Itiel Palacios García
Expediente 497/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 497/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Itiel Palacios García
- Todas las Partes
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diez de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio 29721/2021, firmado vía electrónica con evidencia criptográfica, por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con el que transcribe el auto de ocho de septiembre del año en curso, dictado en el juicio de amparo 1046/2021, del que en lo que interesa se advierte tuvo por recibido la misiva con la que se devolvió el original del expediente aludido, por no haber aceptado este órgano jurisdiccional la competencia que planteó, sin que insista con la determinación que adoptara, por las razones ahí expresadas. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 20, fracción I, incido a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este cuadernillo como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió la suspensión de plano, y que no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, dado que es un asunto en el que se declaró incompetencia para conocer del mismo, de conformidad a lo previsto en el artículo 20, fracción I, incido a), este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 20 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos seis meses, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que laude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio 27654/2021, firmado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, remitido por la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta Ciudad, al que se anexa el juicio de amparo 1046/2021, turnado para efecto de que se dé trámite a la demanda que se adjunta, se provee: Atendiendo a la certificación que antecede y actuaciones del cuaderno de antecedentes del expediente en que se actúa, se advierte que el veintiocho de agosto del año en curso, se formó el presente asunto, con motivo de la misiva de cuenta, remitida vía electrónica por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, pero del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; emitiéndose en esa fecha proveído, por tratarse de un asunto de carácter urgente, en el que no se tuvo aceptada la competencia declinada por esa autoridad jurisdiccional, devolviéndose las actuaciones del expediente 1046/2021, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por José Emmanuel Guzmán López, en representación del directo quejoso Itiel Palacios García; en consecuencia, por la razón apuntada, se ordena regresar el juicio de amparo que anexa al homólogo referido, previa copia simple del oficio de cuenta que se deje en este expediente; solicitando el acuse respectivo. EQUILIBRIO DE LA CARGA Ahora, atendiendo a que el presente juicio se formó por tratarse de un asunto de carácter urgente, conforme a los lineamientos expuestos en el artículo 4, fracción VI del Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con la respuesta al problemario identificado con el numeral 2 de la Circular SECNO/5/2020, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, al tratarse de los asuntos que se reciben fuera del horario de la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta Ciudad; mediante oficio, infórmese esa circunstancia al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta Ciudad, para que realice el registro correspondiente en el sistema de turno adoptado, a fin de equilibrar la carga de trabajo de este Órgano Jurisdiccional; en la inteligencia que una vez realizado lo anterior, deberá remitir la constancia que así lo acredite. Cúmplase.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de agosto de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio 15941/2021, con evidencia criptográfica y firma electrónica del Juez y Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, por el que remite el acuerdo de veinticuatro de agosto del año en curso, al cual se adjunta la misiva 27654/2021, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, mediante el cual, electrónicamente, envía por incompetencia el juicio de amparo 1046/2021, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por José Emmanuel Guzmán López, en representación del directo quejoso Itiel Palacios García, contra actos del Director General del CEFERESO 13 CPS OAXACA y otra autoridad, en cumplimiento al auto de veinte de agosto de dos mil veintiuno, en el que declaró carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver del citado asunto, declinando competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, por las razones que expone. ANOTACIONES Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo indirecto 497/2021. Ahora, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental de legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura, las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese contexto, este órgano jurisdiccional, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la presente demanda de amparo, en atención a las consideraciones siguientes. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo, obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo. En caso que el acto reclamado conlleve una ejecución material, se deben analizar las características de ésta. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo vinculando los efectos del acto reclamado con el derecho constitucional que se considera violado; es decir, considerando las consecuencias directas o inmediatas que produce el acto, y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen. Además, para que un juzgador tenga competencia respecto de un caso específico, este último debe hallarse dentro de la órbita de actuación que la ley expresamente le reserva, dado que como se apuntó en párrafos precedentes, sobre el particular impera la garantía de legalidad, propia de un Estado de Derecho, y para el caso que nos ocupa, al atender al artículo 37 de la Ley de Amparo, se contemplan limitativamente los supuestos en que se actualiza la competencia territorial de los jueces de distrito para conocer de un amparo indirecto, pues es desacertado pretender deducir otros no previstos expresamente. Así, del precepto legal transcrito, se deduce, que por regla general será competente para conocer de la demanda de amparo: a) El Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado (párrafo primero). b) El Juez de Distrito del lugar de residencia de la autoridad que hubiese dictado el acto reclamado, siempre que éste no requiera de ejecución material (párrafo tercero). c) El Juez de Distrito que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en su jurisdicción (párrafo segundo). De lo anterior se advierte que la competencia se fincará en favor del Juez de Distrito en el lugar en el que se trate de ejecutar el acto reclamado. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la determinación reclamada consiste en la privación de la libertad e incomunicación del directo quejoso Itiel Palacios García, quien se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS OAXACA, mismo que tiene su residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz. De ahí, que se colija que este Juzgado de Distrito, carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda, determinándose que corresponde a un Juez de Distrito, en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, en turno, dado que es en dicha ciudad, el lugar en el que ejerce jurisdicción territorial el homólogo federal, es decir, donde se realiza la privación de la libertad e incomunicación del directo quejoso. En razón de lo anterior y conforme a la primera regla de competencia establecida con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca resulta incompetente para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa, por razón de territorio. Apoya lo anterior, por identidad de razones jurídicas la tesis I.1o.A.44 A, con registro 189167, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página mil doscientos noventa y nueve, Tomo XIV, agosto de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Administrativa-Común, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Además, la diversa Tesis I.15o.A.41 K, consultable en la página 2288 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Novena Época, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." Sostener un criterio contrario haría nugatoria la intención del legislador federal en el sentido de hacer el juicio de amparo asequible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso, tratándose de la competencia de los Juzgados de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. En las relatadas consideraciones, con fundamento en los artículos 37, párrafo tercero, y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado no acepta la competencia declinada; en consecuencia, devuélvase a la autoridad jurisdiccional declinante el juicio de amparo 1046/2021, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por José Emmanuel Guzmán López, en representación del directo quejoso Itiel Palacios García, contra actos del Director General del CEFERESO 13 CPS OAXACA; lo anterior, previas constancias que se dejen en este expediente; solicitando el acuse respectivo. Sin que resulte necesario hacer pronunciamiento en relación con la suspensión de plano, toda vez que el homologo declinante se pronunció al respecto. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza al secretario del juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Luis Anselmo Félix Rodríguez, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, autorizado en sesión de nueve de agosto del año en curso, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, notificado por oficio CCJ/ST/2773/2021, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial; ante el Secretario que autoriza y da fe Michelle Jesús Peralta Rodríguez.
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