Itandehui Cruz Aragón

Expediente 615/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
615/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
20/10/2021

Partes del expediente

  • Itandehui Cruz Aragón

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO Por otra parte, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de noviembre de dos mil veinte de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos, de los mismos se advierte que a la fecha no obra la constancia de notificación del auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte a la parte quejosa, en el que se desechó la demanda de amparo. En esas condiciones, se requiere a los actuarios judiciales adscritos, para que a la brevedad, de no haberse realizado ya, efectúen la notificación correspondiente y, de inmediato hagan entrega a la mesa de trámite la constancia correspondiente. Asimismo, se les exhorta para que en lo sucesivo sean diligentes en el desempeño de sus funciones, a fin de evitar retrasos innecesarios en la tramitación de los asuntos de este órgano jurisdiccional. CÚMPLASE Síntesis creada automáticamente desde Determinaciones Judiciales

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL AUTO QUE A CONTINUACIÓN DE TRANSCRIBE, SE PUBLICA POR LISTA: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de octubre de dos mil veinte. I. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por Itandehui Cruz Aragón, por propio derecho, contra actos del Director de Servicios Jurídicos del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca (IEEPO), con sus anexos; regístrese en libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 615/2020 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. II. Análisis del escrito de demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ley de Amparo "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 1°, fracción I, y 5, fracción II, con relación en el diverso 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, ya que, en el caso que nos ocupa, la señalada como responsable Director de Servicios Jurídicos del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca (IEEPO), no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del presente juicio de amparo. Los numerales citados, en lo conducente disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: --- I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: --- II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.)." Conforme a los preceptos legales trascritos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquélla que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares; de tal suerte, que si los actos que se reclaman en un juicio de amparo no se atribuyen a un ente de autoridad con las características antes señaladas, éste resulta improcedente. Así, congruente con la doble personalidad del Estado, sólo podrá legalmente ser considerada autoridad para los efectos del amparo, la que actúe con imperio, como persona de derecho público, cuyo acto, satisfaga las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Es ilustrativa a lo antes puntualizado, la tesis aislada P. XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, Febrero de 1997, materia común, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". Así como la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2a. CCIV/2001, página 39, tomo XIV, noviembre de 2001, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS" Por tanto, el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares; así, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para ello, es preciso atender a las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales, éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior frente a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Es de particular importancia destacar, del análisis integral de la demanda de amparo y, escrito de petición que anexa a la misa, se advierte que la parte promovente, reclama del Director de Servicios Jurídicos del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca (IEEPO): La falta de contestación a su escrito de petición de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, así como la omisión de dictar medidas para que no se le afecte laboralmente y, se le reincorpore a la planilla de docentes de la escuela primaria "Otilio Montaño" con la finalidad de continuar desempeñando actividades como profesora del quinto grado grupo "b" del plantel educativo antes citado. De igual forma, en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, en lo que ahora interesa, manifiesta: ".a partir del quince de julio del año dos mil quince, me encuentro adscrita a la escuela primaria "Otilio Montaño" (.) perteneciente a la Zona Escolar 085 (.) Tal y como se desprende de la constancia de servicios de fecha ocho de octubre del año dos mil diecinueve (.) me encuentro a cargo del quinto grado grupo "B", en el plantel educativo antes mencionado" (..) Ahora bien, debido a la contingencia sanitaria provocada por el virus SARSCOV-2 (.) la (.) Directora Comisionada de la Escuela Primaria Otilio Montaño (.) informa sobre las actividades que a distancia se deben implementar con los alumnos de cada grado escolar, siendo que también por este medio me informó que por acuerdo de la Dirección y Supervisión escolar a cargo del profesor Eusebio Cruz Lucas, ya no me encuentro autorizada para mandar actividades a mis alumnos y que me encuentro a disposición de la Supervisión de la Zona Escolar 85, del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, a cargo del profesor Eusebio Cruz Lucas, y al preguntarle el motivo, me indicó que debido a la ausencia que tuve por mis incapacidades médicas, ya no fui incluida en la plantilla escolar, que ya no me asignaron grado y grupo escolar en mi centro de trabajo (.) .al acordar de manera unilateral y sin ningún tipo de procedimiento de por medio, en donde se me haya escuchado y permitido ofrecer y alegar lo que a mis derechos conviene, me niegan la continuidad académica al frente del quinto grado grupo B, del plantel educativo antes citado, además me excluye y dan de baja de la plantilla académica de la multicitada escuela". Asimismo, se adminicula con lo anterior, el escrito del que deriva un de las omisiones reclamadas, en el que se advierte que la parte quejosa eleva su petición como profesora adscrita a la escuela primaria antes referida; lo cual, conduce a estimar que la petición formulada deriva de una relación laboral con el Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca, como se advierte de las propias