Itiel Palacios García
Expediente 851/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 851/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Itiel Palacios García
- Director General del CEFERESO 13 CPS Oaxaca
- Victor Hugo López Ramírez
Actuaciones
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, acusa recibo de la recepción de las constancias remitidas vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, correspondientes al juicio de amparo 851/2021 del índice de este órgano jurisdiccional; asimismo, informa que acepta la competencia declinada, por lo que registró el asunto bajo expediente 919/2021 de su índice...archívese el presente juicio como asunto concluido.
- Principal
Se recibe la demanda de amparo indirecto que suscribe ***, a favor de *** e ***, contra actos que atribuye al Director General del CEFERESO 13 CPS Oaxaca y otra autoridad. Formación de expediente, registro y seguimiento. Conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo (en adelante: la ley), fórmese expediente tanto impreso como electrónico, identifíquese el juicio con el número 851/2021. Dese seguimiento de su estado procesal en los registros oficiales correspondientes (Libros de Gobierno y SISE). No pasa desapercibo que la demanda carece de firma electrónica; no obstante, se da trámite en virtud de encontrarse en los supuestos del último párrafo del artículo 3, la ley. ( Incompetencia. Ahora bien, se precisa que en este juicio de amparo la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, todas con residencia fuera de la jurisdicción de este juzgado, la privación ilegal de la libertad de los quejosos, así como mantenerlos incomunicados y condicionada la salida del quejoso *** de las instalaciones del CEFERESO 13 CPS Oaxaca, hasta en tanto cubra los gastos erogados por el diverso quejoso *** durante su estancia en ese centro. Luego, la ley prevé diversos tipos de reglas de competencia, a saber: por materia, grado, auxiliar, concurrente y por territorio. En el caso, interesa destacar las referentes a las de "territorio", por lo cual se trae a colación el artículo 37 de ese ordenamiento jurídico, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De este precepto legal se obtienen tres reglas para determinar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito: La primera se caracteriza porque, al margen del lugar en donde radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto es de aquellos que, después de su emisión, requieren de ejecución por parte de una autoridad. La segunda, más que un supuesto diverso a la primera regla, constituye un matiz de la anterior, ya que, sobre el mismo criterio, prevé que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, entonces, cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido en el conocimiento del asunto, será el competente para conocer de la demanda de amparo. La tercera se refiere a que si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como se ve, la ley atiende, como regla general, a los efectos producidos por el acto tildado de inconstitucional, desde la perspectiva de la ejecución material que requiera, de modo que si no la conlleva, la competencia deberá ser definida privilegiando la voluntad del quejoso, esto es, en favor del Juez de Distrito ante quien se haya presentado la demanda. En ese contexto, para resolver el asunto, una primera cuestión a dilucidar es cuál es la regla de competencia aplicable al caso. Con tal propósito, debe atenderse a la naturaleza jurídica de los respectivos actos y determinar si son de ejecución material o no. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que el promovente señala como acto reclamado la privación ilegal de la libertad de los quejosos, así como mantenerlos incomunicados y condicionada la salida del CEFERESO 13 CPS Oaxaca. Asimismo, en el capítulo de autoridades responsables señala a las autoridades responsables siguientes: En cuanto a la ordenadora el Director General del CEFERESO 13 CPS Oaxaca. Ejecutora el Director de Seguridad del CEFERESO 13 CPS Oaxaca." Por lo expuesto, se obtiene que el acto reclamado es de los que sí tienen ejecución material, por lo que se ubica en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 37 de la ley. A partir de las premisas de hecho y de derecho apuntadas, se concluye que la ejecución del acto reclamado tiene verificativo fuera de la circunscripción territorial que corresponde a este Juzgado de Federal. Por lo anterior, el conocimiento de este asunto corresponde a un juzgado de Distrito con competencia en la localidad donde se ejecuta la privación de la libertad de los directos quejosos, esto es, a un Juzgado de Distrito en el estado Oaxaca. Tiene aplicación a lo anterior, por las razones que la sustentan, la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 52/2013 (10a.), localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, página 383, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables". Declinación de competencia. En consecuencia, al no reclamarse como acto alguno que tenga, haya tenido o haya de ejecutarse dentro de los límites territoriales del Estado de Colima, en donde este tribunal ejerce jurisdicción, se estima que carece de competencia legal para conocer del asunto y la declina en favor de un Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, en San Bartolomé Coyotepec, en turno. Por tanto, remítase el expediente 851/2021-7 al citado órgano jurisdiccional, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común. Entonces, en atención a lo previsto en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos de Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con transcripción de este proveído gírese oficio, a través del correo electrónico occjdo13ctooax@correo.cjf.gob.mx, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Oaxaca, con sede en San Bartolomé Coyotepec, para que tenga a bien emitir la boleta de turno correspondiente para estar en posibilidad de enviar la presente demanda y sus anexos al juzgado competente. Hágasele saber que dicha boleta puede ser enviada al correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo32cto@correo.cjf.gob.mx. Hecho lo anterior, se enviará, vía mensajería acelerada (ESTAFETA), al juzgado al que se turne el expediente, el oficio