Italia Adriana Celene González Castro
Expediente 430/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 430/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Italia Adriana Celene González Castro
Actuaciones
- Principal
CERTIFICACIÓN DE ACUSE.
- Principal
Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que el quejoso no impugnó el desechamiento de la demanda; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, es susceptible de DESTRUCCIÓN. Se devuelve tomo de prueba. Finalmente, devuélvase en un tomo las constancias que remitió el Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad. Solicítese acuse de recibo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, el proveído de VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE que en resumen dice: Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que el quejoso no impugnó el desechamiento de la demanda; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, es susceptible de DESTRUCCIÓN. Se devuelve tomo de prueba. Finalmente, devuélvase en un tomo las constancias que remitió el Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad. Solicítese acuse de recibo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, el proveído de once de septiembre de dos mil veinte que en resumen dice: "Del estado procesal y de la certificación secretarial que antecede se advierte que la parte quejosa no cumplió la prevención formulada en proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veinte; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado y se provee respecto a la procedencia de la demanda únicamente por lo que hace a la autoridad y acto señalados en el escrito inicial.,, PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo1, en atención al análisis integral del escrito de demanda, se precisa que el acto reclamado consiste en: La opinión de diecinueve de marzo de dos mil veinte, emitida por la trabajadora social adscrita a la Dirección de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, por la que consideró que la peticionaria no era sujeto de asistencia social para el desahogo de la prueba pericial dentro del procedimiento oral ordinario familiar número F- ****** del índice del Juzgado de Oralidad Familiar de esta ciudad... Bajo ese contexto, la trabajadora social adscrita a la Dirección de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo de la Familia, al emitir su opinión sobre el estado socioeconómico de la quejosa, desempeñó las actividades que le encomendó el juez natural y las cuales rigen su función; por lo que se trata de un acto que deriva de una relación que puede clasificarse en un plano de coordinación, pues incluso, como se advierte del contexto de la demanda, el estudio socioeconómico fue solicitado por el titular del órgano jurisdiccional, a fin de que, una vez valorados los estudios y argumentos de la trabajadora social, pudiera determinar sobre las acciones necesarias para el desahogo de la prueba en psicología previamente ordenada... Lo anterior, pues la autoridad señalada como responsable, como se dijo, al emitir su opinión respecto de la condición socioeconómica de la peticionaria, actuó en ejercicio de las facultades que atañen su labor, las cuales son equivalentes a las de un dictamen pericial, sin que pueda considerarse que esa actuación resulte equivalente a un acto de autoridad para efecto del juicio de amparo, pues con la emisión de su dictamen, no está privando a la quejosa de desplegar cualquier actuación dentro del juicio que tenga como fin llevar al convencimiento pleno del juez sobre su capacidad económica para sufragar los gastos de la prueba ordenada, sino solo vertió, conforme con sus conocimientos, la opinión solicitada. Máxime que el dictamen presentado por la trabajadora social no obligó directamente a la peticionaria a absorber los gastos relativos a la prueba pericial en psicología; sino que el juez del proceso, previa valoración de los elementos tomados en consideración y los argumentos plasmados en el dictamen, fue quien determinó la imposición de la carga económica a la peticionaria, sin que el juzgador hubiera sido señalado como responsable por la quejosa, no obstante la prevención formulada para tal efecto. De ahí que el acto que combate quede comprendido en la relación de coordinación que lo vincula con motivo del proceso judicial que se sigue, de lo que resulta que la posición de la quejosa frente a la instancia que lo emitió, no es la de un gobernado, sino que tiene como origen la opinión de un experto en el tema solicitado por el tribunal de origen; por ello, la relación jurídica entre el peticionario y a quien señala como responsable, se manifiesta en un plano de coordinación y no de supra-subordinación. Además, para considerar a dicha responsable como autoridad para los efectos del amparo se requiere que las situaciones jurídicas que cree, modifique o extinga, se hagan de manera unilateral y obligatoria, y en el caso, el acto reclamado obedece a una mera opinión basada en sus conocimientos técnicos. En esa condición, al operar el motivo de improcedencia en estudio, conforme con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo se impone desechar de plano la demanda..."
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