Israel Trejo Maldonado
Expediente 92/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 92/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/12/2020
Partes del expediente
- Israel Trejo Maldonado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA II. Toluca, Estado de México; catorce de diciembre de dos mil veinte. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa a quien pudiere causarle perjuicio, no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de once de noviembre pasado, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por ende, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, porque se dictó un auto de sobreseimiento en el presente juicio (artículo 21, inciso a, del acuerdo en cita). 2. El original del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa es destruible pues se negaron tanto la suspensión provisional como la definitiva del acto reclamado (artículo 21, inciso c) del citado acuerdo). 3. El duplicado del incidente de suspensión es destruible conforme a lo establecido en el artículo 20, fracción I, inciso a) del multicitado acuerdo. 4. A consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que, de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en el artículo 21 del Acuerdo en comento, se procederá a su destrucción. Se hace la precisión que una vez que obre la constancia de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Previo a que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.
- Principal
MESA II Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que en términos del 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado en el presente juicio, consiste en: La omisión de citar al quejoso ante la representación social en la carpeta de investigación ********************. Ahora, de las constancias remitidas por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género, con sede en Atlacomulco, Estado de México, consistentes en copias certificadas de la carpeta de investigación con **********, se advierte que en el caso particular, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación con el 107 fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que se reclama no es de imposible reparación. Los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De las disposiciones legales transcritas, se desprende que el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos que tengan sobre las personas o las cosas, ejecución que sea de imposible reparación, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y no cuando sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1o.A.E. J/5 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el entonces Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Décima Época, página 1902, cuyo texto y rubro son: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." De ahí, que no existe ejecución irreparable si las consecuencias del acto reclamado llegaran a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado, sin haber dejado huella alguna en su esfera jurídica. Ahora, en el caso en estudio, el acto reclamado consistente en la omisión de citar al quejoso ante la representación social en la carpeta de investigación ********************, no afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos o fundamentales, toda vez que no existe una violación real, actual y definitiva, que origine una afectación a sus derechos, que no puedan ser reparados durante la etapa de investigación inicial o complementaria. En efecto, los artículos 21 y 102, apartado A, de la Constitución Federal, establece: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. "Artículo 102. A. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio (.) Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine." A su vez, los numerales 112, 127, 129 y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen: "Artículo 112. Denominación Se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. Además, se denominará acusado a la persona contra quien se ha formulado acusación y sentenciado a aquel sobre quien ha recaído una sentencia aunque no haya sido declarada firme." "Artículo 127. Competencia del Ministerio Público Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia. La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. (.) El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del Defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención." "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; I. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela." De la interpretación sistemática de las normas transcritas, se deprende que el monopolio de la investigación de los delitos corresponde al agente del Ministerio Público y por tal razón, tiene el mandato constitucional de realizar las diligencias necesarias a fin de determinar si se cometió un hecho delictivo, establecer a quienes se les puede imputar su ejecución como autores o participes del mismo y determinar, en su caso, si ha lugar o no a ejercer la acción penal ante la autoridad judicial correspondiente. A su vez, de los artículos transcritos del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que la etapa de investigación dentro del proceso penal comprende dos fases: la investigación inicial que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación y, la investigación complementaria, que comienza desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Al igual, se hace patente que en la etapa investigación inicial y complementaria, el representante social tiene la facultad exclusiva de designar a qué persona le corresponde el carácter de imputado en una investigación como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito, así como, en caso de estimarlo necesario para la investigación, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del Defensor, ordenar la comparecencia del imputado a fin de que rinda su entrevista respecto de los hechos investigados, sostener lo contrario, sería invadir las facultades exclusivas del representante social y se correría el riesgo de entorpecer la investigación de los delitos, la cual, es de interés de la sociedad. Asimismo, disponen que una vez que obren en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido un hecho delictivo y exista la probabilidad de que una persona lo cometió o participó en su comisión, el Juez de Control, a solicitud del agente del Ministerio Público al ejercitar acción penal, ordenará la citación de ésta en su calidad de imputada para que comparezca a la audiencia inicial, en la que se le hará de su conocimiento la imputación que obra en su contra, los datos de prueba que constan en la investigación y los derechos que le asisten como persona imputada, prerrogativas que no son transgredidos con el ejercicio de la acción penal y la citación para audiencia inicial para formular imputación, puesto que tales actos en el sistema procesal penal acusatorio, no traen aparejada una privación de la libertad, ni una restricción a los derechos de los imputados de imposible reparación, toda vez que estos derechos quedan incólumes para que se puedan ejercer plenamente en la audiencia inicial y en su caso, en la investigación complementaria. Apoya a lo anterior la tesis XIII.P.A.54 P (10a.), emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, Materia(s): Constitucional, Penal, Penal, Décima Época, visible en la página 2275, que es del rubro y texto siguiente: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE DAR ACCESO A ÉSTA A LA PERSONA INVESTIGADA Y A SU DEFENSOR, POR ACTUALIZARSE LOS SUPUESTOS LEGALES PARA MANTENER BAJO RESERVA LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN ELLA, ES ACORDE CON LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 218 Y 219 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. El precepto constitucional citado prevé y regula el derecho del imputado a contar con una defensa adecuada, lo cual implica que se le faciliten los datos que consten en el proceso y requiera para su defensa. Para ello, el Poder Reformador de la Constitución estableció implícitamente, por una parte, que el Ministerio Público debe mantener bajo reserva los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación y, por otra, los momentos a partir de los cuales el imputado y su defensor pueden tener acceso a dicha información, al especificar las siguientes hipótesis, cuando: a) el imputado se encuentre detenido; b) pretenda recibirse su declaración o entrevistarlo; y, c) antes de que comparezca por primera vez ante el Juez de Control. Y, es a partir de que se actualice cualquiera de esos supuestos que se adquiere la calidad de imputado al ser detenido por la comisión de un hecho delictivo, o bien, el señalamiento que en su contra realice el Ministerio Público, ya sea al ser llamado a declarar ante éste como probable partícipe de un delito o en la audiencia de imputación efectuada ante el Juez de Control; momento en que desaparece la reserva, para que el imputado y su defensor puedan preparar una defensa adecuada a sus intereses, salvo los casos excepcionales que marque la ley secundaria para salvaguardar el éxito de la investigación. En congruencia, en los artículos 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el legislador estableció la reserva de los datos de prueba e información que obren en las carpetas de investigación, precisando que solamente las partes pueden tener acceso a ello, con las limitaciones establecidas en la propia ley; exceptuando de esa reserva, únicamente, a la víctima u ofendido y a su asesor jurídico, ya que éstos sí pueden tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento; y señaló, en términos similares al postulado constitucional, cuáles son los momentos en que el imputado y su defensor pueden tener acceso al legajo de investigación, a saber cuando: 1) el imputado se encuentre detenido; 2) sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista; y, 3) una vez que el imputado y su defensor hayan sido convocados a la audiencia inicial. Por tanto, si no se presenta alguno de esos supuestos, la negativa de la Representación Social de dar acceso a la carpeta de investigación a la persona sujeta a investigación y a su defensor, es acorde con los artículos constitucional y legales mencionados." Lo que se robustece con las consideraciones plasmadas en la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época, Materia(s): Común, Penal, Penal, visible en la página 239, que es del rubro y texto siguiente: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." En ese contexto normativo, es evidente que el acto reclamado en el presente asunto, consistente en la omisión de citar al quejoso ante la representación social en la carpeta de investigación ********************, no es un acto de imposible reparación, toda vez que no afecta de forma real, actual y definitiva algún derecho fundamental o sustantivo, que no pueda ser reparado durante la etapa de investigación inicial o complementaria, esto es, cuando el justiciable sea citado a entrevista dentro de la carpeta de investigación -si lo estima necesario el agente del Ministerio Público-, o bien, para audiencia inicial ante el juez de control correspondiente -en caso de que ésta sea judicializada-. Sirve de apoyo la tesis I.9o.P.172 P (10a), emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primero Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, Décima Época, Materia(s): Penal, visible en la página 1958, cuyo contenido literal es el siguiente: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SI EL QUEJOSO NO HA SIDO CITADO A COMPARECER ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO COMO IMPUTADO NI SE HA OCASIONADO ALGÚN ACTO DE MOLESTIA EN SU PERJUICIO, ÉL O SU DEFENSA NO PUEDE TENER ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN, AUN CUANDO ADUZCA QUE TIENE CONOCIMIENTO DE QUE EXISTE UNA DENUNCIA EN SU CONTRA Y AQUÉLLA SE ESTÁ INTEGRANDO. Determinar que el inicio de una carpeta de investigación es un acto de molestia para el investigado, haría considerar letra muerta los artículos 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que taxativamente establecen que el imputado y su defensor tendrán acceso a la investigación cuando sea citado a efecto de pretender recibir su declaración, precisamente con el carácter de imputado, o sea sujeto a un acto de molestia, como sería entrevistarlo. Por tanto, aun cuando el quejoso aduzca que tiene conocimiento de que existe una denuncia en su contra y que la representación social se encuentra integrando una carpeta de investigación, si aún no tiene el carácter de imputado, de conformidad con el artículo 218 mencionado, en virtud de que no ha sido citado a comparecer ante el Ministerio Público con esa calidad, ni se ha ocasionado algún acto de molestia en su perjuicio, él o su defensa no puede tener acceso a los registros de la investigación, pues la investigación contenida en la carpeta respectiva, per se, no puede generar un acto de molestia, a que se refiere el artículo 266 de ese código, esto es, en donde la autoridad le informa a una persona sobre los derechos que le asisten y mediante el cual solicita su cooperación, ello antes de que el procedimiento se lleve a cabo. Por ende, aquella integración de la carpeta de investigación por la autoridad responsable, no afecta los intereses jurídicos o, en su caso, legítimos del quejoso, en los términos de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, actualizándose con ello, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la propia ley." En ese tenor, resulta inconcuso que el acto reclamado, no quebranta en perjuicio del agraviado, de manera cierta e inmediata alguno de sus derechos sustantivos o fundamentales protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales, puesto que no existe una afectación material (real, actual y definitiva) a sus derechos, que haya provocado una violación que haya dejado huella en su esfera jurídica, porque esa violación se puede llegar a extinguir por ser susceptible de reparación posterior, esto es, cuando se tengan los elementos suficientes para establecer que es autor o participe en el hecho investigado y, de estimarlo necesario, sea citado por el órgano investigador para recabar su entrevista. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, así como el 63 fracción V, todos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las quince horas con diez minutos del doce de noviembre de dos mil veinte. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 26/2002-PL, el siete de febrero de dos mil tres, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
MESA II Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público Especializado en Violencia Familiar, Sexual y de Género con sede en Atlacomulco, Estado de México, por medio del cual cumple con el requerimiento de dieciséis de octubre de dos mil veinte y remite copias certificadas de la carpeta de investigación 784/2020 de su índice, las cuales deberán tomarse en consideración al momento de la celebración de la audiencia constitucional; por lo anterior téngase por cumplido el requerimiento y sin efectos el apercibimiento formulado. Ahora bien, toda vez que las constancias que remite la oficiante son de carácter reservado y confidencial de conformidad con lo establecido en el artículo 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, las mismas deberán quedar bajo resguardo y por cuerda separada en la Secretaría II de este Juzgado de Distrito. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.
- Principal
MESA II Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género, con sede en Atlacomulco, Estado de México por medio del cual pretende cumplir con el requerimiento de dieciséis de octubre de dos mil veinte y aduce remitir copias certificadas de la carpeta de investigación 784/2020 de su índice; estando en espera de que sean recibidas físicamente dichas constancias. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y su modificatorio 25/2020. Notifíquese.
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