Issaid Arroyo Gómez y Otros.
Expediente 369/2018 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 14 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 369/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 17/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Issaid Arroyo Gómez y Otros.
- Raquel Ruiz Romero
- Araceli María del Carmen Mingo Caballero
- Issaid Arroyo Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Amparo en revisión
A sus autos el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad oficiante acusa recibo del diverso oficio con el que se le remitió testimonio de la resolución dictada en el presente recurso y las constancias ahí descritas. Vista la certificación de cuenta, archívese este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones de ley en el libro respectivo. Se concluye que este expediente es susceptible de ser DEPURABLE, pues no contiene relevancia documental ni documentos originales.
- Amparo en revisión
CONFIRMA Y AMPARA
- Amparo en revisión
EN CUMPLIMIENTO A LOS PROVEÍDOS DE TRECE DE NOVIEMBRE Y TRES DE DICIEMBRE, AMBOS DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, LA CUAL LE SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA RECURRENTE Y A SU CONTRAPARTE, LA SENTENCIA DE DOCE DE DICIEMNBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN 369/2018, DEL ÍNDICE DE ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, LA CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: AMPARO EN REVISIÓN: 369/2018. RECURRENTE Y TERCERO INTERESADA: **********. MAGISTRADO PONENTE: WILLY EARL VEGA RAMÍREZ. SECRETARIA: JOSÉ ANTONIO RUÍZ ROSALES. Toluca, Estado de México, acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, doce de diciembre de dos mil dieciocho. VISTOS para resolver el amparo en revisión 369/2018, relativo al juicio de amparo indirecto 1125/2018-IV-B, del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan; y, RESULTANDO: 1. PRIMERO. Por demanda presentada el diecinueve de julio de dos mil dieciocho, en la la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, turnada el mismo día al segundo de ellos, **********, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Décimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, del Juez Noveno Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Huixquilucan, Estado de México, como ordenadoras y del Ejecutor adscrito al segundo de los juzgados en cita, como ejecutora, consistentes en la orden de lanzamiento dictada en el juicio ejecutivo mercantil 863/2014 del índice del primero de los citados, así como su ejecución material; que estimó violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales. 2. SEGUNDO. En proveído de veintitrés de julio de dos mil dieciocho, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, admitió a trámite la demanda, solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal de su adscripción; señaló fecha para la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo el once de octubre de dos mil dieciocho, en la que dictó sentencia, en el sentido de conceder el amparo. Dicha determinación se notificó por medio de lista, el quince de octubre siguiente y surtió efectos el dieciséis del mismo mes. 3. TERCERO. Inconforme, **********, por propio derecho, mediante escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficialía de Partes del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, interpuso recurso de revisión; por razón de turno correspondió conocer a este tribunal colegiado, cuyo presidente lo admitió en auto de trece de noviembre de dos mil dieciocho, este auto se notificó por medio de lista a las partes el catorce subsecuente; la tercero interesada no interpuso recurso de revisión adhesivo, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional no presentó pedimento, y ninguna de las partes formularon alegatos. Finalmente, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, se turnó al magistrado Willy Earl Vega Ramírez, para formular el proyecto de resolución. 4. CUARTO. Se hace constar que el presente asunto tiene como precedente, el incidente en revisión 258/2018, interpuesto por **********, resuelto en sesión de doce de septiembre de dos mil dieciocho, en el sentido de declarar sin materia el incidente en revisión; y, CONSIDERANDO: 5. PRIMERO. Este tribunal Colegiado es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los preceptos 103, fracción I, 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 81, fracción I, inciso d), 84 de la Ley de Amparo vigente, 1, fracción III, 37, fracción II, 38 y 39, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se interpuso contra una sentencia emitida por un juez de Distrito con residencia en este circuito. 6. SEGUNDO. Las consideraciones que rigen la resolución recurrida y los conceptos de agravio formulados, obran en el juicio de amparo indirecto y en el expediente en el que se actúa, respectivamente; se tienen por reproducidos por economía procesal, máxime que no hay obligación legal de transcribirlos. Contexto procesal. 7. TERCERO. De las constancias que se agregaron al informe justificado se advierten los antecedentes siguientes: a. El seis de octubre de dos mil catorce, ********** demandó a **********y **********el pago de diversas prestaciones derivadas de un contrato de apertura de crédito en cuenta corriente, por la vía ejecutiva mercantil. b. En auto de siete de octubre de dos mil catorce, se admitió el juicio ejecutivo mercantil de origen, se radicó con el ordinal 863/2014, ordenando el requerimiento de pago y embargo, así como el emplazamiento de la parte demandada, para lo cual se giró exhorto al juez competente en Cuautla, Morelos, por lo que el doce de enero de dos mil quince, previo citatorio, tuvo verificativo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, la cual se llevó a cabo con la demandada ********** al no encontrarse los diversos demandados **********ni**********. En dicha diligencia se embargaron diversos bienes a la parte demandada, entre ellos un inmueble . c. Llevado el juicio en sus etapas, el veintiséis de marzo de dos mil quince, se dictó sentencia definitiva en la que se condenó a la parte demandada al pago diversas prestaciones, misma que causó ejecutoria el seis de mayo de dos mil quince, por lo cual, previo avalúo, se solicitó la adjudicación directa del bien inmueble embargado citado anteriormente, acordando de conformidad el quince de octubre de dos mil quince, lo que constituye el acto reclamado. Consideraciones de la resolución recurrida. 8. CUARTO. En lo que interesa, las consideraciones del juez de Distrito son esencialmente las siguientes: I) Consideró fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, supliendo la queja deficiente en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo; motivo por el que sostuvo que debía otorgarse el amparo y protección de la justicia federal solicitados. II) Puntualizó que el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." III) Señaló que el mencionado derecho de audiencia, tenía como finalidad primordial que se respetara el principio de seguridad jurídica, que consistía básicamente en que todo acto privativo dirigido por la autoridad hacia el gobernado debía estar respaldado por el derecho de audiencia, que se actualizaba cuando se permitía al gobernado ser oído, y en su caso, vencido en juicio. IV) Mencionó que el derecho de audiencia, se alcanzaba cuando se cumplían en forma mínima con los requisitos siguientes: 1. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. 2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa. 3. La oportunidad de alegar. 4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. V) Recalcó que esos eran los requisitos mínimos sin los cuales, se hacía nugatorio el derecho del gobernado de defenderse en cualquier procedimiento o juicio que se instaurara en su contra, y que impedía en consecuencia, desvirtuar las imputaciones o derechos u obligaciones que le exigían. VI) Refirió que en el caso concreto, la peticionaria de amparo acudió al juicio biinstancial ostentándose con el carácter de tercero extraña en sentido estricto, ello, en virtud que afirmó no ser parte en el juicio ejecutivo mercantil 863/2014, del índice del Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el que se ordenó la entrega y desocupación del inmueble ubicado en la torre **********, lote **********, resultante de la subdivisión del predio ubicado en avenida ********** solo, número **********, suite **********, régimen de propiedad en condominio, denominado **********municipio de **********, Estado de México, promovido por ********** contra **********y **********. VII) Indicó que para acreditar su interés jurídico, la parte quejosa ofertó las pruebas siguientes: a. Copia certificada de la escritura pública **********, pasada ante la fe del Notario Público número ********** del Estado de México y del patrimonio inmobiliario federal, en la que se hizo constar, entre otras cosas, la compraventa celebrada entre **********, como vendedor, y **********, como compradora, respecto del inmueble identificado como suite **********, ubicada en la Torre **********, sujeta al régimen de Propiedad en Condominio denominado ********** también conocido como **********también conocido catastralmente como lote **********, con el número oficial **********, del Boulevard **********, número **********, colonia **********, Municipio de Huixquilucan, Estado de México. b. Documental pública con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su 2º numeral, del que se desprendía que la parte quejosa tenía un derecho legítimamente tutelado en su favor respecto del inmueble controvertido en el juicio original. VII) Indicó que eso era así, ya que la certificación emitida por un notario público de un documento privado, otorgaba el carácter de fecha cierta a partir del momento en que dio fe de tener a la vista su original; siendo en el caso, desde el veintinueve de octubre de dos mil nueve. IX) Refirió que de las constancias remitidas por la responsable como complemento a su informe con justificación, se desprendía que el juicio ejecutivo mercantil de origen, fue promovido el seis de octubre de dos mil catorce, en donde se demandó a **********y **********el pago de diversas prestaciones derivadas de un contrato de apertura de crédito en cuenta corriente, por la vía ejecutiva mercantil X) Que en auto de siete de octubre de dos mil catorce, se admitió el juicio ejecutivo mercantil de origen, ordenando el requerimiento de pago y embargo, así como el emplazamiento de la parte demandada, para lo cual se giró exhorto al juez competente en Cuautla, Morelos, por lo que el doce de enero de dos mil quince, previo citatorio, tuvo verificativo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, la cual se llevó a cabo con la demandada ********** al no encontrarse los demás demandados. XI) Era por lo anterior, que en dicha diligencia se embargaron diversos bienes a la parte demandada, entre ellos, el bien inmueble precitado. XII) Indicó que una vez llevado el juicio en sus etapas, el veintiséis de marzo de dos mil quince, se dictó sentencia definitiva, en la que se condenó a la parte demandada al pago de diversas prestaciones, misma que causó ejecutoria el seis de mayo de dos mil quince, por lo cual, previo avalúo, se solicitó la adjudicación directa del bien inmueble embargado , lo que se acordó de conformidad el quince de octubre de dos mil quince. XIII) Señaló que el dos de marzo de dos mil dieciocho, a solicitud de la parte actora, se ordenó el lanzamiento del bien inmueble adjudicado, para lo cual se giró exhorto al juez de lo Civil, en turno, de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con sede en Huixquilucan, Estado de México. XIV) De los antecedentes concluyó que, el juicio ejecutivo mercantil de origen se inició el seis de octubre de dos mil catorce, se dictó sentencia el veintiséis de marzo de dos mil quince, misma que causó ejecutoria el seis de mayo de dos mil quince, por lo que resultaba inconcuso que la total tramitación del juicio y, como consecuencia, la emisión de los actos aquí reclamados, fue posterior a la existencia del documento traslativo de dominio en favor de la quejosa respecto del inmueble afectado en la controversia, acreditando con ello, su interés jurídico en el ese juicio de amparo, es decir, quedaba de manifiesto que efectivamente existía una afectación a su derecho real de propiedad que ostentaba sobre ese bien. Citó la jurisprudencia de rubro: "DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO." XVI) Advirtió que lo anterior, se robustecía con las copias certificadas de diversos oficios a través de los cuales se solicitaba la inscripción preventiva del acto traslativo de dominio respecto del inmueble que se defendía en favor de la quejosa. XVI) Documentales públicas que recalcó, tenían valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. XVII) No soslayó el hecho que se hubieran llevado a cabo las testimoniales ofrecidas por la parte quejosa a cargo de ********** y **********; probanzas a las que les otorgó valor probatorio en términos del numeral 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no obstante, señaló que no aportaron elementos convictivos suficientes para acreditar la propiedad de la quejosa, respecto del bien inmueble materia del presente asunto XVIII) Sin que lo anterior resultara en detrimento de la promovente del juicio, en virtud que acreditó tener un derecho jurídicamente tutelado mediante la copia certificada del instrumento notarial **********, pasado ante la fe del Notario Público número ********** del Estado de México y del patrimonio inmobiliario federal, en la que se hizo constar, entre otras cosas, la compraventa del bien inmueble. XIX) De lo anterior, el juez federal obtuvo la presunción legal que la parte quejosa tenía un derecho que dilucidar frente a la parte tercero interesada, dado que el cúmulo de pruebas reseñadas hacía presumir que tenía un derecho legítimamente tutelado en su favor respecto del inmueble objeto de embargo en el juicio ejecutivo mercantil 863/2014, del índice del juzgado responsable. XX) Por lo establecido, concluyó que si en el caso no quedó demostrado que previamente a la emisión de los actos reclamados, se hubiera concedido el derecho de audiencia a la quejosa **********, en el diverso juicio ejecutivo mercantil 863/2014, del índice del Juez Décimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, respecto del cual no fue parte, ello provocó un estado de indefensión al no darle la oportunidad de conocer los hechos y datos en los que la autoridad se basaba para privarle en sus derechos, lo cual constituía una obligación de la responsable en darle oportunidad que expusiera lo que considerara conveniente en defensa de sus intereses y de esa forma se cumplieran con las formalidades esenciales del procedimiento, lo que impedía el ejercicio pleno del derecho de defensa del afectado; esto es, el derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. XXI) No obstante lo anterior, consideró que la eficacia decretada en los documentos exhibidos por la parte quejosa, tenía efectos exclusivos en el juicio de amparo, pues no se decidía sobre el derecho sustantivo en el fondo, toda vez que dichas cuestiones debían ser dilucidadas ante la potestad común, que era en donde las partes tenían mecanismos de defensa más adecuados y específicos para proteger sus intereses. Citó la jurisprudencia de rubro: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS." XXII) Precisó que dadas las condiciones relatadas, al quedar de manifiesto el carácter de tercero extraño al procedimiento que tenía la parte quejosa, y haberse demostrado que tenía un derecho tutelado legítimamente respecto del inmueble en controversia en el juicio de origen, se imponía conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a **********. XXIII) Puntualizó que no pasaban inadvertidas las manifestaciones de la parte tercero interesada, en el sentido que al no estar registrada la compraventa del bien inmueble en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina Naucalpan, esta no gozaba de validez y legalidad. Sustentando su dicho en el criterio de rubro: "INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE ACTOS JURÍDICOS SOBRE DOMINIO DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 3159 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO QUE LE CONFIERE EFECTOS CONSTITUTIVOS, NO VULNERA EL DERECHO DE PROPIEDAD." XXIV) No obstante, adujó que si bien en dicho ordenamiento, se contemplaba a la inscripción de los actos jurídicos relativos a la adquisición, transmisión, modificación o extinción de dominio de bienes raíces, como un elemento constitutivo de ese derecho, lo cierto era que la compraventa del bien inmueble materia del presente asunto se llevó a cabo en el Estado de México, cuya legislación sustantiva civil refería en su numeral 8.2, en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 8.2.- Las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad, tienen efectos declarativos y no constitutivos, de tal manera que los derechos provienen del acto jurídico, pero no de su inscripción, cuya finalidad es dar publicidad y no constituir el derecho." XXV) En ese contexto, concluyó que no asistía la razón a la tercero interesada, toda vez que el acto jurídico fue llevado a cabo en esta entidad, en cuyo ordenamiento no prevenía para la perfección de la compra venta, la inscripción en el Instituto de la Función Registral. Citó la jurisprudencia de rubro: "CONTRATO DE COMPRAVENTA. NO SE REQUIERE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO XXVI) En consecuencia, procedió conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto que el Juez Décimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México: "Se abstenga de ejecutar la orden de lanzamiento del departamento suite**********ubicado en avenida**********número**********torre********** colonia **********en el Conjunto Habitacional**********municipio de Huixquilucan, Estado de México, emitida en el juicio ejecutivo mercantil 863/2014, de su índice, así como ordenar y ejecutar diversos actos que afecten el derecho de propiedad que ostenta la quejosa respecto del bien en controversia; hasta en tanto se resuelva en juicio diverso sobre el mejor derecho de propiedad que dice tener. Lo que se hace extensivo a las autoridades ejecutoras Juez Noveno Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla en Huixquilucan, Estado de México y Ejecutor adscrito." XXVII) Indicó que lo anterior, no implicaba que se llamara a la parte quejosa al juicio de origen, ni que se debiera declarar la nulidad de todo lo actuado para emplazar a juicio a la quejosa, ya que no era parte en la contienda natural. Citando la jurisprudencia de rubro: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO." XXVIII) Por último, hizo la precisión en el sentido de que las jurisprudencias y tesis invocadas, correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continuaban en vigor y por ende eran aplicables, dado que no se oponían a la ley vigente. Estudio de los agravios. 9. QUINTO. La impetrante constitucional afirma que la determinación reclamada inobserva los artículos 73, 74, fracciones I, II, III, IV, V y VI, 75, 76 y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, al no haberse fijado de forma precisa el acto reclamado, ni haber hecho un análisis de todos los conceptos de violación, ni de las pruebas admitidas y desahogadas en juicio, aunado a que cambió los hechos de la demanda. 10. Esos motivos de inconformidad son inoperantes, por tratarse de una afirmación genérica y dogmática que no constituye un concepto de violación. 11. Lo anterior se afirma, ya que la recurrente expresa de manera genérica, que se inobservaron diversos preceptos de la Ley de Amparo, al no haberse fijado de forma precisa el acto reclamado, ni haber hecho un análisis de todos los conceptos de violación, de las pruebas admitidas y desahogadas en juicio, aunado a que se cambiaran los hechos de la demanda, sin exponer las razones particulares por las cuales estima tales infracciones. 12. En efecto, no basta afirmar la omisión a dispositivos legales, que se fijó de forma imprecisa el acto reclamado, ni que se soslayaron diversos conceptos de violación, o bien, que se omitieron pruebas o que se cambiaron los hechos, pues para apreciar esas particularidades se debió indicar en qué consistía cada una de ellas, a efecto de constatar tal inconsistencia de índole formal. 13. Aunado a que la lectura íntegra de la sentencia impugnada, no revela que haya existido una trasgresión a esas formalidades, dado que el juez de amparo constató la aplicación de los preceptos relacionados con el otorgamiento de la protección constitucional solicitada por la quejosa, los motivos, causas y razones por las que la misma resultaba procedente, y por ende, que el acto reclamado debía desincorporarse de la esfera de la quejosa, citando los criterios que estimó aplicables al caso; sin que la recurrente expusiera porque era equívoca la fundamentación y motivación expuesta en la sentencia controvertida. 14. Por tanto, como se dijo, los conceptos de violación son inoperantes al no existir argumentos que pongan de relieve la actualización de las deficiencias mencionadas en el agravio analizado, aunado a que este tribunal se encuentra impedido para analizar esa afirmación genérica, pues de hacerlo supliría la deficiencia de la queja en un caso no permitido por la ley. En apoyo de lo anterior, se invoca la jurisprudencia 1ª./J. 81/2002 , de la Novena Época, con registro 185425, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO." 15. En diverso concepto de agravio, la inconforme afirma que la responsable emitió una consideración incorrecta, dado que pasó por alto que el acto reclamado no se analizó como fue probado ante la autoridad responsable, en contravención del artículo 75 de la Ley de Amparo. 16. Ese argumento es infundado. 17. En la sentencia recurrida, el juez de amparo consideró que la quejosa acudió al juicio biinstancial ostentándose tercera extraña al juicio ejecutivo mercantil 863/2014, del índice del Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dado que no obstante de no ser parte en ese contradictorio, se ordenó la entrega y desocupación del inmueble ubicado en la torre **********, lote **********, resultante de la subdivisión del predio ubicado en avenida **********, número **********, suite **********, régimen de propiedad en condominio, denominado Atrio, municipio de Huixquilucan, Estado de México, con lo cual expuso se pretendía afectar su derecho de propiedad sobre el mismo. 18. Ahora, sobre la calidad de la promovente constitucional, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias P./J. 40/2001 y P./J. 39/2001 , estableció el concepto de "persona extraña", para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio que la afecten. En el cual indicó que un extraño a juicio es aquella persona física o moral distinta de los sujetos -partes- porque no figura en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en ejecución de la resolución que ahí se dicte, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. 19. Desde esa perspectiva, el artículo 75 de la Ley de Amparo establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, y que no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad; sin embargo, que el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. 20. La porción referida tiene como fin, que los jueces de Distrito no juzguen la conducta de la autoridad, sino frente a las circunstancias que ocurrieron en el momento en que se emitió la resolución reclamada. 21. Lo cual significa que dichos juzgadores no pueden sustituirse al decidir el juicio de amparo, a la autoridad responsable ni fundamentar sus sentencias en probanzas que aquella no tuvo en cuenta, ya que de hacerlo, se convertirían en tribunales de plena jurisdicción. 22. Empero, como lo dispone el propio numeral, esta regla debe observarse solo si el promovente se ostenta como parte en el procedimiento y no cuando es tercero extraño al mismo, pues en el último supuesto, no podría haber ofrecido pruebas en el proceso que desconoce. 23. En consecuencia, si en el particular, la quejosa instó el juicio de amparo con el carácter de tercer extraña, por ende, podía ofrecer las pruebas que estimara conducentes a fin de acreditar la inaudición que reclamó, para rebatir en juicio, que existió violación a la aludida garantía, lo cual implica, que pueden valorarse elementos probatorios diversos, a aquellos existentes en el procedimiento de donde deriva el acto que reclama la quejosa, precisamente por no ser parte formal. 24. La base expuesta permite apreciar que adverso a lo afirmado en los conceptos de agravio, el juez recurrido de ningún modo soslayó el contenido del 75 de la Ley de Amparo, dado que, como la quejosa se ostentó extraña a la controversia natural, apreció de forma correcta esa posibilidad de aportar pruebas en el sumario, y no limitar tal derecho, como si fuera parte formal en el mismo. Sobre el particular se cita la tesis VII.1o.C.7 K, de la Novena Época, con número de registro194130, de rubro y texto: "PRUEBAS. INDEBIDO DESECHAMIENTO DE LAS OFRECIDAS POR EL TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR TERCERO EXTRAÑO. El artículo 78 de la Ley de Amparo, en lo conducente señala que "En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada.-En las propias sentencias, sólo se tomarán en consideración las pruebas que justifiquen la existencia del acto reclamado y su constitucionalidad o inconstitucionalidad.". De la disposición transcrita se concluye que los Jueces de Distrito no deben juzgar la conducta de la autoridad sino frente a las circunstancias que ocurrieron en el momento en que se emitió la resolución reclamada, lo que significa que dichos juzgadores no pueden sustituirse al decidir el juicio de amparo a la autoridad y fundamentar sus sentencias en probanzas que aqúella no tuvo en cuenta, ya que de hacerlo se convertirían en tribunales de plena jurisdicción; empero, esta regla debe observarse cuando el promovente se ostenta como parte en el procedimiento y no cuando es tercero extraño al mismo, y sólo deduce en el juicio de garantías su derecho de audiencia. En consecuencia, si el quejoso promovió el juicio de amparo con tal carácter y, por ende, puede ofrecer las pruebas que estime conducentes a fin de acreditar la inaudición que reclama, resulta apegado a derecho que el tercero perjudicado en ese amparo, puede ofrecer también diversos medios de convicción, que a su juicio acrediten la legalidad del acto que se reclama, es decir, rebatir en el juicio que no existió violación a la aludida garantía, lo que implica que pueden ser distintos los elementos probatorios, a aquellos existentes en el procedimiento de donde deriva el acto que reclama el quejoso." 25. En diverso concepto de agravio, la inconforme aduce que contrariamente a lo apreciado por el juez de amparo, el sumario debió resolverse conforme a la jurisprudencia de rubro: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO DEPENDEN DEL SUPUESTO EN QUE SE UBIQUE EL QUEJOSO CON ESE CARÁCTER.", dado que como la quejosa detentaba el carácter de litisconsorte pasivo necesaria no llamada a juicio, tal circunstancia hacía indispensable haberla integrado a esa relación jurídica para defender sus derechos. 26. Sobre el particular considera aplicable también la jurisprudencia de título: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL QUE SE OTORGA A UN LITISCONSORTE QUE SÍ FUE LLAMADO A JUICIO Y QUE IMPUGNÓ EL HECHO DE QUE OTRO NO HAYA SIDO SEÑALADO EN LA DEMANDA DEL JUICIO NATURAL, DEBE SER PARA EL EFECTO DE QUE SE DEJE INSUBSISTENTE LA SENTENCIA RECLAMADA y LA AUTORIDAD RESPONSABLE DICTE UNA NUEVA RESOLUCIÓN EN LA QUE SE REVOQUE LA DE PRIMERA INSTANCIA, DEJÁNDOSE A SALVO LOS DERECHOS DE LAS PARTES". 27. El concepto de agravio es infundado. 28. El litisconsorcio necesario es una institución que afecta a la legitimación ad causam, de tal modo que, de forma activa o pasiva debe integrarse con la personas que conformen una comunidad jurídica, consecuentemente, se exige la intervención de todos los litisconsortes, por lo que la demanda solo puede promoverse válidamente por o contra varias personas. El litisconsorcio necesario va ligado a la relación jurídico-material controvertida, es decir, a la propia cuestión sustantiva que en el litigio se ventila. 29. El litisconsorcio pasivo necesario implica la imposibilidad de resolver una situación jurídica, sin afectar a todas las personas que se encuentran vinculadas a la controversia, por lo que resulta necesario oír a todos los litisconsortes, para dictar una sentencia válida. 30. El litisconsorcio pasivo es una institución que surge ante la existencia de una relación substancial única e inescindible para varios sujetos, lo cual produce que cualquier declaración, modificación, adición, y especialmente su extinción, por cualquier motivo, sólo puede ser efectuada con eficacia, con la vinculación de todos ellos al proceso en que esa relación jurídica común se somete a un litigio jurisdiccional, y por esa razón, la falta de tal comunidad impide la formación válida de la relación jurídica procesal, y con ello, la posibilidad jurídica de resolver el litigio en cuanto al fondo. Sirve de apoyo la tesis I.4o.C.31 C (10a.), de la Décima Época, con registro 2005980, que dice: "LITISCONSORCIO NECESARIO. CONCEPTO. El litisconsorcio necesario es una institución que surge ante la existencia de una relación sustancial única e inescindible para varios sujetos, que produce que cualquier declaración, modificación, adición, y especialmente su extinción, por cualquier motivo, sólo puede ser efectuada con eficacia, con la vinculación de todos ellos al proceso en que esa relación jurídica común se somete a un litigio jurisdiccional, y por esa razón, la falta de tal vinculación impide la formación válida de la relación jurídica procesal, y con ello, la posibilidad jurídica de resolver el litigio en cuanto al fondo. El ejemplo de litisconsorcio necesario, por antonomasia, es el que surge ante la defensa de la copropiedad, cuando se pretende la nulidad de una escritura pública respecto de un bien que pertenece pro-indiviso a varias personas, o cuando se demanda la división de la cosa común o la venta de ésta, por no admitir cómoda división ni existir acuerdo para que se adjudique a uno de los copropietarios, porque en esos casos, la cuestión jurídica que se dilucida en el juicio afecta a todos los copropietarios, por lo que no puede dictarse sentencia válida, si no están vinculados al proceso todos los litisconsortes. También es el caso en que se demanda la nulidad de un contrato de compraventa, hipótesis en la cual no es factible resolver la controversia, sin llamar a la parte vendedora y a la compradora, pues en virtud de la relación de estrecha comunidad en que se encuentran inmersos los contratantes, han de obtener, necesariamente, una misma sentencia, pues no es posible que el acto sea válido para alguno de los contratantes y nulo para el otro." 31. Como se ve, el litisconsorcio está vinculado con la relación sustantiva en que descansa la pretensión que se hace valer. 32. Por tanto, para apreciar si en un caso concreto existe litisconsorcio es necesario analizar cada una de las pretensiones hechas valer en juicio. 33. De esta manera se verá si, la causa de pedir se sustenta en un derecho sustantivo que dé lugar a una relación jurídica en el que participen pluralidad de sujetos, de manera que esa afectación no admita ser modificada o extinguida, si no se llama a todos los que intervienen en ella. 34. Conforme a las constancias de autos y lo expuesto en la demanda de origen, se advierten las relaciones jurídicas siguientes: 35. En la demanda natural, ********** reclamó de **********y **********las prestaciones siguientes: "1. La resolución que dicte su señoría declarando procedente y fundada la acción deducida de la presente demanda, así como las prestaciones reclamadas. 2. La resolución que dicte su señoría condenando a los demandados a pagar a la actora, la cantidad de **********(**********M.N.) por concepto de capital vencido (suerte principal) respecto al contrato de apertura de crédito en cuenta corriente base de la acción celebrado entre las partes. 3. La resolución que dicte su señoría condenado a los demandados a pagar a la actora la cantidad de **********(**********) por concepto de intereses ordinarios devengados al tres de julio de dos mil catorce, tal y como se encuentra debidamente calculado en el estado de cuenta certificado expedido por el contador facultado por nuestra poderdante; más los que se sigan causando a partir del cuatro de julio de dos mil catorce y hasta la total liquidación del adeudo, pactados en el contrato de apertura de crédito celebrado entre las partes, fundatorio de la presente demanda, en el entendido que los intereses ordinarios que se devenguen hasta la total solución del adeudo se cuantifican en ejecución de sentencia. 4. La resolución que dicte su señoría condenado a los demandados a pagar a la actora la cantidad de **********(**********M.N.) por concepto de impuesto al valor agregado sobre intereses ordinarios devengados del tres de julio de dos mil catorce, tal y como se encuentra debidamente calculado en el estado de cuenta certificado expedido por el contador facultado por nuestra poderdante; más el que se siga causando a partir del cuatro de julio de dos mil catorce y hasta la total liquidación del adeudo, pactado en el contrato de apertura de crédito celebrado entre las partes, fundatorio de la presente demanda, en el entendido que el impuesto al valor agredado sobe los intereses ordinarios que se devenguen hasta la total solución del adeudo, se cuantificaran en liquidación de sentencia. 5. La resolución que dicte su señoría condenado a los demandados a pagar a la actora la cantidad de **********por concepto de las comisiones devengadas al tres de julio de dos mil catorce, tal y como se encuentra debidamente calculados en el estado de cuenta certificado expedido por el contador facultado por nuestra poderdante; más las que se sigan causando a partir del cuatro de julio de dos mil catorce y hasta la total liquidación del adeudo, pactadas en el contrato de apertura de crédito celebrado entre las partes, fundatorio de la presente demanda, en el entendido que las comisiones que se devenguen hasta la total solución del adeudo se cuantifican en liquidación de sentencia. 6. La resolución que dicte su señoría condenando a los demandados a pagar a la actora la cantidad de **********(**********/100 M.N.), por concepto de impuesto al valor agregado sobre comisiones devengadas al tres de julio de dos mil catorce, tal y como se encuentra debidamente calculado en el estado de cuenta certificado expedido por el contador facultado por nuestra poderdante; más el que se siga causado a partir del cuatro de julio de dos mil catorce y hasta la total liquidación del adeudo, pactado en el contrato de apertura de crédito celebrado entre las partes, fundatorio de la presente demanda, en el entendido que el impuesto al valor agregado sobre las comisiones que se devenguen hasta la total solución del adeudo se cuantificarán en liquidación de sentencia. 7. La resolución que dicte su señoría mediante la cual condene a la parte demandada a pagar a la actora los gatos y costas que se origen con motivo del presente juicio y por causa imputable a ella y que se cuantificaran en ejecución de sentencia." 36. **********Lo transcrito pone de relieve que las pretensiones derivan del contrato de apertura de crédito en cuenta corriente celebrado por la institución bancaria mencionada, con **********y ********** 37. Ello, pues en los hechos de la demanda, la enjuiciante adujo que no obstante de haber asumido tales obligaciones, dichos demandados incumplieron con la de pago desde el veinticuatro de febrero de dos mil catorce. 38. Esas circunstancias revelan que en la celebración del contrato de cuenta corriente, la accionante de amparo ********** no intervino. 39. Así, la relación jurídica mencionada se dio únicamente entre ********** (actora) y **********así como con **********(demandados). 40. En consecuencia, carece de razón la recurrente al pretender integrar a la impetrante constitucional, a una relación contractual en la que no fue parte, como se aprecia de la gráfica siguiente: Contrato de apertura de crédito en cuenta corriente ********** 41. Luego, al no existir relación jurídica entre la impetrante constitucional y la institución bancaria mencionada, que las obligue y vincule con lo pactado en el contrato referido, es evidente que no puede existir litisconsorcio pasivo. 42. En consecuencia, la base expuesta permite constatar que, como de forma correcta lo apreció el juez de amparo, la concesión otorgada no implicaba integrarla a la litis natural ni decretar la nulidad de todo lo actuado en ese juicio al que es extraña, pues al acudir al juicio de garantías, su intención fue extraer simplemente el bien inmueble defendido de ese proceso judicial, de ningún modo integrarse al mismo. 43. Por esa razón, al no ser partícipe de ese vínculo jurídico, es claro que no podía verse favorecida ni perjudicada por los actos que se lleven a cabo en ese contradictorio; por ende, ninguna razón existía para querer someterla a esa contienda. Sobre el particular se cita la tesis VII.2o.C.36 K, (10a.) de la Décima Época, con registro: 2012041, de rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO. LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO DEPENDEN DEL SUPUESTO EN QUE SE UBIQUE EL QUEJOSO CON ESE CARÁCTER.", y por ello, el concepto de agravio es infundado. 44. En diverso concepto de agravio, la recurrente afirma que el juez de amparo se extralimitó en los efectos de la sentencia protectora, pues con los mismos la obligó de facto, a iniciar un juicio diverso con el fin de demandar a la quejosa. 45. Ese concepto de agravio es infundado. 46. El órgano de amparo no obligó a la ejecutante, aquí recurrente, instar otra demanda contra la quejosa **********. 47. En efecto, el juez de amparo otorgó la protección constitucional para los efectos siguientes: "Se abstenga de ejecutar la orden de lanzamiento del departamento Suite ********** ubicado en **********, **********, Colonia **********, en el Conjunto Habitacional **********, Municipio de **********, Estado de México, emitida en el juicio ejecutivo mercantil 863/2014, de su índice; así como ordenar y ejecutar diversos actos que afecten el derecho de propiedad, que ostenta la quejosa respecto del bien en controversia; HASTA EN TANTO SE RESUELVA EN JUICIO DIVERSO SOBRE EL MEJOR DERECHO DE PROPIEDAD QUE DICE TENER". 48. Como se aprecia, el juez federal recurrido indicó que, al no quedar demostrado que previo a la emisión de los actos reclamados, se hubiera concedido el derecho de audiencia a la quejosa **********, en el juicio ejecutivo mercantil **********, en el cual no fue parte -no obstante de ser la poseedora originaria del inmueble en controversia-, en consecuencia procedía otorgar la protección de la Justicia Federal, para el efecto que el juez responsable se abstuviera de ejecutar la orden de lanzamiento emitida en el juicio ejecutivo mercantil **********, y no ordenara ni ejecutara actos sobre dicho bien; y que si se pretendía afectar el derecho de la impetrante constitucional sobre ese bien, debía ser solamente mediante un juicio donde se le otorgara garantía de audiencia previa. 49. En ese tenor, el juez de Distrito ninguna orden estableció en el sentido de obligar a la ejecutante en el juicio natural, hoy recurrente, a iniciar un juicio diverso con el fin de demandar a la quejosa, ya que dicho texto no revela mandato alguna en ese sentido. 50. En vía de consecuencia, tampoco es acertado que el juez de amparo se haya extralimitado al decretar la concesión de la protección constitucional en los términos apuntados, dado que esa concesión corresponde con la pretensión de la impetrante, la cual, como se dijo, fue en el sentido de respetar los derechos que detenta sobre dicho bien. 51. En diverso concepto de agravio, la recurrente aduce que el juez de amparo incurrió en exceso al suplir la deficiencia de la queja en favor de la quejosa, pues indica que lo expuesto en los conceptos violación, no contiene un razonamiento suficiente que justifique la causa de pedir, para que el juzgador se encontrara en aptitud de resolver que el acto reclamado era violatorio de garantías. 52. Ese concepto de agravio es infundado. 53. La esencia de la suplencia es la búsqueda del equilibrio procesal; una suerte de nivelación previa a resolver la cuestión planteada, mediante la cual el juez puede realizar los ajustes necesarios, en la medida de las posibilidades del caso, con la finalidad de que las partes en el litigio puedan acceder al mismo de una forma más equitativa y, por ende, más justa, en relación con el momento en que acudieron al proceso. 54. En el particular, al emitir la sentencia constitucional, el juez de Distrito suplió la deficiencia de los conceptos de violación en favor de la promovente de amparo, lo cual se estima acertado. 55. En efecto, la demanda constitucional evidencia que la causa de pedir de la impetrante consistió en que se le pretendía desposeer de un bien sin otorgarle audiencia previa, ya que afirmó que, sin observar en su favor dicha garantía consagrada en su favor en el artículo 14 constitucional, se había ordenado una orden de lanzamiento respecto del bien cuya propiedad detentaba. 56. Por ello, como se apreció de forma acertada en la sentencia impugnada, existían elementos suficientes para llevar a cabo esa suplencia. 57. Aunado a ello, el juez de amparo actuó de forma correcta al suplir la deficiencia de la queja en favor de la quejosa, pues en casos como el analizado, donde se alega una inaudición a un contradictorio jurisdiccional, tal evento obliga suplir la queja deficiente al respecto. Sobre el particular se cita la jurisprudencia P./J. 149/2000, de la Novena Época, con registro 190656, cuyo rubro y texto disponen: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón." 58. La base expuesta permite concluir que tampoco asiste razón a la recurrente, al afirmar que era procedente suplir la queja deficiente en su beneficio. 59. Ello, pues el presente recurso de revisión fue interpuesto por **********, quien es tercera interesada en el juicio de amparo del cual emerge la determinación controvertida, y en tal supuesto este tribunal colegiado una vez después de revisar las constancias de autos no existen datos que permitan evidenciar que en contra de la tercera interesada, ahora recurrente, haya habido una violación manifiesta a la ley que la haya dejado en estado de indefensión, en contravención a los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de Amparo. 60. En virtud de lo anterior, lo procedente es confirmar la sentencia impugnada y conceder el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa. 61. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 84, 88, 91, 92 y 93 de la Ley de Amparo; se resuelve: PRIMERO. Se confirma la resolución recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y protege a **********, contra las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero de la presente ejecutoria. Notifíquese personalmente; y, a la autoridad responsable con testimonio de esta resolución remítanse los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los magistrados, presidente Jacinto Juárez Rosas, Willy Earl Vega Ramírez, así como el licenciado Manuel Pastrana Álvarez, secretario en funciones de magistrado de circuito, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, siendo ponente el segundo de los nombrados; quienes firman con el secretario de acuerdos que da fe.
- Amparo en revisión
Se admite el recurso de revisión. En virtud de que la parte recurrente no señala domicilio para oír notificaciones, las de carácter personal hágansele por lista de este tribunal. Se tienen por autorizadas a las personas que indica para oír notificaciones e imponerse de los autos, de conformidad con el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Se le hace saber a la contraparte de la recurrente que tiene cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, para que si lo estima pertinente se adhiera al presente recurso. Finalmente, se hace saber a la recurrente y a su contraparte su derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que solamente se omitirán sus datos personales cuando manifiesten su oposición de manera expresa.
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