Itzel Paniagua Bortolussi

Expediente 21/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
21/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
29/01/2016

Partes del expediente

  • Itzel Paniagua Bortolussi

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de los autos, se advierte que el término para recurrir el acuerdo de trece de enero de dos mil dieciséis, transcurrió para la promovente del amparo del veintidós al veintiocho de enero, sin contar los días veintitrés y veinticuatro por ser inhábiles, sin que dentro de dicho plazo lo haya hecho; por tanto, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por ... ha causado estado... remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este Juzgado para su resguardo en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo...Por otra parte, requiérase a la quejosa para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a recoger los documentos originales que obran en autos, apercibida que de no comparecer, se enviarán junto con el expediente al Centro de referencia. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS, EN VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO AL PRESENTE JUZGADO DE DISTRITO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. Vista la certificación que antecede y el estado de los autos, se advierte que el término para recurrir el acuerdo de trece de enero de dos mil dieciséis, transcurrió para la promovente del amparo del veintidós al veintiocho de enero, sin contar los días veintitrés y veinticuatro por ser inhábiles, sin que dentro de dicho plazo lo haya hecho; por tanto, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por ... ha causado estado... remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este Juzgado para su resguardo en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo...Por otra parte, requiérase a la quejosa para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a recoger los documentos originales que obran en autos, apercibida que de no comparecer, se enviarán junto con el expediente al Centro de referencia. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    México, Distrito Federal, trece de enero de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por Itzel Paniagua Bortolussi, contra actos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y otras autoridades. Fórmese expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 21/2016. De una lectura integral de la demanda de amparo y de sus anexos se advierten los antecedentes siguientes: 1. Itzel Paniagua Bortolussi manifiesta ser propietaria de dos vehículos (i) la camioneta MDX, marca Acura, con placas H99-ADA; y, (ii) la camioneta Acadia, marca GMC, con placas W49-ADP, ambas matriculadas en el Distrito Federal. 2. Refiere que el quince de diciembre de dos mil quince, tuvo conocimiento de la notificación por correo de las siguientes multas: Folio de la infracción Fecha de la infracción Causa de la infracción 03053041457 3 de septiembre de 2015 Circular a exceso de velocidad 03053041532 5 de septiembre de 2015 Circular a exceso de velocidad 03053209734, 16 de septiembre de 2015 Circular a exceso de velocidad 03053041525 16 de septiembre de 2015 Circular a exceso de velocidad 03053899942 17 de octubre de 2015 Circular a exceso de velocidad 3. Derivado de lo anterior, el treinta de noviembre de dos mil quince, Itzel Paniagua Bortolussi acudió a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal para averiguar si sus automóviles se encontraban relacionados con otras infracciones. En dicha dependencia se le informó la existencia de otras dos infracciones y se le entregó una impresión del Sistema para Consulta de Infracciones al Reglamento del Tránsito. Dichas infracciones son las siguientes: Folio de la infracción Fecha de la infracción Causa de la infracción 03052169176 20 de julio de 2015 Circular a exceso de velocidad 03052585594 10 de agosto de 2015 Circular a exceso de velocidad 4. Derivado de lo anterior, ese mismo día pagó las siete infracciones detalladas y el once de enero de dos mil dieciséis promovió el juicio de amparo que ahora se analiza en el que reclama los actos siguientes: a. Los artículos 1, fracción II; 2, fracciones III, IV, V, VII, XIII; 15, fracción III; y, 29 de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, los cuales se atribuyen a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en su respectivo ámbito de competencias. b. Los artículos 5, fracción V; 39 Bis y 42 del Reglamento de Tránsito Metropolitano, los cuales se atribuyen al Jefe de Gobierno del Distrito Federal. c. Las boletas de las infracciones 03053041457, 03053041532, 03053209734, 03053041525, 03053899942, 03052169176 y 03052585594. Las que se atribuyen a los agentes de la Policía de Tránsito que las suscribieron. Una vez analizada la demanda de amparo en su integridad y sus anexos, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte que se actualizan dos causas de improcedencia que ameritan su desechamiento de plano, tal y como se explica a continuación. I. Consentimiento de actos. En el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se prevé la improcedencia del juicio de amparo contra normas generales o actos consentidos tácitamente, que son aquellos en contra de los cuales no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos legalmente establecidos. Dicho precepto se transcribe a continuación: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". En ese sentido, tenemos que de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para presentar la demanda, por regla general, es de quince días, el cual se computará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto reclamado, o bien, a aquel en que el quejoso se ostente como sabedor de él. Dicha causa de improcedencia se actualiza por lo que hace a las normas generales reclamadas, así como a las boletas de infracción 03053041457, 03053041532, 03053209734, 03053041525 y 03053899942, ya que, bajo protesta de decir verdad, la quejosa manifestó lo siguiente: "5. FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Bajo protesta de decir verdad señalo haber tenido conocimiento de los actos reclamados el pasado 15 de diciembre de 2015, al haber conocido sobre la existencia de las multas impuestas por conducto de las boletas de infracción 03053041457, 03053041532, 03053209734, 