Itzae Ehecatl Giron Rojas y Otros.
Expediente 242/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 242/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 21/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Itzae Ehecatl Giron Rojas y Otros.
- Itzae Ehecatl Giron Rojas
- Emilio Gamaliel Giron Rojas y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
se advierte que transcurrieron los diez días establecidos en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio amparo en que se actúa, sin que la parte quejosa lo haya hecho; por tanto, con fundamento en lo previsto en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de conformidad con lo dispuesto 214 de la Ley de Amparo, y archívese el presente asunto como concluido.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que la quejosa Rebeca Rojas Sarabia, en representación de los menores de iniciales I.E.G.R y E.G.G.R, reclama de las autoridades responsables la omisión de incluir a los menores de edad en la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2., Sin embargo, a juicio de este Juzgador Federal contra dicho acto se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.].". En su momento, bajo la vigencia de la anterior Ley de Amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que para que se actualizara la cesación de efectos del acto reclamado, la autoridad responsable tendría que: a) Derogar o revocar el acto reclamado, dando como resultado una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto; o, b) Sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo y reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, el Alto Tribunal consideró que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse que no sólo implica la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto. Lo anterior, ya que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En tercer lugar, es necesario destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de inconformidad 282/2013, estableció que una nueva reflexión conducía a abandonar la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, toda vez que los alcances por los que se otorgara la protección constitucional debían delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral; ello, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia mencionada, al haber cesado los efectos del acto reclamado, como se verá a continuación. En efecto, el acto reclamado en el presente juicio de derechos fundamentales, se hace consistir entre otros, en la omisión de aplicar e incluir a los menores de diez y cinco años entre los que se encuentran los menores quejosos de iniciales I.E.G.R y E.G.G.R, en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 y la falta de esquema de vacunación para los menores de doce años de edad. En esa tesitura, de la certificación secretarial que antecede, se advierte que el ocho de diciembre de dos mil veinte, el Gobierno de México a través del Director General de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, publicó en la página oficial electrónica www.coronavirus.gob.mx, la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCOV-2, para la prevención de la COVID-19 en México. Documento Rector"; documento que fue autorizado por el Secretario de Salud, según se advierte de su contenido, y desde entonces, se publica su actualización periódica, actualmente en su versión 7.0, de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, que es la aquí reclamada. En el cual, se previó contar con una estrategia de vacunación en cinco etapas, en las que se distribuirán las poblaciones a ser vacunadas, así como las diferentes dosis con las que contará el programa de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, en función de los seis grupos de priorización. La primera etapa de vacunación comprendió de diciembre de dos mil veinte a febrero de dos mil veintiuno, en la que se incluyó al personal de Salud de Primera Línea de Control de COVID-19; la segunda, de febrero a mayo de dos mil veintiuno, en la que se incluyó al personal de Salud restante y personas de sesenta y más años; la tercera, de mayo a junio de dos mil veintiuno, se incluyó a personas de cincuenta a cincuenta y nueve años; en la cuarta etapa, se incluyó a personas de cuarenta a cuarenta y nueve años; y por último, en la quinta etapa que comprende de julio del presente año a marzo de dos mil veintidós, al resto de la población. En lo que aquí interesa, debe decirse que el grupo etario de cinco años de edad en adelante se encuentra comprendido en la quinta y última etapa de vacunación. Además, debe destacarse que en la página de internet con dirección url "https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php", la cual pertenece a la Secretaría de Salud del Gobierno de México que se invocó como hecho notorio en el certificación de cuenta que antecede en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles se advierte que el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud anunció la apertura del registro para la vacunación de niños a partir de cinco años sin comorbilidad y, por ende, que a partir del día dieciséis de junio del año en curso el portal "Mi vacuna" tendrá la opción de registrar a los menores de manera universal de cinco años de edad en adelante. Lo cual se corrobora con la siguiente imagen: Ello y lo acordado en el punto XII.a.2., cobra sustento en el contenido de la tesis I.7o.A.16 K (10a.), emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito1, del título: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, PARA RESOLVER SI SE ACTUALIZA O NO ALGUNA CAUSAL RELATIVA, CUANDO EXISTA UN INDICIO SOBRE SU EXISTENCIA, VÁLIDAMENTE PUEDE CONSULTAR LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN LOS SITIOS O PÁGINAS ELECTRÓNICAS DE LAS DEPENDENCIAS OFICIALES, AL CONSTITUIR ÉSTA UN HECHO NOTORIO.". Robustece lo anterior, la jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito número I.3o.C.35 K (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, Página: 1373 , Décima Época, Registro: 2004949, de rubro: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL.". En ese tenor, se pone de manifiesto que en dicha página oficial ya se abrió el registro para personas de personas de cinco años o más, para que sean vacunados contra el COVID-19, por lo que los menores quejosos de iniciales I.E.G.R y E.G.G.R, actualmente cuentan con diez años nueve meses y seis años, respectivamente, tal y como se advierte de su acta de nacimiento; en consecuencia, ya están dentro