Israel Zárate Galindo

Expediente 921/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
921/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
21/10/2021

Partes del expediente

  • Israel Zárate Galindo y Otros.
  • Israel Zárate Galindo

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos de los cuales se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el plazo que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida Schütz Elza, Sociedad Anónima de Capital Variable, Israel Zarate Galindo y Juan Edgar Flores Granados, por conducto de Ricardo María Saavedra Guerrero, en el juicio de amparo 921/2021-III, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que aducen: "CAPÍTULO SEGUNDO. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.)" En atención a lo anterior, se estima que este expediente es destruible, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. En diverso aspecto, con relación a los documentos que la parte quejosa exhibió, con fundamento en el citado artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se dejan a su disposición, en el entendido que, cuando se presente a su recolección deberá dejarse en autos copia certificada de los mismos; previa toma de razón que por su recibo asiente en autos, apercibido que de no solicitarlos en el término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de la presente determinación, se procederá a su destrucción. Asimismo, se precisa que para poder acudir la parte quejosa a recoger las documentales, conforme a los artículos 3 y 4 del indicado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el sistema "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso al mismo, para lo cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a siete de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda la razón actuarial de cuenta, de la cual se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario Judicial de la adscripción para notificar a los quejosos Schütz Elza, Sociedad Anónima de Capital Variable, Israel Zarate Galindo y Juan Edgar Flores Granados, el auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno por los motivos que refiere en la misma. En mérito a lo anterior y con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, practíquese a la parte quejosa las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, así como el auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno y el presente proveído, por medio de lista que se fija en lugar visible en este Juzgado de Distrito, hasta en tanto haga el señalamiento de domicilio correspondiente. Notifíquese a la parte quejosa, así como el acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, por lista, en los términos que establece el artículo 211 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta, signada por ***, personalidad que acredita en términos del instrumento notarial número ciento treinta y tres mil trescientos ochenta y seis, de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, pasado ante la fe de la Notaria Pública número ochenta y nueve de la Ciudad de México, así como con dos cartas poder, ambas de siete de julio de dos mil veintiuno, respectivamente, contra actos de la Secretaria Instructora adscrita al Tribunal Laboral Federal de Asuntos en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, y otra autoridad responsable. Asimismo, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, previo cotejo y compulsa del instrumento notarial exhibido por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, devuélvase el mismo, dejando en autos copia certificada para debida constancia legal. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 921/2021-III. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. En ese sentido, de conformidad con el artículo 113 de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Luego, de la lectura integra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, esencialmente es: ? Los autos de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, donde en el primero certificó el plazo para contestar la demanda que fue del dos al veintidós de julio de dos mil veintiuno, y en el segundo, hizo efectivo el apercibimiento a los quejosos en el sentido de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, por perdido el derecho para ofrecer pruebas y en su caso de realizar reconvención, porque se determinó que las contestaciones de demanda de los quejosos - presentadas el cuatro de agosto de esta anualidadfueron extemporáneas. Precisado lo anterior, respecto de los actos reclamados en estudio el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia revista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, dado no tienen una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los referidos artículos, los cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De igual forma, es conveniente señalar que el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De los numerales antes transcritos se obtiene, en primer lugar, que además de los supuestos concretos previstos por el artículo 61, en las fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, la improcedencia del juicio de amparo puede surgir cuando de algún precepto diverso se advierta la causal para ello. Asimismo, el restante artículo 107, fracción V, dispone que el juicio de amparo solo procede contra actos dictados dentro de juicio, cuando sus efectos sean de imposible reparación. En este punto, es de señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado este precepto jurídico, específicamente, en la parte relativa a que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución a través de los derechos humanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio y, por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan solución alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la siguiente distinción: Derechos sustantivos: son los que lesionan los derechos fundamentales de la parte quejosa, los que se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, a través de los llamados derechos humanos, en virtud que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Derechos adjetivos: son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Luego entonces, como se señaló, la parte quejosa reclamó en el presente asunto los autos de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, donde en el primero certificó el plazo para contestar la demanda que fue del dos al veintidós de julio de dos mil veintiuno, y en el segundo, hizo efectivo el apercibimiento a los quejosos en el sentido de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, por perdido el derecho para ofrecer pruebas y en su caso de realizar reconvención, porque se determinó que las contestaciones de los quejosos, presentadas el cuatro de agosto de esta anualidad fueron extemporáneas. En ese sentido, dichos actos no constituyen para los quejosos, un acto de imposible reparación, pues no quebrantan en perjuicio de la parte quejosa, de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos, ya que sólo produce efectos formales o intraprocesales. En efecto, los actos reclamados carecen de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que ese actuar jurisdiccional únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento, sin que trasciendan a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental. Lo anterior, pudiera ser distinto si al quejoso se les impusiera una multa, o arresto, donde los efectos se trasladan directamente a los bienes o libertad de los demandados. Este no es el caso. Incluso, pudiera suceder que en la audiencia de conciliación las partes llegaran a un convenio, donde los efectos de tener por contestadas las demandas de forma extemporánea carecerían de relevancia. En esas condiciones, al resultar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, del mismo ordenamiento en sentido contrario, procede desechar la demanda de amparo promovida por ****. Sirve de apoyo la tesis aislada II.T.134 L, emitida por los Tribunales Colegiados, de la novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, febrero de dos mil, página mil treinta y cinco, de rubro: "AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, OMISIÓN DE NOTIFICAR SU DIFERIMIENTO. Cuando se reclama la celebración de la audiencia trifásica, en la cual se tuvo por contestado el libelo en sentido afirmativo, ante la inasistencia del demandado, sustentando en el libelo de garantías que no asistió, porque se omitió notificarle el diferimiento de la inicialmente fijada, ello constituye una cuestión de naturaleza intraprocesal, cuya ejecución no es de carácter irreparable, pues no afecta de manera cierta, directa e inmediata, algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo que no pudiera repararse de obtener laudo favorable y en esas condiciones, el acto solamente podría vulnerar derechos adjetivos, impugnables mediante el amparo directo promovido contra el fallo; consecuentemente, no se actualiza la hipótesis establecida en la fracción IV, del artículo 114, de la Ley de Amparo." Con fundamento en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el inmueble ubicado en: ***, Estado de México, por así haberlo indicado. En términos del último párrafo, del numeral 21 de la Ley de la materia, se faculta al fedatario adscrito para que, de ser necesario, realice las diligencias de este sumario, en días y horas inhábiles. También, se hace del conocimiento al actuario judicial de la adscripción, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Por otro lado, con fundamento en el artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Adriana Marcela Hernández Aguilera, José Enrique Fiesco Peigemont, Juan Manuel Carmona Duran y Ximena Garllardo Valencia,, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, hasta en tanto, acrediten tener registrada su patente de licenciado en Derecho en el sistema aludido. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3°, de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, relativo al presente juicio de amparo, al usuario "XimenaGall"; por tanto, instrúyase a la analista encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice las gestiones necesarias. En otro orden de ideas, en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere a la parte quejosa que de ser posible transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales3. De igual modo, se hace del conocimiento de la parte quejosa el número telefónico del Secretario encargado del asunto Óscar Durán Valdés, a saber 55 53870500, extensión 1391, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. Se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1, 3, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, asistido de Óscar Durán Valdés, Secretario que da fe.

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