Iturbide Hernández Pérez
Expediente 1040/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 18 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1040/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 07/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Iturbide Hernández Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; como de la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Iturbide Hernández Pérez; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, la parte quejosa deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger la documental obrante en autos consistente en constancia de radicación de veintiocho de agosto de dos mil veintiuno, expedida a nombre del quejoso de mérito, que adjuntó a su escrito de demanda; con el apercibimiento de que de no hacerlo, éste podrá ser destruido. Empero, para ello, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción I inciso e) del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que el promovente o la persona autorizada para ello, deberá comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que para tales efectos se le señale, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se devolverá el documento a que se alude. Ahora, hágase del conocimiento que de conformidad con el artículo primero del Acuerdo General 9/2022, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA EL SIMILAR 21/2020, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, EN RELACIÓN CON EL PERIODO DE VIGENCIA y anexo 1, el horario presencial de este juzgado durante la contingencia sanitaria es de ocho horas con treinta minutos a dieciséis horas con treinta minutos. Sin embargo, la atención al público de manera presencial según "Agenda OJ", es hasta las quince horas. Con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional, así como la definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Vigésimo Segundo, del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
NOTIFICACIÓN ESTABLECIDA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; como de la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Iturbide Hernández Pérez; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, la parte quejosa deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger la documental obrante en autos consistente en constancia de radicación de veintiocho de agosto de dos mil veintiuno, expedida a nombre del quejoso de mérito, que adjuntó a su escrito de demanda; con el apercibimiento de que de no hacerlo, éste podrá ser destruido. Empero, para ello, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción I inciso e) del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que el promovente o la persona autorizada para ello, deberá comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que para tales efectos se le señale, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se devolverá el documento a que se alude. Ahora, hágase del conocimiento que de conformidad con el artículo primero del Acuerdo General 9/2022, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA EL SIMILAR 21/2020, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, EN RELACIÓN CON EL PERIODO DE VIGENCIA y anexo 1, el horario presencial de este juzgado durante la contingencia sanitaria es de ocho horas con treinta minutos a dieciséis horas con treinta minutos. Sin embargo, la atención al público de manera presencial según "Agenda OJ", es hasta las quince horas. Con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
AUDIENCIA Y SENTENCIA CONSTITUCIONAL En Villahermosa, Tabasco, a las once horas con veinticinco minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintidós, en audiencia pública Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, quien actúa asistida de Emilio Morales Hernández, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 1040/2021-2, promovido por Iturbide Hernández Pérez. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo consistentes en: ? La presuncional legal y humana. ? La instrumental de actuaciones consistente en las constancias que el Congreso del Estado de Tabasco anexó a su informe justificado consistente en un legajo de copias certificadas de los antecedentes legislativos del decreto 299, expedido por la citada autoridad legislativa el dieciséis de julio de dos mil veintiuno. ? Constancia de radicación expedida el veintiocho de agosto de dos mil veintiuno por el Sub Delegado del Ejido Guayal perteneciente al municipio de Tacotalpa, Tabasco, a favor del quejoso Iturbide Hernández Pérez. ? Copia simple de la credencial para votar a nombre del quejoso Iturbide Hernández Pérez. Asimismo, con las ofrecidas por el Director de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Tabasco, autoridad responsable, en su informe justificado consistente en: ? Documental pública consistente en un legajo de copias certificadas de los antecedentes legislativos del decreto 299, expedido por el Congreso del Estado de Tabasco, el dieciséis de julio de dos mil veintiuno. De igual forma, con las ofrecidas por la Síndico de Hacienda del Ayuntamiento Constitucional de Tacotalpa, Tabasco, autoridad responsable, en su informe