Itzel Irene Heredia Larrañaga

Expediente 685/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
685/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
21/04/2021

Partes del expediente

  • Itzel Irene Heredia Larrañaga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 685/2020, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: Boca del Río, Veracruz, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercero interesada mediante proveído de trece de abril de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que las partes hicieran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia de diez de marzo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa Itzel Irene Heredia Larrañaga por sí y en representación de su menor hijo de identidad reservada con las iniciales M.A.J.H., para el efecto de que: "[.] En conformidad con lo considerado en líneas precedentes, y con fundamento en el artículo 77 de la ley de la materia, se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitados por Itzel Irene Heredia Larrañaga por sí y en representación de su menor hijo de identidad reservada con las iniciales M.A.J.H., para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución dictada el tres de diciembre de dos mil veinte en el juicio ordinario civil 1409/2019-IX y, en su lugar, emita otra en la que, dejando intocada la determinación relativa a la procedencia de la re graduación de la pensión fijada a la actora, con plenitud de jurisdicción resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad por lo que hace al menor de edad, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo. Esto es, en primer orden, realice un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, del cúmulo probatorio ofrecido por las partes a efecto de resolver el citado recurso y determinar si procede o no regraduar el porcentaje original de pensión alimenticia provisional decretado a favor del menor de edad con identidad reservada con las siglas M.A.J.H.. Una vez hecho lo anterior, en caso de considerar necesario re graduar la pensión alimenticia provisional decretada a favor del menor, haga respecto a éste y al porcentaje fijado a favor de Itzel Irene Heredia Larrañaga, un análisis comparativo entre las necesidades de dichos acreedores y las posibilidades del deudor, a partir de las pruebas que acompañaron las partes al sumario y la información que se desprende de las mismas, ello en atención al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil, y con base en ello determine el porcentaje de pensión alimenticia provisional que mejor concrete dicho principio, justificando debidamente las conclusiones que alcance. [.]" En proveído de treinta de marzo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Así, en auto de trece de abril de dos mil veintiuno, se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesado con las constancias relativas al cumplimiento dado por el juez responsable, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que con oficio 2257 el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de ocho de abril de dos mil veintiuno, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de tres de diciembre de dos mil veinte (acto reclamado) en el juicio ordinario civil 1409/2019-IX Ahora, del análisis integral de la resolución reclamada se colige que la autoridad responsable hizo una relación de los agravios expuestos por el demandado así como de las pruebas que ofreció con su escrito; asimismo, resumió la manifestación que hizo el autorizado de la demandante Itzel Irene Heredia Larrañaga en su desahogo de vista con el recurso interpuesto. Acto seguido, indicó que se encuentra justificada la necesidad de la medida decretada puesto que se encuentran debidamente justificados en autos, al menos de manera provisional, los derechos alimentarios de las acreedoras, esto con las copias certificadas del acta de nacimiento de la menor y del acta de matrimonio de la actora con el demandado, con lo que se acreditaron los vínculos de filiación y de matrimonio correspondientes. Asimismo, señaló que se acreditó la capacidad económica del deudor con lo manifestado por éste en su escrito de contestación de demanda y reclamación en contra de la pensión alimenticia provisional, aunado al informe rendido por la fuente laboral del propio Miguel Ángel Jiménez Medina de la que se aprecian sus ingresos como empleado de Servicios de Administración y Operación Sociedad Anónima de Capital Variable. Posteriormente, dejó intocada su determinación relativa a la procedencia de la regraduación de la pensión fijada a la actora Itzel Irene Heredia Larrañaga, del 15% (quince por ciento) al 5%(cinco por ciento) al considerarlo proporcional conforme a lo que establece el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz. Ello, al tener por acreditado que percibe un sueldo quincenal de $6,395.97 (seis mil trescientos noventa y cinco pesos 97/100 moneda nacional) como empleada de la empresa denominada Servicios de Administración y Operación, Sociedad Anónima de Capital Variable, sin que encontrara evidencia que sus ingresos son insuficientes para solventar sus necesidades propias, que a su consideración son decorosas y, a pesar de ello, percibía la cantidad de $1,224.76 (un mil doscientos veinticuatro pesos 76/100 moneda nacional) por concepto de pensión alimenticia decretada provisionalmente, derivado de las percepciones que obtiene el demandado en concepto de salario normal de $8,866.50 (ocho mil ochocientos