manifestaciones de la parte quejosa, las cuales constituyen una confesión que hacen prueba plena, conforme a lo establecido por los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°. Por ende, se estima que su solicitud está dirigida a un ente que carece de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que aun cuando de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca es una dependencia estatal que realiza funciones de autoridad administrativa, las peticiones y solicitudes realizadas por la parte quejosa, así como las controversias laborales que surjan dentro de la misma, no van encaminada a las funciones que como autoridades tienen encomendadas, sino que aquéllas derivan de una relación en un plano de igualdad y no de supra a subordinación. De lo que se colige que dicho ente, no cuenta con el poder público o facultades de imperio respecto de la parte impetrante del amparo para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, pues la solicitud de la parte quejosa y controversia suscitada para que aquélla continúe prestando sus servicios como docente dentro de determinado centro educativo, se realizó en su carácter de empleada de dicho instituto, máxime que su solicitud versó sobre cuestiones de la misma índole. De ahí, que aun cuando en el contexto de su demanda, refiera violado, entre otros, su derecho de petición por parte de la señalada como responsable, resulta indispensable que la solicitud se eleve al servidor público en su calidad de autoridad, en una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, para que surja el derecho público de este último a que se le dé contestación por escrito y esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo contra la trasgresión de este derecho en caso de que no se cumpla la obligación correlativa de la autoridad. Por consiguiente, la naturaleza de la relación existente entre el gobernado y el servidor público es preponderante para la existencia del derecho de petición consagrado en el artículo 8º de la Carta Magna, en la medida en que es necesario que la relación jurídica entablada sea de supra a subordinación para que la autoridad esté obligada a dar contestación a la petición que le formule el gobernado y proceda el juicio de amparo ante la omisión relativa de la autoridad, como medio de salvaguarda de sus derechos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 42/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIII, abril de 2001, página 126, de rubro y texto: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." De ahí que, las omisiones relativas al derecho de petición y relacionadas con el diverso derecho al trabajo, no sean formalmente actos de autoridad, sino en realidad, se estima contrario a lo que aduce la parte quejosa en su escrito de demanda, se trata de una solicitud o reclamo que tiene su origen en una relación de trabajo, toda vez que aquéllas quedan comprendidas en la relación patrón-empleado que vincula al docente con el Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca, esto es, que los actos reclamados no emergen del imperio que corresponde al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, a través de su órgano interno señalado como responsable como parte de la administración pública en la prestación del servicio de enseñanza a cargo del Estado y en su calidad de autoridades educativas. Por tanto, se considera que en la especie, se está en presencia de un asunto laboral, en la que la parte patronal actúa en un plano de igualdad; de modo que, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate junto con sus organismos alternos, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una auténtica relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido. De ahí que, los conflictos o situaciones que se susciten entre la autoridad señalada como responsable, con la parte quejosa, de ser el caso, están sujetas a la jurisdicción de los Tribunales Laborales competentes, acorde con el contenido del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no ante el órgano de control constitucional, a partir de que la señalada como autoridad responsable, no actúa con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino con la calidad de patrón. Reafirma lo anterior, lo establecido por el artículo 81 fracción I de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca, que establece que los conflictos individuales que se susciten entre los Poderes del Estado y sus empleados, conocerá la Junta de arbitraje, que establece "ARTÍCULO 81.- La Junta de Arbitraje será competente: I.- Para conocer los conflictos individuales que se susciten entre los Poderes del Estado y sus empleados.". Apoya lo anterior, la jurisprudencial I.6o.T. J/28 (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia(s): Común, Página: 1956, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." Así como la tesis III.4o.T. J/3 (10a.) sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo Del Tercer Circuito, consultable en la tesis, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo.". De igual forma, no se inadvierte el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la cual hace alusión la parte quejosa, de rubro y texto: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo". Sin embargo, en el caso particular no resulta aplicable, pues aquélla se refiere específicamente a las peticiones que el gobernado realiza al Instituto Mexicano del Seguro Social en su carácter de ente asegurador; habida cuenta, que incluso, en la propia jurisprudencia, se estableció de forma categórica la improcedencia de la ampliación de demanda de amparo, respecto de la respuesta que en su caso llegare a emitir dicho organismo descentralizado, por lo que una vez conocida aquélla, y de estimarse que no satisface sus intereses, el asegurado o beneficiario debe acudir a la vía laboral en materia de seguridad social acorde a lo establecido por los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, no es obstáculo a lo anterior, la vinculación existente con el derecho de la parte trabajadora a la estabilidad laboral, pues dicha circunstancia no puede hacer procedente un medio de defensa extraordinario como lo es el juicio de amparo, si como en el caso, lo combatido se le atribuye a un ente que por sus facultades en el contexto en que actúa, en modo alguno puede ser autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues estimar lo contrario, llevaría al extremo que también se pudieran señalarse en casos similares, como autoridades responsables a empresas privadas o particulares que sólo actúan en calidad