Israel Tapia Loaiza
Expediente 733/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 733/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Israel Tapia Loaiza
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio número 31885/2023 signado electrónicamente por la persona Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual, devuelve debidamente diligenciado el exhorto 1038/2023 (496/2023), derivado del acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, en el que se le solicitó que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisionara a quien correspondiera, notificara a la parte quejosa el contenido del citado proveído, asimismo, la requiriera y apercibiera en los términos ahí expuestos, lo cual aconteció, el dieciséis de noviembre de la presente anualidad, como se advierte de la notificación por lista anexa. Sin que sea necesario enviar el acuse de recibo respectivo, toda vez que el propio sistema lo genera de manera automática. Dese de baja la comunicación oficial de cuenta. Háganse las anotaciones en el libro de control (electrónico) correspondiente, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio remitido, vía correo electrónico, por el Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en Morelia, Michoacán, mediante el cual informa que se designó al licenciado Juventino Rosas Aceves, como defensor público federal del quejoso Israel Tapia Loaiza; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, se ordena notificar personalmente al defensor público federal de referencia el auto de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio (por el cual se desechó la demanda de amparo). Notifíquese; y personalmente al Defensor Público Federal del quejoso el presente proveído, así como el diverso de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés.
- Principal
En razón de que la parte quejosa licenciado Juventino Rosas Aceves Defensor Público del quejoso Israel Tapia Loaiza, no compareció ante este juzgado, dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del citatorio que se le dejó en el domicilio señalado en autos, el dieciséis de noviembre del año en curso; por lo que se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación de los proveídos de catorce de noviembre y dieciocho de octubre, ambos del presente año, dictados en autos queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado. PROVEIDOS QUE ESTABLECEN: Uruapan, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio remitido, vía correo electrónico, por el Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en Morelia, Michoacán, mediante el cual informa que se designó al licenciado Juventino Rosas Aceves, como defensor público federal del quejoso Israel Tapia Loaiza; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, se ordena notificar personalmente al defensor público federal de referencia el auto de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio (por el cual se desechó la demanda de amparo). Notifíquese; y personalmente al Defensor Público Federal del quejoso el presente proveído, así como el diverso de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Uruapan, Michoacán, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio número 23998/**** que remite el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de **** con residencia en *** mediante el cual, se le tiene remitiendo el juicio de amparo ***** de su índice, promovido por **** Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, del contenido del auto de trece de octubre de dos mil veintitrés, dictado por el Juzgado oficiante, se advierte que dicho órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por **** por su propio derecho, en términos del artículo **** de la Ley de Amparo, en virtud que el acto reclamado tendrá una ejecución material dentro del territorio donde este juzgado tiene su jurisdicción. En atención a lo señalado por el órgano jurisdiccional declinante, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de **** con sede en Uruapan, se acepta la competencia declinada y se procede a dar trámite al escrito inicial de demanda instada por **** por su propio derecho, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-MICHOACÁN", con residencia en Buenavista, Tomatlán, **** y, otras autoridades. Se ordena formar expediente y registrarlo en el Libro electrónico bajo el número ***** Ahora, del contenido de la demanda, se advierte que el promovente del amparo, hace consistir el acto reclamado en:... Debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Dicho esto, en este juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XX, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece:... Esto es, en ese supuesto normativo se prevé el principio de definitividad del juicio de amparo, que consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, el juicio, los recursos o medios de defensa legales y que puedan conducir a la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada, acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. Principio de definitividad que el promovente debió observar frente a los actos reclamados consistentes en las condiciones de internamiento a que se encuentra sometido -la omisión de brindar atención médica especializada para su padecimiento-, ya que contra ello procede el instrumento legal establecido en los artículos ... de la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigentes a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Lo anterior así se considera, porque, dicho sistema normativo en su artículo 109, tiene por objeto subsanar la afectación a las condiciones de vida digna y segura en reclusión, lo que se traduce en modificar, revocar o nulificar el acto u omisión de la autoridad penitenciara, que como en el caso trascienda a las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad, sea en prisión preventiva o en la ejecución de la sanción de prisión, pues así se desprende del ámbito de aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, contenido en su artículo 1. En efecto, del contenido del artículo 24 de la referida ley de ejecución, en lo que interesa se desprende que el legislador habilitó al Poder Judicial de la Federación y Poderes Judiciales de las Entidades Federativas, para resolver las controversias con motivo de su aplicación, con los límites territoriales y jurisdicción expresamente ahí señalados. Además, de los diversos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se colige lo siguiente:... Por tanto, si el ocursante acude en demanda de la protección constitucional a efecto de controvertir actos atribuidos a las autoridades directivas