sesenta y seis pesos 50/100 moneda nacional), vales de despensa de $875.00 (ochocientos setenta y cinco 00/100 moneda nacional), bonos por resultados (concepto que se desconoce al estar condicionado a su resultado laboral); también, observando las deducciones realizadas a este en razón de cuota del Instituto Mexicano del Seguro Social de $329.22 (trescientos veintinueve 22/100 moneda nacional) aportación al fondo de ahorro de $797.99 (setecientos noventa y siete 99/100 moneada nacional), ISPT de $1, 247.15 (un mil doscientos cuarenta y siete pesos 15/100 moneda nacional), crédito INFONAVIT por $2,695.59 (dos mil seiscientos noventa y cinco pesos 59/100 moneda nacional). Por otro lado, consideró improcedentes los agravios hechos valer por la parte demandada, en el sentido de que esté cumplida su obligación de proporcionar alimentos a su hijo, pues a su consideración no se encuentra justificada la reducción del monto de la pensión provisional decretada, al ser una obligación del tracto sucesivo, en virtud de que la necesidad de los mismos se genera de momento a momento, de ahí que su cumplimiento no puede sujetarse a la voluntad del deudor, para brindarlos en la forma y términos que este estime convenientes, sino que debe fijarse por el órgano jurisdiccional, tomando en cuenta la necesidad del acreedor y la posibilidad económica del obligado, como lo regula en materia de alimentos el artículo 242 del ordenamiento citado. Máxime que no consideró probado que cumpla con sus deberes alimentarios de manera continua constante y permanente y que las cantidades por él aportadas sean suficientes para cubrir las necesidades de sus alimentarios, sin que le aportara medio de convicción que acredite que vive en una situación precaria. Seguidamente, determinó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 240 de la Ley sustantiva civil, la actora Itzel Irene Heredia Larrañaga, cumple con la obligación de proporcionar alimentos a su menor hija, al brindar los cuidados y atención indispensables para que esta se desarrolle en la familia de la que forma parte y le proporciona de manera directa el rubro que a ella le corresponde. Además, acreditó la capacidad económica del deudor para cumplir con la obligación alimentaria de su hijo menor de edad con el informe que rindió la Administración y Operación Sociedad Anónima de Capital Variable, advirtiendo que sus ingresos ascienden a la cantidad de $9,741.5 (nueve mil setecientos cuarenta y un pesos 05/100 moneda nacional) sin soslayar que puede percibir un bono al cual se encuentra condicionando al resultado laboral que obtenga, que por deducciones de carácter legal se le realizan los conceptos: I.S.P.T. a razón de $1,247.15 (un mil doscientos cuarenta y siete pesos 15/100 moneda nacional) cuota IMSS de $329.22 (trescientos veintinueve pesos 22/100 moneda nacional) que las deducciones de carácter personal son los siguientes rubros: APORT. FONDO DE AHORRO de $797.99 (setecientos noventa y siete pesos 99/100 moneda nacional) crédito INFONAVIT a razón de $2,695.59 (dos mil seiscientos noventa y cinco pesos 59/100 moneda nacional). Por lo tanto, estableció que el porcentaje del veinticinco por ciento que fue decretado en favor de la menor de edad es de $2,041.28 (dos mil cuarenta y un pesos 28/100 moneda nacional) quedando al demando después del descuento por alimentos de su menor hijo, así como el que se realiza en favor de su cónyuge, la cantidad de $5,715.6 (cinco mil setecientos quince pesos 06/100 moneda nacional), estableciendo la siguiente tabla: Así, bajo su óptica jurídica determinó que el demandado obtiene la cantidad de $5,715.6 (cinco mil setecientos quince pesos 06/100 moneda nacional) de forma quincenal, sin que encontrara justificado que la pensión alimenticia provisional decretada en favor de su hijo se contraponga para solventar los gatos que él realiza por concepto de alimentos, aunado a que también debe ser considerado el estado de necesidad del acreedor alimentario menor de edad, quien por su muy corta edad tiene la presunción de requerir los rubros que establece el numeral 239 de la Ley sustantiva Civil, como son: los gastos que genera por concepto de comida vestido, habitación, asistencia médica en caso de enfermedad y en su oportunidad los que llegue a generar por concepto de educación; a fin de que sea garantizada su subsistencia y que tenga una vida digna y decorosa, sin que ello implique un perjuicio a la economía del demandado para solventar sus necesidades personales, concluyendo que cumple con el principio de proporcionalidad que estable el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz. En relatadas condiciones, resolvió parcialmente procedente el recurso de reclamación que insto el demandado y redujo la pensión alimenticia provisional inicialmente decretada en el 40% (cuarenta por ciento) para establecer en su lugar el 30% (treinta por ciento ) del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado de su fuente laboral, excluyéndose impuestos, gastos de representación y viáticos por no formar parte del salario; porcentaje que desglosado a la cónyuge del demandado le corresponde un 5% (cinco por ciento) y dejó intocado el porcentaje decretado a favor del menor de edad, continuando vigente el 25% (veinticinco por ciento). En consecuencia, de lo anteriormente expuesto se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, esto es, dejó insubsistente la resolución dictada el tres de diciembre de dos mil veinte, en el juicio