ITIEL PALACIOS GARCIA y Otros.

Expediente 66/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
66/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
06/06/2022

Partes del expediente

  • ITIEL PALACIOS GARCIA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, seis de junio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, por medio del cual hace de conocimiento que aceptó la competencia planteada por este órgano de control constitucional y se avocó al conocimiento del mismo. Archivo Toda vez que no existen actuaciones pendientes por desahogar en el presente asunto, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como totalmente concluido. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente, así como al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que se trata de un EXPEDIENTE AUXILIAR (cuaderno de antecedentes); en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el apartado 8.1.1, fracción I, inciso a), del aludido Manual, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de seis meses en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por la Técnico de Enlace Administrativo encargada de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, a través del cual, informa que tocó conocer de la incompetencia planteada al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, en virtud de que por auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido y se proveyó lo conducente. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de la Técnico de Enlace Administrativo encargada de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, a través del cual, atento a lo solicitado en auto de doce de mayo pasado, informa que tocó conocer de la incompetencia planteada al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo. Atento a lo anterior, solicítese a ese órgano jurisdiccional, el acuse de recibo correspondiente y que informe si acepta la competencia declinada, lo anterior, a fin de estar en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda. Se anexa papeleta de turno del asunto. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta firmado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual remite vía digital las constancias que integran el juicio de amparo 200/2022-VI de su índice, ello en razón de que declina competencia por razón de materia para conocer de la demanda de amparo promovida por *********, en representación de ********; en tal virtud, regístrese en el libro de juicios de amparo con el número 66/2022-I, y fórmese el expediente correspondiente. Con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, acepta la competencia planteada. Acúsese recibo correspondiente. Sin que resulte necesario realizar manifestación alguna respecto de la suspensión de plano solicitada, en razón a que la autoridad declinante ya se pronunció al respecto en proveído de veintiuno de enero último. Competencia No obstante lo anterior, este juzgador federal estima carecer de competencia por razón de territorio para conocer del presente asunto, en atención a las siguientes consideraciones. Los actos reclamados en el presente juicio, se hacen consistir en: a) La omisión de proporcionar al quejoso artículos de limpieza como lo es jabón, shampoo, pasta de dientes, cepillo dental, rastrillos, crema y papel higiénico. b) La negativa de brindarle al quejoso los productos de la tienda que éste ha decidido adquirir y solamente darle cosas que no solicitó y negándole la venta de artículos de limpieza, como lo es jabón, shampoo, pasta de dientes, cepillo dental, rastrillos, crema y papel higiénico. c) Mantener una vigilancia permanente al quejoso por una custodia mujer, las cuales lo hacen que se desnude cada vez que acude a algún lugar, lo están viendo cuando se está bañando y han pretendido hacerle tocamientos. d) Mantener en estado de zozobra y amenazado al quejoso, pues existe un cuarto donde se practica tortura, donde es conducido a efecto de hacerle firmar documentos en blanco con la amenaza de que sí no lo hace le van a pegar o incluso pueden hacerlo desparecer. Así, uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como un subprincipio inserto en el genérico de legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Lo anterior, en consideración a que, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los jueces de distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto se advierta. Es de precisarse que, como se dijo, este Juzgado de Distrito considera carecer de competencia legal para continuar conociendo del presente asunto por cuestión de territorio, en razón al contenido del precepto 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, el diverso 37, párrafo primero, de la ley de la materia, los cuales establecen lo siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse(.).". Ley de Amparo. "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Conforme lo dispuesto por este último numeral, se advierten tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) Será competente el del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, al tratarse de actos que requieran ejecución material, el juez de distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. En ese sentido, es menester precisar que del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa reclama diversas omisiones y negativas de proporcionarle artículos de higiene, así como de ser sujeto a actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; por lo que, es evidente que nos encontramos en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo. En la especie, dichos actos, al tener aparejada una ejecución material, tienen lugar en el Estado de Coahuila, ya que el promovente expresamente manifestó que ahí se encuentra privado de su libertad. Por ello, la autoridad judicial competente es aquélla con residencia en la citada entidad federal. De conformidad con la siguiente jurisprudencia resulta competente el Juez de Distrito donde se encuentra privado de su libertad el directo quejoso: "CONTROVERSIAS RELACIONADAS CON CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. ES COMPETENTE PARA RESOLVERLAS LA JUEZA O EL JUEZ DE EJECUCIÓN DEL TERRITORIO Y FUERO DEL CENTRO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posturas contrarias en torno a la Jueza o al Juez de Ejecución que es competente para conocer de una controversia judicial sobre las condiciones de internamiento de una persona privada de su libertad con motivo de una pena de prisión o prisión preventiva impuesta por un órgano jurisdiccional de un fuero y entidad federativa diversa de aquella que corresponde al centro penitenciario en el que se encuentra recluida, en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Criterio