Itawel Omrou el Vilaly

Expediente 1075/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1075/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Itawel Omrou el Vilaly

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, ha fenecido el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión [medio de impugnación establecido en el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), de dicha legislación], en contra del proveído dictado en el presente asunto, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio en que se actúa, sin que ninguna de las mismas lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto causó estado para todos los efectos legales. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que mediante proveído de treinta de octubre de dos mil veintitrés, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se provee lo siguiente: JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE El presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se ha sobreseído fuera de audiencia respecto de todos los actos reclamados y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo tanto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 20 del citado instrumento normativo, consérvese este expediente por el término de tres años y cumplido que sea dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes destrúyase, debiéndose remitir el acta de baja documental condigna a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. CLASIFICACIÓN DEL CUADERNO INCIDENTAL Se hace la indicación que el cuaderno del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es conservable, pues se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, lo anterior acorde a lo dispuesto al artículo 17, fracción lll, inciso b) del acuerdo general relativo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 20 del citado Acuerdo General.

  2. Incidental

    Vista la certificación que antecede, se advierte que el diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante Circular 28/2023, hizo del conocimiento que en sesión extraordinaria celebrada en la misma data, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó que debido a las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos, con la finalidad de salvaguardar la seguridad y generar certidumbre a los usuarios del Sistema de Justicia 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 3 Incidente de suspensión 1075/2023 Federal, declaró inhábiles del diecinueve al veinticuatro de octubre del año en curso, y que se suspenden los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas. De igual forma, se señaló que de manera retroactiva, se declararon inhábiles el pasado dieciséis, diecisiete y dieciocho de este mes, en el entendido que aquellas actuaciones y diligencias que ya se hubieran celebrado subsistirá su validez. De igual forma, en alcance a la referida circular, en oficio de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, signado por el Coordinador de Titulares de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, comunicó que, con apoyo en el oficio de veinticuatro de octubre del año en curso, suscrito por el licenciado Jesús Gilberto González Pimentel, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, así como derivado de las solicitudes formuladas por las y los trabajadores de los Juzgados de Distrito, por causas de fuerza mayor (paro de labores), se ampliaba dicha suspensión de labores en los referidos Juzgados, declarándose inhábiles los días del veinticinco al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. En tales condiciones, se levanta la suspensión de los plazos y términos procesales decretada en el presente asunto, con la precisión de que dicha determinación implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Asimismo, de la certificación que antecede se advierte que el dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, debido a la suspensión de labores que aconteció a partir de las catorce horas, quedó pendiente de atender la promoción con registro 14321, recibida en esa propia fecha. Por tanto, agréguese a los autos el oficio signado por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en la Ciudad de México, en representación del 1Titular, 2Jefe de 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 4 Departamento y 3Encargado, todos de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a través del cual da cumplimiento a la suspensión definitiva dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que informa que el veintidós de octubre del presente año, el Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, admitió a trámite la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del ahora quejoso, y le previno para que se presentaran en sus oficinas para realizar el llenado de formulario de registro, toma de fotografía para la emisión de constancia de trámite, recepción de datos biométricos para la emisión de la CURP y llenado de formulario de detención de necesidades. Asimismo informa, que mediante acta circunstanciada de seis de octubre de la anualidad que transcurre, dicho titular hizo constar que la parte quejosa no se presentó a dar continuidad a su trámite, por lo que existía imposibilidad jurídica y materia para continuar con el procedimiento de refugiado.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A PARTE QUEJOSA RESOLUCIÓN DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que la fecha para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto, está señalada para las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Asimismo, que el diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante Circular 28/2023, hizo del conocimiento que en sesión extraordinaria celebrada en la misma data, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó que debido a las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos, con la finalidad de salvaguardar la seguridad y generar certidumbre a los usuarios del Sistema de Justicia Federal, declaró inhábiles del diecinueve al veinticuatro de octubre del año en curso, y que se suspenden los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas. De igual forma, se señaló que de manera retroactiva, se declararon inhábiles el pasado dieciséis, diecisiete y dieciocho de este mes, en el entendido que aquellas actuaciones y diligencias que ya se hubieran celebrado subsistirá su validez. De igual forma, en alcance a la referida circular, en oficio de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, signado por el Coordinador de Titulares de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, comunicó que, con apoyo en el oficio de veinticuatro de octubre del año en curso, suscrito por el licenciado Jesús Gilberto González Pimentel, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, así como derivado de las solicitudes formuladas por las y los trabajadores de los Juzgados de Distrito, por causas de fuerza