Itiel Palacios Garcia

Expediente 187/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
187/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
09/03/2021

Partes del expediente

  • Itiel Palacios Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto dictado el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d del citado Acuerdo General, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, se advierte que la demanda de amparo que dio origen a este asunto, fue remitida por el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, directamente a este órgano jurisdiccional, y no a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; en tales circunstancias, gírese oficio a la Jefa de la aludida Oficina, para que ésta a su vez realice la compensación respectiva y lo turne a este Juzgado. CÚMPLASE.

  3. Principal

    MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Visto el oficio 102/2021, mediante el cual el Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por el que transcribe la resolución de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno dentro del Juicio de Amparo 182/2021 de su índice y remite electrónicamente la demanda promovida por Karina Alvares Zamudio, en nombre Itiel Palacios García, contra actos del Director General del CEFERESO 13 CPS Oaxaca. Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. En consecuencia, téngase por recibidos los autos y acúsese el recibo correspondiente, haciéndose del conocimiento del citado órgano jurisdiccional que este juzgado acepta la competencia y se avoca al conocimiento del asunto de que se trata. Por otra parte, en términos del artículo 3, in fine de la Ley de Amparo, este asunto se encuentra en el supuesto de excepción del requisito de firma electrónica a que alude el numeral aludido, ya que por una parte se trata de un asunto calificado como urgente y, por otra, se promueve en términos de los artículos 3, 15 y 109 de la ley de la materia. En términos de lo anterior, con fundamento en el artículo 3, in fine de la Ley de Amparo, el cual establece expresamente que "No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley", este Juzgado no estima necesario llevar a cabo la ratificación de la presente demanda de amparo, al tratarse de un caso estimable como la incomunicación. Ahora, del examen de la demanda se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo vigente, disponen: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo anterior, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen. En tanto, que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra reza: "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. ." Del anterior precepto, se desprende que, tratándose del principio de definitividad (agotar recursos o medio de defensa legal), el juicio de amparo es procedente siempre y cuando el promovente, previo a interponer el juicio de amparo, agotó los recursos ordinarios previstos, susceptibles de nulificar, revocar o modificar el acto; ello, siempre que la ley que lo establezca o lo rija y no se exija mayores requisitos que los previstos en la ley reglamentaria para la suspensión definitiva. Es así, porque en el caso, la parte promovente reclama de la autoridad administrativa penitenciaria esencialmente la negativa de permitir que el quejoso tenga comunicación efectiva, de calidad y privada con su defensa. Empero, conforme a lo dispuesto por los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, señala que las personas privadas de su libertad y aquellas legitimadas en esa Ley, podrán accionar "Peticiones Administrativas" ante la autoridad penitenciaria en contra de hechos, actos u omisiones en relación a las condiciones de internamiento. En este orden de ideas, resulta inconcuso que contra la falta de comunicación entre el procesado y defensor existe el citado medio defensa ordinario, el cual tiene la posibilidad de confirmar, modificar o revocar la referida falta de comunicación, sin que exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, ya que para ello, sólo se requiere que la parte legitimada (defensor o persona privada de su libertad) realice una petición por escrito sin formalidad alguna ante el Titular del Centro Penitenciario, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión . Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 1a./J. 79/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Común, Penal, deducido de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 230, con Registro digital: 2018548 y de rubro y texto siguiente: OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad. Bajo este contexto, ante la naturaleza del acto que reclama el promovente y; previo a la promoción del juicio de amparo, debió agotar el recurso ordinario procedente, para cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo y; al no haberlo hecho, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor; por lo que se procede DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Por otro lado, en atención a la certificación realizada por la Secretario de este Juzgado, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Víctor Hugo López Ramírez y José Emmanuel Guzmán López. Por otra parte, con apoyo en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por los diversos 25/2020 y 37/2020 del mismo Pleno, se le tiene señalando el correo electrónico y los números de teléfono que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Asimismo, para que se establezca el contacto respectivo cuando sea necesario llevar a cabo notificaciones personales, a fin de lograr el éxito de la diligencia y para seguridad de quienes intervengan en la misma, en cumplimiento a las medidas de aislamiento social y sana distancia. Lo anterior, dado que para recibir notificaciones electrónicas, debe contar con el nombre de usuario o contraseña que se crea al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o su firma electrónica (FIREL), en términos de los artículo 55 y 60 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, con fundamento en los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdicciones a cargo del propio Consejo, se autoriza al usuario que señala, para que consulte el expediente electrónico de este asunto. Y, con apoyo en los artículos 26 fracción IV, 30 y 31, fracción III, de la Ley de Amparo; en relación con los diversos 39, 55, 60, 61, 62 y 63 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdicciones a cargo del propio Consejo, como lo solicita el promovente del amparo se autoriza la notificación electrónica de las resoluciones emitidas en este asunto; por lo que dígasele que para ser notificado de los acuerdos y determinaciones deberá ingresar con el nombre de usuario y contraseña, o bien a través de su firma electrónica, al módulo de consulta de notificaciones de Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para ello la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, deberá vincular el usuario que indica el promovente previa verificación de que los datos coincidan con los registros de la base que arroje el sistema; y agregar la constancia respectiva al expediente. Tome nota el área de actuaria para los efectos legales consiguientes. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE.

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