Itzayana Martínez Hernández
Expediente 2051/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 2051/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Itzayana Martínez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de diciembre de dos mil quince. V i s t o el estado de los autos en el juicio de amparo 2051/2015-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto del dos de diciembre de dos mil quince, dictado en este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Tomando en consideración se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente asunto, por consiguiente se encuentra en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente principal sí es susceptible de destrucción. Finalmente, se instruye al fedatario de la adscripción para que en caso de que la autoridad a la que se libre oficio en vía de notificación se encuentren gozando de su periodo vacacional, una vez que ésta reanude labores, proceda a notificar el oficio correspondiente, así como las demás notificaciones que se ordenen durante su periodo vacacional. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma la licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante licencia autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/6655/2015 de veintitrés de noviembre de dos mil quince, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de diciembre de dos mil quince. Visto el estado que actualmente guardan los presentes autos y de los cuales se desprende que por diverso de diecinueve de noviembre de dos mil quince, se le dio vista a la parte quejosa con el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a través del cual informó sobre el cumplimiento a la sentencia pronunciada por este Tribunal Federal y la parte quejosa debidamente notificada, la parte quejosa no desahogó la vista contenida en el citado acuerdo. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Por sentencia terminada de engrosar el veintinueve de mayo de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Soledad Leticia Pineda Vilegas, por derecho propio y en representación de Diego Menes Pineda, así como Fernando e Itzel Alicia, de apellidos Menes Pineda contra los actos que reclamó a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para el efecto siguiente: ".Con base en lo expuesto, se concluye que la resolución reclamada transgrede los derechos de legalidad y acceso a la justicia completa, en lo atinente al principio de congruencia de la resoluciones, por tanto, a fin de restituirlos en el pleno goce de esos derechos, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo se impone conceder la protección constitucional solicitada para los efectos siguientes: a) Que la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos deje insubsistente la resolución dictada el veintisiete de octubre de dos mil catorce, en el expediente laboral 686/08, y en su lugar, emita otra en la que inicialmente, resuelva sólo el incidente de sustitución procesal planteado, con base en las reglas establecidas en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, que resulta la legislación aplicable procesalmente. En la inteligencia que deberá analizar si los comparecientes a dicho incidente de sustitución procesal se ubican en alguno de las hipótesis establecidas en dicho precepto legal, así como analizar si efectivamente actúan por derecho propio o en representación de alguien más. b) En ese contexto, también deberá declarar la improcedencia de las pretensiones planteadas en el sentido de reconocer y otorgar las pensiones de viudez y orfandad reclamadas, por consistir acciones de naturaleza distinta a la pensión de invalidez que constituyó el objeto de estudio en el juicio laboral de origen, dejando a salvo los derechos de las partes para ejercerlos en la vía y forma correspondientes; c) Finalmente, tomando en cuenta la designación de la o las personas que sustituyan procesalmente al extinto trabajador, ordenar la continuación del incidente de liquidación, en la inteligencia que de ser necesario, deberá conceder un plazo para desahogar la vista respecto de la planilla propuesta por el instituto demandado, o en su caso, concederle el beneficio de allanarse a la misma, y dentro del plazo legal establecido, resolver dicha cuantificación con posterioridad y en otra resolución.." Por auto de treinta de junio de dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia de amparo, requiriéndose el cumplimiento de tal fallo a la autoridad responsable. La Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante oficio acordado el diecinueve de noviembre del año el curso, informó el cumplimiento al fallo protector, remitiendo copia certificada de la resolución dictada el doce de noviembre de dos mil quince. Constancias que fueron expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos públicos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Ahora bien, del análisis de las citadas documentales, se advierte que el fallo protector se encuentra cumplido, por las siguientes razones jurídicas: La Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, procedió a dejar insubsistente la resolución dictada el veintisiete de octubre de dos mil catorce en el expediente laboral de origen. El doce de noviembre de dos mil quince, emitió una nueva resolución en la cual resolvió respecto al incidente de sustitución procesal con base a lo establecido