Itzel Yanithzy Espinoza Martinez
Expediente 991/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 991/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Itzel Yanithzy Espinoza Martinez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, hayan interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia de fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, dictada por este juzgado federal, en la cual se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de julio de dos mil diecisiete.******************** AUDIENCIA CONSTITUCIONAL********************En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con cuatro minutos del treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional, en audiencia pública Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de María Guadalupe Salazar Martínez, Secretaria con quien legalmente actúa, se inició la audiencia constitucional del juicio de amparo número 991/2017, promovido por ********************, por su propio derecho; sin asistencia de las partes. Acto continuo, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en los presentes autos, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES, SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. Acto continuo, al no existir promociones pendientes por acordar, se declara abierto el periodo probatorio, se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza jurídica las documentales que anexó a su informe justificado el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca; lo anterior con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo en vigor. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Se procede a abrir el periodo de alegatos. La Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita presentó pedimento; con lo anterior de cierra el período de alegatos. Al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de todo lo actuado, se procede a dictar el fallo correspondiente.****************************************V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 991/2017; y,**************************************** R E S U L T A N D O:****************************************PRIMERO. Por escrito presentado el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, recibido el mismo día en este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ********************, por su propio derecho, promovió demanda de amparo contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, que hizo consistir en:********************". la denegación de justicia en que incurre la responsable.********************La omisión de acordar la admisión de la demanda, señalar día y hora para el desahogo de la audiencia de ley y emplazar a los demandados, respetando los plazos y términos establecidos en la ley de la materia, hasta la total conclusión del presente asunto".******************** ********************Actos que estima violatorios en su perjuicio, de las garantías individuales consagradas en los artículos 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.******************** ******************** SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, conocer de la demanda de garantías; por auto de veinte de junio de dos mil diecisiete, se registró la demanda bajo el número 991/2017; se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; en el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes que podrían oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en caso de ofrecer documentales, deberían precisar si contiene información de carácter reservada o confidencial, sin que al efecto hayan realizado manifestación alguna.****************************************Se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y forma parte integrante de esta sentencia; y, **************************************** C O N S I D E R A N D O:****************************************PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en Cuernavaca, Morelos, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 33 y 35 de la Ley de Amparo, relación con los numerales 48 y 55, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los Acuerdos Generales números 3/2013 y 15/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación; además por tratarse de un asunto en materia laboral en el que se reclaman actos de una autoridad que reside dentro del ámbito territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción.********************SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan los actos reclamados en el presente juicio, en cumplimiento además a los criterios establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; los cuales se hacen consistir en:********************"La omisión de la autoridad responsable de acordar lo relativo a la admisión o no de la demanda laboral presentada ante su potestad y emplazar a los demandados dentro de los términos de ley."********************TERCERO. El Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, al rendir su informe justificado, expuso: "ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO pero no en la forma y términos que expresa la parte quejosa, ello en mérito que tal como lo menciona, esta autoridad laboral recepcionó el escrito inicial de demanda que refiere y que es motivo del presente amparo, pero también es cierto su Señoría que se turnó a acordar lo conducente, tal es el caso, que se emitió auto de admisión del escrito inicial de demanda en fecha nueve de junio del dos mil diecisiete, mismo que fue registrado en el libro de gobierno con número de expediente ********************, por lo que no puede ser considerado violatorio de garantías.."; y adjuntó como soporte de su informe justificado, copia certificada de diversas constancias que integran el expediente laboral en cita, entre las que destaca el proveído de nueve de junio de dos mil diecisiete, mediante el cual proveyó lo relativo a la demanda laboral presentada por la ahora quejosa. ********************CUARTO. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, se analizarán las constancias de autos por advertirse la actualización de las causales de improcedencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. ****************************************Al respecto, el suscrito advierte que se actualiza de oficio una causa de improcedencia; sin embargo, no ha lugar a dar vista a la parte quejosa, para que manifieste lo que a su interés legal convenga, en términos de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, pues sólo existe obligación de notificar al quejoso en los juicios de amparo indirecto en revisión o segunda instancia, así como en el recurso de queja que se interponga en contra del desechamiento de la demanda.****************************************Orienta al criterio anterior, la jurisprudencia I.11o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil en el Distrito Federa,, publicada en la página 2660, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, del tenor literal siguiente:****************************************"CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SE ADVIERTAN DE OFICIO, SÓLO EXISTE OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL QUEJOSO EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN REVISIÓN O SEGUNDA INSTANCIA, ASÍ COMO EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA (ALCANCES DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La norma en cuestión prevé que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior", se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga"; los enunciados reproducidos deben interpretarse copulativamente y no en forma disyuntiva, pues de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, tomo II, página mil cuatrocientos treinta y ocho, la palabra "ni", constituye una conjunción copulativa que enlaza vocablos con la característica de ser negativos; entonces, para poder dar vista al quejoso, es necesario que, en principio, se actualicen conjuntamente los supuestos siguientes: a) exista un Juez inferior, quien al resolver previamente el juicio de amparo, no se haya pronunciado sobre la causal de improcedencia que posteriormente se advierta de oficio; y, b) que tal causal no hubiera sido planteada por alguna de las partes. Entonces, para que cobre obligatoriedad la norma, es menester que se actualicen ambos componentes. En ese orden, se puede determinar a qué órganos jurisdiccionales les corresponde aplicar la norma, de acuerdo al tipo de juicio y a la instancia correspondiente, a saber: 1. Juicio de amparo indirecto en primera instancia; en este supuesto no existen órganos inferiores a los Juzgados de Distrito o a los Tribunales Unitarios de Circuito, pues son los únicos en resolver en esa etapa procesal, de acuerdo con los artículos 35 y 36 de la Ley de Amparo y 29, 48 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que al advertir de oficio alguna causal manifiesta e indudable de improcedencia, lo aleguen o no las partes, están facultados para desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. 