justificado consistente en: ? La presuncional legal y humana. ? La instrumental de actuaciones Al respecto la secretaria en funciones de Jueza de Distrito, acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten los medios de convicción de referencia y se tienen por desahogados en razón de su propia y especial naturaleza. No habiendo más probanzas que desahogar, se cierra la presente etapa. PERÍODO DE ALEGATOS. Se abre la fase de alegatos; el Secretario da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 1040/2021-2, promovido por Iturbide Hernández Pérez, por propio derecho, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 2, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada el dos de septiembre siguiente en la Oficina de Correspondencia Común, y turnado a este órgano jurisdiccional el tres posterior, Iturbide Hernández Pérez, por propio derecho, promovió amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO a) El decreto 299 publicado en el suplemento F, Edición 8230, publicado el veintiuno de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual se reforma la fracción LVIII del artículo 29; la fracción XX, del artículo 65; la denominación de Capítulo IV PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE DELEGADOS, SUBDELEGADOS, JEFES DE SECTOR Y DE SECCIÓN para titularse DESIGNACIÓN DE DELEGADOS, SUBDELEGADOS, JEFES DE SECTOR Y JEFES DE SECCIÓN; las fracciones VI y VIII del artículo 102, 103, y 105, se adiciona la fracción XXI al artículo XXI al artículo 65; y se deroga el artículo 104, todos de las Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 2 GOBERNADOR DEL ESTADO DE TABASCO. 3 SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO. 4 COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO. 5 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO. SEGUNDO. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Por auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 13 a 22) se radicó la demanda de amparo, bajo con el expediente 1040/2021-2; y se desechó de plano la demanda de amparo presentada por Iturbide Hernández Pérez, lo cual fue impugnado por el referido quejoso a través del recurso de queja mismo que por razón de turno le correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad bajo el expediente 226/2021 de su índice. TERCERO. REVOCACIÓN DEL AUTO DE DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Y ADMISIÓN DE LA MISMA. En auto de siete de marzo de dos mil veintidós (fojas 69 a 74), se tuvo por recibido el oficio 98 P-II, signado por el Actuario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remitió copia autorizada de la ejecutoria pronunciada el diecisiete de febrero de dos mil veintidós (fojas 53 a 68), en el recurso de queja 226/2021 de su índice, en el cual en su primer punto resolutivo declaró fundado el recurso de queja y en su segundo punto resolutivo revocó el auto de desechamiento de demanda de seis de septiembre de dos mil veintiuno y ordenó a este juzgado que se pronunciara nuevamente sobre su admisión. Por lo que en atención a lo anterior, se admitió a trámite la demanda de que se trata, se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 741, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917- Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".2 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; 2 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló sustancialmente como acto reclamado: ? El decreto 299 publicado en el suplemento F, Edición 8230, publicado el veintiuno de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual se reforma la fracción LVIII del artículo 29; la fracción XX, del artículo 65; la denominación de Capítulo IV PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE DELEGADOS, SUBDELEGADOS, JEFES DE SECTOR Y DE SECCIÓN para titularse DESIGNACIÓN DE DELEGADOS, SUBDELEGADOS, JEFES DE SECTOR Y JEFES DE SECCIÓN; las fracciones VI y VIII del artículo 102, 103, y 105, se adiciona la fracción XXI al artículo XXI al artículo 65; y se deroga el artículo 104, todos de las Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Director de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Tabasco3, el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Gobierno en representación del Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco4 y el Director de Asuntos Jurídicos de la Coordinación General, en representación del Gobernador del Estado de Tabasco y de la Coordinadora General de Asuntos Jurídico del Poder 3 Fojas 80 a 110 del presente juicio de amparo. 