mayor (paro de labores), se ampliaba dicha suspensión de labores en los referidos Juzgados, declarándose inhábiles los días del veinticinco al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. En tales condiciones, se levanta la suspensión de los plazos y términos procesales decretada en el presente asunto, con la precisión de que dicha determinación implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Asimismo, de la certificación que antecede se advierte que el dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, debido a la suspensión de labores que aconteció a partir de las catorce horas, quedó pendiente de atender la promoción con registro 14322, recibida en esa propia fecha. Por tanto, agréguese a los autos los informes justificados correspondientes al 1Titular, 2Jefe de Departamento y 3Encargado, todos de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, por conducto del Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en la Ciudad de México, y anexo que acompaña. Asimismo, se tiene a las responsables de trato autorizando como delegados de su intención y señalando como domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones a los profesionistas y la dirección que citan en su ocurso de mérito, de conformidad con los artículos 9 y 28 de la Ley de la Materia. Ahora bien, del contenido de las documentales que en copia certificada remite la autoridad signante en sus informes justificados, se advierte que adjunta la resolución de veinte de septiembre del presente año, de la que se puede observar que el Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, admitió a trámite la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del ahora quejoso, y le previno para que se presentaran en sus oficinas para realizar el llenado de formulario de registro, toma de fotografía de titular y dependientes para la emisión de la constancia de trámite, recepción de datos biométricos para la emisión de la CURP y llenado de formulario de detención de necesidades. Asimismo remite el acta circunstanciada de seis de octubre de la anualidad que transcurre, de la que se advierte que la parte quejosa no se presentó a dar continuidad a su trámite, por lo que asentó que se encontraba imposibilitado jurídicamente para continuar con el procedimiento de refugiado. Lo anterior pone de manifiesto que se actualiza una causal de improcedencia que obliga al sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Para ilustrar este aserto, primeramente es necesario transcribir el contenido del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Efectivamente, del contenido de la demanda de amparo, se advierte que el acto aquí reclamado lo constituye: La omisión de expedirle la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado; y La omisión de otorgarle la Clave Única de Registro de Población (CURP). Sin embargo, del contexto de las documentales anexas al informe justificado de cuenta, se advierte que el acto reclamado ha cesado sus efectos. Cierto, de la resolución de veinte de septiembre del presente año (fojas 37), se advierte que el Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, admitió a trámite la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del ahora quejoso, y le previno para que se presentara en sus oficinas para realizar el llenado de formulario de registro, toma de fotografía de titular y dependientes para la emisión de la constancia de trámite, recepción de datos biométricos para la emisión de la CURP y llenado de formulario de detención de necesidades. Y del acta de seis de octubre de la anualidad que transcurre (foja 39), se advierte que la parte quejosa no se presentó a dar continuidad a su trámite, por lo que asentó que se encontraba imposibilitado jurídicamente para continuar con el procedimiento de refugiado. Luego, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, pues la potestad responsable citada, admitió a trámite formalmente la solicitud de refugiado del quejoso Itawel Omrou El Vilaly, y le previno para que se presentara en sus oficinas para realizar el llenado de formulario de registro, toma de fotografía de titular y dependientes para la emisión de la constancia de trámite, recepción de datos biométricos para la emisión de la CURP y llenado de formulario de detención de necesidades; de manera que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. Aunado al hecho que del acta de seis de octubre de la anualidad que transcurre, se advierte que la parte quejosa no se presentó a dar continuidad a su trámite, por lo que asentó que se encontraba imposibilitado jurídicamente para continuar con el procedimiento de refugiado. Lo anterior, debido a que no existe una negativa de expedir la constancia de trámite, así como el CURP de refugiados al quejoso Itawel Omrou El Vilaly, por el contrario, se admitió a trámite formalmente su solicitud, ordenándose la expedición de los documentos de referencia, siempre que se cumpla la prevención decretada en auto de veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Entonces, el actuar de la autoridad responsable otorga a la parte quejosa la restitución de sus derechos humanos, como lo hubiera obtenido ante una eventual concesión de la sentencia de amparo, pues sus efectos se traducirían en expedir de forma provisional la Constancia de Trámite de Reconocimiento de la Condición de Refugiados, así como la Clave Única de Registro de Población (CURP), encontrándose sujeto a que el quejoso cumpla con los requisitos legales para su expedición; esto es, no obliga a la emisión de facto de las constancias peticionadas, sino que su expedición depende del cumplimiento de los requisitos que se impongan en la admisión del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, como en el caso acontece. En consecuencia, es evidente que en la especie, ha ocurrido un motivo que torna improcedente el presente juicio de amparo, porque han cesado los efectos de los actos reclamados, consistentes en la omisión de expedirle la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, y la omisión de otorgarle la Clave Única de Registro de Población (CURP). Por lo que sobreviene la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo y en consecuencia, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, es procedente sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación por contener el principio jurídico apuntado, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada con el número 59, Novena Época, visible en la página 38, Tomo XIV, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto literalmente establecen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 10, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos del sobreseimiento; estos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional programada para las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés.

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