Itzel Benitez Romero

Expediente 217/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
217/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
28/04/2022

Partes del expediente

  • Itzel Benitez Romero

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa hubiese recurrido el acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme lo establece el 2 precepto de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, y toda vez que el juicio de amparo en que se actúa se encuentra totalmente concluido, ARCHÍVESE como asunto terminado.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Estado de México, por sí y en representación de la misma, rinde informe justificado; y, en apoyo al mismo remite copia certificada del proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral SAT1571/2009. En tales condiciones, y toda vez que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la ley de la materia, resulta procedente SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, al haber cesado los efectos de los actos reclamados, por los motivos antes expuestos. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del uno de abril de dos mil veintidós, por los motivos expuestos en párrafos anteriores.

  3. Principal

    Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por **********, contra actos de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, y otra; regístrese bajo el número 217/2022-A. Desechamiento. El numeral 113 de la Ley de Amparo, establece que se deberá examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Bajo esa premisa, en la especie, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, respecto de la omisión de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, de proveer lo conducente respecto al escrito presentado el once de febrero de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes Común (en el cual se solicitó se declarara cerrada la instrucción y se emitirá el laudo). En virtud de lo anterior, se puede concluir que el juicio de amparo es procedente contra actos en juicio que se consideren de imposible reparación, es decir, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que, cuando lo reclamado no sea de los actos considerados como tales, el juicio biinstancial será improcedente. Respecto del tema, la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Pues con tal precisión se proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con ello, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento. La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. La segunda en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen. Bajo este contexto, el acto atribuido a la sala responsable, consistente en la omisión de proveer lo conducente respecto al escrito presentado el once de febrero de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes Común (en el cual se solicitó se declarara cerrada la instrucción y se emitirá el laudo), no afecta materialmente los derechos sustantivos de la quejosa. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8 constitucional; sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento de ejecución en el que los quejosos son parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que, tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetase a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Sin que pase inadvertido para este órgano de control constitucional lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia citada en el párrafo que antecede, en el sentido de que a menos de que se advierta que existe una paralización total de procedimiento, el juicio será procedente, toda vez que de la lectura integral de la demanda no se evidencia tal circunstancia. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 33/2019 (10a), estableció que, para efectos de promover el juicio de amparo indirecto contra dilaciones procesales presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos respectivos; circunstancia que, en el caso en particular, no acontece, toda vez que el escrito fue presentado el once de febrero de dos mil veintidós, por lo que es claro que a la fecha de la presentación de su demanda (veintitrés de febrero de dos mil veintidós) aún no transcurre dicho término. Asimismo, el suscrito advierte que se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 5º, fracción II de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado a las autoridades denominadas "Auxiliar de Trámite" y "Secretario de Acuerdos" ambos adscritos a la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, con residencia en Ecatepec". Lo anterior, ya que entre las facultades conferidas a éstos, no está la de decisión o de ejecución, sino que se circunscribe a la organización interna y de mero trámite al órgano al que se encuentran adscritos, por lo que dichos funcionarios no pueden ser considerados autoridades responsables para los efectos del amparo y si bien tienen facultad para autorizar las resoluciones y acuerdos que dicte el Titular de ese órgano, ello no se traduce en un acto de decisión o de ejecución, pues el objeto de autorizar equivale a dar fe o confirmar que tales resoluciones o acuerdos fueron efectivamente pronunciadas por aquella autoridad; por lo que procede desechar la presente demanda por lo que hace al acto reclamado a las autoridades antes citadas. Admisión. Con fundamento en los artículos 1, 17, 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 33, fracción IV, 35, 36, 37, 107, 108, 110, 112, 115 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite a trámite. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión por no haberlo solicitado. Ministerio Público Federal. Dese la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se deberá notificar la admisión del juicio mediante correo, corriéndole traslado con copia de la demanda. Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL UNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Tercero interesado. Dada la naturaleza del acto reclamado, se establece que en el caso no existe.

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