de los grupos priorizados para recibir la vacuna contra el SARS-COV-2. Esto es, el periodo de vacunación al que estarán sujetos los directos quejosos de iniciales I.E.G.R y E.G.G.R; se encuentran dentro de la quinta etapa, pues tienen con diez años nueve meses y seis años, respectivamente; de ahí que el periodo de vacunación está vigente, por lo que será dentro de dicho lapso en el que las autoridades sanitarias deberán proporcionar o suministrar la vacuna que corresponda a los solicitantes de amparo, acorde con dichos instrumentos normativos y los lotes de vacunas que tengan disponible para tal efecto. De ahí que los niños a partir de los cinco años de edad, ya no se encuentran excluidos del plan nacional de vacunación. Así, pone en evidencia que cesaron los efectos del acto de omisión de que se trata, pues como se dijo, el grupo etario al que pertenecen se encuentra en proceso de vacunación de acuerdo al plan nacional de vacunación y por ende, deberán realizar los trámites necesarios ante la autoridad sanitaria competente, a fin de que sean inoculados. Lo anterior, debido a que dicho criterio, parte del cuadro fáctico de que los menores de edad fueron excluidos del plan nacional de vacunación; sin embargo, a la fecha se han emitido comunicados oficiales que demuestran que ya se encuentran contemplados a fin de ser inoculados, como el resto de la población de este país. En ese orden ideas, se desprende que a la presente data, no se le encuentra negada la aplicación de la vacuna, sino que el periodo dentro del cual está el grupo poblacional al que pertenece se encuentra en proceso para efecto de que le sea suministrada, debiendo estar atentos a la información que difundan las autoridades sanitarias nacionales y locales respecto a los espacios, registros u otras determinaciones que dicten para efecto de cumplimentar el Plan Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-COV-2 para la Prevención del COVID-19 en México y les sea efectivamente aplicada la vacuna dentro del periodo previsto para ello. De lo anterior, se aprecia que, a la presente data, el grupo etario al que pertenecen los menores de edad directos quejosos se encuentra en proceso de vacunación, pues a la fecha se encuentra abierto el registro en la página de internet de la Secretaría de Salud Federal, a fin de que se les aplique la vacuna. Lo anterior, pone en evidencia que cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la omisión de aplicar e incluir a menores de once años entre los que se encuentran los menores de edad quejosos de iniciales I.E.G.R y E.G.G.R y la falta de esquema de vacunación para los menores de once años de edad, dado que surgió una situación similar a la que se hubiere dado de haberse concedido el amparo y, por ende, no puede decidirse sobre la constitucionalidad del referido acto sin afectar la nueva situación jurídica, actualizándose así la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. La anterior consideración encuentra apoyo en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el título: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." En el mismo sentido, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Ahora, en términos de lo anunciado al inicio de este punto; se procede pues, al análisis de la causal de improcedencia advertida respecto de la negativa de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 a los menores quejosos. En ese tenor, a efecto de estudiar la actualización de la citada causal de improcedencia, es menester tener en consideración lo dispuesto en el artículo 61 fracción XXII; y, 63 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuyo texto es: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. - - - Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." De la interpretación que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado de la norma reproducida, se deduce que la causa de improcedencia examinada se actualiza cuando el órgano jurisdiccional de amparo advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual aquél se emitió. Ello, en razón de que en caso de concluirse que el acto combatido es inconstitucional, resultaría imposible restituir a los menores quejosos en el goce del derecho fundamental violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia amparadora, dado que la situación jurídica que surgió con motivo del acto de autoridad, aun cuando subsiste, se modifica sin dejar huella en la esfera jurídica de los gobernados, susceptible de reparación, lo que impide que el acto reclamado y sus efectos trasciendan a estos últimos y que, por tanto, el fallo protector cumpla con su finalidad. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial 131 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 154, Novena Época, registro 173858, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS." Tal como se precisó en apartados que anteceden, uno de los actos reclamados en el presente juicio de amparo, se fijó respecto de: La negativa de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 a los menores quejosos. Negativa que deriva de la apelación de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2, que excluye al grupo etario al que pertenecen los quejosos. Dicho lo anterior, se toma en consideración la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2 para la Prevención de la COVID-19 en México, documento Rector" Versión 7.0 de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. En específico, el apartado relativo a la estrategia de vacunación: etapas y logística. A la fecha de la presentación de la demanda, la población de cinco años de edad cumplidos en adelante está contemplada para ser vacunada. No así la que cuenta con menos de la edad mencionada. No obstante, conforme a lo expuesto en párrafos que preceden, se desprende que actualmente se encuentra abierto el registro de vacunación para las personas de cinco años o más; lo que se corrobora con la consulta de la página de internet mencionada en párrafos que anteceden. En tal virtud, si bien, a esta fecha aún subsiste la omisión de aplicar la vacuna contra el SARS-CoV-2 a los menores aquí quejosos, con motivo de que su rango de edad, -cinco años cuatro meses y nueve años dos meses-, sin comorbilidades, no se encontraban incluidos en la Política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, también es verdad que actualmente, tal omisión de recibir la supracitada vacuna ya no deriva de aquella exclusión, pues se abrió el registro de vacunación contra coronavirus