ordinario civil 1409/2019-IX y, en su lugar, emitió otra en la que dejando intocada la determinación relativa a la procedencia de la regraduación de la pensión fijada a la actora, con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida ante su potestad por lo que hace al menor de edad, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Con fundamento en el artículo 26, fracciones I, inciso k) y II, incisos a) de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada, así como por oficio a la autoridad responsable y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe. En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Con fundamento en el artículo 26 fracción III de la Ley de Amparo, notifíquese por lista de acuerdos a las partes.Boca del Río, Veracruz, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercero interesada mediante proveído de trece de abril de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que las partes hicieran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia de diez de marzo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa Itzel Irene Heredia Larrañaga por sí y en representación de su menor hijo de identidad reservada con las iniciales M.A.J.H., para el efecto de que: "[.] En conformidad con lo considerado en líneas precedentes, y con fundamento en el artículo 77 de la ley de la materia, se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitados por Itzel Irene Heredia Larrañaga por sí y en representación de su menor hijo de identidad reservada con las iniciales M.A.J.H., para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución dictada el tres de diciembre de dos mil veinte en el juicio ordinario civil 1409/2019-IX y, en su lugar, emita otra en la que, dejando intocada la determinación relativa a la procedencia de la re graduación de la pensión fijada a la actora, con plenitud de jurisdicción resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad por lo que hace al menor de edad, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo. Esto es, en primer orden, realice un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, del cúmulo probatorio ofrecido por las partes a efecto de resolver el citado recurso y determinar si procede o no regraduar el porcentaje original de pensión alimenticia provisional decretado a favor del menor de edad con identidad reservada con las siglas M.A.J.H.. Una vez hecho lo anterior, en caso de considerar necesario re graduar la pensión alimenticia provisional decretada a favor del menor, haga respecto a éste y al porcentaje fijado a favor de Itzel Irene Heredia Larrañaga, un análisis comparativo entre las necesidades de dichos acreedores y las posibilidades del deudor, a partir de las pruebas que acompañaron las partes al sumario y la información que se desprende de las mismas, ello en atención al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil, y con base en ello determine el porcentaje de pensión alimenticia provisional que mejor concrete dicho principio, justificando debidamente las conclusiones que alcance. [.]" En proveído de treinta de marzo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Así, en auto de trece de abril de dos mil veintiuno, se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesado con las constancias relativas al cumplimiento dado por el juez responsable, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que con oficio 2257 el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de ocho de abril de dos mil veintiuno, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de tres de diciembre de dos mil veinte (acto reclamado) en el juicio ordinario civil 1409/2019-IX Ahora, del análisis integral de la resolución reclamada se colige que la autoridad responsable hizo una relación de los agravios expuestos por el demandado así como de las pruebas que ofreció con su escrito; asimismo, resumió la manifestación que hizo el autorizado de la demandante Itzel Irene Heredia Larrañaga en su desahogo de vista con el recurso interpuesto. Acto seguido, indicó que se encuentra justificada la necesidad de la medida decretada puesto que se encuentran debidamente justificados en autos, al menos de manera provisional, los derechos alimentarios de las acreedoras, esto con las copias certificadas del acta de nacimiento de la menor y del acta de matrimonio de la actora con el demandado, con lo que se acreditaron los vínculos de filiación y de matrimonio correspondientes. Asimismo, señaló que se acreditó la capacidad económica del deudor con lo manifestado por éste en su escrito de contestación de demanda y reclamación en contra de la pensión alimenticia provisional, aunado al informe rendido por la fuente laboral del propio Miguel Ángel Jiménez Medina de la que se aprecian sus ingresos como empleado de Servicios de Administración y Operación Sociedad Anónima de Capital Variable. Posteriormente, dejó intocada su determinación relativa a la procedencia de la regraduación de la pensión fijada a la actora Itzel Irene Heredia Larrañaga, del 15% (quince por ciento) al 5%(cinco por ciento) al considerarlo proporcional conforme a lo que establece el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz. Ello, al tener por acreditado que percibe un sueldo quincenal de $6,395.97 (seis mil trescientos noventa y cinco pesos 97/100 moneda nacional) como empleada de la empresa denominada Servicios de Administración y Operación, Sociedad Anónima de Capital Variable, sin que encontrara evidencia que sus