en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo. La autoridad responsable analizó que los comparecientes a dicho incidente se ubicaran en alguno de los supuestos toda vez que en el considerando tercero refiere que para determinar que personas tiene derecho a recibir las indemnizaciones por la muerte del actor debe estarse a lo establecido por el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo que establece una prelación de las personas que pueden acudir a reclamar los derechos laborales de un trabajador fallecido determinando un orden de preferencia y conforme a la fracción II del citado precepto legal. Asimismo declaró la improcedencia de las prestaciones planteadas en el sentido de reconocer y otorgar las prestaciones de viudez y orfandad reclamadas, como hace mención en su considerando cuarto. Finalmente ordenó la continuación del incidente de liquidación, concedió un término de tres días para que manifestaran para efecto de manifestar si era su deseo allanarse a la plantilla propuesta por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Lo anterior pone de manifiesto que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento sin defecto a la sentencia ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa, en virtud de que el doce de noviembre de dos mil quince, dictó la resolución correspondiente; sin embargo lo hace sin observar que la sentencia ejecutoriada ordenó que determinara a quiénes les asiste el derecho como beneficiarios del extinto trabajador, de acuerdo a las hipótesis previstas en el artículos 501 de la Ley Federal del Trabajo; no obstante, al establecer si Itzel y Fernando, ambos de apellidos Menes Pineda, tenían derecho o no de ser declarados beneficiarios, se limitó a tomar en cuenta la fracción II del referido artículo 501, sin aludir ni hacer estudio de las demás fracciones de dicho numeral. Por otra parte, respecto a lo manifestado por la parte quejosa, dígase lo siguiente: Que la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, dejó insubsistente la resolución dictada el veintisiete de octubre de dos mil catorce, en el expediente laboral 686/08, y en su lugar, emitió otra en la que inicialmente, resolvió sólo el incidente de sustitución procesal planteado, con base en las reglas establecidas en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, que resulta la legislación aplicable procesalmente. Declaró la improcedencia de las pretensiones planteadas en el sentido de reconocer y otorgar las pensiones de viudez y orfandad reclamadas, por consistir acciones de naturaleza distinta a la pensión de invalidez que constituyó el objeto de estudio en el juicio laboral de origen, dejando a salvo los derechos de las partes para ejercerlos en la vía y forma correspondientes; Por lo anterior, en dicha parte cumplió con la concesión de amparo Además, por cuanto a que en la resolución analizada, la junta sigue señalando que Maria Lorena Velazco Flores, se ostentó por propio derecho como beneficiaria del extinto trabajador, no le asiste la razón por que la junta expresamente declaró: "sin que a la C. Maria Lorena Velazco Flores pueda declararse como beneficiaria ni sustituta procesal por no haber acreditado haber dependido económicamente del extinto, no obstante de haber comparecido por su propio derecho como presunta concubina y en representación de su menor hijo, sin embargo del acta de defunción del extinto trabajador Fernando Menes Benítez, se advierte que el ultimo domicilio era precisamente el señalado por la concubina que si acredito su dependencia económica en Morelos 705, letra B, San Mateo, Puente de Ixtla, Morelos, por lo que no existe en favor de la C. Maria Lorena Velazco Flores, presunción de dependencia económica." Mas la sentencia de amparo dejó a la Junta libertad de jurisdicción que determinará quienes habían comparecido por propio derecho. Por consiguiente y para mejor proveer sobre el escrito de cuenta, se requiere a la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación del presente auto deje insubsistente la resolución dictada el veintisiete de octubre de dos mil catorce, en el expediente laboral 686/08, y en su lugar dicte otra siguiendo los lineamiento de la ejecutoria de amparo, dentro del juicio laboral de origen. Apercibido que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 237 de la ley de la materia, con relación con el diverso artículo 259. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de dos de diciembre del dos mil quince, que en lo conducente establece: ...Cuernavaca, Morelos, dos de diciembre de dos mil quince. 1.-LLEGA DESPACHO SIN DILIGENCIAR. Se tiene por recibido el oficio signado por la Jueza Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial, mediante el cual, devuelve sin diligenciar el despacho 1564/2015-V, por los motivos que expone, el cual fue girado con el objeto de emplazar al tercero interesado Víctor Marroquín Basave; el que se agrega a los autos para que obre como legalmente corresponda. 2.-INFORME JUSTIFICADO. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado que rinde la Jueza Primera Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. 3.- SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, del acto reclamado consistente en la negativa de la responsable para dictar sentencia interlocutoria en los autos de la controversia del orden familiar 020/2015-2ª y acumulados 021/2015 y 202/2015. Señalado lo anterior, de las constancias que anexó la autoridad responsable, se aprecia que el tres de noviembre de dos mil quince, dictó la resolución interlocutoria correspondiente al recurso de revocación interpuesto por la parte hoy quejosa en la controversia de origen 20/2015 y acumulados y lo notificó a las partes por medio de boletín judicial 6598, el cuatro de noviembre de dos mil quince; constancias a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. De lo anterior se advierte que la molestia en la garantía de administración de justicia en los plazos y términos que fija la ley, reclamada por la parte quejosa, ha cesado, ya que al haber emitido la interlocutoria de tres de noviembre de dos mil quince, que resuelve el recurso de revocación interpuesto por la impetrante en la controversia familiar 20/2015 y acumulados, y haberla notificado a las partes el cuatro de noviembre de dos mil quince, la autoridad hizo cesar las violaciones reclamadas respecto a la denegación de justicia que fue objeto la parte impetrante de garantías, con lo que actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, es procedente sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para dicha audiencia constitucional. Apoya la anterior conclusión, la tesis 2a./J. 59/99, de rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999 de la Novena Época, visible en la página 38. Asimismo, tiene apoyo la anterior consideración, la tesis 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003 de la Novena Época, visible en la página 386. En el mismo sentido, resulta aplicable a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, del rubro "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Cabe precisar que las tesis con que este juzgador apoya la presente determinación, se citan en estricta observancia de lo previsto por el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Sin que pase inadvertido para el suscrito Juzgador, que en el juicio laboral de origen está conformado por una serie de etapas procesales concatenadas entre sí, hasta su total conclusión; sin embargo, el análisis del acto reclamado se limita únicamente a la etapa específica en donde se cometió la violación procesal; luego entonces, las nuevas violaciones que se llegaran a producir dentro del juicio laboral de origen, deberán recurrirse a través de un medio de impugnación diverso, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo Vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Como sustento a lo anterior se invoca la tesis 2a. CV/2013 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 732 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, trece de diciembre de dos mil trece, correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y cuyo texto se trascribe a continuación: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2A./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." De igual forma, no pasa desapercibido para el suscrito Juzgador que el artículo 64 párrafo segundo de la Ley de amparo, establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, se tenga que dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, puesto que dicho dispositivo se encuentra previsto en el Título Primero que dispone las reglas generales de los juicios de amparo tanto directo, como indirecto; por tanto, en el juicio de amparo indirecto en primera instancia no existen órganos inferiores; máxime que el suscrito juzgador cuenta con la facultad de pronunciarse respecto a las causales de improcedencia que se adviertan en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto por el artículo 62 y que permiten por una parte sobreseer el juicio de amparo, o bien por la otra desechar de plano una demanda de amparo y, de aplicar dicha hipótesis contravendría al segundo supuesto, toda vez que al advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia impediría desechar de plano una demanda; que en todo caso, aplicaría cuando un órgano revisor en la segunda instancia, advierta una causal de improcedencia diversa y que no fue alegada por las partes, se procedería a dar vista en términos del artículo 64 párrafo segundo, con relación al artículo 93 fracción III, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 24, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 12, noviembre de dos mil catorce, correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y texto se trascribe a continuación: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." (Lo resaltado es propio). NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
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Cuernavaca, Morelos, once de noviembre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo de los que se advierte que por auto de veintinueve de octubre de dos mil quince, se dio vista a las partes, con el oficio signado por la Delegada de la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector y debidamente notificados, no desahogaron la vista contenida en el citado acuerdo. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia de veintisiete de abril de dos mil quince, dictada por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Francisco Noé Ramírez Ahedo, contra los artículos 59 a 64 y 77, fracciones II y IV, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, así como respecto de los diversos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del referido Estado, precisando los efectos siguientes: ".195. Finalmente, en virtud de la inconstitucionalidad de los artículos 59 a 64 y 77, fracciones II y IV, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, así como de los diversos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del referido Estado, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, para los efectos siguientes: Se desincorporen de la esfera jurídica del quejoso, hasta en tanto no sean reformados, los artículos 59 a 64 y 77, fracciones II y IV, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, así como los diversos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del referido Estado y, en su lugar, se cobre al quejoso la tarifa mínima de un día de salario mínimo general vigente en el Estado, con motivo de la inscripción de la escritura pública número cincuenta y cinco mil doscientos sesenta y nueve, pasada ante la fe del Notario número Uno de la Novena Demarcación Notarial del Estado, y también otro día de ese salario respecto del diverso contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria del veinticuatro de noviembre de dos mil catorce. Como consecuencia de la declaratoria de inconstitucionalidad de los mencionados preceptos y en razón de la inconstitucionalidad que le asiste a los cobros consignados en los recibos folios 1912938 -por la cantidad de seis mil doscientos veintiséis pesos 00/100 moneda nacional- 1912884 -por la cantidad de dieciocho mil trescientos noventa y un pesos 00/100 moneda nacional- y P06137 -por la cantidad de seis mil ciento treinta pesos 00/100 moneda nacional- expedidos, respectivamente, por la Secretaría de Hacienda y la Tesorería del Municipio de Puente de Ixtla, ambos del Estado de Morelos, se ordena reintegrar a la parte quejosa el pago que realizó por concepto de dichas contribuciones, descontando el monto de un día de salario mínimo general vigente en el Estado, con motivo de la inscripción de la escritura pública cincuenta y cinco mil doscientos sesenta y nueve, pasada ante la fe del Notario Público número Uno de la Novena Demarcación Notarial del Estado, así como también otro día de ese salario respecto del diverso contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria del veinticuatro de noviembre de dos mil catorce. En el entendido que se deberá restituir al quejoso el pago que realizó por concepto de dichas contribuciones (treinta mil setecientos cuarenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), previos descuentos precisados en el párrafo que antecede, debidamente actualizado, pero sin que ello obligue al pago de intereses, toda vez que el pago de aquéllos tiene como finalidad sancionar a la autoridad por el incumplimiento oportuno del deber de una devolución, es decir, tienen una naturaleza indemnizatoria, tal como lo dispone el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Morelos." Atento a lo anterior, el Juez de Distrito al resolver el presente asunto, precisó que las autoridades (Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda y Tesorero Municipal de Puente de Ixtla, Morelos) deberán restituir a la parte quejosa el pago que realizó por los en los recibos folios 1912938 -por la cantidad de seis mil doscientos veintiséis pesos 00/100 moneda nacional- 1912884 -por la cantidad de dieciocho mil trescientos noventa y un pesos 00/100 moneda nacional- y P06137 -por la cantidad de seis mil ciento treinta pesos 00/100 moneda nacional- expedidos, respectivamente, por la Secretaría de Hacienda y la Tesorería del Municipio de Puente de Ixtla, ambos del Estado de Morelos. Atendiendo los recibos 1912938 y 1912884 expedidos por la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, y en el diverso P 06137 expedido por el municipio de Puente de Ixtla, Morelos, se advierte las cantidades siguientes: *Recibo 1912938 $6,226.00 *Recibo 1912884 $18,391.00 * (Recibos expedidos por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos relativos a los artículos 59 a 64 y 77, fracciones II y IV, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos) *Recibo P 06137 $ 6,130.00 *(Recibo expedido por el Municipio de Puente de Ixtla, Morelos relativo a los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado). Realizando la suma de las cantidades de referencia da un total de $30,747.02 (TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 moneda nacional), cantidad que se encuentra precisada en los efectos de la sentencia de amparo. Por auto de veinticinco de mayo de dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia de amparo, y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Por auto de diez de agosto del dos mil quince, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo únicamente por cuanto a la autoridad responsable Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, toda vez que restituyó a la parte quejosa la cantidad total de $24,499.47 (veinticuatro mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 47/100 moneda nacional), por concepto de pago improcedente de derechos de inscripción de una escritura pública ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, por la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales. Por auto de trece de agosto del año en curso, se ordenó la remisión de los autos al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, mediante oficio recibido el veinticuatro de agosto del año en curso, admitió el incidente de inejecución de sentencia, radicado con el número de expediente 70/2015. Mediante acuerdo de tres de septiembre de dos mil quince, se declaró firme el auto de diez de agosto del año que transcurre, que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo únicamente por cuanto a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos. El dos de octubre del año en curso, se recibió el oficio del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, remitiendo testimonio de la ejecutoria emitida el veinticuatro de septiembre de dos mil quince, en los autos del incidente de inejecución de sentencia 70/2015 (materia Administrativa), resolviendo lo siguiente: "PRIMERO.