con la boleta de turno y sus anexos. En vista de lo anterior, se ordena formar del expediente en línea, el archivo digital correspondiente, el cual contendrá, además del presente proveído, la totalidad de las constancias que integran el expediente en que se actúa, para lo que tenga a bien proveer la autoridad que conozca del asunto. Ello es así, tomando en consideración la situación que acontece a nivel nacional con motivo de la pandemia derivada del virus COVID-19, y en atención lo estipulado por el Acuerdo General 21/2020 antes mencionado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Solicitud de acuse. Se solicita amablemente al Juzgado de Distrito al que se declina la competencia informe si la acepta o no. Anotaciones. Previo a su remisión, fórmese cuaderno de antecedentes y realícense las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Suspensión de plano. Por otro lado, con motivo de la naturaleza de los actos reclamados, se pronunciará de plano y de oficio la suspensión, en términos del artículo 126 de la ley, que dice: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." En el caso, el promovente reclama en favor de los quejosos la privación ilegal de la libertad e incomunicación, de que son objeto los directos quejosos, supuestos en los cuales el artículo 15 de la ley, contempla que la demanda de amparo puede ser peticionada en favor del agraviado que se encuentre imposibilitado para hacerlo. En relación al acto que reclama, consistente en la incomunicación, es importante apuntar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en la sentencia de veinticinco de noviembre del dos mil, dictada en el caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, lo siguiente: "150. Como ya lo ha establecido este Tribunal, una 'persona ilegalmente detenida se encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo cierto de que se le vulneren otros derechos, como el derecho a la integridad física y a ser tratada con dignidad'. A lo anterior habría que agregar que 'el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a los que se ve sometida la víctima representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano'. Esta incomunicación produce en el detenido sufrimientos morales y perturbaciones psíquicas, lo coloca en una situación de particular vulnerabilidad y acrecienta el riesgo de agresión y arbitrariedad en los centros de detención. Por todo ello, la Corte ha afirmado que, 'en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos [...] la incomunicación debe ser excepcional y [...] su uso durante la detención puede constituir un acto contrario a la dignidad humana'." Este criterio fue utilizado por la propia Corte Interamericana de Derechos de Humanos al resolver los casos Suárez Rosero vs. Ecuador, Bulacio vs. Argentina y Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, los cuales fueron considerados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al elaborar el "Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Asuntos que Involucren Hechos Constitutivos de Tortura y Malos Tratos", donde se establece qué debe entenderse por incomunicación, como se ve de la siguiente transcripción: "La incomunicación tiene como nota característica la imposibilidad para las personas privadas de su libertad de estar en contacto con el mundo exterior (familia, amigos, abogados), lo que representa una violación de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho al respeto de la dignidad inherente al ser humano, considerando además que tales hechos son per se tratos crueles e inhumanos debido al grave sufrimiento que pueden provocar. La incomunicación solamente es permisible como medida excepcional para asegurar los resultados de una investigación y, por consiguiente, debería aplicarse de manera estricta. Así que la detención incomunicada está prohibida a pesar de que dure un breve período de tiempo y en caso de ser extensa en el tiempo constituye una violación de la prohibición de tortura." Atento a la naturaleza de la incomunicación, al sufrimiento que puede llegar a ocasionar en el individuo, así como que se encuentra expresamente prevista el primer párrafo del artículo 126 de la ley, con fundamento en este último numeral de la Ley, se concede de plano y de oficio la medida cautelar para el efecto de que cese de inmediato la incomunicación de *** e ***, de modo que la autoridad responsable que tenga a su disposición a los directos quejosos deberán permitirles comunicarse con sus familiares o abogados defensores, en el entendido que la misma se hace extensiva a cualquier acto prohibido por el artículo 22 constitucional, es decir, a penas de mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, privación de alimentos y agua, así como de penas inusitadas y trascendentales. Cabe puntualizar que si al momento en que se notifique esta determinación, los directos quejosos se encuentran en alguna diligencia y su abogado particular (debidamente identificado y autorizado para ejercer la profesión de abogado) se encuentra presente en las instalaciones donde están recluidos, las responsables deberán permitir de inmediato la asistencia del abogado particular, sin perjuicio de que los directos quejosos estén asistidos por defensor público. Lo anterior, no implica en modo alguno que la autoridad deba repetir actuaciones o diligencias ya practicadas. Respecto del acto reclamado consistente en la privación ilegal de la libertad, se concede la suspensión en los siguientes términos: Si la detención de los quejosos fue realizada aún por autoridades distintas de las señaladas como responsables, se concede la medida cautelar para el efecto de que los peticionarios del amparo sean puestos en libertad, SALVO que la detención obedezca a la comisión de un delito y se trate de flagrancia o en ejecución de una orden del Ministerio Público, en uso de la facultad que le otorga el párrafo quinto del artículo 16 constitucional en vigor, caso en el cual surtirá el efecto de que la parte quejosa quede a disposición de este Juzgado de Distrito por lo que hace a su libertad personal en el lugar donde se encuentre, sin perjuicio de que sin dilación alguna sea puesta a disposición del Ministerio Público para que éste determine sobre su libertad si procediese o su retención, dentro del plazo y en los términos que el párrafo noveno del artículo 16 de nuestra Carta Magna establece, o bien, determine su consignación a la autoridad judicial. Si la detención obedece a una orden judicial, la suspensión será para el efecto de que se pongan de inmediato a disposición del juez correspondiente; en este caso, la autoridad responsable deberá indicar en su informe, la fecha y hora de la detención y de la puesta en disposición ante el Agente del Ministerio Público o autoridad judicial respectiva. Si la detención es por parte del Ministerio Público en uso de las facultades que le otorga el párrafo quinto del artículo 16 de la Constitución Federal, por tratarse de un asunto urgente o en caso de flagrancia, regulada por el párrafo cuarto del invocado dispositivo constitucional, la suspensión de plano se concede para que la parte quejosa quede a disposición de este Juzgado de Distrito por lo que hace a su libertad personal en el lugar en que se encuentra y a disposición del Ministerio Público por lo que hace a la continuación del procedimiento penal, sin perjuicio de que a la parte quejosa se le consigne dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis horas, según sea el caso, contadas a partir de su detención, o bien, ordene su libertad si procediere; si no se trata de flagrancia o urgencia la parte quejosa deberá quedar en inmediata libertad sin perjuicio de la integración de la averiguación previa; lo anterior, con fundamento en el párrafo noveno del artículo 16 de la Constitución General de la República. Requerimiento de informe provisional. Las autoridades responsables deberán informar de inmediato (doce horas) el cumplimiento que den a este mandato, con la consiguiente responsabilidad en caso de ser omisa, debiendo anexar copias certificadas de las constancias que acrediten el motivo legal de la detención, bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a la anterior determinación, se le dará vista al Ministerio Público de la Federación, por la posible comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la ley. Hecho notorio. En términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletorio a la ley, quien suscribe tiene como hecho notorio que en el trámite de este tipo de asuntos, a pesar de que algunas de las autoridades responsables reciben los oficios que le son dirigidos, en ocasiones, los devuelven bajo el argumento de que la denominación no es la correcta, sin pronunciarse respecto al acto reclamado. Por tal motivo, y ante la urgencia que representan los actos aquí reclamados, se les conmina a las autoridades responsables que de recibir los oficios que le son dirigidos, se pronuncien sobre la certeza o no de los actos reclamados, al margen de que en esa misiva comuniquen su denominación correcta, ello, con el propósito de proveer lo conducente. Además, tal proceder es acorde con lo previsto en el artículo 17 Constitucional, ya que este juzgado de distrito estará en condiciones de conocer la situación en que se encuentra el directo quejoso y a la par pronunciarse sobre la denominación de la autoridad generando con ello una administración de justicia pronta; aunado a que se prescinden de formalismos innecesarios. Se exime de otorgar garantía. La medida cautelar de que se trata surte sus efectos desde luego y sin necesidad de otorgar garantía, pues de ejecutarse los actos reclamados de incomunicación causarían a la parte quejosa un gravamen de imposible reparación, pues se consumarían irreparablemente los efectos del acto reclamado mientras se cumplieran tales requisitos, contrariando así los fines de la suspensión. Notificaciones electrónicas. Con fundamento en el numeral 26, fracción IV, de la ley, en relación con los artículos 3, 16, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, habilítesele la práctica de las notificaciones derivadas de las actuaciones que sean realizadas en este juicio por vía electrónica, con los usuarios ***, los cuales se encuentran registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, se comisiona al Actuario Judicial que corresponda, realizar las notificaciones de carácter personal, por dicha vía (electrónicamente). Habilitación de días y horas inhábiles. Para el adecuado despacho de los asuntos, en contexto del artículo 17 constitucional y de conformidad con el artículo 21 de la ley, se habilitan días y horas inhábiles sólo por lo que hace a las notificaciones personales que resulten en el trámite de este juicio de garantías, dada la inmediatez que amerita la tramitación de los juicios de amparo. Impartición gratuita de la justicia. Finalmente, se informa a las partes que en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, entre otros, del juicio de amparo, que fue aprobado por el Pleno del Consejo, en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte. A su vez, se conmina a las partes para que, en atención a lo establecido en los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de evitar la propagación de la epidemia a través de la limitación o restricción en los servicios totales de la actividad jurisdiccional en el Estado, por sí o por sus representantes legales, soliciten para sí o para un tercero, acceso al expediente electrónico, y con ello estén en aptitud de descargar las constancias que obren en aquél. Sin embargo, en caso de tengan alguna imposibilidad técnica o material para ello, y de necesitar imponerse de las actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, tal como lo dispone la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, o de obtener copias de cualquier documento o actuación, deberán generar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, cumpliendo y respetando las disposiciones establecidas en los artículos 3 al 8 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se comunica a Oficina de Correspondencia Común. Comuníquese la radicación de esta demanda de amparo al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, para los efectos de la compensación correspondiente y comisiónese a la actuaría para que al realizar la entrega del oficio correspondiente, obtenga de inmediato la boleta de turno que emite dicha oficina, a fin de que sea glosada a este expediente.
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