Israel Soto Mayor
Expediente 552/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 552/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Israel Soto Mayor
Actuaciones
- Principal
PRAL. 552/2020 MESA 7#.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veinte. Firmeza del desechamiento de demanda. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja contra el acuerdo de cinco de octubre del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. 2. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo. Considerando que en proveído de cinco de octubre del año en curso se desechó la demanda de amparo y en esta fecha queda firme tal resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu) y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 5. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, en términos de los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 6. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Federico de Jesús Díaz Arias, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL. 552/2020 MESA 7#. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de octubre de dos mil veinte. Razón actuarial. Vista la razón de trece de octubre del año en curso, de la misma se advierte que el actuario asentó la imposibilidad de notificar el auto de cinco del actual a la parte quejosa, por las razones siguientes: Se inserta imagen Por tanto, se ordena notificar a la parte quejosa, el citado acuerdo de cinco del actual, así como este acuerdo y realizarle las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, mediante lista de acuerdos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, quedando a disposición del quejoso, en la Secretaría de este Juzgado, las copias autorizadas de los citados proveídos, las cuales podrá solicitar en el momento que así lo desee. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Federico de Jesús Díaz Arias, secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Acuerdo: pral 454/2020 mesa 7° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil veinte. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo presentada el dos de este mes en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, recibida en este Juzgado en la misma fecha, promovida por ***, por derecho propio, contra una omisión de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 552/2020. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Desechamiento de la demanda de amparo. Marco legal. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, del análisis de la demanda de amparo se advierte que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la citada ley, que dispone: ***. La causa de improcedencia prevista en esa disposición no establece un motivo concreto, pues requiere complementarse con otra norma jurídica o, en su caso, con la jurisprudencia del Pleno, de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese sentido, conviene destacar que el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establece: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. . Del precepto legal transcrito se advierte que para efectos del juicio de amparo el quejoso será aquella persona que resienta una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, con motivo de una norma, acto u omisión de autoridad. b) Precisión del acto reclamado. Establecido lo anterior, se precisa que en la demanda de amparo el quejoso Israel Soto Mayor señala como acto reclamado la omisión de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca de contestar su escrito presentando en la oficialía de partes de esa dependencia el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, en el que solicitó se le expidiera copia certificada de la concesión de taxi expedida a su favor. Situación que revela que el promovente pretende promover el juicio de amparo con motivo de la violación del derecho de petición contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Como se aprecia del precepto constitucional transcrito, para el cumplimiento cabal del derecho de petición es necesario que tanto el gobernado, al formular su petición, como la autoridad, al emitir su respuesta, cumplan con ciertas formalidades que se pueden resumir de la forma siguiente: La petición: Debe formularse por escrito, de manera pacífica y respetuosa; dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario haya proporcionado el domicilio para recibir la respuesta. b) La respuesta: La autoridad ante la cual se haya presentado una solicitud o petición escrita, en forma pacífica y respetuosa, adquiere las obligaciones siguientes: 1. Recibir el escrito respectivo. 2. Dar respuesta por escrito y congruente con lo pedido. 3. Notificar al particular la respuesta otorgada. Lo cual conlleva que la autoridad emita, en breve término, un acuerdo congruente con lo pedido, entendiéndose por breve término el que racionalmente se requiera o prevea legalmente para estudiar la petición y acordarla; posteriormente, la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado, en el domicilio que señaló para tales efectos. Ahora, tomando en consideración que, en la especie, no se advierte alguna legislación que establezca un término para dar respuesta a la solicitud concreta de la quejosa, consistente en que se le expida copia certificada de una concesión de taxi, se acude al artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que establece: **** Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
pral 454/2020 mesa 7° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil veinte. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo presentada el dos de este mes en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, recibida en este Juzgado en la misma fecha, promovida por ***, por derecho propio, contra una omisión de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 552/2020. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Desechamiento de la demanda de amparo. Marco legal. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, del análisis de la demanda de amparo se advierte que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la citada ley, que dispone: ***. La causa de improcedencia prevista en esa disposición no establece un motivo concreto, pues requiere complementarse con otra norma jurídica o, en su caso, con la jurisprudencia del Pleno, de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese sentido, conviene destacar que el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establece: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. . Del precepto legal transcrito se advierte que para efectos del juicio de amparo el quejoso será aquella persona que resienta una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, con motivo de una norma, acto u omisión de autoridad. b) Precisión del acto reclamado. Establecido lo anterior, se precisa que en la demanda de amparo el quejoso Israel Soto Mayor señala como acto reclamado la omisión de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca de contestar su escrito presentando en la oficialía de partes de esa dependencia el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, en el que solicitó se le expidiera copia certificada de la concesión de taxi expedida a su favor. Situación que revela que el promovente pretende promover el juicio de amparo con motivo de la violación del derecho de petición contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Como se aprecia del precepto constitucional transcrito, para el cumplimiento cabal del derecho de petición es necesario que tanto el gobernado, al formular su petición, como la autoridad, al emitir su respuesta, cumplan con ciertas formalidades que se pueden resumir de la forma siguiente: La petición: Debe formularse por escrito, de manera pacífica y respetuosa; dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario haya proporcionado el domicilio para recibir la respuesta. b) La respuesta: La autoridad ante la cual se haya presentado una solicitud o petición escrita, en forma pacífica y respetuosa, adquiere las obligaciones siguientes: 1. Recibir el escrito respectivo. 2. Dar respuesta por escrito y congruente con lo pedido. 3. Notificar al particular la respuesta otorgada. Lo cual conlleva que la autoridad emita, en breve término, un acuerdo congruente con lo pedido, entendiéndose por breve término el que racionalmente se requiera o prevea legalmente para estudiar la petición y acordarla; posteriormente, la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado, en el domicilio que señaló para tales efectos. Ahora, tomando en consideración que, en la especie, no se advierte alguna legislación que establezca un término para dar respuesta a la solicitud concreta de la quejosa, consistente en que se le expida copia certificada de una concesión de taxi, se acude al artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que establece: **** Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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