Itiel Palacios García

Expediente 385/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
385/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
04/08/2021

Partes del expediente

  • Itiel Palacios García
  • Coordinador general de Centros Federales, con sede en la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó y en acuerdo inicial se concedió la suspensión de plano; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo siete, punto "7.4" relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, el proveído donde se concedió la suspensión de plano y esta determinación. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma, se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 18 del Acuerdo General multicitado, en concordancia con el capítulo siete, punto "7.6" del manual citado en párrafos que anteceden, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, contados a partir de esta determinación y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los siguientes noventas días, se procederá a depurar el expediente, conservando las constancias correspondientes. Una vez terminado el proceso de depuración, este órgano jurisdiccional solicitará la transferencia del expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; al cumplir diez años de haberse ordenado el archivo de este expediente como asunto concluido, la Dirección General de Archivo y Documentación podrá ejecutar la destrucción material de aquél, previa autorización de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 385/2021, promovido por Itiel Palacios García en contra de los actos de la autoridad que se menciona más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la parte quejosa, las responsables vulneren sus derechos fundamentales a la salud y vida, los cuales los hace derivar de la exposición al virus COVID-19, así como la negativa para a dictar, establecer, determinar y ejecutar, acciones y/o medidas necesarias para protegerlo de potenciales contagios del aludo virus. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo fue recibida el trece de abril de dos mil veintiuno, en la oficina de la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. Dicho libelo constitucional se turnó a este juzgado de distrito en la misma data y quedó registrado con el progresivo 385/2021; el trece de abril se proveyó sobre la suspensión de plano y se previno a la parte quejosa para que aclarara su acto reclamado respecto al Juez de Control de Proceso y Procedimiento Oral, del 17° Distrito Judicial, en Veracruz, Veracruz; el veintiocho de abril de este año se requirió a la delegada del instituto Federal de Defensoría Pública, Oaxaca, para que designara un defensor público al quejoso; el veintiséis de mayo de este año se tuvo por no presentada la demanda de amparo origen de este expediente respecto de la totalidad de los actos jurisdiccionales atribuidos al Juez de Control de Proceso y Procedimiento Oral, del 17° Distrito Judicial, en Veracruz, Veracruz y se admitió a trámite la demanda de amparo respecto a las restantes; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se otorgó intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de un acto emitido por una autoridad residente en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, del contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que el impetrante de amparo reclama esencialmente lo siguiente: Autoridades responsables: Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. Coordinador General de Centros Federales. Director General del Centro Federal de Readaptación Social, número 13, Cps-Oaxaca Acto reclamado La omisión para a dictar, establecer, determinar y ejecutar acciones y/o medidas necesarias para protegerlo de potenciales contagios con motivo del virus COVID-19. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO La totalidad de las autoridades responsables negaron la existencia de las omisiones que reclama, ya que aducen contar con los protocolos y acciones para mitigar el contagio del aludido virus, lo cual a su decir lo justifican con las documentales que acompañaron a sus informes de ley. Medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". PROCEDENCIA Conforme al informe de ley rendido por la autoridad responsable titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, en representación del comisionado de prevención y readaptación social y del coordinador general de centros federales, hace valer la causal de improcedencia de conformidad con lo establecido por el numeral 61 fracción XX, en la que manifiesta que el presente juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridad en los que de acuerdo a la ley que los rige, procede contra ellos, algún juicio, recurso o medio de defensa legal por el cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En consecuencia, resulta fundado su razonamiento, debido a que el acto que se reclama, consistente en la omisión para a dictar, establecer, determinar y ejecutar acciones y/o medidas necesarias para protegerlo de potenciales contagios con motivo del virus COVID-19 (cuestiones de internamiento), se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. [.]. Acorde con las disposiciones legales transcritas, el juicio de amparo es improcedente cuando como en el caso, los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, deban ser revisados de oficio o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, esto es, que cumpla el principio de definitividad. Luego, como se estableció previamente, el promovente reclama la omisión para a dictar, establecer, determinar y ejecutar, acciones y/o medidas necesarias para protegerlo de potenciales contagios con motivo del virus COVID-19 (cuestiones de internamiento). Ahora, el artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución Federal se dispone: "Artículo 18.- El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto [.]" Por su parte, en los artículos 1°, 2°, 4°, 9°, 25, fracción I, 30, 107 al 115, 122 y 130 al 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se establece lo siguiente: "Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; II. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y III. Regular los medios para lograr la reinserción social. Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales "de los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley." "Artículo 2. Ámbito de aplicación Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia. En lo conducente y para la aplicación de esta Ley deben atenderse también los estándares internacionales." "Artículo 4. Principios rectores del Sistema Penitenciario. El desarrollo de los procedimientos dentro del Sistema Penitenciario debe regirse por los siguientes principios: Dignidad. Toda persona es titular y sujeta de derechos y, por lo tanto, no debe ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o los particulares. Igualdad. Las personas sujetas a esta Ley deben recibir el mismo trato y oportunidades para acceder a los derechos reconocidos por la Constitución, Tratados Internacionales y la legislación aplicable, en los términos y bajo las condiciones que éstas señalan. No debe admitirse discriminación motivada por origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y con el objeto de anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Las autoridades deben velar porque las personas sujetas a esta Ley, sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad o inimputabilidad deben preverse ajustes razonables al procedimiento cuando son requeridos, así como el diseño universal de las instalaciones para la adecuada accesibilidad. Legalidad. El Órgano Jurisdiccional, el Juez de Ejecución y la Autoridad Penitenciaria, en el ámbito de sus atribuciones, deben fundar y motivar sus resoluciones y determinaciones en la Constitución, en los Tratados, en el Código y en esta Ley. Debido Proceso. La ejecución de medidas penales y disciplinarias debe realizarse en virtud de resolución dictada por un Órgano Jurisdiccional, el Juez de Ejecución o la autoridad administrativa de conformidad con la legislación aplicable, mediante procedimientos que permitan a las personas sujetas a una medida penal ejercer debidamente sus derechos ante la instancia que corresponda, de conformidad con los principios internacionales en materia de derechos humanos. Transparencia. En la ejecución de las sanciones penales, exceptuando el expediente personal de la persona sentenciada, debe garantizarse el acceso a la información, así como a las instalaciones penitenciarias, en los términos que al efecto establezcan las leyes aplicables. Confidencialidad. El expediente personal de la persona privada de su libertad tendrá trato confidencial, de conformidad con la ley en la materia, y sólo podrán imponerse de su contenido las autoridades competentes, la persona privada de la libertad y su defensor o las personas directamente interesadas en la tramitación del caso salvo las excepciones establecidas en la Constitución y las leyes aplicables. Publicidad. Todas las cuestiones que impliquen una sustitución, modificación o extinción de las penas y que por su naturaleza e importancia requieran celebración de debate o producción de prueba, se ventilarán en audiencia pública ante el Juez de Ejecución. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determinen las leyes aplicables. Proporcionalidad. Toda intervención que tenga como consecuencia una afectación o limitación de los derechos de las personas privadas de la libertad por parte de las autoridades competentes debe ser adecuada, estrictamente necesaria y proporcional al objeto que persigue la restricción. Reinserción social. Restitución del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de una sanción o medida ejecutada con respeto a los derechos humanos. Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario. Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: I. Recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en prejuicios por razón de género, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades, condición social, posición económica, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana; II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el Centro Penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley; III. Recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para la protección de su salud; IV. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de esta Ley; V. Ser informada de sus derechos y deberes, desde el momento en que sea internada en el Centro, de manera que se garantice el entendimiento acerca de su situación. La información deberá ser proporcionada conforme al artículo 38 de esta Ley y a las demás disposiciones aplicables; VI. Recibir un suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal; VII. Recibir un suministro de artículos de aseo diario necesarios; VIII. Acceder al régimen de visitas en términos del artículo 59 de esta Ley; IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias "correspondientes; X. Toda persona privada de la libertad tiene derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica; XI. A participar en la integración de su plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de la libertad, en el marco de las condiciones de operación del Centro Penitenciario; XII. Los demás previstos en la Constitución, Tratados y las demás disposiciones legales aplicables. Toda limitación de derechos sólo podrá imponerse cuando tenga como objetivo garantizar condiciones de internamiento dignas y seguras, en su caso, la limitación se regirá por los principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad." "Artículo 25. Competencias del Juez de Ejecución En las competencias a que se refiere el artículo anterior, el Juez de Ejecución deberá observar lo siguiente: I. Garantizar a las personas privadas de la libertad, en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconoce la Constitución, los Tratados Internacionales, demás disposiciones legales y esta Ley [.]" "Artículo 30. Condiciones de internamiento Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas." "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." "Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas." "Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad." "Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas." "Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada." "Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición." "Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado." "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro "horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito." "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." "Artículo 122. Formulación de la controversia La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto." "Artículo 130. Revocación El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta Ley. El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva. Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien (sic) de desahogada la audiencia conforme al Código, o de haber transcurrido el término concedido." "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla." "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley." "Artículo 133. Efectos de la apelación La interposición del recurso de apelación durante la tramitación del asunto no suspende éste." "Artículo 134. Emplazamiento y remisión Interpuesto el recurso, el Juez de Ejecución correrá traslado a las partes para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga, y en su caso, ejerciten su derecho de adhesión. Una vez realizado el traslado, la unidad de gestión remitirá dentro de las veinticuatro horas siguientes las actuaciones al tribunal de alzada que corresponda." "Artículo 135. Tramitación y resolución de la apelación En el auto que se tengan por recibidas las actuaciones enviadas por el Juez de Ejecución, se determinará si el recurso fue interpuesto en tiempo, si la persona tiene derecho de recurrir y si el auto impugnado es apelable. Si fuese necesario el desahogo de una audiencia, el tribunal de alzada en el auto que tuvo por recibidas las actuaciones, señalará día y hora para la celebración de la misma dentro de los cinco días siguientes. En este caso, el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la celebración de la audiencia. En caso de no darse el supuesto a que se refiere el párrafo anterior el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que tuvo por recibidas las actuaciones." De los preceptos citados, se desprende que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento administrativo para sustanciar lo relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad que, entre otras cosas, guardan relación con los medios o actos que realicen las autoridades penitenciarias tendentes a garantizarles a las personas privadas de su libertad una vida digna y segura dentro del centro penitenciario, entre las que se encuentran: efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes (artículo 9°, fracciones I y IX de la Ley Nacional de Ejecución Penal). Luego, conforme con el numeral 109 de la referida ley especial, las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en la misma, a fin que la autoridad penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión (como en el caso concreto la omisión de implementar acciones para mitigar posibles contagios a causa del virus COVID-19), para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. De igual manera, en la ley mencionada se dispone que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión, deben efectuarse por escrito -sin formalidad- ante el Director del Centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión; incluso, la autoridad penitenciaria debe auxiliar a las personas privadas de la libertad -cuando se lo soliciten- a formular el escrito correspondiente sobre la base de que en dicho procedimiento el interno puede ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. Asimismo, en la ley de referencia se establece la forma que deben sustanciarse las peticiones, esto es: Una vez recibida la petición, la autoridad penitenciaria dentro de las veinticuatro horas siguientes, la admitirá e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa; dicha determinación debe notificarse de forma personal al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. De no hacerlo, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y verbal aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Admitida la petición, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. El Director del Centro estará obligado a resolver dentro de un plazo de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Lo anterior revela claramente la existencia de un procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sea, cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta, entre otros. De igual forma, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, ya que en el artículo 114 de la legislación mencionada se dispone que si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste: Podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. También es importante destacar que en la Ley Nacional de Ejecución Penal se prevé la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender las solicitudes formuladas por las personas restringidas de su libertad, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el Juez resolverá dentro de un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el Juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo en el plazo previsto en la Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. En efecto, la legislación especial señala que en caso que dentro del plazo legal, el juez no se pronuncie, la persona privada de su libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa; al respecto, los artículos 117 y 122 a 127, prevén la procedencia y procedimiento para su ejercicio, y cuando se trate de traslados (artículo 117 fracción III), se podrá promover la controversia judicial en el momento de la notificación, o dentro de los diez días siguientes cuando la persona no fue notificada, misma que debe presentarse por escrito, relatar los hechos materia de su inconformidad, medos de prueba, en su caso solicitar la suspensión del acto ( la cual incluso se deberá conceder oficiosamente); para lo cual, el juez una vez recibida la solicitud, contara con setenta y dos horas para emitir un auto en el que podrá admitir, prevenir o desechar la controversia. Asimismo, el diverso numeral 128 de la referida legislación, permite a los jueces de ejecución, dar efectos generales a las resoluciones relativas a las condiciones de internamiento, extendiendo sus efectos a todas las personas privadas de la