03053041525 y 03053899942". Así, tenemos que la quejosa señala que el quince de diciembre de dos mil quince se hizo sabedora de las multas impuestas a través de las boletas de infracción citadas, razón por la cual, es indudable que para el once de enero de dos mil dieciséis -fecha en que presentó su demanda de amparo- ya había transcurrido el plazo de quince días con el que contaba para promover el juicio de amparo. Por tanto, se concluye que las boletas de infracción 03053041457, 03053041532, 03053209734, 03053041525 y 03053899942, constituyen actos consentidos tácitamente, toda vez que el juicio de amparo en su contra no se promovió dentro del plazo de quince días. A la misma conclusión se llega por lo que hace a las normas generales que reclama la quejosa, ya que al no promover el juicio de amparo en contra de su primer acto de aplicación -que son las cinco multas que conoció el quince de diciembre de dos mil quince- también deben considerarse consentidas dichas normas. Efectivamente, del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de amparo se desprende que debe considerarse consentida una norma general cuando no se promueva el juicio de amparo con motivo de su primer acto de aplicación. Lo anterior implica que si se consiente el primer acto de aplicación, también se deben considerar consentidas las normas aplicadas. En conclusión, si la quejosa consintió tácitamente las cinco multas que conoció el quince de diciembre de dos mil quince, también consintió tácitamente los artículos 1, fracción II; 2, fracciones III, IV, V, VII, XIII; 15, fracción III; y, 29 de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, así como 5, fracción V; 39 Bis y 42 del Reglamento de Tránsito Metropolitano, ya que dicho preceptos fueron aplicados en esas infracciones, tal y como se advierte de los anexos exhibidos. Para robustecer la anterior conclusión, es importante recordar que las manifestaciones de la quejosa hacen prueba plena en su contra, de conformidad con los artículos 95, 96 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Finalmente, es preciso destacar que la quejosa no se ubica en ninguna de las excepciones contempladas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado no es una norma general autoaplicativa (fracción I); no se impugna una sentencia condenatoria dictada en un proceso penal (fracción II); no se reclama un acto que tenga o pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad posesión o disfrute de derechos agrarios a núcleos de población ejidal o comunal (fracción III); y, finalmente, no se trata de un acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (fracción IV). Bajo ese orden de ideas, si de la fecha del conocimiento del acto a la presentación de la demanda de amparo, transcurrió el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, es indudable que la quejosa consintió tácitamente las multas impuestas en las boletas de infracción y las normas generales ahí aplicadas, razón por la cual, el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente en contra de dichos actos. II. No se agotó el principio de definitividad. Esta causa de improcedencia se actualiza respecto de las boletas de infracción 03052169176 y 03052585594. En el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se establece lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley". En el artículo transcrito de la Ley de Amparo se establece la improcedencia del juicio de amparo cuando previamente no se hace valer el medio ordinario de defensa que resulta procedente y que tenga por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Así, previamente a la promoción del juicio de amparo se debió promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, el cual constituye un medio ordinario de defensa. Con el fin de demostrar que también se actualiza esa causa de improcedencia, es necesario precisar mencionar que las referidas infracciones se atribuyen a los agentes de tránsito que las suscribieron -cuyos nombres se desconocen-, los cuales dependen de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal. En mérito de lo expuesto, para este Juzgador resulta claro que en contra de dichas infracciones procedía el juicio contencioso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. En efecto, en el artículo 31, fracción I, de la Ley Orgánica de dicho tribunal se establece: "31. Las Salas del Tribunal son competentes para conocer: I. De los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública del Distrito Federal dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales". Así las cosas, si las autoridades señaladas como responsables forman parte de la Administración Pública del Distrito Federal, es indudable que sus actos son impugnables a través del juicio contencioso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, medio de defensa en el que se puede lograr su anulación, modificación o revocación. Debe precisarse que en dicho juicio no se prevén mayores requisitos que los establecidos por la Ley de Amparo para conceder la suspensión, razón por la cual se cumple la condición establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 2ª./J.125/2011, establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE AQUÉL". Aunado a lo anterior, este Juzgador estima que no se surtiría alguna otra excepción al principio de definitividad de las establecidas en el propio artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que con las propias documentales exhibidas por la quejosa se advierte que dichas infracciones, en sí mismas, no carecen de fundamentación, puesto que se aprecia que el motivo de la sanción fue por transitar a exceso de velocidad y al respecto se cita el fundamento de esa conducta, (artículo 5, fracción V, inciso a), del Reglamento de Transito Metropolitano. Asimismo, de la lectura de los dos conceptos de violación hechos valer no se advierte que únicamente se hagan valer violaciones directas a la Constitución, puesto que en el primero se alegan cuestiones de mera legalidad y si bien el segundo se refiere a una trasgresión al artículo 22 constitucional, lo cierto es que con dicho argumento se controvierten las normas que prevén las multas, respecto de las cuales se desechó la demanda. Finalmente, el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal no está previsto en un reglamento, sino en una