2. Juicio de amparo indirecto en segunda instancia o en revisión; en este caso sí existen órganos inferiores, ya que los competentes para resolver son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito, quienes son jerárquicamente superiores a los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así, de una interpretación sistemática del segundo párrafo del artículo 64 con relación al numeral 93, fracciones I, II y III, de la invocada ley, se advierte que ambos coinciden con las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, esto es, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, es decir, los Jueces de Distrito y Magistrados Unitarios de Circuito; por tanto, si éstos, ya sea de oficio o a petición de alguna de las partes, acogieron o no una causal de improcedencia y, por tanto, sobreseyeron o no en el juicio de amparo o desecharon la demanda, la parte afectada tendrá oportunidad de impugnar dicha resolución y, sólo en el caso, en principio, de que el órgano revisor advierta una que no fue alegada por las partes ni estudiada por el órgano de amparo inferior, deberá dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, alegue lo que a su derecho convenga. 3. Juicio de amparo directo uniinstancial; en este supuesto no existen órganos inferiores; en efecto, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento, el Tribunal Colegiado de Circuito constituye el único órgano que resuelve en esa instancia, es decir, no existe un órgano jurisdiccional inferior a él que conozca de ese tipo de controversias y que la ley le otorgue la facultad de resolverlos; lo anterior, máxime que las sentencias dictadas por aquéllos, pueden ser impugnadas mediante el recurso de revisión, del que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien constituye un órgano superior y no inferior. 4. Juicio de amparo directo en revisión; en razón de lo expuesto, sí existe el órgano inferior (Tribunal Colegiado de Circuito); sin embargo, se estima que, por regla general, en el caso, no podría actualizarse el supuesto previsto en el artículo 64, segundo párrafo, de la propia ley, toda vez que la procedencia del recurso se limita a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin comprender otras, acorde con el artículo 81, fracción II, último párrafo, del ordenamiento en cita."****************************************De acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, en toda sentencia el órgano jurisdiccional que conozca del mismo debe analizar, en primer lugar, la certeza o inexistencia de los actos reclamados y solo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular.****************************************Lo anterior es así, ya que de no ser ciertos los actos combatidos sería innecesario ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia; es decir, del análisis de alguna causa de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tenga la seguridad de que los actos reclamados son ciertos, y así, estar en posibilidad de analizar causales de improcedencia y de no actualizarse alguna, estudiar el fondo del asunto.****************************************Tiene aplicación a lo expuesto en el párrafo que antecede la jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación con el registro 212775, cuyo rubro y texto establecen: ****************************************"ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento."****************************************Luego, el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado aun cuando refirió es cierto el acto reclamado, lo cierto es que de las propias constancia que adjuntó a su informe se constata la inexistencia de los actos impugnados por la quejosa, puesto que refirió que por auto de nueve de junio de dos mil diecisiete, admitió la demanda laboral, (de lo que se duele la quejosa) y ordenó el emplazamiento de la parte demandada, lo cual ocurrió con posterioridad a la emisión de dicho auto, pero a la fecha, se encuentra cumplimentado (fojas 33 a 41) sin que la parte impetrante haya desvirtuado lo aseverado por la autoridad, por lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo.****************************************Al respecto se invoca la jurisprudencia 284, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, con el registro 1002350, que dice:****************************************"INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo."****************************************En efecto, ******************** reclamó la omisión de la autoridad laboral de dictar auto de admisión o no de la demanda laboral presentada el siete de junio de dos mil diecisiete; omisión que no existe, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que el nueve de junio de dos mil diecisiete, esto es, diez días antes de la presentación de la demanda de garantías ante este juzgado federal (que lo fue el diecinueve de junio de dos mil diecisiete) ya se había pronunciado el auto de admisión de la demanda de cuya omisión se duele la impetrante.********************Igualmente, consta en autos que ya fueron debidamente emplazados los demandados en el juicio laboral de donde deriva el acto reclamado. ********************Conviene señalar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las copias certificadas y remitidas por el tribunal responsable, tienen pleno valor probatorio.****************************************En ese contexto, como se adelantó, no existen los actos omisivos reclamados por la parte quejosa consistentes en la omisión de dictar auto relativo a la admisión o no de la demanda laboral presentada así como de emplazar a los demandados.****************************************Por consiguiente, ante la inexistencia de los actos reclamados y con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo en que se actúa.****************************************En atención al sentido del fallo, no es dable el estudio de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo en relación con el fondo del acto que se analiza.****************************************Como sustento de lo anterior, se cita la jurisprudencia 509 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro 394465, de rubro y texto siguientes:****************************************"SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio."****************************************QUINTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ********************Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se:**************************************** R E S U E L V E:****************************************PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos y autoridad señalados en el resultando primero de la presente resolución, por las razones expuestas en el considerando cuarto de la misma.****************************************SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución, se ordena el envío y captura de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.********************Notifíquese.****************************************Así lo resolvió y firma JORGE CARENZO RIVAS, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María Guadalupe Salazar Martínez, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de julio de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese para que obre como corresponda el INFORME JUSTIFICADO, rendido por el Presidente, Tercer Arbitro, Secretaria General y Actuarios adscritos, todos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos; con su contenido, dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Ténganse como Delegados de la citada autoridad responsable, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que designa, asimismo, se tienen como señalado el domicilio que indica siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitida la documental que anexa a su informe, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de su relación al momento de resolver en definitiva el presente asunto.
- Principal
Se tiene por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa en contra de la resolución dictada en el presente asunto
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