libertad que se encuentren en las mismas condiciones que motivaron la resolución, debiendo el juez establecer un calendario para la instrumentación progresiva de la resolución, previa audiencia de las partes. De igual manera, el interno tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. Así, se insiste, aun en los casos urgentes, la citada ley contempla que las peticiones relativas, como lo son las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, entre otras, aquellas relativas a cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno, dan pie a acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. Hipótesis que en la mencionada legislación prevé un procedimiento especial. Por tanto, si en el caso sujeto a estudio, la parte quejosa reclama la omisión para a dictar, establecer, determinar y ejecutar acciones y/o medidas necesarias para protegerlo de potenciales contagios con motivo del virus COVID-19 (cuestiones de internamiento); por ende, debió agotar el procedimiento administrativo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, previo a la promoción del juicio de amparo, pues éste es un medio extraordinario de defensa, es decir, sólo procede cuando el acto reclamado irroga un perjuicio irreparable al quejoso; en el entendido que, no obstante que los actos pudieran requerir atención urgente, no se está en una hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo con motivo a la suspensión, pues como se expuso en párrafos anteriores, la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que en actos urgentes, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. En efecto, el procedimiento administrativo de referencia se encuentra previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal y se encuentra dirigido a todos los internos, sin importar el estado procesal, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de una pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 2° de dicho ordenamiento. Esta situación es relevante porque la propia ley prevé la instauración de un procedimiento accesorio, tramitado dentro de otro principal. Conviene señalar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, además de contemplar un procedimiento administrativo, también prevé uno de índole jurisdiccional, el que se encuentra previsto en los artículos 116 al 119, de los que se desprende que las personas legitimadas para formular las peticiones administrativas, también tienen acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil." En consecuencia, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada y debe de sobreseerse en el juicio de amparo, pues la parte quejosa acude a la instancia constitucional a solicitar el amparo y la protección de la Justicia Federal, por la omisión para a dictar, establecer, determinar y ejecutar acciones y/o medidas necesarias para protegerlo de potenciales contagios con motivo del virus COVID-19 (cuestiones de internamiento), sin haber agotado el procedimiento administrativo previsto en los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que a través de ese procedimiento es posible lograr que las autoridades penitenciarias se pronuncien al respecto. Por tanto, si la parte quejosa cuenta con un mecanismo de peticiones regulado expresamente por una norma vigente que tiene como finalidad que la autoridad administrativa (como las señaladas como responsables), conozca sus necesidades y peticiones y, pueda, en su caso, satisfacerlas, es esa vía la que se tiene que seguir, al tener regulación expresa en la materia. Es aplicable la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el libro 61, tomo I, de diciembre de dos mil dieciocho en la página 230, con número de registro 2018548, del rubro y texto siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Se estima pertinente precisar que la admisión de la demanda de amparo, no constituye un impedimento para estudiar la causa de improcedencia analizada en esta sentencia, pues este órgano de control constitucional está obligado a ello, de acuerdo a la propia ley y la jurisprudencia. En lo conducente es aplicable la tesis publicada en la página 544 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, Julio de 1994, Materia Común, Octava Época, de contenido: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." DECISIÓN Bajo ese contexto, atendiendo a las razones expuestas con antelación, al haberse concluido que en la especie se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, en términos de lo dispuesto por el normativo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. Por todo lo anterior, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte inconforme. Las manifestaciones precedentes cobran aplicación en la jurisprudencia VI. 1o. J/23, publicada en la página 252 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 22-24, octubre-diciembre de 1989, Materia Común, Octava Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Itiel Palacios García, por las razones expuestas en el considerando VI de esta resolución. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de julio de dos mil veintiuno. Agréguense sin mayor proveer el informe justificado de cuenta; lo anterior, debido a que en determinación emitida el pasado dos de julio, se tuvo por recibido aquel, acordándose lo respectivo. Por otro lado, del estado procesal de autos, se advierte que en determinación emitida el pasado dos de julio se ordenó agregar el informe justificado rendido por la responsable; por tanto, se encuentra transcurriendo la vista prevista en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes tengan conocimiento del referido informe; en consecuencia, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere para las catorce horas con treinta minutos del dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado de cuenta y téngase como prueba del titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, en representación del comisionado de prevención y readaptación social y del coordinador general de centros federales, las documentales que anexa, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Con el informe y las documentales referidas con antelación, dese vista a las partes. NOTIFÍQUESE.

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