Israel Velazquez Rosas

Expediente 688/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
688/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
02/09/2020

Partes del expediente

  • Israel Velazquez Rosas

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de trece de agosto de dos mil veinte, en que se desechó de plano la demanda de amparo con que se formó este expediente. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto QUEDA FIRME para todos los efectos legales conducentes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye lo siguiente: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis contenida en el inciso d), del artículo 21, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se desechó la demanda de amparo; lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes transcurridos tres años contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente susceptible de destrucción la cual deberá ser remitida a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el tercer párrafo del numeral antes precisado. Notifíquese.

  2. Principal

    Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo promovida por Israel Velázquez Rojas; contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Octavo Distrito. Integración del expediente. Fórmese el expediente 688/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por Israel Velázquez Rojas, ya que se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Antecedentes relevantes. De las manifestaciones realizadas bajo protesta de decir verdad en la demanda, se advierten los siguientes antecedentes: El hoy tercero interesado Comisariado de Bienes Comunales del Poblado Santiado Tepalcaltlalpan promovió juicio agrario en contra del ahora quejoso Israel Velázquez Rojas, respecto de la restitución de un predio comunal el cual forma parte de los bienes comunales propiedad del citado Poblado; así como, la cancelación y declaratoria de nulidad de cualquier título de propiedad, escritura, contrato privado de compraventa, cesión de derechos, donación y cualquier otro título mediante el cual el quejoso pretenda enajenar la legitima propiedad de los bienes comunales citados; la entrega legal y material del predio controvertido, con todas sus accesorio, usos y costumbres; asimismo, la realización de cualquier acto de molestia y posesión sobre el referido predio; quedando registrado dicho juicio con el expediente 364/2019. En mérito de lo anterior, Israel Velázquez Rojas dio contestación a dicha demanda exponiendo sus defensas y excepciones, promoviendo de igual manera la reconvención de los actos reclamados. El veinticuatro de febrero de dos mil veinte, se llevó a cabo la continuación de la audiencia de ley, en la cual el Tribunal Unitario Agrario del Octavo Distrito fijó la litis para resolver el procedimiento agrario de que se trata. Inconforme con esa determinación Israel Velázquez Rojas promovió el juicio de amparo que ahora se analiza. Acto reclamado. Israel Velázquez Rojas pretende que a través del presente juicio de amparo, este Juzgado de Distrito ejerza control de constitucionalidad sobre el acto siguiente: La resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, emitida en la audiencia celebrada en el juicio agrario 364/2019, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Octavo Distrito. Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción, V, de la Ley de Amparo, que a continuación se transcribe: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley." "107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Razones de la improcedencia. En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la propia ley mencionada. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora, en el artículo 107 de la Ley de Amparo se establecen supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, en ellos se especifican diversas hipótesis que de actualizarse, hacen procedente el juicio de amparo. Tomando en consideración lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley, es dable concluir que si no se actualiza de manera expresa el supuesto de procedencia, entonces el juicio de amparo resultará improcedente. En efecto, en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo se establece que el juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro de un juicio procede cuando éstos sean de imposible reparación. En ese precepto se define a los actos de imposible reparación como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México es parte. Dicha norma alude a los derechos sustantivos, los cuales se diferencian de los derechos adjetivos o procesales, toda vez que la afectación de estos últimos podría no trascender a la resolución que se dicte en el fondo y, en caso contrario, es necesario que se impugnen junto con dicha resolución, en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo. Anteriormente, bajo la vigencia de la abrogada Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en juicio estaba regulada en el artículo 114, fracción IV. Si bien este precepto permitía la impugnación de ese tipo de actos, ello estaba acotado a que su ejecución sobre las personas y las cosas fuera de imposible reparación. Dado que conforme a la Ley de Amparo abrogada el legislador no estableció qué debía entenderse por actos de ejecución irreparable o de imposible reparación, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que por aquéllos debía entenderse los que afectaran de manera inmediata y directa derechos sustantivos reconocidos en la Constitución y, como complemento de ello, que la afectación fuera de grado predominante o superior sobre las partes, tal y como se advierte de la tesis P./LVII/2004. No obstante, conforme a la Ley de Amparo en vigor, aplicable al presente caso, el legislador precisó la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en juicio. Para tal efecto, en el artículo 107, fracción V, condicionó la procedencia a dos notas distintivas, primero, que la afectación fuera de carácter material y, segundo, que recayera sobre derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Federal y en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano fuera parte. De esta manera, el legislador incorporó uno de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había considerado para los actos dictados en juicio, esto es, la afectación material a derechos sustantivos; sin embargo, no incluyó lo relativo a la afectación en grado predominante o superior, como criterio complementario. Así, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en juicio, conforme a la legislación vigente, está acotada a que la afectación sea de tipo material, en oposición a formal, lo cual equivale a que el acto de autoridad impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes de la sentencia interlocutoria definitiva y, además, que esa afectación recaiga sobre un derecho sustantivo, en oposición a adjetivo, es decir, sobre derechos que van más allá de las reglas que regulan un determinado procedimiento o alguna cuestión inherente a él. Bajo esa tesitura, al haber cambiado sustancialmente el marco normativo sobre los actos de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo que de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once y del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, se advertía que: "(.) el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables". Lo