ingresos son insuficientes para solventar sus necesidades propias, que a su consideración son decorosas y, a pesar de ello, percibía la cantidad de $1,224.76 (un mil doscientos veinticuatro pesos 76/100 moneda nacional) por concepto de pensión alimenticia decretada provisionalmente, derivado de las percepciones que obtiene el demandado en concepto de salario normal de $8,866.50 (ocho mil ochocientos sesenta y seis pesos 50/100 moneda nacional), vales de despensa de $875.00 (ochocientos setenta y cinco 00/100 moneda nacional), bonos por resultados (concepto que se desconoce al estar condicionado a su resultado laboral); también, observando las deducciones realizadas a este en razón de cuota del Instituto Mexicano del Seguro Social de $329.22 (trescientos veintinueve 22/100 moneda nacional) aportación al fondo de ahorro de $797.99 (setecientos noventa y siete 99/100 moneada nacional), ISPT de $1, 247.15 (un mil doscientos cuarenta y siete pesos 15/100 moneda nacional), crédito INFONAVIT por $2,695.59 (dos mil seiscientos noventa y cinco pesos 59/100 moneda nacional). Por otro lado, consideró improcedentes los agravios hechos valer por la parte demandada, en el sentido de que esté cumplida su obligación de proporcionar alimentos a su hijo, pues a su consideración no se encuentra justificada la reducción del monto de la pensión provisional decretada, al ser una obligación del tracto sucesivo, en virtud de que la necesidad de los mismos se genera de momento a momento, de ahí que su cumplimiento no puede sujetarse a la voluntad del deudor, para brindarlos en la forma y términos que este estime convenientes, sino que debe fijarse por el órgano jurisdiccional, tomando en cuenta la necesidad del acreedor y la posibilidad económica del obligado, como lo regula en materia de alimentos el artículo 242 del ordenamiento citado. Máxime que no consideró probado que cumpla con sus deberes alimentarios de manera continua constante y permanente y que las cantidades por él aportadas sean suficientes para cubrir las necesidades de sus alimentarios, sin que le aportara medio de convicción que acredite que vive en una situación precaria. Seguidamente, determinó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 240 de la Ley sustantiva civil, la actora Itzel Irene Heredia Larrañaga, cumple con la obligación de proporcionar alimentos a su menor hija, al brindar los cuidados y atención indispensables para que esta se desarrolle en la familia de la que forma parte y le proporciona de manera directa el rubro que a ella le corresponde. Además, acreditó la capacidad económica del deudor para cumplir con la obligación alimentaria de su hijo menor de edad con el informe que rindió la Administración y Operación Sociedad Anónima de Capital Variable, advirtiendo que sus ingresos ascienden a la cantidad de $9,741.5 (nueve mil setecientos cuarenta y un pesos 05/100 moneda nacional) sin soslayar que puede percibir un bono al cual se encuentra condicionando al resultado laboral que obtenga, que por deducciones de carácter legal se le realizan los conceptos: I.S.P.T. a razón de $1,247.15 (un mil doscientos cuarenta y siete pesos 15/100 moneda nacional) cuota IMSS de $329.22 (trescientos veintinueve pesos 22/100 moneda nacional) que las deducciones de carácter personal son los siguientes rubros: APORT. FONDO DE AHORRO de $797.99 (setecientos noventa y siete pesos 99/100 moneda nacional) crédito INFONAVIT a razón de $2,695.59 (dos mil seiscientos noventa y cinco pesos 59/100 moneda nacional). Por lo tanto, estableció que el porcentaje del veinticinco por ciento que fue decretado en favor de la menor de edad es de $2,041.28 (dos mil cuarenta y un pesos 28/100 moneda nacional) quedando al demando después del descuento por alimentos de su menor hijo, así como el que se realiza en favor de su cónyuge, la cantidad de $5,715.6 (cinco mil setecientos quince pesos 06/100 moneda nacional), estableciendo la siguiente tabla: Así, bajo su óptica jurídica determinó que el demandado obtiene la cantidad de $5,715.6 (cinco mil setecientos quince pesos 06/100 moneda nacional) de forma quincenal, sin que encontrara justificado que la pensión alimenticia provisional decretada en favor de su hijo se contraponga para solventar los gatos que él realiza por concepto de alimentos, aunado a que también debe ser considerado el estado de necesidad del acreedor alimentario menor de edad, quien por su muy corta edad tiene la presunción de requerir los rubros que establece el numeral 239 de la Ley sustantiva Civil, como son: los gastos que genera por concepto de comida vestido, habitación, asistencia médica en caso de enfermedad y en su oportunidad los que llegue a generar por concepto de educación; a fin de que sea garantizada su subsistencia y que tenga una vida digna y decorosa, sin que ello implique un perjuicio a la economía del demandado para solventar sus necesidades personales, concluyendo que cumple con el principio de proporcionalidad que estable el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz. En relatadas condiciones, resolvió parcialmente procedente el recurso de reclamación que insto el demandado y redujo la pensión alimenticia provisional inicialmente decretada en el 40% (cuarenta por ciento) para establecer en su lugar el 30% (treinta por ciento ) del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado de su fuente laboral, excluyéndose impuestos, gastos de representación y viáticos por no formar parte del salario; porcentaje