4 Fojas 161 a 163 ibìdem. Ejecutivo del Estado de Tabasco5, residentes en esta ciudad, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia del acto que se les reclama, lo que se corrobora con las copias certificadas de diversas constancias que obran en los antecedentes legislativos del decreto 299, expedido por el Congreso del Estado de Tabasco, el dieciséis de julio de dos mil veintiuno; de las que se desprende el acto reclamado. Documentales a las que se les concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Además, de que resulta un hecho notorio la expedición del referido decreto en virtud de su publicación, por lo que no puede desconocerse su contenido y alcance, con lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, el cual establece que los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal. De ahí que se advierte la existencia del acto reclamado consistente en la expedición del Decreto 299 5 Fojas 192 a 205 del presente juicio de amparo. publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, en el Suplemento F, Edición 8230 de veintiuno de julio de mil veintiuno, mediante el cual se reforma la fracción LVIII del artículo 29; la fracción XX, del artículo 65; la denominación de Capítulo IV PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE DELEGADOS, SUBDELEGADOS, JEFES DE SECTOR Y DE SECCIÓN para titularse DESIGNACIÓN DE DELEGADOS, SUBDELEGADOS, JEFES DE SECTOR Y JEFES DE SECCIÓN; las fracciones VI y VIII del artículo 102, 103, y 105, se adiciona la fracción XXI al artículo XXI al artículo 65; y se deroga el artículo 104, todos de las Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. Máxime que tratándose del proceso de creación de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar la existencia de tales actos en autos, pues basta que estén publicados en el órgano de difusión Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el citado órgano tiene por objeto dar publicidad al acto que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la Novena Época, con registro 191452, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII, agosto de dos mil, materia común, tesis 2a./J. 65/2000, página 260, de título y texto: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Por otra parte, la Sindico de Hacienda del Ayuntamiento constitucional del municipio de Tacotalpa, Tabasco, al rendir su informe justificado no admite ni niega la existencia del acto reclamado; sin embargo, del contenido de su propio informe se advierte la certeza del acto reclamado, pues refiere haber realizado actos de ejecución al haber celebrado asamblea de designación de subdelegado en la comunidad El Guayal perteneciente al municipio de Tacotalpa, Tabasco. Es aplicable al caso, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391 del Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tenor: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Asimismo, es aplicable la diversa tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, localizable en la página 15 del Volumen 181-186 Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL, AUNQUE LAS RESPONSABLES LO NIEGUEN, SI DE LA LECTURA DEL INFORME CON JUSTIFICACION SE DESPRENDE SU CERTEZA. Si las responsables niegan en sus informes con justificación la existencia de los actos reclamados, pero de la lectura de dichos informes se desprenden datos que desvirtúan tal negativa, aun cuando no existan pruebas a ese respecto, necesariamente deben tenerse como ciertos los actos reclamados, ya que procesalmente el reconocimiento que hacen las partes dentro de un juicio, surte efectos de confesión; en consecuencia, al equiparse las autoridades responsables a la parte demandada en el juicio constitucional, resulta lógico y jurídico concluir que el reconocimiento que hagan sobre algún punto de la litis que en sí los perjudique, surte efectos de una confesión, y por ende, dicho punto no está a debate y sí plenamente reconocido". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" Apoya lo anterior, la jurisprudencia II.1º.J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del tomo VII, mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 222780, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, en el caso que nos ocupa, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII y 5 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el quejoso no acreditó el interés jurídico necesario para acudir al juicio de amparo. A efecto de explicar la premisa planteada, conviene traer el contenido del precepto legal y del precepto constitucional, donde se recoge ese motivo de inejercitabilidad de la acción: EMILIO MORALES HERNANDEZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.33.30.37.39.37.37.35 02/01/23 11:55:33 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1040/2021-2 15 de 35 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; Del primer precepto legal invocado se evidencia que el juicio de amparo será improcedente cuando la parte quejosa carezca de interés jurídico o legítimo en términos de la fracción I del artículo 5 de la Ley de la materia, el cual dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. En esa tesitura, uno de los principios esenciales que rige el juicio de amparo, consiste en que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, esto es, por la parte a quien perjudique la norma, acto u omisión que se reclame, de manera que para la procedencia del juicio constitucional es indispensable que el acto reclamado cause perjuicios directamente a los intereses jurídicos personales o patrimoniales del gobernado, para que la sentencia que se dicte sólo lo proteja a él, en cumplimiento del diverso principio de relatividad o particularidad de la sentencia. En efecto, tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo. Lo anterior denota la existencia de tres supuestos de interés, el jurídico, legítimo y simple, siendo únicamente los dos primeros los que permiten instar el juicio de amparo. Al respecto, tenemos que interés simple o jurídicamente irrelevante, se define como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado, pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. El interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra, que a diferencia del interés jurídico no impone la obligación de contar con un derecho subjetivo legítimamente tutelado para hacer procedente la instancia contenciosa. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 60, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materias Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)6". Asimismo, sirve de apoyo a lo antes dicho, la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1736, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Materia Común, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título y texto: 6 Texto de la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.).- "A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." De igual forma, la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 690, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de título y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Ahora, el Máximo Tribunal, ha sostenido que el interés jurídico consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía constitucional, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, esto es, se refiere a aquélla situación jurídica en donde un gobernado es titular de un derecho subjetivo público o privado que resulta lesionado por el acto de autoridad reclamado. De no existir el poder legal de exigir, no habrá tampoco interés jurídico tutelado a favor del particular. Sustenta lo anterior la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 223, Volumen 181-186, Primera Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "INTERÉS JURÍDICO. DEBE ACREDITARSE PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Al establecer los artículos 4o., 76 y 80 de la Ley de Amparo, respectivamente, el principio de instancia de parte agraviada; al de particularidad de la sentencia de amparo que prohíbe hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el caso concreto, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico para el efecto de que, si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la Justicia Federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existe la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que, en principio, no les causen ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de los establecidos por los preceptos citados de la Ley de Amparo." En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, para que los jueces de Distrito pudieran tener por acreditado el interés legítimo es indispensable que quien acude a la instancia de control constitucional demuestre una afectación real en sentido cualitativo, temporal, actual o inminente, sin llegar al grado que los agravios del que dice sufre el justiciable sean hipotético o conjetural, pues estos serían futuros e inciertos, condicionados al actuar positiva u omisiva de algún ente público o particular que por virtud de una norma general pueda ocasionarle algún perjuicio en su esfera fundamental. Sirve de apoyo la tesis 1a. CLXXXII/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 445, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA PERSONA NO DESTINATARIA DE UNA NORMA LEGAL PUEDE IMPUGNARLA EN SU CALIDAD DE TERCERO, SIEMPRE Y CUANDO LA AFECTACIÓN COLATERAL ALEGADA NO SEA HIPOTÉTICA, CONJETURAL O ABSTRACTA. Al momento de analizar si la parte quejosa acredita contar con interés legítimo para impugnar una norma, el juez de amparo debe precisar en primer lugar la ubicación jurídica desde la que se le combate: como destinatario o como tercero. Ello se logra mediante el análisis del ámbito personal de validez de la norma y de la posición del quejoso frente a ésta. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que mediante la introducción constitucional del concepto de interés legítimo, las personas pueden acudir a cuestionar la validez de normas desde la ubicación de terceros al contenido o relación jurídica por ella contemplada, en cuyo caso la respuesta a responder para tener por acreditado ese requisito es: ¿La puesta en operación de la norma impugnada genera al quejoso una afectación jurídicamente relevante? Las distintas hipótesis de actualización de esa afectación se describen en la tesis aislada 1a. CCLXXXII/2014 (10a.),¹ de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS, NORMAS QUE ACTUALIZAN ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL INTERÉS LEGÍTIMO.". Para describirlas, se han utilizado fórmulas como "irradiación colateral de la norma a los quejosos como terceros", o simplemente, "afectación colateral". Ahora bien, conviene precisar que la premisa básica de este estándar es el requisito de que la afectación colateral alegada debe presentar una