- Se dictamina inexcusable el incumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 2952/2014-II, por parte del Ayuntamiento integrado por el Presidente Municipal Julio Espín Navarrete, el Síndico Epifanio Juárez Juárez, los Regidores Miguel Visoso Ochoa, Georgina Bahena de la Rosa, Mario Sergio Talavera Abarca, Jorge Alberto Rodríguez Franco, Wenceslao Moreno Real, Margarita Ruiz Beltrán y Mario Terán Martínez; así como el Tesorero Jaime Emilio Sánchez Ramírez, y el Presidente Municipal todos del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, las dos primeras como directas responsables del cumplimiento, y la tercera como superior jerárquico de la segunda, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. SEGUNDO. Remítanse los autos a la Honorable Suprema Corte de Justicia de la nación para su conocimiento y efectos legales correspondientes; y en vía de proyecto de separación, este Tribunal estima procedente separar de sus cargos al Ayuntamiento, integrado por el Presidente Municipal Julio Espín Navarrete, el Síndico Epifanio Juárez Juárez, los Regidores Miguel Visoso Ochoa, Georgina Bahena de la Rosa, Mario Sergio Talavera Abarca, Jorge Alberto Rodríguez Franco, Wenceslao Moreno Real, Margarita Ruiz Beltrán y Mario Terán Martínez; el Tesorero Jaime Emilio Sánchez Ramírez, y el Presidente Municipal referido, como superior jerárquico del Tesorero, todos del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos. " Atento a lo anterior, por auto de cinco de octubre del año en curso, se requirió al Tesorero Municipal (autoridad responsable) y Presidente Municipal (superior jerárquico), ambos del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, reintegrara al quejoso la cantidad de $6,130.00 (seis mil ciento treinta pesos 00/100 moneda nacional) (debidamente actualizada) contenida en el recibo P06137, de impuesto adicional que se aplicó bajo una tasa del 25% derivado del Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. La Delegada de la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, mediante oficio recibido el veintiocho de octubre del año en curso, informó el cumplimiento al fallo protector; para acreditar lo anterior, exhibió copia certificada del cheque con número de folio 0001269 de fecha seis de octubre de dos mil quince, por la cantidad de $6,130.00 (seis mil ciento treinta pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de cobro de impuesto adicional que se aplicó bajo una tasa del 25% derivado del Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Documental que fue expedida por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, es un documento al cual se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Consecuentemente, al restituirle a la parte quejosa la cantidad de $6,130.00 (seis mil ciento treinta pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de cobro de impuesto adicional que se aplicó bajo una tasa del 25% derivado del Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, por la aplicación de las normas inconstitucionales en este juicio de amparo, la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice a lo anterior, que no obre constancia de la que se advierta que la parte quejosa recibió el cheque correspondiente de la Tesorería del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, por concepto de cobro de impuesto adicional que se aplicó bajo una tasa del 25% derivado del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, en virtud de que la autoridad responsable puso a su disposición el título de crédito número 0001269 de fecha seis de octubre del dos mil quince, además que por auto de veintinueve de octubre del año en curso, se le dio vista con el contenido del informe rendido por el Tesorero del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos y se le requirió para que informara si compareció ante la responsable para recibir el cheque de referencia, notificándole personalmente el treinta de octubre del año actual, tal y como se advierte de los presentes autos, sin que a la fecha actual haya realizado manifestación alguna; por consiguiente sólo bastará que el quejoso comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por el citado concepto del impuesto reclamado. Apoya lo anterior la Tesis III.3º.A 52 A, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, materia administrativa, Página 1455 con número de registro 178468. En consecuencia, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, se ordena digitalizar las actuaciones realizadas en el presente asunto, para que en su momento sean enviadas por el mencionado módulo de intercomunicación MINTERSCJN, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
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