Itzael Ayin Millán García

Expediente 813/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
813/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
21/06/2022

Partes del expediente

  • Itzael Ayin Millán García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que ninguna de las partes recurrió el auto de sobreseimiento fuera de audiencia de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, dictado en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio de la Encargada del Despacho de la Dirección General Jurídica y de Transparencia, Directora de Recursos Humanos y Director de Secundarias Técnicas, todos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla, a través del cual rinden su informe justificado y designa delegados. Atento a lo anterior, se tienen a las autoridades responsables, rindiendo el informe justificado respectivo, de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen a las autoridades oficiantes ofreciendo las constancias que acompañan al informe justificado. Asimismo, con fundamento en el artículo 9, de la Ley de amparo, se les tiene designando como delegadas a las personas que menciona en el oficio de cuenta. Ahora bien, de las copias certificadas que remitieron las autoridades oficiantes en cita -las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que por oficio SEP-2.0.9.2-DST/0964/2022, de dos de mayo de dos mil veintidós, el Director de Secundarias Técnicas de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla, dio contestación al escrito presentado el cinco de abril de dos mil veintidós por Itzael Ayin Millán García -aquí quejoso-, el cual le fue notificado el diez de mayo de dos mil veintidós, con motivo de su comparecencia en las instalaciones de la citada dependencia. Documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la parte quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso Itzael Ayin Millán García, reclama la omisión de dar contestación a su escrito presentado el cinco de abril de dos mil veintidós, dirigido al Director de Secundarias Técnicas de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla, por el que solicitó se regularice el procedimiento administrativo seguido en su contra para los efectos que ahí precisa, derivado de que indicó no contar con los elementos suficientes para conocer respecto a los cargos que se le atribuyen. Consecuentemente, por oficio SEP-2.0.9.2-DST/0964/2022, de dos de mayo de dos mil veintidós, el Director de Secundarias Técnicas de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla, dio contestación al escrito presentado el cinco de abril de dos mil veintidós por Itzael Ayin Millán García -aquí quejoso-, el cual le fue notificado el diez de mayo de dos mil veintidós, con motivo de su comparecencia en las instalaciones de la citada dependencia; lo que se acredita con las constancias remitidas por las autoridades responsables. Como puede verse, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que cesaron los efectos del acto reclamado. Esto es así, porque el veintiséis de abril de dos mil veintidós el quejoso promovió el presente juicio de amparo para reclamar la omisión de dar contestación a su escrito presentado el cinco de abril de dos mil veintidós, dirigido al Director de Secundarias Técnicas de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla, por el que solicitó se regularice el procedimiento administrativo seguido en su contra para los efectos que ahí precisa, derivado de que indicó no contar con los elementos suficientes para conocer respecto a los cargos que se le atribuyen. Sin embargo, como se precisó en párrafos precedentes la autoridad responsable acreditó por oficio SEP-2.0.9.2-DST/0964/2022, de dos de mayo de dos mil veintidós, dio contestación al escrito presentado el cinco de abril de dos mil veintidós por Itzael Ayin Millán García -aquí quejoso-, el cual le fue notificado el diez de mayo de dos mil veintidós, con motivo de su comparecencia en las instalaciones de la citada dependencia. Sobre esa base, aun cuando al promoverse la demanda de amparo -veintiséis de abril de dos mil veintidós- existía la omisión reclamada, lo cierto es que, con posterioridad - dos de mayo de dos mil veintidós - la autoridad responsable dio contestación al escrito presentado el cinco de abril de dos mil veintidós por Itzael Ayin Millán García -aquí quejoso-, el cual le fue notificado el diez de mayo de dos mil veintidós, con motivo de su comparecencia en las instalaciones de la citada dependencia; es claro que la presente acción constitucional se torna improcedente, ya que con la actuación destacada se produjo una situación idéntica a la que obtendría el quejoso con una eventual sentencia concesoria de amparo. Por tanto, si la circunstancia aquí apuntada sobrevino después de la presentación de la demanda de amparo (veintiséis de abril de dos mil veintidós), es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con cuarenta y un minutos del diecisiete de junio de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes, en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese; y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Greta Santos Hernández, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el escrito vía electrónica de cuenta de María Teresa Juárez Álvarez, autorizada por la parte quejosa en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual solicita copias simples de la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo y del auto que admitió el recurso de revisión interpuesto por la quejosa. En tales condiciones, como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele a su costa copias simples de la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo y del auto que admitió el recurso de revisión interpuesto por la quejosa, previa identificación a satisfacción de este juzgado y razón que por su entrega y recibo se asiente en autos. En el entendido que la parte solicitante deberá gestionar la entrega de dichas copias de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, ante Cynthia Bello López, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta de la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a través del cual, remite copia certificada de la impresión de la captura de pantalla del seguimiento del envío de la guía 273203996382, que contiene el exhorto dirigido al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, que ordenó en auto de tres de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral D-3/1030/2016, de su estadística. Al respecto, de dicha constancia, se advierte que la aludida comunicación fue recibida el diecisiete de mayo de dos mil veintidós. En tales condiciones, toda vez que el cumplimiento a la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, este órgano jurisdiccional está facultado para realizar las gestiones necesarias a fin de lograr el cumplimiento al fallo protector, es por lo que, con fundamento en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, se requiere al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que tenga conocimiento del presente proveído, de inmediato cumpla con lo solicitado por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante exhorto ordenado en auto de tres de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral D-3/1030/2016, de su estadística; esto es, emplace a las demandadas Evolve Interactive y Spin Master México, ambas sociedades anónimas de capital variable. Apercíbase a la referida autoridad que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a la persona que actualmente ocupe el cargo de Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós. En el entendido que en términos del artículo 193, primer párrafo de la Ley de Amparo, el citado titular requerido seguirá teniendo responsabilidad aunque deje el cargo; y de igual forma serán comprometidas las personas físicas que ocupen el cargo con posterioridad si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria. Asimismo, conforme a lo previsto por el artículo 192 segundo párrafo de la ley de la materia, se hace del conocimiento a la autoridad vinculada que de no dar cumplimiento en la forma y términos señalados, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación; en el entendido que el cumplimiento extemporáneo injustificado no es excluyente de responsabilidad. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Sin que haya lugar a requerir a la autoridad vinculada, por conducto de su superior jerárquico en términos del artículo 192 de la ley de la materia, en razón de que el Tribunal responsable es un organismo plenamente autónomo en el ámbito jurisdiccional. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 2a./J.36/2011(10a), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de dieciséis de noviembre de dos mil once, publicada en la página 3515, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO." Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 10,245 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano