Itamar Ramírez López
Expediente 392/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 392/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Itamar Ramírez López
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo concedido para hacer valer el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el proveído de quince de mayo de dos mil veintitrés, en el cual se desechó demanda de amparo, sin que se hubiese hecho valer en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y en lo conducente el diverso 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el referido acuerdo. Archivo. Por tanto, toda vez que en este expediente no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, de conformidad con el inciso b), del artículo 21, del referido Acuerdo General y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace constar que, como quedó asentado en la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos originales. Háganse las anotaciones relativas en la carátula, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
El día de hoy, queda notificada la parte quejosa, por medio de la presente lista de acuerdos, de la determinación judicial de quince de mayo de dos mil veintitrés, dictada dentro del juicio de amparo 392/2023; lo anterior, por no haberse presentado a este juzgado a notificarse dentro del término de dos días, no obstante la cita que se le dejó con anticipación. Dicho auto, en lo conducente, dice: "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de mayo de dos mil veintitrés. Cumple prevención. Agréguese a los autos, el escrito suscrito por ********************, mediante el cual, en aras de cumplir con la prevención formulada, adjunta los atestados de nacimiento de sus menores hijos de iniciales ********* y *********. Asimismo, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el acto que reclama en el presente juicio de amparo es: El acuerdo de fecha dieciséis de julio de dos mil veintiuno, derivado del expediente familiar ********************/2021, mediante el cual, la autoridad responsable ordenó nuevamente realizar un estudio socioeconómico al demandado, del que se notificó el veintinueve de marzo del presente año. Por ello, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento de que fue objeto. Desechamiento. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, es preciso mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que ésta se examine y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, por no oponerse a la Ley de Amparo, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Así, de la prevención realizada a la parte quejosa, en el escrito de cuenta, aclaró que lo que reclama es: El acuerdo de fecha dieciséis de julio de dos mil veintiuno, derivado del expediente familiar ********************/2021, mediante el cual, la autoridad responsable ordenó nuevamente realizar un estudio socioeconómico al demandado, del que se notificó el veintinueve de marzo del presente año. Así planteado tal acto, se advierte que no es de imposible reparación con el cual se transgreda en perjuicio de la parte quejosa algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en el arábigo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el precepto legal aludido en último término, en la fracción invocada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la disposición legal transcrita, se sigue que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición legal. El artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "(.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: " a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c).- Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio. (...)" Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De conformidad con la disposición constitucional transcrita, cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación; lo anterior es reiterado por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107, fracción V, cuando establece que el amparo ante el Juez de Distrito se pide "Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Efectivamente, de acuerdo con el principio estatuido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos jurisdiccionales de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución a través de los derechos fundamentales. El concepto de irreparabilidad expuesto, ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 189, visible en la página 154 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". Por su parte, la Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, ha definido los actos procesales cuya ejecución es de imposible reparación, en la jurisprudencia 175, publicada en la página 144 del tomo y epítome precitados, cuyo tenor es: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo.". Sentado lo anterior, debe decirse que la demanda presentada, resulta improcedente, porque el acto reclamado, consistente en el acuerdo de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, derivado del expediente familiar ********************/2021, mediante el cual, la autoridad responsable ordenó nuevamente realizar un estudio socioeconómico al demandado, no cumple con el requisito de procedibilidad de la acción constitucional a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues no afecta directa e inmediatamente las prerrogativas fundamentales del gobernado (propiedades, posesiones o derechos) y las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a sus derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada y podría trascender al fondo del asunto natural, por lo que aún el quejoso puede seguir haciendo uso de sus derechos para obtener sentencia a su favor, y de serle adversa, las posibles violaciones podrá reclamarlas mediante el juicio de amparo directo que se promueva, en su caso, contra la sentencia definitiva correspondiente, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Federal y 170 de la Ley de Amparo, en el que se podrán argumentar las irregularidades de tipo procesal que se hubiesen cometido en el procedimiento en las que considere haya incurrido la autoridad responsable, como lo es la que por esta vía impugna. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V (en sentido contrario), de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio, con fundamento además, en los artículos 112 y 113 de la ley de la materia. Resultan aplicables en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, los siguientes criterios: La Jurisprudencia por contradicción de tesis 47/90, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, tomo 56 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de agosto de 1992, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. La jurisprudencia I.2º.C J/8, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable a página 393, tomo VI del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990, octava época, con el rubro y texto siguiente: "PRUEBAS DE LA CONTRARIA. ADMISION DE LAS QUE SE RECIBIRIAN ILEGALMENTE, ES VIOLACION DE PROCEDIMIENTO ANALOGA A LAS PREVISTAS POR EL ARTICULO 159, FRACCIONES III Y VII, DE LA LEY DE AMPARO. Si lo que reclamó en la demanda de amparo, fue el proveído por el cual se admitieron pruebas a la contraria, porque según la quejosa no se recibirían conforme a la ley, es evidente que se está en presencia de una pretendida violación de procedimiento que a juicio de este tribunal, tiene indiscutible analogía con las que señalan las fracciones III y VII, del artículo 159 de la Ley de Amparo y que por lo mismo debe quedar comprendida dentro de las que señala la diversa fracción XI del mismo precepto. En tal situación, es aplicable a la violación procesal que señala la recurrente, lo dispuesto en el artículo 161 del mismo ordenamiento (no reformado), que determina que las violaciones a que se refiere el artículo 159 sólo podrán reclamarse en la vía de amparo al interponerse la demanda contra la sentencia definitiva, previa su preparación. En consecuencia la demanda de amparo indirecto fue improcedente en términos de la fracción XII del artículo 73 de la citada Ley." Y, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable a página 197, tomo VIII del Semanario Judicial de la Federación, julio de 1991, Materia Común, Octava Época, que dice: "PRUEBAS, EL ARTICULO 159, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO INCLUYE LA ADMISION Y DESAHOGO DE LAS. La palabra recepción a que alude el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, está usada en sentido lato, es decir, comprende tanto la admisión de la prueba (recibir, en puridad gramatical tiene entre otras acepciones, la de aceptar, admitir, aprobar una cosa. Diccionario para juristas. Juan Palomar de Miguel, Ediciones de Mayo S. R. L. 1981) como el desahogo de la misma. Igual conclusión se obtiene de la interpretación lógica de esa fracción, que establece que: "En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se consideran violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: ... Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley...". Como se ve, el precepto contempla los dos supuestos: a). que no se le reciban (vale decir, no se le admitan) las pruebas al quejoso y, b). que no se desahoguen de acuerdo con la ley." Cabe precisar que el análisis de la causa de improcedencia antes mencionada, no constituye una denegación de justicia. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para que exista un recurso efectivo, debe ser idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y establecer lo conducente para remediarlo; pero en el derecho interno existen condiciones que deben observarse para garantizarlos, como criterios de admisibilidad del recurso o relativos al estudio de fondo del mismo, porque por seguridad jurídica, es dable establecerlos para una correcta y funcional administración de justicia y consecuente protección de derechos; sin que ello implique una violación al derecho de acceso a un recurso judicial efectivo. Lo anterior es acorde, con la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 325, Materia(s): Constitucional, Común, con registro digital 2005917, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." Notifíquese personalmente a la parte quejosa."
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