relación causal con la norma impugnada que no puede ser hipotética, conjetural o abstracta. En otras palabras, debe tratarse de una afectación palpable y discernible objetivamente del análisis de la ley, al grado de ser calificable como una verdadera creación de la obra del legislador. El principio de división de poderes que inspira el requisito de parte agraviada, obliga a los jueces a reconocer interés legítimo únicamente a la persona que acredite una afectación real en sentido cualitativo, pero también temporal, actual o inminente, nunca hipotético o conjetural." Por otro lado, el interés jurídico es la existencia o actualización de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse, ya sea por la violación de ese derecho, o bien, por el desconocimiento del mismo con motivo de un acto de autoridad; en otras palabras, el interés jurídico corresponde al derecho subjetivo, entendiendo como tal la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho, y supone la conjunción de dos elementos inseparables: a) una facultad de exigir; y, b) una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. De tal manera que tendrá legitimación sólo quien tenga interés jurídico y no cuando la norma jurídica objetiva no establezca a favor del individuo alguna facultad de exigir; así, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado, a quien resiente una afectación con motivo de un acto de autoridad y sólo el titular de algún derecho legítimamente protegible pueda acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo en demanda de que cese esa situación cuando se transgreda, por la actuación de cierta autoridad, determinada prerrogativa constitucional. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia 1a./J.168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 225, Tomo XXVII, Enero de 2008, Materias Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." En ese contexto, el artículo 5 de la Ley de Amparo, estatuye que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo; es decir, que el juicio podrá promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés jurídico) o, en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados (interés legítimo), el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio de relatividad de las sentencias. Luego, como requisito de procedencia del amparo se requiere que el quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, que tal interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo o difuso. Resulta de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, localizable en la página 1807, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Materias Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa." En el presente caso, se actualiza la referida causal de improcedencia, en el caso, el quejoso no acreditó tener interés jurídico o interés legítimo y, que tal interés se vea agraviado. Lo anterior, en virtud de que este órgano de control constitucional llega a la plena convicción que el quejoso acude a este juicio reclamando un interés simple, no con interés jurídico o legítimo para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que le atribuye al Gobernador del Estado de Tabasco y otras autoridades. Lo anterior es así, pues el quejoso acude como ciudadano a reclamar el Decreto 299 aprobado por la Sexagésima Tercera Legislatura al Congreso del Estado, así como su publicación para el grupo étnico que pertenece, en el que se reformó la fracción LVIII del artículo 29; la fracción XX del artículo 65, la denominación del capítulo IV, Procedimiento para la Elección de Delegados, Subdelegados, Jefes de Sector y de Sección, del Título Quinto, para titularse designación de Delegados, Subdelegados, Jefes de Sector y de Sección; las fracciones VI y VIII del artículo 102; el articulo 103 y articulo 105; la adicción de la fracción XXI al artículo 65 y la derogación al artículo 104, todos de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, publicado el veintiuno de julio de la presente anualidad, en el Suplemento F de la edición 8230, del Periódico Oficial del Estado, sin que las autoridades responsables hayan realizado dentro del procedimiento legislativo respectivo, la consulta previa a los pueblos indígenas de Tabasco, sobre la eliminación de sus usos y costumbres. Sin embargo, el interés con el que acude al juicio constitucional corresponde al que en general, tiene todo individuo, pero no manifiesta una especial situación dentro del ordenamiento jurídico que indique la posible intención de un beneficio individualizable o bien de una afectación para el quejoso, por lo que, no puede equipararse al interés legítimo previsto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues no se advierte la afectación de un interés cualificado, actual y real en la esfera jurídica concreta del gobernado por virtud de la especial situación que guarde en relación con el orden jurídico. Dicho de otro modo, no se advierte que el justiciable haya resentido afectación alguna en su esfera jurídica, con motivo de la reforma que por este medio combate, pues únicamente se aprecia que aduce que las autoridades responsables no