ley formal y material. De igual manera, este órgano jurisdiccional considera que el hecho de que la quejosa manifieste que no se le han notificado esa multas, no la exime de agotar el medio ordinario de defensa, ya que en un supuesto así, debe atender a lo previsto en el propio artículo 88 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal en el que se establece: "88. Cuando se alegue que el acto administrativo no fue notificado o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de los impugnables en el juicio contencioso administrativo, se estará a las reglas siguientes: I. Si el particular afirma conocer el acto administrativo, la impugnación contra su notificación se hará valer en la demanda, en la que manifestará la fecha en que lo conoció. En caso de que también impugne el acto administrativo, los conceptos de nulidad se expresarán en la demanda, conjuntamente con los que se formulen contra la notificación; II. Si el particular manifiesta que no conoce el acto administrativo que pretende impugnar, así lo expresará en su demanda, señalando la autoridad a quien atribuye el acto, su notificación o ejecución. En este caso, al contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia del acto administrativo y de su notificación, mismos que el actor podrá combatir mediante ampliación de la demanda. El Tribunal estudiará los conceptos de nulidad expresados contra la notificación, previamente al examen de la impugnación del acto administrativo. Si se resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, se considerará que el actor fue sabedor del acto administrativo desde la fecha en que se le dio a conocer en los términos de la fracción II de este artículo, quedando sin efectos todo lo actuado en base a aquélla, y procederá al estudio de la impugnación que, en su caso, se hubiere formulado contra dicho acto. Si se resuelve que la notificación fue legalmente practicada, y como consecuencia de ello la demanda fue presentada extemporáneamente, se sobreseerá el juicio en relación con el acto administrativo combatido". De conformidad con el precepto transcrito, si el particular manifiesta que conoce el acto administrativo -como ocurre en el caso- puede controvertirlo en conjunto con su notificación, pues esta únicamente será útil para determinar la oportunidad del medio de impugnación. Finalmente, no debe pasar inadvertido que la excepción el principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, consistente en que se impugnen normas generales, no cobra aplicación en este asunto, ya que esa excepción parte de la premisa de que se impugnen normas con motivo del primer acto de aplicación; sin embargo, las boletas de infracción 03052169176 y 03052585594, no constituyen el primer acto de aplicación de las normas que también pretendió impugnar la quejosa. Efectivamente, cómo ya se ha precisado, el primer acto de aplicación de los artículos 1, fracción II; 2, fracciones III, IV, V, VII, XIII; 15, fracción III; y, 29 de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal y 5, fracción V; 39 Bis y 42 del Reglamento de Tránsito Metropolitano, se dio en las cinco multas que conoció el quince de diciembre de dos mil quince, -tal y como se advierte de los anexos exhibidos- razón por la cual, las multas que conoció el día treinta siguiente son un acto posterior de aplicación y, en un supuesto así, no opera la excepción al principio de definitividad. A dicha determinación, resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 50/2002, establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR". En mérito de lo hasta aquí expuesto, este juzgador concluye que la demanda de amparo promovida por Itzel Paniagua Bortolussi, debe desecharse de plano, ya que se actualizan de manera notoria y manifiesta las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIV y XX, de la Ley de Amparo, toda vez que (i) consintió tácitamente algunos de los actos reclamados y las normas generales ahí aplicadas, y (ii) porque los demás actos debió impugnarlos a través del medio ordinario de defensa porque no constituyen el primer acto de aplicación de las normas ahí aplicadas. Lo anterior se justifica ya que sin importar lo que se pueda alegar en el juicio o las pruebas que se pudieren aportar, la convicción a la que ha llegado este Juzgador tampoco cambiará. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado. Por autorizado, en términos artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a Mauricio Caso de la Parra y, únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que menciona, por así solicitarlo expresamente y en atención a la certificación de cuenta. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley en cita, desde este momento se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los Actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Con fundamento en el artículo 3°, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 87 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. Se hace del conocimiento a las partes, que en términos de los artículos 8° y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como los numerales 6° y 8° del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, y en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de abril de dos mil catorce, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes o sus representantes, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, siempre y cuando lo informen de manera expresa, en el entendido de que de no realizar manifestación alguna, se tendrá por autorizada su publicación. Notifíquese personalmente a la quejosa, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo. Lo proveyó y firma Juan Pablo Gómez Fierro, Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien actúa asistido de Luis Hernández Plata, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.AHVR*

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ..., contra actos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y otras autoridades. Fórmese expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 21/2016....Una vez analizada la demanda de amparo en su integridad y sus anexos, ... este órgano jurisdiccional advierte que se actualizan dos causas de improcedencia que ameritan su desechamiento.... Notifíquese; personalmente...

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