jurídico: La competencia para conocer de una controversia judicial sobre las condiciones de internamiento corresponde a la autoridad jurisdiccional de ejecución del mismo fuero y territorio del centro penitenciario en el que se encuentra la persona privada de su libertad, con independencia del fuero o entidad federativa en la que se emitió la determinación que restringió su libertad personal. Justificación: El artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal señala que son competentes para conocer del procedimiento de ejecución penal la autoridad jurisdiccional en cuya circunscripción territorial se encuentre la persona privada de la libertad, independientemente de la circunscripción territorial en la que se hubiese impuesto la sanción en ejecución. Dada la aplicación obligatoria de esa norma en todo el territorio nacional, de conformidad con el artículo 73, fracción XXI, inciso c), constitucional, y 2 de la ley nacional de referencia, se debe entender que la norma en análisis contempla también una distinción por razón de fuero, pues en un sistema federal como el nuestro, los fueros constitucional, federal y local pueden coexistir en un mismo territorio. En esas condiciones, cuando se promueva una controversia judicial relativa a las condiciones de internamiento en un centro penitenciario, la distinción del fuero competente para conocer de la misma deberá resolverse en atención al que corresponda con el del centro penitenciario en el que se encuentre la persona privada de su libertad, pues es el órgano judicial competente para resolver sobre la legalidad de las disposiciones normativas con base en las cuales se habrá de resolver el conflicto, como sería el reglamento del centro penitenciario y las demás condiciones administrativas que sirvan de sustento para ordenar su operación. Esto obedece también a un principio de concentración, pues de adoptarse un criterio de competencia en función del fuero del órgano que emitió la resolución que mantiene a la persona privada de su libertad, no se resolvería el problema en muchos otros supuestos, pues habrá casos en los que una persona se encuentre privada de su libertad con motivo de diversas causas penales que se lleven ante órganos jurisdiccionales de distintos fueros, lo que generaría incertidumbre para la persona en reclusión, respecto de la autoridad a la que debe acudir para oponer la controversia.". Asimismo, tiene aplicación al presente asunto la jurisprudencia de rubro y texto: "COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A LOS INTERNOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. RECAE EN EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR AL QUE CORRESPONDA EL DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, AL SER UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS. De lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XVII/2018 (10a.), de título: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD.", se advierte que para que la inactividad de la autoridad constituya, en el ámbito jurídico, una omisión, es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Por otra parte, los artículos 34 y 72 a 80 de la Ley Nacional de Ejecución Penal imponen a las autoridades penitenciarias la obligación de garantizar atención médica a los internos bajo su resguardo, en tutela al derecho humano a la salud. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la ejecución material de un acto reclamado no atiende solamente a su contenido -en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o la prohibición de llevar a cabo algo-, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Así, la omisión de las autoridades penitenciarias de brindar atención médica a los internos bajo su resguardo constituye un acto negativo con efectos positivos, pues produce una afectación que trasciende a la materialidad, ante la alteración o agravamiento de su estado de salud, por lo que posee el atributo de ser ejecutable materialmente. Con base en lo anterior, se concluye que la regla de competencia por territorio a la que hay que acudir, es la prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que finca los atributos para conocer de la demanda relativa, a favor del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en el que deba, trate, se esté o se haya ejecutado el acto reclamado, es decir, en el domicilio del establecimiento penitenciario.". Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37, 48 y 217 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo procedente es remitir el presente juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, para que, a su vez, lo remita al juzgado de distrito en turno, a quien se estima competente para conocer de la controversia planteada; solicitándole a ese órgano jurisdiccional, el acuse de recibo correspondiente e informe si acepta la competencia declinada. Asimismo, con las constancias respectivas fórmese cuaderno de antecedentes, para los efectos legales a que haya lugar. Solicitud de acceso a expediente electrónico Asimismo, téngase a la parte quejosa solicitando la autorización para tener acceso al expediente electrónico; en consecuencia, toda vez que proporciona el nombre de usuario generado por el sistema de consulta de expediente electrónico, instrúyase al servidor público correspondiente, para que capture dicha autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Domicilio y autorizados del quejoso Por cuanto hace a su solicitud en el sentido de que se le notifique por la misma plataforma, instrúyase al actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional para que en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, realice las notificaciones de forma electrónica al usuario proporcionado. Finalmente, infórmese a la parte quejosa que queda en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por autorizadas a las personas que menciona en su escrito inicial de demanda que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer dicha profesión. Datos de contacto Se toma conocimiento de los datos de contacto proporcionados, con la finalidad de que sean utilizados por el personal de este órgano jurisdiccional únicamente para tales efectos, en caso de ser necesario. Uso de medios electrónicos y obtención de copias Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Tramitación de juicio en línea Finalmente, se exhorta a las partes para que de conformidad con el artículo 28 del "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; de ser posible, transiten y continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Notifíquese personalmente.

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