anterior, implica que a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, los actos de imposible reparación dentro de juicio que justifican la procedencia del amparo indirecto, son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos, pero no procesales, con independencia del grado de afectación que generen. De modo que resulta válido sostener que las afectaciones procesales en grado predominante o superior han dejado de ser parámetro para identificar los actos de imposible reparación, pues éstos únicamente pueden ser aquellos que afectan, por sí mismos, derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales. Luego, con base en los elementos referidos, este juzgador advierte que el presente juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, conforme a la causa advertida. Es importante destacar que la parte quejosa reclama la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Octavo Distrito, en la audiencia celebrada en el juicio agrario 364/2019, a través de la cual, fijó la listis para resolver en definitiva el citado juicio agrario. A partir de lo expuesto, se tiene como primera premisa que se está ante un acto dictado dentro de un juicio, específicamente en el expediente 364/2019, derivado del juicio agrario de origen. No obstante ello, dicha resolución no es de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, ya que la afectación que produce no es de carácter material, sino formal, y no incide en ningún derecho sustantivo, sino en todo caso en derechos adjetivos. En ese sentido, la resolución emitida dentro de una audiencia donde se fija la litis del juicio principal para poder resolver sobre la procedencia o improcedencia de las pretensiones hechas valer por las partes, no se trata de un acto intraprocesal de imposible reparación, sino que solo incide en una cuestión procesal. De esta manera, la violación que la resolución reclamada pudiera generar si bien es intraprocesal, no es de imposible reparación para efectos del juicio de amparo, pues no incide en ningún derecho sustantivo, sino que su afectación es formal y meramente procesal, y en caso de trascender al resultado del fallo, es susceptible de ser combatida, de ser el caso, al impugnarse la sentencia definitiva si le es desfavorable. De modo que el acto reclamado, aun cuando sea intraprocesal, no tiene una ejecución irreparable para efectos del juicio de amparo, e incluso las violaciones procesales que se pudieran generar son formales y vinculadas con cuestiones procesales, susceptibles de ser reparadas en la medida en que trasciendan al resultado del fallo. Así, en la especie, el análisis de la demanda de amparo es suficientemente claro como para advertir e identificar la naturaleza del acto reclamado, es decir, no existe la menor duda de que se trata de un acto dictado dentro de juicio, cuyas consecuencias no rebasan lo puramente procesal. De ahí que no pueda considerarse que el acto sea de imposible reparación, en términos de la Ley de Amparo, ya que ello en sí no impide el ejercicio de algún derecho sustantivo en forma presente, y en todo caso, se traduce en violaciones de carácter adjetivo y procesal, susceptible de ser reclamada en conjunto con la resolución definitiva o que ponga fin al juicio natural; de manera que no puede estimarse que se trate de actos de ejecución irreparable. Por tanto, si en la resolución reclamada lo único que se ha decidido es la fijación de la litis para que el Tribunal Agrario proceda a resolver en definitiva el juicio, ésta no influye sobre las reglas que habrán de regir en el juicio de origen. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano una demanda debe ser manifiesta e indudable. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. Así, una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando está debidamente probada [no se infiere a partir de una presunción], de tal forma que la substanciación del juicio resulta innecesaria, ya que al dictarse sentencia no se podría llegar a una conclusión distinta. En consecuencia, cuando una causa de improcedencia deriva de una cuestión jurídica no desvirtuable y no de una cuestión probatoria, debe estimarse como manifiesta e indudable, toda vez que sin importar las pruebas que se ofrezca en el juicio o lo que se alegue, la cuestión de derecho que hace improcedente el juicio no se superará. En el caso, la causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque: (i) los antecedentes del acto reclamado narrados en la demanda de amparo son claros; (ii) deriva de la naturaleza del acto reclamado [lo que es una cuestión de derecho y no de prueba de hechos]; (iii) de admitirse la demanda y tramitarse el juicio se llegaría a la misma conclusión, pues la naturaleza del acto reclamado no variará y, por tanto, no se podría llegar a una conclusión distinta; y, (iv) existe jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resulta exactamente aplicable. Todo lo anterior revela que la causa de improcedencia no se presume ni se basa en indicios, sino que descansa en una cuestión de derecho no desvirtuable que no variará aun si se tramitara el juicio, pues sin importar las pruebas que se exhiban o lo que se alegue la conclusión a la que ha llegado este órgano jurisdiccional tampoco cambiará. Aunado a lo anterior, el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, al resolver la contradicción de tesis 96/2016, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que desde la presentación de la demanda de amparo, es posible analizar la naturaleza del acto reclamado y, en caso de que se haya emitido dentro de un juicio, también se puede analizar si las afectaciones aducidas son materialmente sustantivas o meramente procesales, por lo que de acontecer esto último, se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia que amerita el desechamiento de la demanda, tal y como se advierte de la transcripción siguiente: "[.] este Tribunal Pleno considera que los juzgadores tienen la facultad de analizar la naturaleza del acto reclamado, al momento de recibir la demanda de amparo y conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, concluir mediante elementos objetivos la actualización de una causal de improcedencia en relación con dicha naturaleza, por resultar notoria y manifiesta, en tanto que la conclusión a la que puedan llegar en ese primer momento, de ninguna forma variaría si se desahoga el procedimiento, pues la naturaleza y los efectos de ese acto procesal que deben analizarse, no pueden variar en el proceso y aun en ese caso, su análisis debe ser en el momento en el que fueron reclamados". Lo anterior dio lugar a la P./J. 32/2016 (10a.), que lleva por rubro: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Conclusión. Al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo en el artículo 113 de este ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Israel Velázquez Rojas. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo y por autorizados en términos amplios a Ascencio Téllez García y Erik San Juan Téllez Meráz, de conformidad con el artículo 12, segundo párrafo, primera parte, de la Ley de Amparo. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales], para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación a actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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