artículo 48 de la ley de Amparo, al sostener que los actos reclamados son de naturaleza penal. Refiriendo, en esencia, que si bien las autoridades a las que se les atribuyó el carácter de responsables son de naturaleza administrativas, en específico, al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México, las funciones de investigación y persecución de los delitos en el ámbito de su fuero y territorio, son algunas de las que al Ministerio Público le tiene encomendadas la ley que rige la actuación orgánica de éste, por lo que se constituye un actuar de naturaleza penal. Así también, que en razón de que los actos de investigación e inmovilización realizados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público -tales como la inclusión en la lista de personas bloqueadas-, se equiparan a los actos de molestia que practica el Ministerio Público en el anterior sistema, y a los realizados por el Juez de Control en el nuevo sistema penal acusatorio, pues se trata de actos emanados de la presunción de la comisión de un delito, y si bien las autoridades responsables son órganos formalmente administrativos, los actos que se puedan ejecutar con base en esa presunción se deben materializar conforme a leyes penales. Además de que, el precepto impugnado, en suma, contempla una facultad que permite a la autoridad hacendaria, suspender a una persona de los beneficios del sistema financiero y del disfrute de los recursos y beneficios de sus cuentas bancarias, siendo la base para ello, la existencia de una investigación o al menos, de indicios o evidencias, que presumen o confirman que una persona ha cometido un delito de los referidos en la fracción I del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; bases sobre las cuales aduce que la norma impugnada fue redactado en un contexto de comisión de ilícitos penales, y en ese caso, el análisis de la norma tiene que apegarse a su propia naturaleza la cual incide en el ámbito penal. Sin embargo, con el respeto debido, no se comparte el criterio sostenido por la juez declinante; por tanto, este órgano de control constitucional NO ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA, ello en término de lo dispuesto en los artículos 48 de la Ley de Amparo y 51 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y por las consideraciones siguientes. Del primer precepto reproducido se desprende que los jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, son competentes para conocer de las demandas de amparo promovidas contra resoluciones del orden penal, actos que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal; contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el ordinal 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño o en los de responsabilidad civil, entre otros. Es decir, contra actos y normas que deriven de la facultad punitiva del Estado denominada ius puniendi. Por su parte, la fracción IV del numeral 52 transcrito refiere que los jueces de Distrito en Materia Administrativa, son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial que no se ubiquen en la fracción II del arábigo 50, y fracción III del diverso 51, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación En el caso, cabe resaltar que el acto reclamado destacado consiste en el acuerdo 62/2017 de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual la Unidad de Inteligencia Financiera incorporó a la quejosa en la lista de personas bloqueadas; por tanto, se debe analizar la naturaleza del acto, esto es, el "bloqueo de cuentas" traducido en la suspensión de forma inmediata de realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe a las Entidades mediante la lista de personas bloqueadas. Ahora, la autoridad responsable Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al rendir su informe aceptó la emisión del acuerdo 62/2017, por el que se designan personas para ser incorporadas a la lista de personas bloqueadas de conformidad con los parámetros que establecen las disposiciones de carácter de general, mismo que se sustenta, entre otros preceptos, en los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, 2, 5, 6, 13 y 14 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 12, fracción X, y 15, fracción XXXI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 70ª y 71ª de las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Preceptos legales que otorgan facultades al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera citada, para establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, a fin de recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con éstos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de recursos para su financiamiento. Para una mejor comprensión se transcriben a continuación: Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. En efecto, de tales preceptos se observa que la Unidad de Inteligencia Financiera cuenta con facultades para proponer y emitir opinión a las demás unidades administrativas de la Secretaría sobre las disposiciones de carácter general que, en términos de la legislación aplicable, deba emitir en relación con el establecimiento de medidas y procedimientos a fin de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como dar a conocer, cuando corresponda a la Secretaría, a quienes realicen las actividades vulnerables a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita. Numerales que indican que la Unidad de Inteligencia Financiera es la facultada para introducir en la lista de personas bloqueadas, aquéllas que cumplan diversos parámetros, como que existan en su contra indicios suficientes de que están relacionados con los ilícitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita; también pondrá a disposición la lista a las entidades y otorgará audiencia al interesado, a efecto que, dentro del plazo de diez días hábiles, a partir que tenga conocimiento de la suspensión, manifieste por escrito lo que a su interés legal convenga, aporte elementos de prueba y formule alegatos. En ese contexto, resulta claro que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público coadyuva en la prevención y combate al lavado de dinero y al terrorismo y su financiamiento, mediante el análisis de operaciones financieras y económicas, así como la regulación y supervisión de instituciones