realizaron dentro del procedimiento legislativo respectivo, la consulta previa a los pueblos indígenas de Tabasco, sobre la eliminación de sus usos y costumbres. Lo anterior permite constatar, que la parte quejosa únicamente acredita un interés simple en relación con la designación de Delegados Municipales. Sin embargo, el interés simple no es suficiente para la procedencia del juicio de amparo, ya que se requiere un interés jurídico o legítimo en donde se demuestre una afectación real y directa en su esfera de derechos por su especial situación jurídica frente al acto reclamado. Se dice lo anterior, no obstante que a su demanda anexó constancia de radicación, con firma autógrafa, de veintiocho de agosto de dos mil veintiuno, expedida por el Sub delegado del Ejido Guayal del municipio de Tacotalpa, Tabasco, así como copia simple de su credencial para votar, las cuáles por sí solas carecen de eficacia probatoria al haber sido presentada la segunda de las mencionadas en copia simple y no estar adminiculadas con diverso medio probatorio, en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de lo dispuesto en su numeral 2. Siendo aplicable la jurisprudencia 193, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice de 1995, Octava Época, registro 394149, Tomo VI, Parte SCJN, Pág. 132, de rubro y texto: "COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." No obstante lo anterior, si bien es cierto que el quejoso en su demanda de amparo bajo protesta de decir verdad refiere ser indígena de la comunidad chol lo cual no está sujeto a prueba; sin embargo, no se advierte que pudiera obtener algún beneficio concreto y real con una eventual concesión del amparo; es decir, que él sea candidato a una elección a delegado municipal y con la entrada en vigor de la citada reforma, se le haya coartado su derecho a ser votado; pues, se insiste, la relación jurídica con que se ostenta es la que existe con cualquier ciudadano, sin determinar individualmente algún perjuicio o la privación de algún beneficio, de ahí que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Libro 43, junio de 2017, Tomo II, página 1078, con registro digital 2014433, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo - no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." En ese tenor, el quejoso tenía que acreditar fehacientemente su interés jurídico o en su caso su interés legítimo, para la procedencia del juicio de amparo, pues no basta hacer meras afirmaciones, ya que de lo antes narrado, se puede advertir que el acto reclamado por el quejoso no le causa ningún perjuicio. Por tanto, -como se dijo- en la especie la parte quejosa no acreditó contar con interés jurídico o legítimo que tutelar mediante el presente juicio de amparo, actualizándose con ello la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Sin que pase desapercibido para la suscrita quien resuelve que el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, en ejecutoria pronunciada el diecisiete de febrero de dos mil veintidós (fojas 53 a 68), en el recurso de queja 226/2021 de su índice, en su primer punto resolutivo declaró fundado el recurso de queja y en su segundo punto resolutivo revocó el auto de desechamiento de demanda de seis de septiembre de dos mil veintiuno, en el cual este juzgado consideró que la parte quejosa no acreditó su interés jurídico ni legítimo; siendo que al respecto el tribunal de alzada consideró que en ese momento dicha causal de improcedencia no era manifiesta e indudable, ya que a consideración del órgano revisor se requerían mayores elementos como los informes justificados de las autoridades responsables y justificación respectiva; además de que el quejoso durante el trámite del juicio podía demostrar que puede tener interés legítimo frente a los actos reclamados; razón por la cual en cumplimiento a la referida ejecutoria en proveído de siete de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, sin que con posterioridad la parte quejosa haya aportado alguna otra prueba con la que se acreditara su interés legítimo para promover el juicio de amparo que insta, lo cual tampoco se advierte de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; de ahí que lo aquí resuelto no contraviene lo ordenado por la superioridad. Por tanto, si en términos de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5° de la Ley de Amparo, el solicitante del juicio de amparo no acreditó su interés jurídico ni legítimo, por lo que es evidente que se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61 de la ley de la materia, lo que conduce a sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento. En ese contexto, ante la actualización de la causa de improcedencia antes indicada, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, tal y como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 335, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ******** por los actos y motivos expuestos en el considerando cuarto de esta ejecutoria. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la misma con supresión de datos personales. Notifíquese.
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