de patrón, al impedir la continuidad para prestar sus servicios en un determinado plantel o bien, que no den contestaciones a solicitudes relacionados con los servicios que presta el empleado, o referentes aclaraciones de índole laboral, desnaturalizándose así el juicio de amparo. Apoya lo anterior, la tesis sostenida por la otrora cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia laboral, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "ESTADO PATRON. Cuando el Estado suspende en su empleo y sueldo a un empleado, no obra en calidad de autoridad, sino que suspende los efectos del contrato celebrado entre el empleado y el Estado en su calidad de patrón, y esos actos a lo que dan lugar, es a la reclamación correspondiente por el interesado, ante el Tribunal de Arbitraje, con motivo del conflicto individual suscitado, de acuerdo con la fracción I del artículo 99 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado; pero no al juicio de amparo". En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1°, fracción I, y 5, fracción II, con relación en el diverso 61, fracción XXIII y 113, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por la parte quejosa. Por su parte, no se soslaya que en julio de dos mil doce se publicó la jurisprudencia 2a./J. 54/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO"; sin embargo, ese criterio fue aclarado en términos de la resolución de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis del expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, para quedar con el rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA." De modo que sólo resulta aplicable para los casos específicos que en ella se mencionan, referentes a la fijación de tarifas de suministro y venta de energía eléctrica. Y contrario al caso resuelto en la citada jurisprudencia, en el presente asunto sí hay claridad en el tipo de relación que existe entre la parte quejosa y el citado Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca, el cual es laboral; aunado a que dicha causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de celebrarse la audiencia Constitucional y, emitirse la sentencia correspondiente, no cambiarían el hecho de que en el caso la autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos del juicio de amparo. Máxime, que la parte quejosa, no se ubica en algún grupo de los supuestos establecidos en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, que sea miembro de una institución policial de la Federación, entidad federativa o municipio, que hiciera procedente la vía constitucional, en atención a la prohibición expresa de reincorporación al servicio, cualquiera que fuera el resultado del juicio o medio de defensa que promueve, que establece la Constitución. En lo conducente, se invocan como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las resoluciones dictadas en los recursos de queja 35/2016 y 210/2018, emitidas por el entonces Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimo Tercer Circuito, el tres de febrero de dos mil dieciséis y, nueve de octubre de dos mil dieciocho, respectivamente, a través de las cuales se confirmó la actualización de la causa de improcedencia antes invocada, en asuntos similares al que en el caso acontece; mismas que si bien no resultan vinculantes para este órgano jurisdiccional, sirven de apoyo como criterio orientador para resolver casos análogos. Habida cuenta, que de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera, al dictarse sentencia, se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, la demanda de cuenta, con objeto de que el promovente tenga conocimiento desde este momento, del resultado de la promoción de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Asimismo destacar que la determinación de desechar la demanda de amparo, no contraviene la garantía de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; además, lo que además es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Se estima pertinente citar la tesis XVI.1o.A.T.2 K (10a.) de la Décima Época, visible en la página 1167 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, tomo 2, que es del rubro: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS" Lo anterior, sin que pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que el presente pronunciamiento, se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de 2006, página 921, cuyo rubro: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". III. De los autorizados y domicilio para recibir notificaciones. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el particular que indica la parte quejosa en su escrito inicial de demanda; asimismo, se tiene como autorizadas para esos efectos a las personas que menciona. De igual forma, téngase a la promovente del amparo señalando correo electrónico y número telefónico, para los efectos que contrae el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. IV. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo para los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios y se conceden al Actuario Judicial de la adscripción, facultades de investigación de resultar necesarias para lograrlas. V. Exhorto para la promoción del juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid19. VI. De la transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en lo dispuesto en el artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los ordinales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, y 71, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que las resoluciones que se dicten en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información. Y que tienen el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses. Sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria que en su caso se llegue a dictar, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. VII. De la gratuidad en el servicio. Se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Asimismo, se habilita a la Secretaria y/o actuario para firmar los oficios que deriven del presente asunto. Notifíquese personalmente a la parte promovente del amparo. Así lo proveyó y firma el licenciado Roberto Carlos Ramos Aguilar, secretario en funciones de Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización comunicada por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/2370/2020, de ocho de octubre de dos mil veinte; quien actúa ante la licenciada Claudia Citlali Fuentes Flores, Secretaria Judicial que autoriza y da fe de lo actuado. DOY FE.

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