para las personas de cinco años o más y, por ende, ya tienen acceso a recibir esa vacuna. De ahí que, la falta de aplicación de la vacuna en cuestión, que se hizo derivar de que se había excluido de la Política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV2 para la prevención de la COVID-19 en México, al grupo poblacional de la edad de los niños quejosos, ahora subsiste pero no por esa situación, y si dichos menores de edad han sido incluidos en el registro para recibir el biológico contra el coronavirus, es evidente que la omisión de no haber estado contemplado en la Política Rectora de Vacunación Contra Covid-19, ya no les genera perjuicio alguno, puesto que con motivo de la apertura de registro para la obtención de la vacuna de que se trata, en el rango de edad en que se ubican los menores quejosos, recibirán dicha inoculación. En ese sentido, si bien es cierto los directos impetrantes al momento de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal -a través de su progenitora- se encontraban en un grupo etario que en ese momento no se encontraba contemplado dentro del plan de vacunación correspondiente. También lo es que, actualmente se encuentra abierto el registro para que las personas de cinco años o más se registren para ser vacunados, por ende, adquirieron la posibilidad de ser inoculados sin las restricciones aducidas en su ocurso inicial de demanda. Sobre todo porque justamente la perspectiva de la promoción de amparo se construye bajo la óptica de que como menores de edad no estaban considerados para ser objeto del plan nacional de vacunación y eso ya no sucede respecto de los hoy quejosos. Bajo ese tenor, actualmente los directos quejosos están posibilitados en realizar aquellas acciones de forma personal, ante las instancias sanitarias correspondientes, a efecto de ser inoculados, pues -se reitera- al momento se encuentra posibilitada para obtener la vacuna, previo registro que realicen en la página de internet referida en líneas que anteceden. También resulta evidente por las campañas de difusión establecidas actualmente en medios masivos de comunicación e internet, que la vacunación es voluntaria y depende de la asistencia de las personas interesadas en su aplicación. Destacándose que, de así considerarlo los menores quejosos I.E.G.R y E.G.G.R, podrán realizar las gestiones conducentes para su obtención. Ahora, no es ocioso mencionar, en su ocurso de demanda fueron alegadas cuestiones inherentes a la forma en que se implementan los programas y existe discriminación al grupo etario especificado en el párrafo precedente. Pero lo cierto es que esa argumentación estaba encaminada a la protección exclusiva del directo impetrante de amparo, pues en atención al principio de relatividad que rige el juicio de amparo, previsto en el artículo 73 de la Ley de la materia, en el supuesto de haber procedido la admisión de la demanda y una eventual resolución favorable del juicio de Amparo, los efectos concesorios hubiesen recaído exclusivamente sobre los promoventes y no en el colectivo. En esa tesitura, se estima que aun cuando subsistiera la negativa de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 a los menores quejosos, ésta no puede surtir efectos porque al haberse abierto el registro para ser vacunados, dejó de existir la afectación aludida; y ante ello, no existe materia para este juicio de amparo y se actualiza la causa de improcedencia a que se ha hecho alusión, pues ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria que, en su caso pudiera emitirse. Así, cabe precisar que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales. Por consiguiente, si en el caso tal finalidad ya no puede materializarse, porque si se abordara el examen del acto reclamado y se concediera el amparo, los efectos de dicho fallo no producirían algún beneficio al quejoso. Por tanto, en virtud que el objeto del acto reclamado ya no puede surtir efecto legal o material alguno, se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Con base en lo expuesto, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Apoya la presente determinación, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos ochenta y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de dos mil tres, de la Novena Época, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; estos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional para las diez horas con veinte minutos del veintisiete de julio de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se tuvo al Secretario de Salud del Estado de México, informando la fecha para aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el virus Covid-19, a los menores de edad de iniciales I.E.G.R y E.G.G.R, sin que a la fecha haya proporcionado la información requerida, ni remitido los certificados de vacunación. En consecuencia, para evitar mayores dilaciones se REQUIERE DE NUEVA CUENTA al SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO, a efecto de que, dentro de las veinticuatro horas siguientes, remita constancia fehaciente de la que se advierta que se vacunó a los menores quejosos e incluya exposición en cuanto a si ya se aplicó a los infantes la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, agregando constancia (certificado de vacunación) que evidencie esa situación. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, este juzgado le impondrá como medida de apremio, una multa por la cantidad equivalente a cincuenta días conforme al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, y con fundamento en el artículo 259, de la Ley de Amparo, en concordancia con los numerales 237, fracción I y 238, primera parte, de la misma legislación. En mérito de lo anterior, con la finalidad de no violar las reglas del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar, se fijan las diez horas con veinte minutos del veintisiete de julio de dos mil veintidós, para su celebración.
- Principal
Con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, agréguese sin mayor proveído a los autos, el oficio signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México con sede en Toluca, mediante el cual remite el informe justificado y respecto a la suspensión de plano, rendidos por el Apoderado Legal del Secretario de Salud del Estado de México. Lo anterior, en razón a que por auto de veintitrés de mayo de la presente anualidad, se tuvieron por recibidos oficios en idénticos términos, acordándose lo conducente.
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