Itza Nallely Caneda Vigueras

Expediente 1560/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1560/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
25/11/2019

Partes del expediente

  • Itza Nallely Caneda Vigueras

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la razón de cuenta que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías. En tal virtud, se declara que dicha sentencia que sobreseyó el presente juicio, ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido, en el entendido de que el presente sumario se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que únicamente se sobreseyó. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".

  2. Principal

    ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se puedan imponer con la oportunidad debida del contenido del informe justificado rendido por las autoridades responsables, para que manifiesten, si lo consideran necesario, lo que a su derecho importe; en tal virtud, difiérase la audiencia constitucional para las DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de la Actuaria Judicial adscrita a la Subsecretaria General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio del cual devuelve el juicio de amparo 1999/2015 y copia certificada del dictamen de la Ministra Norma Lucia Piña Hernández, de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, acúsese el recibo correspondiente mediante el Módulo de Intercomunicación entre los Órganos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación (MINTERSCJN). Por otra parte, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales procedentes y glósese el expedientillo de antecedentes. Asimismo y, toda vez que por auto de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, causó estado el auto de veintidós de enero del año en curso, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo, se ordena el archivo el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de depuración en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar, en el entendido de que este asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".

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