Itzel Margarita Morales Magaña
Expediente 1056/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1056/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/06/2019
Partes del expediente
- Itzel Margarita Morales Magaña
- Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, tres de junio de dos mil diecinueve. Estado procesal. Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose del contenido de la certificación supraindicada que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja, previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, dentro del plazo establecido por el artículo 98 de la citada ley, en contra del auto de catorce de mayo de dos mil diecinueve, emitido en el presente juicio de amparo, en el cual se desechó la demanda de amparo; con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo quinto del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma José Israel Hernández Tirado, Juez Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, asistido de Gilberto Velasco Vidrio, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Visto el oficio signado por el Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante el cual, exhibe copia certificada de diversas actuaciones llevadas a cabo dentro del juicio de origen; por tanto, de conformidad con el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad informante en vías de cumplimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Tribunal de arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para que dentro del término de siete días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, acredite haber girado los oficios ordenados en auto de diez de abril del presente año; así mismo informe las acciones que se encuentra realizando a fin de dar total cumplimiento al fallo protector, esto es, alcanzar el eficaz e inmediato cumplimiento del laudo. En esa medida, como lo ordena la Superioridad el Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el Estado de Jalisco, en términos de lo dispuesto en los artículos 140 a 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, mientras persista la actitud contumaz de la parte demandada de dar cumplimiento al laudo, debe requerir a la parte demandada y apercibirlo con la imposición de multas de diez a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, hacerlas efectivas e incluso ordenar la suspensión del cargo por quince días del Titular (el cual deberá de impulsar ante el Congreso del Estado de Jalisco), y requerir el auxilio de las demás autoridades que con motivo de las facultades que les otorgan las leyes, puedan cumplir el laudo. Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento Tapalpa, Jalisco, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, acredite haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, esto es, haber dado cumplimiento al laudo dictado en el procedimiento de origen xxxxxxxxxx, así como su respectiva planilla de liquidación dictada el veintidós de octubre de dos mil quince, debidamente actualizada hasta el momento del pago, remitiendo constancia fehaciente de ello. Así las cosas, de no haberlo hecho, el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, en el Estado de Jalisco y su superior jerárquico el Ayuntamiento de Zapopan en el Estado de Jalisco, en términos de lo previsto en los artículos 47, fracción XI y 80 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, debe ordenar expresamente a la oficina encargada de la Hacienda Municipal el pago de la cantidad líquida a que ascienden las condenas impuestas en el laudo al que no se ha dado cumplimiento. Más porque es la autoridad obligada a vigilar que el destino y monto de los caudales municipales se ajusten a los presupuestos de egresos y de la correcta recaudación, custodia y administración de los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y demás ingresos propios del Municipio. Sin que sea obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que no haya sido señalado como autoridad responsable dentro del presente sumario; sin embargo, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo en términos del artículo 197 de la ley de la materia, es de orden público, por tanto, es exigible a toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por la razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Superior jerárquico. Así mismo, se requiere al Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico del Presidente Municipal del aludido Ayuntamiento, para que le ordene a éste, cumplir con la ejecutoria de amparo, remitiendo a este juzgado de Distrito, constancia fehaciente que lo acredite, apercibido que de no hacerlo así, esto es, de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable. Cabe resaltar, que el Ayuntamiento de Zapopan en el Estado de Jalisco, conforme a lo previsto en el artículo 37, fracción XI, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, es la autoridad directamente responsable de la fiscalización y evaluación de la administración pública municipal, mediante los órganos, dependencias o entidades creadas para tal efecto, debe tener conocimiento de la existencia de un laudo que afectara el patrimonio de la entidad que representa, para que emita las actuaciones correspondientes. Autoridad que tiene interés en que las autoridades que integran la Administración Pública Municipal, acaten los laudos dictados por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y no se perjudique más el patrimonio que está obligado a conservar, por las políticas de austeridad que imperan en el país. Requerimiento al Congreso del Estado. En otro aspecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Congreso del Estado de Jalisco, para que dentro del término de siete días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, informe a este Juzgado federal las acciones que se encuentra realizando a fin de emitir el acuerdo legislativo y dictamen correspondiente, relativo al procedimiento administrativo de suspensión del cargo por un plazo de quince días sin goce de sueldo del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tapalpa, Jalisco, ordenado en los autos del expediente burocrático de origen 667/2017-C1 Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, y se informará lo conducente a la superioridad que conoce del incidente de inejecución bajo el número de toca 5/2019, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinte de mayo de dos mil diecinueve. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada el quince de abril de dos mil diecinueve, en la cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. III. Efectos. En el fallo protector se determinó que la autoridad responsable, debe realizar los actos siguientes: Deje insubsistente la interlocutoria reclamada. En su lugar, dicte otra en la que atienda lo considerado en el presente fallo, esto es, atienda los puntos a debate congruentemente, y la totalidad de las pruebas ofrecidas, resuelva el incidente innominado -responsabilidad solidaria-, con libertad de jurisdicción y conforme a sus atribuciones. Así, debe precisarse, que tales actos por su naturaleza, se estima que sí son susceptibles de cumplimiento en el plazo de tres días, en virtud de que no implica la realización de trabajos especiales o de un procedimiento específico para sustentarlo. IV. Requiérase a la autoridad responsable. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del momento siguiente al en que reciba la comunicación respectiva, realice lo mencionado e informe a este juzgado su cumplimiento, remitiendo copia certificada que lo acredite. V. Apercíbase. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. VI. Superior jerárquico. No se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que la Junta responsable no tiene superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo.
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