del centro de reclusión donde está interno, mismos que se vinculan con las condiciones de su estancia en la negativa o falta de brindar atención médica y medicamentos, es claro que resulta aplicable el medio defensa establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, es preciso concluir que el promovente, no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, pues previo a su interposición, de ser un caso urgente, debió acudir ante el juez de la causa o ejecución para plantear su petición; y de tratarse de condiciones de internamiento no urgentes, debió acudir ante la autoridad penitenciaria a formular su petición y en caso de no serle favorable o no se le responda, plantear la controversia ante el Juez de la causa o ejecución, lo que le permitiría acceder a una serie de medidas de protección y mecanismos legales de corrección en el ámbito de la justicia ordinaria; de modo que al no hacerlo así, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y ello, a su vez de conformidad con la fracción V, del diverso 63 del mismo ordenamiento, provoca desechar la demanda que originó el presente juicio de amparo; máxime que no existe la posibilidad de que el ofrecimiento y recepción de pruebas, pueda cambiar la presentación que antecede, pues la causal de improcedencia invocado no se apoya en aspectos fácticos, sino que deriva de la propia ley que regula el medio de impugnación ordinario. .... Esto es, porque de la lectura de dichos preceptos se desprende que las personas privadas de su libertad, podrán acudir directamente al Juez de la causa o ejecución, cuando se trate de peticiones urgentes, quien oficiosamente suspenderá el hecho o acto de que se trate, junto con sus efectos, hasta en tanto resuelva en definitiva el planteamiento formulado, además, si se trata de omisiones será la autoridad jurisdiccional quien estará facultada para conocer de las cuestiones relacionadas con las condiciones de internamiento, para lo cual determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciara; asimismo, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte ordenara la suspensión del acto motivo de la controversia si lo considera pertinente; previsiones que se estiman en términos similares a los fija la Ley de Amparo para la suspensión. Asimismo, se destaca que lo expuesto tiene sustento, además, en la ejecutoria dictada el nueve de marzo de dos mil veintitrés, por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en *** al resolver la queja penal **** además, en la ejecutoria dictada el seis septiembre de dos mil dieciocho, por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en *** al resolver el amparo en revisión *** Bajo ese cúmulo de ideas, es inconcuso que se está en presencia de una causal de improcedencia del juicio de garantías que se actualiza de modo manifiesto e indudable, como lo es la prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo; y, por ende, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE NOS OCUPA, de conformidad con lo dispuesto por el diverso numeral 113, de dicho ordenamiento legal. ... Toda vez, que se considera que no se está en el supuesto del citado criterio, esto es, en el presente asunto el promovente señala como acto reclamado los ya mencionados, relacionados con la omisión y/o negativa de atender sus problemas digestivos, como son gastritis, así como fogasos, que afirma le provocan fiebre, así como la imposibilidad de consumir alimento sólido. Por lo tanto, no se advierte de que dichos actos en sí mismos, comprometa gravemente la dignidad e integridad personal al grado de equipararse a un tormento, pues como ya se precisó, la Suprema Corte ha establecido que en condiciones de internamiento, se debe de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, pues previo a su interposición, de ser un caso urgente, debe acudir ante el juez de la causa o ejecución para plantear su petición; y de tratarse de condiciones de internamiento no urgentes, debe acudir ante la autoridad penitenciaria a formular su petición y en caso de no serle favorable o no se le responda, plantear la controversia ante el Juez de la causa o ejecución, tal y como lo prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal. Toda vez que de la demanda suscrita por el quejoso no se advierte que haya señalado quien lo represente, solicítese mediante atento oficio al Delegado del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en *** tenga a bien designar un defensor público que represente y asesore al quejoso. Se tiene como autorizados de la parte quejosa, para para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a *** por así haberlo solicitado expresamente. Toda vez que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito; por tanto, en atención a lo dispuesto por los artículos 158, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de amparo, envíese EXHORTO al Juez de Distrito en el Estado de **** en turno, con residencia en **** para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione al Actuario de su adscripción, a fin de que realice lo siguiente: Notificar el presente proveído a la parte quejosa, en el domicilio ubicado en el número ****** de la calle **** colonia **** en la ciudad de **** Además, deberá requerirla para que en el plazo de tres días legalmente computado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Uruapan, **** con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. ... Finalmente, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 CPS **** ubicado en el municipio de Buenavista, Tomatlán, ***** se comisiona al Actuario de la adscripción para que realice lo siguiente: Se constituya en legal y debida forma en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 CPS**** ubicado en el municipio de Buenavista, Tomatlán, *** y notifique personalmente al quejoso *** el presente proveído. Se habilitan desde ahora días y horas inhábiles en términos delo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. ... Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. ... Finalmente, se informa a las partes que en atención a los lineamientos establecidos en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a fin de adoptar como eje rector la actividad jurisdiccional desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de esta fecha, todas las actuaciones del presente asunto constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física, así como las notificaciones practicadas de esa forma; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR QUE GUARDA RECLUSIÓN Y A SUS AUTORIZADOS MEDIANTE EXHORTO.
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