que desglosado a la cónyuge del demandado le corresponde un 5% (cinco por ciento) y dejó intocado el porcentaje decretado a favor del menor de edad, continuando vigente el 25% (veinticinco por ciento). En consecuencia, de lo anteriormente expuesto se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, esto es, dejó insubsistente la resolución dictada el tres de diciembre de dos mil veinte, en el juicio ordinario civil 1409/2019-IX y, en su lugar, emitió otra en la que dejando intocada la determinación relativa a la procedencia de la regraduación de la pensión fijada a la actora, con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida ante su potestad por lo que hace al menor de edad, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Con fundamento en el artículo 26, fracciones I, inciso k) y II, incisos a) de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada, así como por oficio a la autoridad responsable y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Con ésta fecha se notifica a la parte quejosa, el auto de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, que en su parte sustancial dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercero interesada mediante proveído de trece de abril de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que las partes hicieran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. ... En consecuencia, de lo anteriormente expuesto se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, esto es, dejó insubsistente la resolución dictada el tres de diciembre de dos mil veinte, en el juicio ordinario civil 1409/2019-IX y, en su lugar, emitió otra en la que dejando intocada la determinación relativa a la procedencia de la regraduación de la pensión fijada a la actora, con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida ante su potestad por lo que hace al menor de edad, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta de marzo de dos mil veintiuno. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de dicha ley, se declara que la sentencia en la que se CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado. Ahora, toda vez que en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable está obligada a su cumplimiento; en consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 194 de dicha Ley de Amparo, se le requiere para que dentro del plazo de TRES DÍAS realice los actos señalados en la ejecutoria de mérito, los cuales se circunscriben a: "[.] En conformidad con lo considerado en líneas precedentes, y con fundamento en el artículo 77 de la ley de la materia, se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitados por Itzel Irene Heredia Larrañaga por sí y en representación de su menor hijo de identidad reservada con las iniciales M.A.J.H., para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución dictada el tres de diciembre de dos mil veinte en el juicio ordinario civil 1409/2019-IX y, en su lugar, emita otra en la que, dejando intocada la determinación relativa a la procedencia de la regraduación de la pensión fijada a la actora, con plenitud de jurisdicción resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad por lo que hace al menor de edad, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo. Esto es, en primer orden, realice un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, del cúmulo probatorio ofrecido por las partes a efecto de resolver el citado recurso y determinar si procede o no regraduar el porcentaje original de pensión alimenticia provisional decretado a favor del menor de edad con identidad reservada con las siglas M.A.J.H.. Una vez hecho lo anterior, en caso de considerar necesario regraduar la pensión alimenticia provisional decretada a favor del menor, haga respecto a éste y al porcentaje fijado a favor de Itzel Irene Heredia Larrañaga, un análisis comparativo entre las necesidades de dichos acreedores y las posibilidades del deudor, a partir de las pruebas que acompañaron las partes al sumario y la información que se desprende de las mismas, ello en atención al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil, y con base en ello determine el porcentaje de pensión alimenticia provisional que mejor concrete dicho principio, justificando debidamente las conclusiones que alcance. [.]" Hecho lo anterior, dentro del citado plazo, deberá informar a este órgano jurisdiccional su cumplimiento, debiendo acompañar para tal efecto las constancias necesarias que acrediten dicho cumplimiento; con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa de cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Con fundamento en el artículo 26 fracciones II inciso a) y III de la Ley de Amparo, notifíquese por oficio a la autoridad responsable, así como por lista a las demás partes.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte tercero interesa, Miguel Ángel Jiménez Medina, y en atención a su solicitud, dígasele que se esté a lo acordado en proveído de diez de diciembre de dos mil veinte, por el que se ordenó la expedición de copias a las partes sin necesidad de previa promoción, así como de los lineamientos a seguir para tal efecto. En ese sentido, se tiene por autorizada para recibir las copias certificadas que solicita, a la persona que señaló en el ocurso de cuenta, previa constancia que por su recibo se deje en autos. Notifíquese en términos de ley.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,839 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano