Issac Sánchez Ventura
Expediente 1131/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 19 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1131/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 01/09/2017
Partes del expediente
- Issac Sánchez Ventura
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Ciudad de México, a primero de septiembre de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio de cuenta, proveniente del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, a través del cual remite el juicio de amparo 1131/2016, testimonio de la resolución dictada en el recurso de revisión R.P. 98/2017, así como un tomo; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, agréguese el cuaderno de antecedentes, acúsese el recibo de estilo e infórmese que el órgano revisor resolvió: ".PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida.- SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo respecto de los actos y autoridades señaladas en el considerando cuarto de la sentencia recurrida, por los motivos expuestos en el último considerando de esta ejecutoria.- TERCERO. La Justicia Federal NO AMPARA NI PROTEGE a ISAAC SÁNCHEZ VENTURA, respecto de los actos y autoridades precisadas en el considerando quinto de la sentencia recurrida y por los motivos expuestos en el último considerando de esta ejecutoria". En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra, se negó el amparo, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia de que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, toda vez que en el incidente derivado del presente controvertido se negó la suspensión provisional y definitiva respecto del acto reclamado, el cuaderno original de este expediente es susceptible de destrucción, en términos del párrafo primero de la fracción III, del numeral vigésimo primero de la disposición en consulta. En tanto que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de este acuerdo, por lo que se señala como fecha probable para ello el seis de marzo de dos mil dieciocho. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión. Finalmente, toda vez que no es necesaria la retención del anexo remitido por el juzgado responsable, devuélvasele, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo debido a que es suficiente con la constancia de notificación respectiva.
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de abril de dos mil diecisiete. Agréguese en autos el oficio de cuenta, proveniente del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por el que se acusa recibo del diverso "20162" de veintinueve de marzo pasado, e informa a este órgano de control constitucional que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el autorizado de la parte quejosa, quedando registrado con el número R.P. 98/2017.
- Principal
Ciudad de México, a veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Visto el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en esas condiciones, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia del ocurso de expresión de agravios y en el término de tres días, contados a partir del día siguiente al que se encuentre integrado el expediente, remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno, el original del impreso mencionado y los presentes autos, para la sustanciación del recurso de referencia. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en su oportunidad, fórmese cuaderno de antecedentes. No obstante que el recurrente no exhibió las copias suficientes del impreso que se provee, obténganse las necesarias para correr traslado a todas las partes, pues los actos reclamados afectan su libertad personal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 203 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, del rubro siguiente: "RECURSO DE REVISIÓN. DEBE TENERSE POR INTERPUESTO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL, AUN ANTE LA FALTA DE EXHIBICIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAS COPIAS DEL ESCRITO DE AGRAVIOS, CUANDO EL RECURRENTE ES EL QUEJOSO, DEFENSOR O AUTORIZADO Y EL ACTO RECLAMADO IMPLICA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD PERSONAL".
- Principal
V i s t o s para dictar sentencia los autos del juicio de amparo 1131/2016 promovido por Issac Sánchez Ventura, contra actos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, remitido por razón de turno a este Juzgado Decimotercero de Distrito, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta resolución. II. El solicitante del amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló violados en su perjuicio los artículos 1°, 14, 16, 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Por auto de la misma fecha de su presentación, se admitió la demanda bajo el orden 1131/2016; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como al representante social adscrito al órgano jurisdiccional responsable; se señalaron fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107, fracciones I y IV de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por reclamarse la inconstitucionalidad de una norma prevista en una legislación local, que con motivo de un acto de aplicación emitido por autoridad judicial después de concluido el juicio, causa agravio al quejoso. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo el orden 169 en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio está contenido bajo el rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden de ideas, del análisis de todos los elementos de la demanda, así como de las constancias que integran el expediente, se precisa que los actos reclamados en este juicio, son los siguientes: 1. Del juez Segundo de Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México, la determinación de trece de diciembre de dos mil dieciséis, emitida contra el quejoso en el expediente 615/2016, en la que se desechó de plano su solicitud de beneficio penitenciario en la modalidad de Reclusión Domiciliaria Mediante Monitoreo Electrónico a Distancia respecto de la causa penal 20/2013, del orden del juzgado Quincuagésimo Noveno Penal de esta ciudad, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado; 2. De la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (Distrito Federal), la iniciativa de ley, discusión, votación, aprobación y expedición de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, específicamente, los artículos 32 y 33, de dicho ordenamiento; 3. Del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (Distrito Federal), la emisión del decreto publicado el diecisiete de junio de dos mil once en la Gaceta Oficial de esta ciudad, por el que se expidió la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, específicamente, los artículos 32 y 33, de dicho ordenamiento; 4. De los Secretarios de Gobierno, Salud, Educación, Desarrollo Social y Trabajo y Fomento al Empleo, todos de la Ciudad de México (Distrito Federal), el refrendo del decreto publicado el diecisiete de junio de dos mil once en la Gaceta Oficial de esta ciudad, por el que se expidió la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, específicamente, los artículos 32 y 33, de dicho ordenamiento; y 5. De la Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México (en su denominación correcta y actual de la señalada como "Director de la Gaceta Oficial del Distrito Federal), la publicación del decreto publicado el diecisiete de junio de dos mil once en la Gaceta Oficial de esta ciudad, por el que se expidió la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, específicamente, los artículos 32 y 33, de dicho ordenamiento. Precisión que se hace bajo el entendido de que el estudio de la constitucionalidad de los preceptos legales señalados, no se concentrará en su aspecto formal, que implicaría el análisis del proceso legislativo que los originó, pues en la forma que se planteó la demanda se nota que la pretensión hacia este órgano de control constitucional está dirigida a que se realice la indispensable ponderación de su aspecto material, pues se les han atribuido vicios propios que trascienden a la esfera jurídica del quejoso por virtud de un acto concreto de aplicación. Por tanto, serán esos actos los que constituyan la materia de análisis en este juicio constitucional; estimación que se determina del estudio y relación de las constancias que conforman el sumario, lo cual no significa en forma alguna que se cambie la cuestión efectivamente planteada en la litis, sobre todo cuando al dictar sentencia, corresponde al juzgado de amparo apreciar lo que quiso decir el inconforme en su demanda y no únicamente lo que en apariencia dijo, a fin de resolver sobre el proceder de las autoridades que estima transgreden sus derechos fundamentales. Por la forma en que se realizará el análisis de los preceptos mencionados, resulta aplicable la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 604 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, de rubro: "CONSTITUCIONALIDAD FORMAL. NO PUEDE PLANTEARSE EN EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LEYES RESPECTO DE ACTOS DEL PROCESO LEGISLATIVO QUE NO AFECTAN LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO". TERCERO. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades que se precisaron en la anterior consideración, lo que se acredita, por una parte, con las constancias que anexó a su informe de ley la autoridad judicial responsable, a las que se concede valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y por otra, con la publicación del decreto respectivo que se contiene en la mencionada Gaceta Oficial, conforme al principio de derecho de que las leyes no son objeto de prueba, reconocido por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que se patentiza su existencia. Es aplicable por identidad, respecto del argumento empleado para acreditar la existencia de los preceptos reclamados, la jurisprudencia 65 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 260 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN". No obstante la certeza de los actos reclamados, se actualiza una causal de improcedencia respecto del consistente en la inconstitucionalidad del artículo 33 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, que por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, impide que se analice el fondo de la cuestión planteada. Así es, se actualiza el supuesto previsto en la fracción XII del artículo 61 de la ley de Amparo; porque el precepto tildado de inconstitucional no afecta el interés jurídico del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la ley de la materia, ya que tal disposición no fue aplicada en el acuerdo que refirió. En efecto, de la interpretación sistemática de ambos dispositivos, se obtiene que la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, sólo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo). Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha diferenciado el interés jurídico del legítimo, acorde con sus elementos estructurales, criterio que se plasmó en la tesis 2a.LXXX/2013 (10a.), localizable en la página 1854 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, cuyo rubro es el siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". En ese contexto, atendiendo a la naturaleza del mencionado acto reclamado, es necesario abundar en relación con el interés jurídico. La afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; de ahí que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple" como suele llamarse a aquel que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad, que le es cómoda o placentera o, por el contrario, para que desaparezca o se evite la que pudiera resultarle mortificante, sino que es necesario que ese interés descanse en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta; por eso, se afirma que hay interés jurídico cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un perjuicio causado por su actuar u omisión. Al respecto, es orientadora la jurisprudencia que bajo el número 852 aparece publicada en la página 581, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro es: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO". Establecido lo anterior, es inconcuso que el precepto legal impugnado constituye una ley heteroaplicativa, pues para su observancia requiere necesariamente que una autoridad en el ámbito de sus atribuciones aplique tal disposición para crear, transformar o extinguir situaciones concretas de derecho en los gobernados. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia identificada con el orden 138, emitida por el Pleno del Alto Tribunal de justicia país, localizable en la página 3738 del apéndice citado, 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 2, Amparo contra leyes Primera Parte -SCJN Segunda Sección- Procedencia del amparo indirecto contra leyes, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA". En ese contexto, como se estableció, el precepto legal reclamado, no fue aplicado al quejoso en el acuerdo de trece de diciembre de dos mil dieciséis, emitido en el expediente 615/2016, pues de la lectura del mismo, se advierte que el juez de ejecución fundó su determinación primordialmente con base en el dispositivo 32, en relación y con apoyo de los diversos 15, 29, 31 y 40 del referido ordenamiento, dado que al haber sido sentenciado por el delito de robo agravado no reúne los requisitos establecidos en el dispositivo citado, pues dicho precepto establece: "ARTÍCULO 32. IMPROCEDENCIA DE LA RECLUSIÓN DOMICILIARIA. No se otorgará el beneficio mediante monitoreo electrónico a los sentenciados por los siguientes delitos: Homicidio, previsto en el artículo 123 en relación al 18, párrafo segundo; Secuestro contenido en los artículos 163 Bis y 166 Bis; Tráfico de Menores en los supuestos de los párrafos tercero y cuarto del artículo 169; Desaparición Forzada de Personas, previsto en el artículo 168; Violación, previsto en los artículos 174 y 175; Incesto previsto en el artículo 181; Corrupción de personas menores de edad o personas que no tengan la capacidad de resistir la conducta, previsto en los artículos 183, 184 y 185; Turismo Sexual, previsto en el artículo 186; Pornografía, previsto en los artículos 187 y 188; Lenocinio, previsto en los artículo 189 y 189 Bis; Robo, previsto en el artículo 220, en relación a los artículos 224 o 225; Extorsión, previsto en el artículo 236; y Asociación Delictuosa y Delincuencia Organizada, prevista en los artículo 253, 254 y 255; Tortura, previsto en los artículos 294 y 295 todos del Código Penal. .". (Lo subrayado y con negritas no es de origen). Con base en lo expuesto, al quedar evidenciada la causal de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo, respecto del mencionado acto tildado de inconstitucional, atribuido a las autoridades responsables. Forma de proceder que es acorde con la tesis identificada con el registro 1794, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1238 del Apéndice multireferido, 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, Precedentes Relevantes, de rubro siguiente: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERÉS JURÍDICO". CUARTO. Por razón de técnica jurídica en el dictado de las sentencias de amparo, previamente al análisis de fondo de las cuestiones debatidas, se deben examinar las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, según se establece en el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia 5 emitida por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, mayo de 1991, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". Sobre el particular, las autoridades responsables Secretarios de Gobierno, Educación, Salud, Desarrollo Social y Trabajo y Fomento al Empleo, así como la Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, todos de la Ciudad de México manifestaron que en el caso, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III y VIII de la ley de Amparo, al no haber esgrimido el quejoso concepto de violación referente al acto que se les atribuye, lo que a su criterio conduciría al sobreseimiento en el presente juicio. Son infundados los argumentos de improcedencia invocados, porque como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la suplencia deficiente de la queja, en materia penal tratándose del inculpado (sentenciado) surte aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. Ilustra lo anterior el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de 2006, Novena Época, Materia Común, cuyo rubro es el siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. SE SURTE AUN ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS". Por consiguiente, es desatinado lo expuesto por las responsables mencionadas, en el sentido de que es manifiesto el supuesto de improcedencia analizado. Apoya las razones anotadas, la tesis sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, que se localiza en la página 379 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, Novena Época, Materia (s) Constitucional, Penal, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA RESPECTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN REFERIDOS A LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY". Así como, la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 1906 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, septiembre de 2015, Tomo III, Décima Época, Materia Común, cuyo rubro es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO CONTRA LEYES. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE DERIVA DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 61, FRACCIÓN XXIII Y 108, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO (AUSENCIA DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN), SI EL JUZGADOR TIENE EL DEBER DE SUPLIR LA DEFICENCIA DE LA QUEJA EN LOS SUPUESTOS EN QUE OPERA". QUINTO. Desestimada la causal de improcedencia que se invocaron, y en atención a que este juzgado no advierte que se actualice alguna otra, procede el análisis de los actos reclamados. Dada la forma en que fue planteada la demanda de amparo que dio origen a este juicio, en principio, se estudiarán conjuntamente los actos reclamados, consistentes en la aprobación, promulgación y publicación del decreto publicado el diecisiete de junio de dos mil once en la Gaceta Oficial de esta ciudad, por el que se expidió la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, específicamente, del artículo 32, del referido ordenamiento, pues la aplicación de dicha norma, como aquella que regula el sistema específico dentro del que se ubica el amparista, se concretizó mediante la determinación de trece de diciembre de dos mil dieciséis, emitida en el expediente 615/2016, en que se desechó de plano su solicitud de beneficio penitenciario en la modalidad de Reclusión Domiciliaria Mediante Monitoreo Electrónico a Distancia respecto de la causa penal 20/2013, del orden del juzgado Quincuagésimo Noveno Penal de esta ciudad, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado. Asentado lo anterior, previo al análisis de la inconstitucionalidad que se alega, es pertinente señalar que el quejoso cumple con los presupuestos básicos para impugnar una norma, pues realizó una manifestación en forma sobre dichos aspectos, especificando, de acuerdo a sus argumentos, que es el artículo 18 constitucional, el que es vulnerado por la norma señalada, dado que se transgreden sus derechos humanos en relación con los medios establecidos para lograr el beneficio de libertad anticipada. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia que aparece publicada en la página 365 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEY. PARA ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD DEBE PLANTEARSE SU OPOSICIÓN CON UN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN". No obstante dicha estimación, hasta este momento debe prevalecer la presunción de constitucionalidad del artículo 32, de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, a efecto de que se mantenga firme e intacta, hasta en tanto se demuestre su inconstitucionalidad. Apoya el anterior argumento, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 143 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, de rubro: "LEYES. LA EXPRESIÓN DE LA CAUSA DE PEDIR NO BASTA PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE SU CONSTITUCIONALIDAD". Precisado lo anterior y previo a realizar el estudio correspondiente a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma reclamada en su forma heteroaplicativa, es indispensable destacar que este órgano de control constitucional no puede pasar por alto los argumentos formulados por el quejoso, en cuanto al planteamiento de oposición de los artículos legales reclamados con los preceptos 1° y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que derivan de lo establecido en el segundo párrafo del precepto citado en primer lugar, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, lo que se conoce como principio pro persona, para lo cual, es obligación para todas las autoridades jurisdiccionales del país, aplicar un control de convencionalidad ex officio en un modelo de control difuso de constitucionalidad, a efecto de que en su respectivo ámbito de competencia velen no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate. No obstante, la aplicación del principio pro persona no puede servir como fundamento para aplicar en forma directa los derechos fundamentales previstos en los tratados internacionales, al margen de que el derecho internacional convencional sea una fuente del derecho constitucional de carácter obligatorio, toda vez que tal principio constituye propiamente un instrumento de selección que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos contenidos en dos o más normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable en el caso concreto. Bajo esa premisa, es claro que si los derechos fundamentales cuestionados se encuentran previstos en el segundo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta innecesario acudir a la norma de fuente internacional, pues la de origen interno es suficiente para establecer un sentido protector de los derechos respectivos, en el caso, de seguridad jurídica en cuanto a las bases en que se organiza el sistema penitenciario para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir; por tanto, basta el estudio que se realice del precepto constitucional que prevé esta situación, para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma impugnada; de ahí que el pronunciamiento de este juzgado, en cuanto a dicho aspecto, se realice en relación con el derecho interno del país. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 172/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1049 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, febrero de 2013, Tomo 2, de rubro: "DERECHOS HUMANOS. SU ESTUDIO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1O. CONSTITUCIONAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA NECESARIAMENTE QUE SE ACUDA A LOS PREVISTOS EN INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, SI RESULTA SUFICIENTE LA PREVISIÓN QUE CONTENGA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Conforme al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 y atento al principio pro persona, no resulta necesario considerar el contenido de tratados o instrumentos internacionales que formen parte de nuestro orden jurídico, si al analizar los derechos humanos que se estiman vulnerados es suficiente la previsión que contiene la Constitución General de la República y, por tanto, basta el estudio que se realice del precepto constitucional que los prevea, para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado". Asentado lo anterior, ahora es indispensable puntualizar que la situación jurídica del quejoso actualmente se rige por el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en relación con la pena de prisión que se encuentra purgando, ha solicitado la concesión del beneficio penitenciario de reclusión domiciliaria mediante monitoreo electrónico a distancia, previsto en el artículo 29, fracción I, de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para esta ciudad, en relación con el diverso 32, siendo la aplicación del último artículo descrito que regula el sistema específico dentro del que se ubica el amparista, la que estima transgrede sus derechos fundamentales en razón de su inconstitucionalidad, en oposición a lo previsto en el segundo párrafo del artículo constitucional mencionado. En razón de lo anterior, y dado que en el dictado de una sentencia de amparo se deben satisfacer los principios de congruencia y exhaustividad, el estudio que este órgano de control constitucional está obligado a realizar, iniciará con el relativo a la constitucionalidad de la norma reclamada con motivo del acto de aplicación que se ha precisado, pues su inconstitucionalidad produciría un mayor beneficio al amparista, que la inconstitucionalidad del acto de su aplicación. Respecto de la forma en que se aborda el presente estudio, es aplicable la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 366 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, julio de 1999, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. CUANDO SE CONTROVIERTEN CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, EL ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD DE AQUÉLLAS DEBE REALIZARSE ANTES QUE EL DE ÉSTE, EN ARAS DE TUTELAR LA GARANTÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL". Asentado lo anterior, este órgano de control constitucional estima pertinente señalar que la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dieciocho de junio de dos mil ocho, y que entró en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de penas, que aunado a la reforma publicada en el citado medio de difusión oficial el diez de junio de dos mil once, que modificó el mismo segundo párrafo del mencionado artículo 18 constitucional, y entró en vigor al día siguiente de su publicación, representó el reconocimiento constitucional de los derechos humanos previstos en la misma y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte; esquema de protección que se extendió al modelo del sistema penitenciario, al establecerse que se organizaría sobre la base de respeto a los derechos humanos. En efecto, con la mencionada reforma constitucional se puso de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país si la ejecución de las penas seguía permaneciendo bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo; de ahí que, para lograr esa transformación, se decidió reestructurar el sistema, circunscribiendo la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y confiriendo al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado, con lo que se creó la figura de "Jueces de ejecución de sentencias", que dependerían, obviamente, del correspondiente Poder Judicial, pues con ello se pretendió, por un lado, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, pues sería definitivamente el Poder Judicial de donde emanó la sentencia, el que vigilaría que la pena se cumpliera estrictamente, en la forma como fue pronunciada en la ejecutoria y, por otro, acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas, en torno a la ejecución de dichas sanciones. Con ello, todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena pudieran surgir a partir de la reforma constitucional quedaban bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los aspectos relacionados con los problemas que en su trato cotidianamente recibían los sentenciados, o en lo que interesa en este asunto, la concesión de beneficios penitenciarios. Bajo esa línea de pensamiento, se establece que el quejoso alega la inconstitucionalidad del artículo 32, de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para esta ciudad, en tanto considera que se viola el derecho humano reconocido en su favor en el artículo 18 constitucional, particularmente el de trato igualitario. Para dar contestación a dicho concepto de violación y con ello establecer que las normas descritas no vulneran el contenido del precepto constitucional invocado, se destaca que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha expuesto que la finalidad de la prisión consiste en regresar al sujeto a la vida en sociedad, a través de diversos medios que fungen como herramienta y motor de transformación, tanto del entorno como del hombre privado de su libertad, lo cual no sería posible sin una instrucción previa, creadora o revitalizadora de habilidades y hábitos laborales, así como la atención de la salud, la educación y el deporte, es decir, la participación regular en las actividades laborales, educativas, deportivas o de otra índole, tendentes a modificar y neutralizar los factores que influyeron en la conducta del individuo para delinquir. En esas condiciones, es cierto, que el referido precepto constitucional establece que el sistema penitenciario se organiza sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte para lograr la reinserción social del sentenciado y procurar con base en los mismos que no vuelva a delinquir; derechos que indudablemente le corresponde a toda autoridad del Estado, respetar, proteger, garantizar y promover, de conformidad con los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 1° constitucional. En apoyo de esta cuestión se consultó la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada el tres de octubre del año en curso en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro dice: "DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE RESPETARLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". Pero también es cierto, y de ahí lo infundado de su motivo de disenso formulado al respecto, que al establecerse los mencionados derechos como los ejes rectores del sistema penitenciario del país, y que en relación con ellos deben observarse los beneficios que pudieran establecerse en la ley respectiva, en el caso el de reclusión domiciliaria mediante monitoreo electrónico a distancia, es incuestionable que no existe la transgresión alegada, en razón de que al Estado le corresponde velar no sólo por el establecimiento de los medios que permitan cumplir con dicho cometido, sino también que en relación con dichos principios se logre la reinserción del sentenciado. Así, válidamente se puede concluir que dichos factores -respeto a los derechos humanos, en particular el de trato igualitario- constituyen los casos y condiciones a que el legislador ordinario queda sujeto, de acuerdo con sus atribuciones constitucionales, para establecer a través de ordenamientos formal y materialmente legislativos, los requisitos que se habrán de satisfacer para el goce de los beneficios penitenciarios, por lo que en el caso se está en presencia, de un derecho limitado y restringido, no de un derecho desigualitario, como lo pretendió destacar el amparista. Y es que el legislador, en cumplimiento del mandato constitucional, goza de la más amplia libertad de configuración de las hipótesis normativas, relacionadas con la determinación de los requisitos y condiciones, a fin de que el sentenciado pueda alcanzar y gozar de dicho beneficio, con la única limitante de no hacer nugatorio el ejercicio o el reconocimiento de tal prerrogativa, que en el caso no acontece, en tanto que en el artículo 31 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para esta ciudad, en concordancia con el precepto constitucional analizado, establecen que para la concesión del beneficio de reclusión domiciliaria mediante monitoreo electrónico a distancia, será necesario además de los requisitos señalados que el delito por el cual haya sido condenado el sentenciado no sea de los que la ley prohíba su otorgamiento. En otras palabras, corresponde a los órganos legislativos constitucionalmente competentes, por el principio de reserva de ley, a fin de que los sentenciados puedan optar por algún beneficio penitenciario, ponderar e instituir, de forma abstracta, las condiciones que los individuos deben satisfacer para gozar del derecho relativo, así como las circunstancias y los casos en que lo podrán hacer, siempre y cuando dicha disposición sea válida, como en el caso acontece. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 462 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: XXVIII, julio de 2008, de rubro: "RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS". En esas condiciones no resta más que señalar que el artículo reclamado en su forma heteroaplicativa, desde luego, bajo la apreciación de que en su conjunto regula el sistema específico dentro del que se ubica el amparista, no transgrede en forma alguna el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que está adecuadamente previsto el principio de reinserción social que se estimó transgredido, así como los medios que deben cumplirse para el otorgamiento del beneficio solicitado, por lo que al no advertir deficiencia de la queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo solicitado por lo que respecta a la inconstitucionalidad de la iniciativa de ley, discusión, votación, aprobación, promulgación y publicación del decreto publicado el diecisiete de junio de dos mil once en la Gaceta Oficial de esta ciudad, por el que se expidió la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, específicamente, el artículo 32, de dicho ordenamiento, que respectivamente se reclamaron de la Asamblea Legislativa, Jefe de Gobierno, Secretarios de Gobierno, Salud, Educación, Desarrollo Social y Trabajo y Fomento al Empleo y Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, todos del Gobierno de la Ciudad de México. SEXTO. Por otro lado, son inoperantes los conceptos que hace valer el quejoso, respecto del acto reclamado atribuido del juez Segundo de Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México, pues van encaminados a cuestiones que se resolvieron en el considerando anterior, sin que se advierta materia para suplirlos en su deficiencia, por lo que procede negar el amparo solicitado por las siguientes consideraciones. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar algunos antecedentes del acto reclamado, entre los que destacan los siguientes: 1. El quejoso fue sentenciado a purgar la pena privativa de libertad de diez años de prisión, por el delito de robo agravado, impuesta mediante resolución de treinta de octubre de dos mil trece, emitida por la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, en el toca 1242/2013, la cual modificó la sentencia de primera instancia de cuatro de julio de dos mil trece, dictada por el Juez Quincuagésimo Noveno Penal del Distrito Federal, en la causa 20/2013; 2. Determinación que impugnó vía amparo directo del cual correspondió conocer al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito bajo el orden D.P. 78/2015, quien por resolución de diez de julio de dos mil catorce negó el amparo solicitado. 3. Por escrito presentado el siete de noviembre de dos mil dieciséis, en la oficina de la Dirección en Turno de Consignaciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, el amparista solicitó la concesión del beneficio penitenciario en su modalidad de Reclusión Domiciliaria Mediante Monitoreo Electrónico a Distancia, solicitud que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Segundo de Ejecución de Sanciones de la Ciudad de México, el cual la radicó como expediente 615/2016, y mediante acuerdo de trece de diciembre siguiente dio contestación a la misma, en los términos que en lo conducente son del tenor literal siguiente: ".AUTO. En la Ciudad de México a 13 trece de diciembre de 2016 dos mil dieciséis. .Por lo que atento al estado que guardan los presentes autos, y al hacer un análisis del beneficio penitenciario solicitado, y de las constancias que obran en autos, cabe precisar el contenido de los numerales 15 y 40 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, que son del tenor siguiente: "ARTÍCULO 15. RESOLUCIONES DE PLANO. Tratándose de promociones notoriamente improcedentes o en aquellas en las que no se ofrezcan pruebas, el Juez de Ejecución resolverá de plano dichas peticiones sin necesidad de audiencia. Contra esta resolución únicamente procederá el recurso de