obligadas a reportar operaciones, las que están a cargo de diversas unidades, entre ellas, la Unidad de Inteligencia Financiera, quien, conforme a lo previsto en el arábigo 15 y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, tiene como funciones, entre otras, las de analizar las operaciones financieras y económicas; diseminar a las autoridades competentes reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita o de terrorismo y su financiamiento, así como presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público de la Federación, de ser el caso. Por lo que, contrario a lo afirmado por la juez oficiante se estima que los actos reclamados son de naturaleza administrativa, dado que tienen como finalidad prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita; mismos que no tienen injerencia alguna en la facultad punitiva del Estado sino sólo forman parte de la regulación de un sistema preventivo y protector de la economía nacional y del sistema financiero. Pues como se desprende de autos el acuerdo reclamado se funda en normas de naturaleza administrativa que rigen la recepción, recopilación y análisis de pruebas, constancias, reportes, documentación e informes sobre actos u operaciones que involucren recursos de operaciones de procedencia ilícita y los relacionados con estos, así como la integración de los expedientes respectivos, con la finalidad de denunciar ante el ministerio público la probable comisión de hechos posiblemente constitutivos de delito. Esto es, se trata de actos no vinculados con la actividad persecutoria realizada por el ministerio público, pues como se ha dicho tienen únicamente un carácter preventivo; además, fueron emitidos por una autoridad administrativa diversa del órgano técnico investigador en ejercicio de sus funciones o atribuciones públicas, cuya actuación no fue motivada por denuncia o querella, ni se realizó como parte de alguna indagatoria penal; por lo que, el conocimiento de la demanda de amparo corresponde a un juez de amparo en materia administrativa. De ahí que no se actualice alguna de las hipótesis previstas en el arábigo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que otorgue competencia al suscrito para conocer del presente asunto; pues el actuar de la autoridad responsable no sustituye acciones a las que se confieren expresamente en el artículo 21 Constitucional y distintos ordenamientos al ministerio público para integrar la averiguación previa o carpeta de investigación correspondiente; ni éstos derivan de una indagatoria o fueron dictados por una autoridad judicial de orden penal. Además, los actos reclamados no afectan la libertad personal del justiciable, pues si bien constituyen un acto de molestia, en términos de lo dispuesto en el ordinal 16 constitucional; empero, incide en cuestiones patrimoniales de la parte quejosa. Así tampoco, es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el precepto 22 de Ia Carta Magna; no es una resolución dictada en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, ni deriva de un incidente de responsabilidad civil (cuando Ia acción se funda en Ia comisión de un delito) y no se equiparan a una ley o disposición de observancia general en materia penal. No obsta a la anterior determinación el hecho de que en el resolutivo cuarto del acuerdo reclamado el Titular de la Unidad responsable ordenó instruir al Director General de Procesos Legales de dicha unidad a efecto de que formulara denuncia ante la Procuraduría General de la República, pues hasta este estado procesal no se advierte que el acto reclamado sea motivo de una carpeta de investigación, ni que un agente del ministerio público investigador haya ordenado o ratificado dicho bloqueo o haya sido dictado por una autoridad jurisdiccional en materia penal. Así también, no pasa desapercibido para el suscrito que la juez declinante apoye su determinación en la tesis III.2o.P 115 P (10a.) visible en el Libro 43, Junio de dos mil diecisiete Tomo IV, página 3048, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de rubro: "UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. CUANDO REALIZA ACTOS DE INVESTIGACIÓN EMANADOS DE LA PRESUNCIÓN DE LA COMISIÓN DE UN DELITO, ÉSTOS SON DE NATURALEZA PENAL PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO", en razón de que la misma no resulta obligatoria para este órgano constitucional en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, aunado a que no se comparte el criterio que contiene la misma por los motivos y consideraciones expuestos con anterioridad. Finalmente, respecto a la citación de diversos párrafos referentes a la resolución del amparo en revisión 1214/2016 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que realiza la juez oficiante, quien aquí resuelve no advierte que exista un pronunciamiento respecto de qué Juez de Amparo es competente para conocer de ese tipo de actos, si uno penal o uno administrativo pues el tema en cuestión que allí se decidió fue la constitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Máxime que del proyecto de resolución se desprende que la demanda de amparo fue presentada ante un Juez de Distrito en Materia Administrativa y el recurso de revisión tramitado por un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. En consecuencia, por los motivos y consideraciones expuestas con anterioridad, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo este juzgado NO ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA. En tal virtud, con transcripción de este acuerdo, vía oficio comuníquese lo anterior a la Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que tenga a bien proveer lo que considere procedente, devolviendo a su vez el juicio 1591/2017 de su índice, sus cuadernos incidentales derivados del mismo y un sobre amarillo cerrado, que dio origen al juicio de amparo 54/2018 de este órgano jurisdiccional, previo cuaderno de antecedentes que se forme del mismo y solicitando el acuse de recibo que corresponda. Téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones personales, el que señala en su escrito inicial de demanda y como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que cita en dicho escrito. En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación.

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