revocación, contenido en el Código de Procedimientos Penales." "ARTÍCULO 40. IMPROCEDENCIA. Las peticiones en las cuales se solicite un beneficio penitenciario que conforme a lo dispuesto por esta Ley sean notoriamente improcedentes, se desecharán de plano por el Juez de Ejecución." De lo que se colige válidamente, que en aquellos casos en los que las peticiones de beneficios penitenciarios sean notoriamente improcedentes, serán desechadas de plano sin necesidad de audiencia; lo que en el caso a estudio acontece, dado que el sentenciado Issac Sánchez Ventura o Isaac Sánchez Vetura, fue condenado por el delito de robo agravado previsto por lo hace al tipo básico en el numeral 220 párrafo primero y fracción IV, respecto a las circunstancia modificativa de encontrándose la víctima en un vehículo particular, párrafo inicial y fracción III del artículo 224, en torno a la agravante de violencia moral en el párrafo primero y fracción I del precepto legal 225 y por lo que hace a la pandilla en el párrafo segundo del artículo 252, todos del Código Penal del Distrito Federal, por el Juez Quincuagésimo Noveno Penal de la Ciudad de México, mediante sentencia definitiva de 4 cuatro de julio de 2013 dos mil trece, a sufrir una pena de 10 años, tópico que el 30 treinta de octubre de 2013 dos mil trece, dentro del toca 1242/2013, fue confirmado por la Tercera Sala Penal de este Tribunal, pena de prisión que fue disminuida mediante resolución incidental de 03 tres de julio de 2015 dos mil quince, al proceder el incidente no especificado, por lo que el juez de la causa al tomar en cuenta la fecha de detención (18 dieciocho de enero de 2013 dos mil trece) a la fecha en que se dictó la ejecutoria de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (30 treinta de octubre de 2013 dos mil trece), determina que la prisión preventiva sufrida por el sentenciado Issac Sánchez Ventura o Isaac Sánchez Vetura, es de 09 nueve meses 12 doce días de prisión, por tanto al día en que se resolvió dicho incidente lleva compurgado 2 dos años 5 cinco meses 15 quince días, restándoles por cumplir 7 siete años 6 seis meses 15 quince días de prisión, por lo que compurgamiento será a las 24:00 veinticuatro horas del 17 diecisiete de enero de 2023 dos mil veintitrés. Sin que variara el delito y las circunstancias modificativas por las cuales fue encontrado penalmente culpable. Ahora bien, es de señalarse que el momento de la detención del sentenciado de mérito lo fue 19 diecinueve de enero de 2013 dos mil trece, fecha en la que ya se encontraba vigente la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, publicada el 17 diecisiete de junio de 2011 dos mil once, entrando en vigor el 19 diecinueve de ese mes y año, por lo tanto, la Ley ejecutiva aplicable es la referida, misma que en su numeral 29 establece los beneficios penitenciarios a saber: "ARTÍCULO 29. BENEFICIOS. Son beneficios Penitenciarios los siguientes: I. Reclusión Domiciliaria mediante monitoreo electrónico a distancia; II. Tratamiento Preliberacional; III. Libertad Preparatoria; y, IV. Remisión Parcial de la Pena. .de lo que se puede establecer que el beneficio que solicita el sentenciado referido en su modalidad de Reclusión Domiciliaria Mediante Monitoreo Electrónico a Distancia, se encuentra contemplado en la Ley Ejecutiva Vigente, y para su concesión, se debe cumplir con lo exigido en el artículo 31 de dicha Ley, y que el delito por el cual haya sido condenado el sentenciado no se encuentre dentro de los establecidos en el artículo 32 que contempla la improcedencia de la resolución domiciliaria, mismo que transcribe: "ARTÍCULO 32. Improcedencia de la reclusión domiciliaria. No se otorgará el beneficio mediante monitoreo electrónico a los sentenciados por los siguientes delitos: Homicidio, previsto en el artículo 123 en relación al 18, párrafo segundo; Secuestro contenido en los artículos 163 Bis y 166 Bis; Tráfico de Menores en los supuestos de los párrafos tercero y cuarto del artículo 169; Desaparición Forzada de Personas, previsto en el artículo 168; Violación, previsto en los artículos 174 y 175; Incesto previsto en el artículo 181; Corrupción de personas menores de edad o personas que no tengan la capacidad de resistir la conducta, previsto en los artículos 183, 184 y 185; Turismo Sexual, previsto en el artículo 186; Pornografía, previsto en los artículos 187 y 188; Lenocinio, previsto en los artículo 189 y 189 Bis; Robo, previsto en el artículo 220, en relación a los artículos 224 o 225; Extorsión, previsto en el artículo 236; y Asociación Delictuosa y Delincuencia Organizada, prevista en los artículo 253, 254 y 255; Tortura, previsto en los artículos 294 y 295 todos del Código Penal. Así como aquellos delitos previstos en leyes generales de competencia del Distrito Federal". .de lo que se extrae, que precisamente el delito por el cual fue sentenciado el peticionario de beneficio, es de los que la ley prohíbe su otorgamiento, de ahí que al advertirse una causa notoria de improcedencia, en términos de lo señalado en los artículos 15 y 40 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal sin necesidad de audiencia, se desecha de lano, la solicitud del sentenciado Issac Sánchez Ventura o Isaac Sánchez Vetura respecto a la solicitud del beneficio penitenciario en la modalidad de Reclusión Domiciliaria Mediante Monitoreo Electrónico a Distancia, de la causa penal 20/2013, del índice del Juzgado Quincuagésimo Noveno Penal del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, seguida al sentenciado referido por el delito de robo agravado". (sic) Dicha determinación constituye el acto reclamado que aquí se analiza. Ahora bien, es menester destacar que el auto reclamado constituye un acto de molestia, y como tal, está sujeto a las exigencias que prevé el párrafo primero del artículo 16 constitucional, que dispone que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. De la interpretación del párrafo primero del artículo anterior, debe entenderse por fundamentación, la cita de las normas legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que se pretendan imponer con el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en la legalidad en su aspecto imperativo consistente en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Y como motivación, a la exposición de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos, en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, es decir, la autoridad responsable, para colmar tal extremo, debe realizar el correspondiente estudio y exponer con argumentos lógico jurídicos, las causas o razones que lo impulsaron a determinar en la forma en que lo hizo. En ese contexto, para que una autoridad cumpla con los extremos del primer párrafo del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1239, del multicitado apéndice, 1917-Septiembre 2011, Tomo I, Materia Constitucional 3, Derechos Fundamentales, Primera Parte, Décima Tercera Sección -Fundamentación y motivación-, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Expuesto lo anterior, a fin de determinar si fue o no correcto lo determinado por el juez responsable en torno al desechamiento de la petición de concesión del beneficio penitenciario solicitado, resulta necesario tener en cuenta lo establecido en los artículos 15 y 40 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, que fueron reproducidos en el acto reclamado. En dichos preceptos se prevé la posibilidad de admitir o desechar de plano la solicitudes de beneficio penitenciario, en esta última situación, sólo para el caso de que la autoridad judicial de ejecución estime que no es necesario oír a las partes, ello derivado a que se trata de cuestiones que no requieren mayor trámite y por su grado mínimo de dificultad pueden resolverse de inmediato, cuyo análisis sólo debe circunscribirse al análisis de aspectos de procedencia, como la oportunidad procesal o la legitimación e idoneidad de la petición planteada y no a cuestiones de fondo. Lo anterior evidencia que el auto reclamado es congruente, en la medida en que la autoridad responsable "desechó de plano" la petición hecha valer, por las razones que se exponen en el párrafo siguiente. Ahora bien, se aprecia que la determinación reclamada está adecuadamente fundada y motivada acorde con el artículo 16 constitucional, porque la razón principal o esencial que expuso el juez responsable para "desechar de plano" la petición del beneficio penitenciario planteado, consistió en que advirtió una causa notoria de improcedencia, en términos de los artículos antes referidos. Lo anterior es así, pues para la concesión del beneficio penitenciario en la modalidad de Reclusión Domiciliaria Mediante Monitoreo Electrónico a Distancia, además de los requisitos establecidos en el artículo 31 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, es indispensable que el delito por el cual haya sido condenado el sentenciado no deba de encontrase dentro de los mencionados en el precepto 32 del referido ordenamiento. En esas condiciones, al haber sido el quejoso sentenciado por un delito (robo) respecto del cual la citada ley dispone que no se otorgará el beneficio apuntado, se estima correcta que el juez responsable haya desechado de plano su petición. Por otra parte, resultan inatendibles los conceptos de violación que hace valer dado que van encaminados a cuestiones que no se resolvieron en el acuerdo combatido, pues como se dijo ante la falta de agravios hechos valer en el proveído reclamado no se puede estudiar la validez o no del mismo. En razón de lo anterior, al resultar inoperantes los conceptos de violación hechos valer, sin que se advierta materia para suplirlos en su deficiencia de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, procede negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado por el quejoso contra el acto reclamado del juez Segundo de Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México, consistente en la determinación de trece de diciembre de dos mil dieciséis, emitida en el expediente 615/2016, en la que desechó de plano su solicitud de beneficio penitenciario en la modalidad de Reclusión Domiciliaria Mediante Monitoreo Electrónico a Distancia respecto de la causa penal 20/2013, del orden del juzgado Quincuagésimo Noveno Penal de esta ciudad, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracción V, 73, 74, 75, 76, 79, fracción III, inciso a), 124 y 217 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: PRIMERO. Por las razones expuestas en el considerando tercero de esta determinación, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Issac Sánchez Ventura, contra el acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad del artículo 33 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Issac Sánchez Ventura, contra los actos consistentes, por una parte, en la inconstitucionalidad de la iniciativa de ley, discusión, votación, aprobación, promulgación y publicación del decreto publicado el diecisiete de junio de dos mil once en la Gaceta Oficial de esta ciudad, por el que se expidió la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, específicamente, el artículo 32 de dicho ordenamiento, que atribuyó respectivamente de la Asamblea Legislativa, Jefe de Gobierno, Secretarios de Gobierno, Salud, Educación, Desarrollo Social y Trabajo y Fomento al Empleo y Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, todos del Gobierno de la Ciudad de México; y por otra respecto de la determinación de trece de diciembre de dos mil dieciséis, emitida en el expediente 615/2016, en la que desechó de plano su solicitud de beneficio penitenciario en la modalidad de Reclusión Domiciliaria Mediante Monitoreo Electrónico a Distancia respecto de la causa penal 20/2013, del orden del juzgado Quincuagésimo Noveno Penal de esta ciudad, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado, que reclamó del juez Segundo de Ejecución de Sanciones Penales en esta ciudad, por las razones precisadas en el considerando quinto y último de esta resolución.
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